La decisión de la Central Obrera Boliviana (COB) de rechazar la flexibilización en el pago del segundo aguinaldo continúa generando repercusiones en el Gobierno. Esta vez el ministro de Economía, Mario Guillén, descartó la posibilidad de anular la normativa como exige la dirigencia de los trabajadores y aclaró que cuenta con el aval del presidente Evo Morales y del gabinete.
Pero además dijo que causa extrañeza una oposición por “defender o favorecer los intereses de los trabajadores que están (ganando) por encima de los Bs 15.000” y que de acuerdo a la normativa no están entre los beneficiarios. También cuestionó el rechazo a que parte del segundo aguinaldo vaya a fortalecer a la industria nacional, entre los que están fabriles.
“El decreto (reglamentario) ya está promulgado, y publicado por lo tanto es de cumplimiento obligatorio…el decreto reglamentario es el que vale y ya está publicado”, insistió y recordó que su contenido fue discutido y aprobado en gabinete ministerial del miércoles, en el que participó Morales, el vicepresidente Álvaro García y el gabinete en pleno.
De esa forma respondió a consultas periodísticas sobre la posibilidad de ajustes a la normativa que la dirigencia de la COB exige sea anulada. Un ampliado de emergencia del jueves dio un plazo de 72 horas al Gobierno para la anulación de esa disposición legal porque de lo contrario exigirán la renuncia de los ministros Guillén; de Trabajo, Héctor Hinojosa; y de Planificación, Mariana Prada.
La flexibilización aprobada consiste en una ampliación para el pago hasta marzo, en destinar el 15% a compras de productos nacionales y que llegue a todos aquellos que ganan menos de Bs 15.000. La dirigencia laboral expresó su desacuerdo con esa propuesta y exigió sea cancelado en efectivo y hasta fines de este mes.
En la mañana, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, ya fijó una posición: “Desde el respeto que les tenemos a nuestros compañeros y hermanos de la COB es que creemos que ellos no están valorando adecuadamente los dos componentes de la medida, la redistributiva y aquella que busca ampliar las fuentes de trabajo actualmente existentes en el país”
Tampoco se llegó a acuerdos con el empresariado, que pedía un plazo de hasta seis meses y que solo llegue a quienes ganen hasta dos salarios mínimos nacionales, es decir más de Bs 4.000.