El presidente Luis Arce informó que instruyó el Ministerio de Defensa el despliegue de 8.000 militares en las fronteras y pasos clandestinos con el fin de combatir el “contrabando a la inversa”.

Justificó la medida “en el marco de nuestra lucha contra el agio y la especulación y para proteger la economía de las familias bolivianas”, según lo anunció en redes sociales.

A mediados de octubre, el Gobierno ya había desplazado 2.000 efectivos castrenses a las fronteras.

Son varios casos de contrabando a la inversa principalmente hacia Brasil, Perú y Argentina. Los productos demandados en las fronteras son arroz y aceite, que en las últimas semanas escasean en el país o sufrieron un incremento de precios.

Contrabando

Según reportes periodísticos, casi todos los días ciudadanos argentinas cruzan la frontera hacia Yacuiba, en Tarija, para proveerse de alimentos y otros productos, que en su país cuestan hasta tres veces más.

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Hacia el Perú, por vías alternas y el mismo puerto de Desaguadero, salen arroz, aceita, combustibles y otros productos.

“Esta semana se comisaron alimentos como arroz, aceite, azúcar y maíz, entre otros, por un valor superior a Bs 1,5 millones”, informó el presidente Arce en su mensaje.

Además, el mandatario informó que solicitó al Comité de Seguridad Alimentaria “intensificar los controles en mercados y supermercados para garantizar el acceso al aceite refinado a precio justo a nivel nacional”.

Control de precios

“Exigimos también a los gobiernos municipales que cumplan con su obligación constitucional de supervisar precios justos y la calidad de los productos, protegiendo el bolsillo de nuestras familias”, insistió Arce.

El miércoles, el mandatario demandó de los alcaldes el cumplimiento de sus competencias y aclaró que el control de precios no es necesariamente atribución del Gobierno, sino de las alcaldías.

Son varias semanas de incremento de precios de los productos de la canasta familiar, ahondada por la escasez de combustibles y dólares, además de un bloqueo de 24 días que entre octubre y propició el ala radical del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Si el abastecimiento interno y el precio del aceite se regulariza este fin de semana, el Gobierno convocará el lunes a una nueva reunión con la industria oleaginosa para evaluar el veto a la exportación de ese producto, informó este sábado el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca.

“Estamos haciendo seguimiento día a día del abastecimiento de este producto y, si el día lunes hay que volver a reunirse a primera hora en la mañana o en la tarde; una vez verificado el abastecimiento y su normalización y también el precio, nosotros nos reuniremos para evaluar y tomar las decisiones que corresponden”, dijo Huanca en conferencia de prensa.

La autoridad aseguró que la liberación del veto a las exportaciones está en manos del mismo sector aceitero. “Está en cancha y manos de ellos para que rápidamente abastezcan; esperemos que el día lunes en la evaluación tengamos resultados óptimos e informar a las autoridades respectivas para que analicemos la suspensión temporal”.

Asimismo, el ministro dijo producto de este desabastecimiento y subida de precio causa el enojo de la gente, por lo que es urgente que las empresas aceiteras sigan entregando el producto.

Reconoció que la suspensión de las exportaciones es una gran preocupación para el Gobierno y la industria oleaginosa que tiene compromisos internacionales que cumplir; por lo que les exhortó a agilizar el abastecimiento a precio justo. “Nosotros tampoco queremos afectarlos”.

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Aceite

Además, indicó que este sábado se realizará una nueva evaluación en los mercados y supermercados para verificar la situación del abastecimiento y el precio del aceite.

Al respecto, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, dijo que hay bronca y enojo de los comerciantes y la población; pero ese reclamo debería canalizarse a “los industriales que por diversos factores no han estado abasteciendo en los porcentajes y términos normales al mercado”.

Silva dijo que el precio del aceite se está regulando paulatinamente en mercados de La Paz y en las últimas horas bajó de Bs 16 a Bs 12 y Bs 13 el litro.

“En mercados alejados todavía está en Bs 15 el producto y en supermercados está en Bs 13,80 y Bs 12,90. Seguiremos haciendo controles para evitar la especulación”, indicó.

Desde la semana pasada, el Gobierno frenó temporalmente la exportación de aceite para garantizar el abastecimiento del mercado interno. Los industriales protestan y advierten que esta medida afectará a toda la cadena productiva.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo este sábado que el Gobierno actuará conforme a la norma respecto al proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2025; es decir que, si Asamblea Legislativa no sanciona el documento, éste entrará en vigencia por decreto supremo el 1 de enero.

La Asamblea tiene aún 17 días para analizar el proyecto y hacer sus observaciones; sin embargo, el documento ni siquiera fue analizado por el pleno de la Cámara de Diputados, cuya Comisión de Planificación ya lo aprobó.

“Nosotros hemos cumplido con enviar en su momento el presupuesto a la Asamblea Legislativa; hay una dinámica interna y la norma es clara, hay tiempos para llevar adelante su aprobación. Hay tratamiento y procedimientos para llevar adelante este proceso; nosotros vamos a actuar según corresponde la normativa”, dijo Alcón a los medios de comunicación.

La Constitución señala en su artículo 158, parágrafo 11, que la Asamblea Legislativa tiene la atribución de aprobar el PGE en un lapso de 60 días; pero “en caso de no ser aprobado en este plazo, el proyecto se dará por aprobado”.

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PGE

Asimismo, Alcón defendió el proyecto y aseguró que se trabajó en función de las principales necesidades de la población y que las críticas de algunos actores políticos son, principalmente, por desinformación.

En caso de que la Asamblea no apruebe el proyecto hasta el 31 de diciembre, se daría el mismo escenario del actual PGE vigente; ya que, en 2023, debido a la falta de consenso entre diputados y senadores, el documento se dio por aprobado y comenzó a regir desde el 1 de enero de este año.

El jueves, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, dijo que la aprobación del PGE debe enmarcarse en debates políticos y técnicos; debido a todo lo que implica el proyecto de ley.

Promovió la aprobación de una minuta de comunicación que recomienda a la ministra de la Presidencia y al ministro de Economía ejecutar únicamente el gasto público del PGE 2025.

Para el martes se tiene prevista la sesión de la Asamblea Legislativa para confirmar la fecha del inicio del receso parlamentario. Legisladores de oposición aseguran que se trata de una “maniobra” del Gobierno para que el PGE no sea tratado y se apruebe por decreto.

De enero a noviembre, el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec) procesó 204.168 trámites en el país, informó el director de la entidad, Álvaro Sepúlveda.

“Como parte de su visión estratégica, Seprec trabaja continuamente en la digitalización y mejora de sus procesos para ofrecer una experiencia más eficiente y accesible a sus usuarios”, dijo el funcionario.

La Paz se consolidó como el departamento con la mayor cantidad de trámites procesados, alcanzó un total de 68.816. Santa Cruz se ubica en el segundo lugar con 41.135 trámites; mientras, que Cochabamba completó 15.439 requerimientos.

Asimismo, informó que en los 11 meses se registran 88.044 trámites de Renovación de Matrícula de Comercio a nivel nacional; lo que lo posiciona como el servicio más solicitado por empresarios y emprendedores.

Este trámite refleja la constante formalización y renovación de las actividades comerciales en el país.

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Seprec

Otro de los mayores requerimientos corresponde al registro de otorgamiento de poder y/o revocatoria con un total de 13.099 solicitudes procesadas.

En tanto, el trámite certificado de Registro de Documento alcanzó los 11.196 procesos completados, consolidándose como un documento esencial que certifica la inscripción de documentos en el Registro de Comercio.

En total se registraron 58 tipos de trámite, con lo que “la institución respalda una amplia gana de necesidades comerciales en Bolivia”.

El Seprec destacó la importancia de esta dinámica empresarial y su compromiso con la formalización y transparencia de las empresas en Bolivia.

El Seprec fue creado el 6 de octubre de 2021 en reemplazo a la Fundación Para el Desarrollo Empresarial (Fundempresa), que tuvo a cargo la administración del registro comercial del país hasta el 31 de marzo del 2022.

Es la entidad pública descentralizada encargada de administrar y ejercer funciones del registro de comercio en Bolivia. Se encuentra bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC), Óscar Mario Justiniano, criticó el “castigo” que aplica el Gobierno al mercado formal que produce y entrega su producción al mercado interno y no se frena a los “malos comerciantes” que a diario sacan los productos de Bolivia para venderlos a precios más alto en otros países.

El empresario hizo alusión a la decisión del Gobierno de frenar temporalmente la exportación de aceite comestible hasta que se regularice el abastecimiento del mercado interno y baje el precio del producto.

“Vemos con tremenda preocupación estas decisiones que van en contra de la formalidad. Hablamos un sector que produce, que esa producción va a la industria y hacen inversiones para el mercado boliviano y para la exportación; y se toman medidas que afectan específicamente al sector primario e industrial y dejando en descontrol la cadena de comercialización informal”, dijo en DTV.

Recordó que el sector formal entrega facturas, está controlado por las instancias gubernamentales, se conoce quiénes son los dueños, cuánto producen, a quiénes venden; sin embargo, ellos son ahora los más afectados con el veto a las exportaciones.

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Formal

Dijo que en Bolivia el 80% del comercio es informal y el Gobierno debería apuntar a ellos para regular su actividad y frenar el contrabando a la inversa que se está llevando no solo la producción del país, sino las divisas.

“Nosotros siempre vamos a defender la actividad privada que garantiza el abastecimiento interno, no puede ser castigada. Y todos estamos informados de la cantidad de aceite que pasa todos los días al Perú sin ningún tipo de control”, complementó.

Asimismo, Justiniano dio que esos “malos comerciantes” también deberían ser controlados y castigados.

“Este tipo de acciones no son nuevas y siempre por el ministerio de Desarrollo Productivo, antes hubo un desbalance con azúcar cuando en Perú pagaban más alto y la producción terminó yendo de contrabando en manos de malos comerciantes y nuevamente fueron en desmedro del sector formal”, se quejó.

Desde la semana pasada, el Gobierno mantiene suspendida la exportación de aceite ante el desabastecimiento y el incremento en los precios de este producto. Anunció que este fin de semana se realizará una nueva evaluación en el mercado interno para determinar si se mantiene o se levanta la medida.