Icono del sitio La Razón

Cooperativistas exigen esclarecer la muerte de cinco mineros durante enfrentamientos con la Policía

A un año y nueve meses de los violentos enfrentamientos entre la Policía y mineros cooperativistas, la Federación Departamental de Cooperativistas Mineros de La Paz (Fedecomin) demandó a las autoridades de Justicia esclarecer la muerte de cinco de afiliados que perdieron la vida durante el conflicto.

Del 23 al 25 de agosto de 2016, la localidad de Panduro, ubicado en la carretera La Paz – Oruro, fue el escenario de violentos enfrentamientos en rechazo a la sindicalización en el sector cuentapropista, aunque en la ley no estaba contemplado el sector minero.

“No tenemos el esclarecimiento total de los cinco compañeros cooperativistas fallecidos y en lo cual nosotros como dirigente de Fedecomin La Paz, pedimos a las autoridades, al Ministerio Público que la justicia sea igualitario para todos”, demandó el presidente de Fedecomin La Paz, Simón Condori.

El esclarecimiento de la muerte del estudiante de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), Jonathan Quispe Vila, cuyo autor habría sido un subteniente de la Policía, fue destacado por los mineros quienes demandaron un igual trato para agilizar las investigaciones y dar con los responsables de las muertes de sus afiliados.    

De aquellas jornadas de violencia entre la Policía y los cooperativistas perdieron la vida Fermín Mamani, Severino Ichota, Rubén Aparaya, Freddy Ambrosio y Pedro Mamani. En los enfrentamientos, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Rodolfo Illanes, fue asesinado y ahora 16 enfrentarán un juicio oral por ese crimen.

“Por ser dirigente tal vez quieren sentenciarles a 30 años de cárcel, pero lastimosamente de los cinco compañeros, no hay justicia. No sabemos muy bien dónde ha salido la orden para meter armas de fuego”, sostuvo Condori, quien dijo que los mineros se declaran en estado de emergencia.

En agosto de 2016, la Fiscalía cifró que más de 80 policías prestaron su declaración por la muerte con disparos de arma de fuego de cuatro mineros en los departamentos de La Paz, Oruro y Cochabamba. Por la “complejidad del caso”, según afirmó en ese entonces el Ministerio Público, no hubo avances en la investigación y hasta el momento no se tienen personas detenidas. (1/06/2018)