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Comisión legislativa dispone de al menos Bs 1 millón para investigar el caso Lava Jato

Este jueves se aprobó un presupuesto de aproximadamente Bs 1 millón para el trabajo de la Comisión Especial Mixta conformada para investigar  la posible penetración a Bolivia de casos de corrupción vinculados con el caso Lava Jato.

Según informó el diputado de Unidad Demócrata (UD) y miembro de la comisión, Norman Lazarte, el monto del que se dispone para la investigación es “muy básico” y servirá, entre otras cosas, para la contratación de personal que ayude en el trabajo. También existe la posibilidad de que se realicen viajes al interior o incluso al exterior del país, complementó.

“Este monto (los Bs 1 millón) implica todos los ítems, desde la contratación de asesores profesionales, el mobiliario, gastos de representación y el traslado a otros departamentos o países, en caso de ser necesario, además no olvidemos que la comisión trabajará hasta fin de año”, explicó.

La comisión legislativa aprobó además las peticiones de informe de los antecedentes del caso al FBI, de Estados Unidos, y a la Policía Federal del Brasil. Los requerimientos serán hechos a través de la Cancillería y el cuerpo diplomático.

“Si bien es cierto que estas empresas han estado involucradas en hechos de corrupción en más de 13 países, todo ha salido a partir del informe del FBI, entonces, nosotros justamente hemos puesto en el tapete de comisión ese tema”, explicó.

La Comisión Especial Mixta de Investigación decidió iniciar las pesquisas desde la gestión del expresidente Carlos Mesa. Según la presidenta de la Comisión legislativa, la diputada Susana Rivero, durante ese gobierno hubo una carta de intenciones que en el punto 14 menciona una línea de crédito de $us 600 millones para la construcción de la carretera Roboré-El Carmen.

Son 180 días de plazo que tiene la comisión que fue conformada el 3 de abril por solicitud del presidente Evo Morales ante la sospecha de que existirían casos que impliquen al Estado con supuestos sobornos en los vínculos contractuales entre el Estado y las empresas Odebrecht y Camargo Correa. (3/05/2018)