La Fiscalía rechazó la denuncia presentada por un grupo de diputados de oposición en contra del Procurador, Pablo Menacho, y los ministros de Justicia, Héctor Arce, y de Minería, César Navarro, por “la mala defensa” de los intereses nacionales en el caso Quiborax, que implicó el pago de una indemnización de $us 42,6 millones a la firma de capitales chilenos.
El diputado Wilson Santamaría, uno de los denunciantes, informó de la decisión tomada por la comisión de fiscales, aunque evitó dar mayores detalles hasta tanto se haga un análisis sobre el contenido de los argumentos expuestos para el rechazo de la demanda interpuesta contra quienes tuvieron la tarea de defender los intereses del Estado en este caso.
Además de Menacho, Arce y Navarro, en la denuncia están incluidas la exministra de Defensa Legal del Estado Elizabeth Arismendi y la exsubprocuradora Carmiña Llorenti, quien fue denunciada por filtrar documentos vinculados al caso Quiborax a la defensa de la firma de capitales chilenos que ganó un arbitraje internacional en contra de Bolivia.
También figuran en la denuncia el fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco, y la fiscal de materia Favio Maldonado, quienes son acusados de haber levantado un juicio por falsificación del acta de composición accionaria y que fue base de la denuncia interpuesta ante el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Menacho aseguró en reiteradas oportunidades que hubo una defensa eficiente de los intereses del Estado y que el levantamiento del juicio por falsificación fue parte del proceso en el CIADI.
Quiborax demandó al Estado por la reversión de una concesión en el salar de Uyuni, durante la administración del expresidente Carlos Mesa. Una vez se conoció el fallo del CIADI, la Procuraduría planteó un juicio de responsabilidades contra Mesa por haber revertido la concesión sin seguir los procedimientos establecidos en la norma, entonces vigente. Ya hay imputación en el proceso.
Mesa también presentó otra denuncia por considerar que no hubo una buena defensa de los intereses nacionales y que al menos se dio dos potenciales escenarios de acuerdo que implicaba pago de indemnizaciones de $us 3 millones y de $us 27 millones, montos inferiores a la cifra que se pagó al final.
En la demanda están Menacho, Navarro, Arce y Arismendi. Todos son acusados por la presunta comisión de los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Al momento no hay una definición fiscal sobre la demanda. (21/08/2018)