La Central Obrera Boliviana (COB) envió una carta al presidente Evo Morales para coordinar una reunión y acelerar la definición del pago del segundo aguinaldo, que hasta el momento no logra un consenso sobre la flexibilización propuesta desde el Ejecutivo.

El secretario Ejecutivo del ente matriz de los trabajadores, Juan Carlos Huarachi, informó de la misiva enviada y explicó que ahora las definiciones deben tomarse al más alto nivel ante la falta de acuerdos con ministro de Estado.

«El día de hoy (lunes) mandamos la nota de manera formal al presidente (Morales), seguramente pidiendo esta reunión para que de una vez podamos tratar este tema que atinge a todos los trabajadores del país”, sostuvo.

Huarachi y sus bases rechazan la propuesta del Gobierno de pagar parte del segundo aguinaldo en especie, en un plazo adicional y hasta un tope salarial o jerárquico. Esa posición la hicieron conocer el viernes al ministro de Economía, Mario Guillén.

El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, coincidió con el dirigente cobista en que la reglamentación para el pago del beneficio ya debería estar vigente debido a los plazos ajustados que quedan.

Gobierno definirá forma de pago del segundo aguinaldo la semana que viene

Tampoco hay acuerdo con los empresarios, quienes contraproponen que el también denominado ‘Esfuerzo por Bolivia’ se cancele en seis meses y que solo llegue a quienes ganan dos salarios mínimo nacionales. Tanto Gobierno y el sector patronal empezaron conversaciones, pero Guillén dijo la semana pasada que ya no era necesaria otra cita con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).

Huarachi ratificó que su sector mantendrá su rechazo a las propuestas emergentes del Gobierno y que el pago del segundo aguinaldo debe hacerse efectivo hasta el 31 de diciembre. (10/12/2018)

Al primer semestre de este año, la deuda externa pública a mediano y largo plazo del país creció de $us 7.267 millones, el 31 de diciembre de 2016, a $us 8.718 millones, el 31 de junio de este año, reportó el  Banco Central de Bolivia (BCB).

El presidente del ente emisor, Pablo Ramos, explicó que la situación de debe a que el país emitió bonos soberanos por un monto de $us 1.000 millones y además contrajo créditos para financiar actividades productivas.

“Esto significa que la relación entre la deuda externa y el producto interno bruto fue del 23,6%, lo que es un indicador de solvencia muy adecuado, estamos lejos del 50% o 56% que otros países tienen”, señaló.

Puso como ejemplo el caso de  Estados Unidos, que –según dijo– tiene una deuda pública superior al Producto Interno Bruto (PIB), es decir, por encima de los $us 20.000 millones.

Por lo que aseguró que el indicador del 23,6% es una cifra “razonable y manejable” y que permite que el país tenga un coeficiente adecuado de deuda externa.  

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina,  son los mayores acreedores de Bolivia con una deuda multilateral de $us 2.096 millones y $us 2.088 millones, respectivamente.

El destino principal que fue destinado los recursos fue para los sectores productivos e infraestructura vial, salud multisectorial y saneamiento básico, explicó el presidente del BCB.

“Es una deuda externa bien canalizada, que va a fortalecer la capacidad productiva de nuestro país porque incrementa el capital físico y el capital humano”, añadió Ramos.

El mayor acreedor bilateral del país es la República Popular de China con $us 571 millones, monto reportado hasta el cierre del 2016. (11/07/2017)

Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción declaró un cuarto intermedio hasta el 21 de marzo en el juicio contra Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, y otros implicados en el denominado caso de tráfico de influencias. La audiencia será el martes, miércoles y jueves.

El juicio empezó este viernes cerca de las 10.00 con la lectura de la acusación formal del Ministerio Público por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegitimas, además de uso indebido de bienes y servicios públicos.

«La autoridad jurisdiccional, bajo el principio de dar celeridad, ha señalado audiencias continuas con la finalidad de no dejar en una suerte de incertidumbre a los acusados y también a las víctimas. También para dar una respuesta suficiente a la sociedad que está esperando resultados, en este caso con Gabriela Zapata», explicó el fiscal Daniel Ayala.

Detalló además que la autoridad jurisdiccional señaló que las audiencias se llevarán a cabo los días martes, miércoles y jueves de 09.30 a 18.30, y si se da el caso, se podrán dar horas extraordinarias. Según Ayala, en el juicio, la Fiscalía buscará demostrar que la acusada debe ser condenada hasta con 12 años de cárcel.

Además de Zapata, están en el proceso Cristina Choque y el exchofer de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia Jimmy Morales, Ricardo Alegría, Marvin Ramírez y el abogado Wálter Zuleta, quien será procesado en rebeldía, tras haber huido del país.

La expareja de Morales tiene un segundo proceso por la suplantación del supuesto hijo de ambos por los delitos de trata de personas, engaño a personas incapaces, asociación delictuosa, e impedir o estorbar el ejercicio de funciones.

El proceso contra la ahora reclusa en un penal de La Paz se dio luego de que la el Ministerio Público determinara que se reunió en reiteradas ocasiones en oficinas de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, sin ser funcionaria pública.

El proceso de investigación en este caso comenzó a principios de marzo, cuando la Fiscalía conformó la comisión de fiscales , un mes después de que el presentador de noticias Carlos Valverde denunciara tráfico de influencias en contratos estatales.

Recientemente, la principal acusada  en el caso acusó al opositor Samuel Doria Medina de ser el mentor de una tramoya  que confluyó en la denuncia de Valverde, empero empresario y líder de Unidad Nacional (UN) rechazó ese extremo.

El embajador de Brasil, Raymundo Santos, espera que se resuelva de «manera tranquila y pacífica» la situación legal de la exfuncionaria de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de la Navegación Aérea (AASANA) Celia Castedo, quien huyó al país vecino tras ser vinculada en la investigación por el siniestro del avión de LaMia.

«Estos son temas que tiene que seguir cada país, que tiene su reglamento. Esas cosas tienen que ser resueltas de manera tranquila y pacífica (entre ambos Estados)», afirmó el diplomático en declaraciones a los medios.

El 28 de noviembre, una aeronave de la empresa LaMia se estrelló, en Rio Negro, Medellín, Colombia, con el saldo de 71 muertos y seis supervivientes. Días después, Castedo salió del país con destino a Brasil en busca de refugio.

La exfuncionaria observó que la aeronave tenía el combustible justo para llegar a destino, contraviniendo las exigencias internacionales. Las autoridades bolivianas denunciaron que la hoy exfuncionaria no hizo conocer esa irregularidad a sus superiores.

«Ella (Castedo) pidió refugio y la ley brasileña dice que la persona que llegue con este pedido se le da documentos por un año y durante ese periodo se someta a la Comisión Nacional de Refugiados, el pedido de la persona», explicó Santos. (13/01/2017)

Bajo un sol radiante y con pasos ágiles y elegantes, cientos de jóvenes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) revalorizan este sábado las diferentes danzas típicas del país en la XIII versión de la Entrada Folclórica Universitaria 2016.

Entre las expresiones que se destacan en esta versión –además de las tradicionales morenada, caporal o tinku– está la danza de los wititis, la estampa chapaca y los carnavales de Betanzos y de Tupiza. En esta ocasión, la danza Sikuri de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Perú, fue la invitada de la entrada folklórica.

En la muestra cultural participan 47 fraternidades de las 35 carreras  de la UPEA, las cuales recorren la extensa avenida Juan Pablo II en conmemoración a la conquista de la autonomía universitaria y la modificación de la Ley 2115 por la Ley 2556, obtenida el 12 de noviembre de 2003.