El vicepresidente Álvaro García Linera cree que hubo tráfico de influencias más que un hecho de corrupción en la adjudicación de contratos durante la gestión de la presidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Noemí Villegas Tufiño.
“Entiendo que el problema (de la ABC) va más por un tema de tráfico de influencias, más que de corrupción, así lo he entendido lo que he visto en el informe inicial”, sostuvo ayer el Mandatario.
En tanto, el Ministerio de Justicia presume que la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la ABC (2014-2017) es la supuesta responsable del posible daño económico de Bs 100,6 millones.
“Estamos hablando de la posible responsabilidad penal de una MAE, estamos hablando de un posible daño económico superior a los 7 millones de bolivianos; por lo tanto, de acuerdo a las atribuciones contenidas en la Ley 974, corresponde nuestro inmediato apersonamiento al caso”, dijo ayer en rueda de prensa el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce Zaconeta.
En la Fiscalía cursa una denuncia presentada el 1 de noviembre de 2017 por irregularidades en la adjudicación de obras por Bs 100,6 millones en contra de la expresidenta de la ABC y del gerente Nacional Técnico, Erick de las Heras. El Ministerio Público presentó el 22 de mayo de la presente gestión la imputación formal en contra de los dos exfuncionarios y otros por los presuntos delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones al haber adjudicado contratos a tres asociaciones accidentales conformadas por un consorcio representado por el tío de De las Heras.
Se trata de Luis Alberto Aguilar, un tío político en tercer grado de Erick de las Heras, quien es representante del consorcio Inpola Consultores SRL y Abruca SA, que a su vez creó las asociaciones que se adjudicaron contratos de la ABC para la construcción de carreteras en Beni y Cochabamba.
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