La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) demoró más medio año para pedir el informe a la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) sobre la situación legal del jet que decomisó esa entidad por contrabando tras ser “declarado en abandono”.
El director ejecutivo de la DGAC, Celier Aparicio, admitió el lunes en una entrevista concedida a Cadena A que pasó “casi medio año” del último trámite para que su despacho acuda a la entidad fiscalizadora.
La aeronave Super Mid-Size- Gulfstream GIII, con matrícula N557 JK había llegado al aeropuerto de Vuri Viru el 7 de abril de 2017. Entre 14 y 18 de abril de ese año los responsables piden autorización para dejar el país, pero no se concreta por problemas técnicos. Una segunda solicitud se gestiona entre el 24 y 26 de abril, pero tampoco se efectiviza.
Un comunicado de prensa de la DGAC publicado el lunes y que hace referencia a la conferencia que el funcionario entregó sobre este caso hace referencia a que “en fecha 1 de agosto de 2017, la DGAC recepcionó nota del señor John Alarcón Perdono – Responsable de la aeronave, solicitando prórroga de estadía de la aeronave debido a razones de mantenimiento”.
La entidad de aeronáutica “de manera oficial respondió en fecha 3 de agosto de 2017 al requerimiento del señor Alarcón, indicando que la solicitud debía ser presentada por el propietario de la aeronave o acompañada de un poder de lo faculte, además de la ‘Admisión Temporal’ otorgada por la Aduana”.
Desde entonces no hubo más trámites. Arispe precisó que “hay respuestas de ellos, solicitudes de este señor Alarcón y de otra persona y después desaparecieron”.
Consultado si se pude activar una investigación en contra de la persona citada, el titular de la DGAC respondió: “Por supuesto, acá están los datos, pero para nosotros es claro quién es el operador, es Global Exec Aviation”.
Luego, el 26 de febrero de este año, tras más de seis meses la DGAC envía una nota a la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, para informarle que la aeronave “se encontraba parqueada en plataforma comercial del aeropuerto El Trompillo” y que “desconocía si el operador cumplió con los requisitos exigidos por la Aduana para su permanencia” en el país.
El 30 de abril, la fiscalizadora responde a la DGAC y explica “que verificó que la aeronave no contaba con la correspondiente Admisión Temporal, motivo por el cual de forma inmediata se procedió al comiso de la aeronave y la emisión de la Resolución Administrativa de Adjudicación de Mercancía Comisada a favor del Ministerio de la Presidencia”
La anterior semana se conoció que el avión fue declarado en abandono e incautado por la Aduana. A los opositores del gobierno les llama la atención la celeridad con la que actuó la Aduana y apuntan al Gobierno de ocultar información para “apropiarse de algo que no le pertenece”.
El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Milton Claros insistió en que la aeronave ingreso de manera legal al país, pero sobrepasó el periodo de estadía y se aplican las sanciones.
“No veo la necesidad de generar polémica (…) gente que no tiene idea de los que es la normativa aeronáutica opina sin saber”, reclamó y precisó que si los dueños tiene la voluntad de resolver el problema y pagar las multas pueden recuperar la aeronave.
la deuda solo con la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) asciende a Bs 46.000. (10/07/2018)