La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) adjudicó la obra de Mejoramiento y Ampliación a Ocho Carriles del tramo Senkata–Apacheta a la Asociación Accidental Chakana, por un monto de más de Bs 339 millones. La ejecución del proyecto está programada para un plazo de 600 días calendario, a partir de la orden de proceder.

La obra comprende la ampliación de la actual doble vía a un total de ocho carriles en una longitud de 8 kilómetros. De estos, dos carriles internos serán construidos con pavimento flexible y dos carriles externos con pavimento rígido, permitiendo mayor durabilidad y eficiencia en el tránsito.

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ABC

El proyecto también incluye la construcción de viaductos, pasarelas, un sistema embovedado de drenaje e iluminación, con el objetivo de optimizar la seguridad vial para los usuarios.

El Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) garantiza el 100% de los recursos necesarios para la obra, la cual es parte de la política de integración vial del Gobierno de Luis Arce rumbo al Bicentenario de Bolivia, según la ABC.

La ampliación de esta vía aliviará el congestionamiento vehicular en El Alto, una de las ciudades más transitadas del país. Además, se proyecta una reducción de costos y tiempos de transporte, beneficiando a más de 1,2 millones de personas y facilitando la conexión con zonas productivas de La Paz y otras regiones del país.

Este proyecto es parte de la estrategia de integración vial nacional e internacional, ya que la vía Senkata–Apacheta se constituye en un corredor estratégico para la conexión con otros departamentos y países vecinos.

Con el objetivo de garantizar el acceso al pan a su precio regular de Bs 0,50 y no en Bs 0,80 como se denunció este lunes en Santa Cruz, el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor realizará controles en los mercados, tiendas y “en todo lugar donde se comercialice el pan de batalla”.

“No existe ningún justificativo técnico ni económico para poder incrementar el precio del pan, ha sorprendido el incremento”, afirmó Giancarla Bojanic, responsable del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor en Santa Cruz.

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Pan

Este lunes, de manera inesperada, el costo del pan incrementó Bs 0,30 centavos en el departamento cruceño. El sector panificador argumentó que la medida se debe al encarecimiento del costo de vida y a la falta de diésel.

En ese contexto, el precio de Bs 0,50, según el sector, no es suficiente para satisfacer sus necesidades.

Sin embargo, Bojanic reiteró que la medida no puede tomarse de manera unilateral y pidió a la población no pagar más del costo regular.

Por ello, la funcionaria anunció que el Viceministerio se reunirá “lo antes posible” con la Alcaldía de Santa Cruz para coordinar los controles dentro del municipio. Asimismo, evaluarán qué tipo de sanciones corresponderían contra aquellos que comercialicen el pan en un costo irregular.

Además de los controles al precio, Bojanic explicó que también se verificará la calidad del producto, tras la denuncia de que en algunos hornos se elabora pan con bromato de potasio.

Este químico permite un menor uso de harina, pero también es nocivo y peligroso para la salud del consumidor.

Con el objetivo de normalizar el abastecimiento de combustible y evitar hechos de contrabando y posibles desvíos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) reveló que cada camión cisterna sale de planta acompañado de un resguardo militar que verifica que el diésel y la gasolina lleguen al consumidor final.

“Cada cisterna que sale de planta de almacenaje, específicamente de Senkata, sale con un efectivo militar. Al momento ya hemos desplegado más de 7.000 militares los cuales llevan un control estricto en el transporte y almacenaje hasta las estaciones de servicio”, explicó el director de la ANH, Germán Jiménez, este lunes en conferencia de prensa.

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Resguardo

De esta manera, el funcionario descartó que sea posible un presunto caso de desvío de combustibles que acusó un periodista, debido al rígido control que se realiza a cada cisterna.

Sin embargo, reconoció que una vez que el combustible llega a las estaciones de servicio se observó que existen personas que realizan una carga irregular. “Hay vehículos que cargan hasta 600 litros diariamente”, protestó.

Por ello, Jiménez develó que, actualmente, en todo el territorio nacional, hay casi 200 surtidores con presencia militar.

“Tenemos 198 estaciones de servicio custodiadas por efectivos militares las 24 horas del día. Lo cual garantiza de que el combustible se está comercializando”, informó.

Explicó que esta medida se tomó principalmente en “áreas de riesgo”, por ejemplo, en las estaciones de servicio cercanas a regiones donde se desarrollan actividades mineras, y en “zonas fronterizas”, para evitar que se saque el combustible subvencionado a otros países donde su costo es más elevado.

Jiménez, además, afirmó que el abastecimiento interno de gasolina ya está regularizado. Por lo mismo, pidió a la población y a la prensa no generar susceptibilidad y señaló que es normal que a inicios de semana y por ser final de año la demanda incremente, pero garantizó la provisión del combustible en todo el territorio nacional.

Los propietarios de ingenios arroceros del Norte Integrado de Santa Cruz anunciaron un paro de 24 horas para este miércoles en respuesta a la intervención del Gobierno a cinco ingenios la pasada semana.

La acción fue ejecutada por una comisión de fiscales bajo la acusación de presunto «ocultamiento de arroz», lo que generó indignación en el sector productivo.

El representante del Parque Industrial de Montero, Yimmy Prado, denunció que la medida pone en riesgo a más de 5.000 empleos solo en un departamento.

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Ingenios

«El parque industrial nunca ha cerrado la puerta, eso no es cometer agio. Nosotros seguimos trabajando con el precio establecido por el Gobierno», aseguró.

Por su parte, Jairo Carballo, secretario de la Asociación de Ingenios Arroceros del Norte (Ingenor), explicó que la medida de protesta busca visibilizar el malestar de los productores y aclarar que no están ocultando el arroz.

«Queremos aclarar a la población que el arroz se sigue procesando con normalidad. Solo el día miércoles vamos a parar», afirmó.

Los ingenios argumentan que el grano almacenado en los silos no es un acto de especulación, sino parte del proceso de producción y comercialización normal. Además, señalaron que esta producción no es gratuita, ya que requiere la compra de diésel, insumos agrícolas y maquinaria, por lo que pidieron respeto al trabajo de los productores.

El conflicto se suma a la molestia generalizada de los empresarios cruceños, quienes han rechazado las recientes medidas del Gobierno, que incluyen la suspensión de exportaciones y la autorización de decomisos transitorios de productos.

Los productores temen nuevas intervenciones y la confiscación de su producción, por lo que se declararon en estado de emergencia.

Con esta protesta, los productores buscan presionar al Gobierno para que reconsidere su postura, ya que, aseguran, las medidas afectan no solo la estabilidad laboral, sino también la soberanía alimentaria del país.

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, aseguró este lunes que no ha recibido una notificación oficial de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) sobre la inclusión de Bolivia en la lista de países que bloquean los fondos de las aerolíneas. Sin embargo, explicó que ya se están tomando medidas para resolver la situación.

“No me han hecho conocer absolutamente nada y me he reunido con representantes legales en La Paz, ellos vinieron desde Miami; yo he estado acompañado con la Asfi (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero) y el viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales”, indicó Montaño en conferencia de prensa.

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IATA

La IATA informó que Bolivia tiene bloqueados $us 42 millones en ingresos de aerolíneas, situación que se atribuye a la reducción en la disponibilidad de divisas.

La información fue divulgada por medio de la Nota de Prensa No. 57 de la IATA, en la que también se incluyó a otros países como Pakistán, Bangladesh, Argelia y Etiopía.

De acuerdo con la IATA, esta situación pone en riesgo la conectividad aérea de los países involucrados.

En respuesta, Montaño sostuvo que el Gobierno ya se encuentra trabajando en la resolución del problema. Indicó que se dio un plazo de 15 días para realizar una nueva reunión con la IATA, con la intención de lograr un acuerdo que beneficie tanto a las aerolíneas como a los pasajeros.

“Hemos tenido la reunión con el representante para Sudamérica, el representante legal vino desde Miami, hemos tenido una reunión en el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda y ellos nos tienen que mandar datos”, explicó la autoridad.

En ese sentido, el ministro destacó que la prioridad del Gobierno es garantizar la operatividad de las aerolíneas y la protección de los derechos de los usuarios.

Reafirmó que se busca una solución positiva para ambas partes, pero evitó hacer comentarios sobre la cifra de $us 42 millones bloqueados que divulgó la IATA.