El sector agropecuario de Cochabamba enfrenta una reducción del 30% en su capacidad productiva debido al desabastecimiento de combustible, las inundaciones y el alza de precios en el mercado informal, según Rolando Morales, presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC).

Durante una reunión con autoridades gubernamentales, Morales detalló que productores del trópico cochabambino adquieren gasolina a Bs 13 por litro en revendedores, pese a la cercanía de estaciones de servicio oficiales que no cuentan con las cantidades suficientes de carburantes. 

La crisis se agrava para los pequeños agricultores, quienes no pueden costear filas de más de 24 horas para acceder a combustibles en bidones.

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Agropecuaria

A esto se suma el incremento en los fletes para transportar alimentos a centros de abasto, ya que transportistas también dependen del mercado negro. «Los costos logísticos se disparan, afectando toda la cadena», explicó Morales. 

En paralelo, las lluvias intensas inundaron más de 5.000 hectáreas en Puerto Villarroel, tras el desborde del río Sacta. Los cultivos anegados incluyen maíz, arroz y hortalizas, lo que profundiza las pérdidas en una región clave para la seguridad alimentaria.

Morales recordó que, desde octubre de 2023, la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) advirtió al presidente Luis Arce sobre riesgos económicos y de abastecimiento, sin que se concretaran soluciones. 

El Mandatario, por su parte, declaró emergencia nacional el miércoles, debido a las afectaciones por la temporada de precipitaciones.

El dirigente exigió al Gobierno agilizar la importación directa de combustibles y aprobar un decreto presentado por el sector privado para flexibilizar el acceso a diésel y gasolina. También mencionó reclamos por inseguridad jurídica y falta de dólares para insumos, factores que «ahogan al campo». 

Cochabamba es uno de los principales aportantes a la canasta alimentaria boliviana. La combinación de factores climáticos, desabastecimiento y precios especulativos amenaza con encarecer productos básicos y reducir las exportaciones del sector.

Más de un centenar de representantes de empresas participaron en la segunda edición del taller de capacitación sobre Importación Directa de Combustibles para Consumo Propio y Comercialización 2025.

El evento, organizado por el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, se desarrolló de manera virtual y presencial en la ciudad de La Paz. Al encuentro asistieron ejecutivos de compañías asociadas a la Cámara Nacional de Exportadores.

En el taller se brindó información detallada sobre los requisitos y normativas vigentes para la importación de combustibles; y se abordó aspectos tanto para consumo propio como para comercialización.

Las exposiciones estuvieron a cargo del Ministerio de Hidrocarburos y Energías; junto con entidades bajo su tuición y otras instituciones relacionadas con el proceso de importación.

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Combustibles

Asimismo, durante el encuentro, los representantes de distintas instancias del sector público realizaron presentaciones sobre los requisitos específicos para cada tipo de operación.

Por ejemplo, en consumo propio, las exposiciones estuvieron a cargo del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH); la Dirección General de Sustancias Controladas (DGSC) y la Aduana Nacional (AN).

En comercialización las presentaciones desarrolladas por las mismas instituciones, con énfasis en los requisitos y regulaciones aplicables a esta actividad. Sobre la importación para usuarios intervino la DGSC con información detallada a los participantes interesados en esta modalidad.

Este taller representa una oportunidad para empresas y actores del sector energético que buscan optimizar sus operaciones dentro del marco normativo vigente; lo que incluye al fortalecimiento del mercado de combustibles en el país.

Luego de una amplia explicación brindada por el Viceministerio de Exploración y Explotación, el Comité de Hidrocarburos y Energía de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el Proyecto de Ley de Modificación de la Ley 767 para incentivar la exploración de gas.

El viceministro del área, Raúl Mayta, destacó la importancia de esta iniciativa para la reactivación de la industria hidrocarburífera.

“Hemos brindado la explicación técnica sobre la socialización del Proyecto de Ley 001 de Incentivos a la Exploración y Explotación de Hidrocarburos, específicamente de gas. Nos acompañó la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE); en representación de las empresas privadas, porque este proyecto de ley responde a una demanda de la industria”, afirmó.

La autoridad explicó que el objetivo del proyecto es generar condiciones económicas favorables para la inversión en exploración y explotación de hidrocarburos.

“Las empresas operadoras manifestaron que aún existen muchas oportunidades y un gran potencial para desarrollar en el país (…) Debemos procurar que estos proyectos sean rentables para atraer inversión; ya que ningún inversor, sea público o privado, arriesgaría recursos en iniciativas no viables”, puntualizó.

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Exploración

En este contexto, resaltó el anuncio de la CBHE sobre una posible inversión de hasta $us 500 millones en proyectos; lo que generaría un impacto económico positivo, fortalecería la producción de hidrocarburos y garantizaría el abastecimiento del mercado interno.

Mayta enfatizó que este proyecto tiene una visión de mediano plazo y busca el beneficio para el país, ya que, una vez que se apruebe y promulgue; las actividades se iniciarían en un plazo de 10 a 18 meses, es decir, durante la próxima gestión de Gobierno.

“Es fundamental agilizar su tratamiento en la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria, luego en la plenaria de Diputados y posteriormente en el Senado, con la expectativa de que en los próximos cinco años se logre mayor estabilidad en el sector hidrocarburífero”.

Durante su presentación, Mayta respondió inquietudes sobre los incentivos, incluyendo el precio de referencia con el que las empresas evalúan los proyectos de exploración, que actualmente no es favorable debido a la caída de las exportaciones.

Los estudios ambientales preliminares aseguran las condiciones técnicas para la instalación de tres plantas industriales de producción de carbonato de litio grado batería, con tecnología de extracción directa de litio (EDL), al sur del Salar de Uyuni, en Potosí, informó René Salinas, gerente de Gestión de Contratos de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).

 “Nuestra evaluación preliminar es positiva, en función de un equilibrio medioambiental y de producción industrial que sea beneficioso para el país; estamos conscientes de la problemática del medioambiente y somos respetuosos de la misma”, afirmó.

Asimismo, Salinas explicó que los estudios previos identificaron las condiciones técnicas ambientales para el establecimiento de las plantas industriales; además de la disponibilidad del recurso hídrico, sin afectar el consumo humano, ni las actividades agrícolas de la zona.

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Litio

“YLB tiene estudios previos elaborados de manera conjunta con las empresas (CBC y Uranium One Group), cuando se firmó los convenios, y los resultados nos han dado las directrices para tomar la decisión de firmar contratos con ellas; asegurando las condiciones medioambientales”, indicó.

Explicó que los resultados finales sobre el nivel de incidencia ambiental y las acciones de mitigación serán establecidos a través de estudios de factibilidad, en la etapa de diseño de ingeniería; luego de que los contratos sean aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Lamentó que algunos sectores opositores a los contratos de litio lleven adelante una campaña con discursos políticos; que carecen de sustento técnico, generando desinformación entre la población.

 YLB firmó un contrato de sociedad accidental con Uranium One Group y otro, de servicios con CBC, para la instalación y operación de complejos industriales; con tecnología EDL, que es más eficiente y amigable con el medioambiente, puesto que reutiliza el agua en el proceso productivo y consume menor cantidad de insumos químicos.

Luego de un ampliado de emergencia, la Confederación de Panificadores de Bolivia determinó ir a un paro de 48 horas debido al retraso en la entrega de harina e insumos para la elaboración del pan de batalla y porque no se reconoce a todos sus afiliados.

En tanto, la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) garantizó que está entregando los insumos y convocó al sector a un diálogo este jueves en La Paz.

“Estamos con un retraso de una semana (en la entrega de insumos); entonces, nuestros compañeros quieren puntualidad. Hemos quedado realizar un paro de 48 horas a nivel nacional, vamos a marchar hasta el Ministerio de Desarrollo Productivo para pedir la renuncia de Franklin Flores (gerente de Emapa), por ineficiencia”, dijo el dirigente Rubén Ríos en Unitel.

El dirigente no adelantó la fecha para asumir la medida de protesta, pero aseguró que el sector está cansado y no reciben ninguna respuesta de parte de las autoridades del área.

Asimismo, recordó que la primera semana de cada mes el sector panificador debe recibir harina, azúcar, manteca y levadura a precios subvencionados para la elaboración del pan de batalla y que éste mantenga su precio en 0,50 centavos.

Sin embargo, los insumos no llegan hace varios días, por lo que se determinó asumir la medida de presión. Lamentó, además, la exclusión de varios de sus afiliados por no presentar a tiempo sus documentos.

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Harina

“El sector panificador está molesto, hemos mandado muchas notas al ministro Zenón Mamani (de Desarrollo Productivo), pero no somos atendidos. Emapa está cometiendo atropellos a nuestro sector”, denunció.

En enero, el sector firmó un acuerdo con el Gobierno que se comprometió a entregar 2,5 millones de quintales de harina, 126.000 quintales de azúcar, 144.000 cajas de manteca de 16 kilos y 48.000 cajas de levadura, todo a precio subvencionado.

Tras el anuncio del paro, el gerente de Emapa, Franklin Flores, informó que el Gobierno está cumpliendo con la entrega de insumos y anunció que convocará a los panificadores a un diálogo este jueves en La Paz.

Aseguró que, hasta la fecha, se entregó 317.931 quintales de harina, más de 17.000 cajas de manteca, 3.000 quintales de azúcar y 4.510 cajas de levadura.

 “Los compromisos se están cumpliendo. Estamos en proceso de siembra de trigo mientras el Estado compra la harina a Bs 315 la bolsa de 70 kilos, le entregamos al sector panificador a Bs 109”, explicó.

Detalló, además, que en el caso del azúcar compran a Bs 265 en promedio y la entregan al sector panificador en Bs 26; la manteca adquiere a Bs 285 y la venden a Bs 28 y la levadura traen a Bs 215 y venden a Bs 23.