Un grupo de legisladores de la opositora Unidad Demócrata (UD) presentó este jueves ante el Ministerio Público, en Sucre, una denuncia penal en contra de dos ministros, el procurador y dos fiscales, además de exfuncionarios, por la “pésima defensa del Estado” en el arbitraje internacional del caso Quiborax.
Uno de los denunciantes, el diputado Wilson Santamaría, explicó que el proceso apunta al ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, quien en su calidad de Ministro de Defensa Legal del Estado y Procurador General del Estado, conoció el caso.
También apuntan al Ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, y el actual procurador Pablo Menacho. Además, están denunciadas la exministra de Defensa Legal del Estado Elizabeth Arismendi y la exsubprocuradora Carmiña Llorenti, esta última es investigada por la Procuraduría en un caso de filtración de documentos vinculados al caso Quiborax.
“Queremos una investigación objetiva e imparcial como establece la Ley Orgánica del Ministerio Público y queremos que se convoque a todas estas partes que son funcionarios públicos al servicio del oficialismo para que digan su verdad, presenten su documentación de descargo, brinden una declaración y Bolivia sepa finalmente qué es lo que ocurrió con este nefasto caso”, dijo el opositor, quien es firmante de la denuncia junto con sus colegas Gróver Huanca y Rafael Quispe.
La denuncia tiene base en un “amplio análisis” de la documentación que recientemente salió a la luz y que, según la revelación del propio Mesa, tiene referencia con la negociación —entre el Estado y la transnacional— de una decisión exclusiva de la justicia boliviana para levantar la acusación por falsificación de un acta accionaria que pesaba sobre su principal ejecutivo, el chileno Allan Henry Isaac Fosck Kaplu.
Por ese motivo, la denuncia también alcanza al fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco, y al fiscal de materia Favio Maldonado, quienes desistieron del proceso, según versiones de prensa, que se había instalado en contra de Fosck y otros socios antes de pagar os $us 42,6 millones que pagó Bolivia por efecto del laudo arbitral en su contra.
Para los opositores, hay suficiente fundamento para enjuiciar a las autoridades y exfuncionarios por los delitos de incumplimiento de deberes; resoluciones contrarias a la Constitución; fraude procesal, aunque para el Gobierno, que impulsa un juicio de responsabilidades, la responsabilidad entera del caso es del expresidente.
“Lo que se ha hecho finalmente es atentar en contra de la economía de Bolivia, permitiéndose un pago irresponsable de 42 millones en favor de una transnacional con la que se dieron la mano y en la que buscan (juicio a Mesa) lavar sus responsabilidades con el expresidente Mesa”, reclamó Santamaría. Esa postura fue criticada por varios legisladores del oficialismo.
Sobre la base de similares argumentos, Mesa, quien se declaró víctima de una acción político-judicial, denunció a Arce, Navarro, Menacho y Arismendi por cuatro “hechos irregulares” en el mismo caso.
Uno de ellos son las reuniones de funcionarios de la Procuraduría con representantes de Quiborax–NMM para la “negociación” del desistimiento del juicio penal en contra de los personeros de la firma. La Fiscalía de La Paz a cargo del fiscal Blanco, analiza la proposición acusatoria.
Santamaría explicó que en primera instancia tenían la intención de sumarse a esa denuncia, pero ante las nuevas evidencias optaron por demandar por separado.
Bolivia y la sociedad Quiborax S.A. – Non Metallic Minerals S.A. (NMM) se confrontaron en un arbitraje internacional en el Ciadi por la “irregular revocatoria” de concesiones mineras, en 2004, durante el gobierno del ex presidente Mesa, cuya indemnización se pagó el mes pasado. (12/07/2018)