Economía

viernes 18 jun 2021 | Actualizado a 17:25

Arbitraje planteado por BBVA se basa en acuerdo Bolivia-España que establece pago de indemnización

El acuerdo de protección de inversiones entre Bolivia y España también fija la opción de acudir a tres instancias para resolver las controversias en materia de inversiones, pero la firma española que administra los aportes de jubilación optó por el CIADI.

BBVA informa en su página web sobre el inicio de un arbitraje por la salida de Bolivia de la AFP Previsión BBV.

/ 14 de agosto de 2018 / 14:39

El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) solicitó un proceso de arbitraje contra Bolivia en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) amparado en un acuerdo de protección de inversiones entre Bolivia y España que abre esa posibilidad, aunque plantea también otras dos opciones y fija la obligación de indemnización.

El documento se denomina Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República de Bolivia. Fue suscrito el 29 de octubre de 2001 y en sus primeras líneas precisamente establece que busca “crear condiciones favorables para las inversiones realizadas por inversores” de cada una de las partes.

En un comunicado publicado en su página web, BBVA da cuenta “que ha solicitado un proceso de arbitraje” por el traspaso del manejo de los aportes de jubilación de la Administradora de Fondos de Pensiones BBVA Previsión a la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo. La decisión se toma, aclara, ante la imposibilidad de lograr un acuerdo con el Estado boliviano.

El artículo 5 del acuerdo de protección de inversiones establece las consecuencias de una nacionalización o expropiación, aunque pone una excepción.

Las inversiones, según el documento, de una parte en el territorio del otro contratante “no podrán ser sometidas a una nacionalización, expropiación ni a cualquiera otra medida de efectos similares (en adelante expropiación) excepto por razones de utilidad pública con arreglo al debido procedimiento legal, de manera no discriminatoria y acompañada de una indemnización pronta, adecuada y efectiva”.

Hasta el momento no se conoce detalles de los términos de las conversaciones entre la firma española y el Estado, aunque en el documento que hizo pública el viernes BBVA da a conocer que, “a pesar de la presentación de varias propuestas no ha sido posible el acercamiento de posturas en particular respecto a la valoración del negocio de la AFP”.

En caso de controversia en materia de inversiones, abre la posibilidad de acudir a tres instancias. De no llegar a un acuerdo en un plazo de seis meses puede acudirse a los tribunales competentes, en este caso de Bolivia, o a un tribunal de arbitraje ‘ad hoc’ establecido con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional.

Una tercera opción y la que eligió BBVA Previsión es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), donde prevalecerán las disposiciones del Acuerdo y la de otros acuerdos entre las partes, las reglas y principios en materia de Derecho Internacional y el derecho nacional, en este caso de Bolivia.

El ministro de Economía, Mario Guillén, y el Procurador, Pablo Menacho, informaron ayer que el Estado prepara su defensa y que los aportes para jubilaciones que administra la demandante no se verán afectados.

Guillén explicó que el Gobierno estuvo negociando la transferencia pero el monto solicitado por BBVA fue “excesivo”, lo que derivó en el rechazo.

Menacho detalló que la demanda fue presentada en el marco del “mecanismo complementario” del CIADI y dijo que ya no aplica al “convenio CIADI” porque Bolivia se retiró de ese mecanismo de controversias.  

“El mecanismo complementario es simplemente un reglamento de arbitraje en el que CIADI actuará exclusivamente como la institución administradora del procedimiento arbitral”, precisó y recordó que, sin embargo está vigente el tratado bilateral de inversión entre Bolivia y España. (14/08/2018)

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Los decesos por COVID-19 se acercan a 100 y los nuevos contagios llegan a 2.682

El Ministerio de Salud da cuenta que 880 en Santa Cruz se recuperaron del virus, 826 en Cochabamba, 238 en La Paz, 241 en Tarija, 55 en Beni, 96 en Chuquisaca, 109 en Potosí, 66 en Oruro y 3 en Pando.

/ 17 de junio de 2021 / 22:48

Los decesos por COVID-19 se acercan a los 100 este jueves y los nuevos contagios llegaron a 2.682, en medio de una tercera ola que golpea con mayor fuerza a los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

De los nuevos contagios, Santa Cruz reportó 832, Cochabamba 648, La Paz 508, Tarija 149, Chuquisaca 231, Potosí 132, Oruro 113, Beni 38 y Pando 31.

Mientras que los decesos se cifran en 98 y el acumulado nacional llegó a 15.924. De acuerdo al diagnóstico masivo, durante esta jornada se realizaron 15.078 pruebas, de las que 2.682 dieron resultado positivo y 12.396 negativo.

Los pacientes recuperados por departamento es el siguiente: 880 en Santa Cruz, 826 en Cochabamba, 238 en La Paz, 241 en Tarija, 55 en Beni, 96 en Chuquisaca, 109 en Potosí, 66 en Oruro y 3 en Pando.

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Fiscalía: Se analiza tipificar como obstrucción el silencio de Mesa en el caso Golpe de Estado

El fiscal Omar Mejillones explicó que no correspondía que el expresidente Carlos Mesa recurra al derecho al silencio porque está como testigo

Carlos Mesa, al salir de la Fiscalía. Foto: Rodwy Cazón

/ 17 de junio de 2021 / 19:53

“No corresponde” que el expresidente Carlos Mesa haya acudido al derecho de guardar silencio en su declaración como testigo en el caso “golpe de Estado”, por lo que la comisión de fiscales analizará si corresponde tipificar esa actitud como obstaculización de la investigación, informó el fiscal Omar Mejillones.

Mesa acudió este jueves a declarar y se acogió 51 veces a su derecho al silencio ante las preguntas del fiscal, aunque cuando se le preguntó qué hizo y dónde se encontraba el 11 y 12 de noviembre de 2019, días de negociación extralegislativa que terminaron con la toma del poder de Jeanine Áñez, respondió: “No voy a contestar la pregunta porque puedo incriminarme”.

Mejillones informó que se le explicó que no podía acogerse al derecho al silencio porque solo estaba declarando como testigo y recordó que solo se aplica esta figura cuando “los hechos de los cuales es interrogado puedan generar algún tipo de responsabilidad o cuando él mismo tuviera algún grado de parentesco con los imputados”.

Durante las negociaciones extralegislativas de noviembre, Mesa formó parte del grupo de políticos, cívicos y dirigentes del Conade que analizaron las vías de salida de la crisis y optaron por llevar al poder a Áñez. La propia expresidenta reveló que Mesa se opuso a la que exsenadora Adriana Salvatierra asuma el poder.

Mejillones anunció también analizar la posibilidad de ampliar la investigación al expresidente.

Por el caso “golpe de Estado” está en la cárcel Áñez, los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, además de exjefes de las Fuerzas Armadas.

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Apoyada en versión de la Iglesia Católica, Áñez pide su libertad y a ‘facilitadores’ pronunciarse

“Solicito encarecidamente y en honor a la verdad, a la Embajada de España, la UE, NNUU y la Embajada de Brasil, tengan a bien confirmar la plena veracidad de los hechos revelados por la Iglesia Católica”, exigió en una carta publicada en sus redes sociales.

´La exmandataria Jeanine Áñez

/ 17 de junio de 2021 / 18:13

La expresidenta Jeanine Áñez acusó al MAS de promover la violencia en noviembre “frente a pacíficas movilizaciones de ciudadanos que exigían democracia”.

Apoyada en la versión de la Iglesia Católica sobre lo ocurrido en 2019, la expresidenta Jeanine Áñez demandó a jueces y fiscales que atienden su caso disponer su libertad y demandó al resto de “facilitadores” de las negociaciones extralegislativas de noviembre corroborar la versión de la jerarquía eclesiástica.

“Solicito encarecidamente y en honor a la verdad, a la Embajada de España, la Unión Europea, Naciones Unidas y la Embajada de Brasil, tengan a bien confirmar la plena veracidad de los hechos revelados por la Iglesia Católica”, exigió en una carta publicada en sus redes sociales.

El 15 de junio y en un documento de 25 páginas, la Conferencia Episcopal de Bolivia da su versión sobre los hechos de noviembre de 2019 y de su papel en las negociaciones que acabaron con la toma de poder de Áñez. Según su posición, “se hallaba jurídicamente habilitada” para asumir la presidencia del Senado y luego de Bolivia.

Según el relato cronológico que hizo, en las negociaciones del 12 de noviembre se planteó que “asumiera la presidencia la senadora Adriana Salvatierra o la diputada Susana Rivero. Pero ellas se negaron alegando que sus vidas corrían peligro”. Este hecho fue negado por Rivero y Salvatierra.

Áñez se encuentra detenida desde marzo en la cárcel por lo que hizo en su condición de senadora en 2019, cuando asumió la presidencia del Senado siendo de la minoría y en una sesión sin quórum. Tras tomar la presidencia del Senado asumió la presidencia de Bolivia en una sesión sin quórum, no juró en el Legislativo.

“Nunca existió golpe de Estado. Hubo un acuerdo desde el seno mismo de la Constitución Política del Estado, en el que el MAS fue un actor fundamental y decisivo para pacificar el país y poder convocar a nuevas elecciones generales con nuevas autoridades electorales que fueron elegidas por más de dos tercios de votos de la Asamblea”, aseguró la expresidenta.

Áñez aseguró que Bolivia se encontraba en un “vacío de poder” tras la renuncias de Evo Morales, Álvaro García y el resto de la cadena de sucesión, mientras que acusó al MAS de los hechos de violencia en noviembre de 2019.

“Se desató un desenfreno de la violencia promovida por el MAS, frente a pacíficas movilizaciones de ciudadanos que exigían democracia”, sostuvo.

Morales dimitió acorralado por las denuncias de fraude, protestas cívicas, un motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión.

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‘No tenemos información oficial’, dice procurador Chávez sobre versión de libertad de Murillo

El procurador del Estado, Wilfredo Chávez, informó que el exministro Arturo Murillo, según las leyes estadounidense, tiene la posibilidad de negociar y llegar a acuerdos para reducir su condena

El procurador Wilfredo Chávez durante la conferencia de prensa de esta tarde.

/ 17 de junio de 2021 / 17:17

El procurador del Estado, Wilfredo Chávez, fue más cauto que el cónsul en Miami, Estados Unidos, Óscar Vega Camacho, y aseguró que “no tenemos información oficial” de que el exministro Arturo Murillo haya sido excarcelado, aunque recordó que el detenido puede llegar a un acuerdo con la Fiscalía estadounidense.

“Al momento no tenemos información oficial que corrobore que el señor Murillo haya sido excarcelado y haya arribado a un acuerdo, algo que sí habíamos mencionado”, informó en una conferencia de prensa tras hacer conocer que tuvo un contacto con los abogados contratados en Estados Unidos para que sigan el proceso a la exautoridad.

“En todo caso, añadió, vamos a esperar la información que se confirme si es el caso o se desmienta por los canales respectivos”.

A diferencia de Chávez, el cónsul de Bolivia en Miami, Estados Unidos, Óscar Vega Camacho, negó que Murillo hubiera logrado su libertad y salido de la cárcel, donde se encuentra detenido por lavado de dinero y pago de sobornos en la compra de gases lacrimógenos.

“Me comuniqué con el bufete de abogados que está asesorando al Estado y me dijeron que no es cierta la información. Es una información falsa (la que refiere que Murillo logró su libertad”, aseguró al portal Urgente.bo.

Desde Florida, el periodista Junior Arias informó que el exministro fue liberado y se convirtió en “testigo protegido” de ese país, reportó este
“El exministro (…) está ya nuevamente en las calles de la Florida. Los abogados del Gobierno boliviano parecen no haberse enterado de la disposición de un juez del Sur de la Florida, que ha dispuesto la libertad de Arturo Murillo, quien a partir de la disposición judicial se convierte en un testigo protegido de los Estados Unidos”, aseguró.

Es más, dijo que, de acuerdo a la información a la cual accedió, Murillo logró su liberación bajo “una fianza de $us 500.000, sin embargo, en los Estados Unidos se tiene que hacer efectivo solo el depósito del 10%”, por lo que habría vuelto a las calles cancelando solamente ese porcentaje.

Chávez informó que en el cuaderno digital del proceso no se inscribe que Murillo haya llegado a un acuerdo con la Fiscalía o de una audiencia.

No obstante, anunció para este viernes dar mayor información.

Video: Bolivia Tv

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Cónsul en Miami niega que Murillo haya logrado su libertad por el caso Gases

El cónsul de Bolivia en Miami, Estados Unidos, Óscar Vega Camacho, informó que se comunicó con el bufete de abogados contratados por el Gobierno y le aseguraron que el exministro Arturo Murillo continúa en la cárcel

El exministro Arturo Murillo

/ 17 de junio de 2021 / 16:29

El cónsul de Bolivia en Miami, Estados Unidos, Óscar Vega Camacho, negó que el exministro de Gobierno Arturo Murillo hubiera logrado su libertad y salido de la cárcel, donde se encuentra detenido por lavado de dinero y pago de sobornos en la compra de gases lacrimógenos.

“Me comuniqué con el bufete de abogados que está asesorando al Estado y me dijeron que no es cierta la información. Es una información falsa (la que refiere que Murillo logró su libertad”, aseguró al portal Urgente.bo.

Desde Florida, el periodista Junior Arias informó que el exministro fue liberado y se convirtió en “testigo protegido” de ese país, reportó este jueves. “El exministro (…) está ya nuevamente en las calles de la Florida. Los abogados del Gobierno boliviano parecen no haberse enterado de la disposición de un juez del Sur de la Florida, que ha dispuesto la libertad de Arturo Murillo, quien a partir de la disposición judicial se convierte en un testigo protegido de los Estados Unidos”, aseguró.

Es más, dijo que, de acuerdo a la información a la cual accedió, Murillo logró su liberación bajo “una fianza de $us 500.000, sin embargo, en los Estados Unidos se tiene que hacer efectivo solo el depósito del 10% ($us 50.000)”, por lo que habría vuelto a las calles cancelando solamente ese porcentaje.

Vega descartó la versión. “No hay nada que argumentar, (el exministro) sigue detenido”, insistió el diplomático.

Murillo logró aplazar su audiencia en dos ocasiones en el marco de una negociación con la Fiscalía para aminorar su condena. Se expone a 20 años de cárcel por haber usado el sistema financiero de Estados Unidos para el negociado en la compra de gases lacrimógenos.

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