Economía

Sunday 23 Mar 2025 | Actualizado a 12:37 PM

Choferes deciden cerrarse a la fiscalización externa de los 20 centavos del peaje

En medio de una fuerte tensión que en algunos momentos llegó a los gritos, los choferes trataron en un ampliado el tema del polémico fondo que se recolecta en el peaje de la Autopista La Paz-El Alto .

/ 21 de marzo de 2019 / 21:25

“¡Transportes unidos, jamás serán vencidos!”, con ese grito de más de una centena de dirigentes cerró la tarde de este jueves el ampliado de los choferes que trató el manejo de los recursos destinados a su fondo pro salud y donde una de las principales conclusiones es que responderán ante la Justicia por ello, pero no permitirán ningún tipo de fiscalización externa a su federación.

En medio de una fuerte tensión que en algunos momentos colmó de gritos el escenario del encuentro, los choferes trataron el tema del polémico fondo que se recolecta en el peaje de la Autopista La Paz-El Alto, supuestamente dirigido a un fondo de salud, y que sumó alrededor de 12 millones de bolivianos en los últimos años.

El sector, por unanimidad, decidió cerrarse a cualquier tipo de fiscalización externa, aunque sus dirigentes aseguraron que se defenderán en la Justicia por la denuncia que ya pesa contra ellos en la Fiscalía auspiciada por los diputados opositores Wilson Santamaría y Rafael Quispe.

El secretario Ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Ismael Fernández, quien estaba presente en la cita para rendir cuentas porque antes fungía como dirigente regional, afirmó que el tema económico y la “intromisión de gente ajena al gremio ha causado malestar a los compañeros de base”.

“De forma contundente, la unidad del transporte sindicalizado en la ciudad de La Paz está conforme, contundente en la respuesta que se les ha dado”, dijo, según reportó radio Cepra.

Según la denuncia, Fernández y otros cinco exdirigentes y dirigentes del sector manejaron en cuentas personales el dinero proveniente de los aportes de sus afiliados retenidos en el pago del peaje de la autopista.

Los recursos deberían ser destinados a un fondo pro salud, pero únicamente 400.000 bolivianos, vale decir el 3,2 % del total recaudado, fueron invertidos para el equipamiento de la Clínica 16 de Noviembre.

En un audio al que accedió la red Erbol, se escucha decir a  Fernández que parte de ese dinero se utilizó para pagar viajes y dietas de los dirigentes, además de “alguna farra” .

De todas formas, el ampliado fijó que los exdirigentes rindan sus cuentas desde el 15 de abril por los montos administrados de las gestiones pasadas y en un ampliado similar. Están en la mira Franklin Durán (2003-2009) y René Vargas (2009-2013); Ismael Fernández (2013-2015) rindió sus cuentas este jueves.

El actual secretario de la Federación Departamental de Transporte 1 de Mayo, Rubén Sánchez, precisó que “se va a conminar” a Durán y Vargas para que “informen” sobre “todo el desarrollo económico” que llevaron adelante.

Otro punto crucial que se trató en la cita es la recaudación de 20 centavos que se hace en el peaje de la autopista. Fernández aseguró que “el transporte no va renunciar a ese aporte voluntario”.

Es más, determinaron que “ese aporte se tiene que fiscalizar y hacer la rendición de cuentas en eventos de esta naturaleza dentro la federación departamental y por aquello no se va a permitir ni tolerar, en la resolución que sacan los compañeros, la intromisión de ningún político ni otra instancia que no sea al interior del transporte sindicalizado”.

Sánchez, por su lado, dijo que “el ampliado se ratifica en que todo el monto que sea económico dentro nuestra federación se lo va a discutir de forma interna dejando en claro que estos recursos son netamente sindicales y aportes voluntarios”.

“En cuanto a las situaciones jurídicas, nosotros nos vamos a presentar cuando así lo determine la Justicia para demostrar nuestra inocencia, como hoy hemos demostrado todos los dirigentes afiliados a esta federación de que no hay tal de esas supuestas cifras millonarias que habían enlodado a la actual dirigencia y por intermedio a los secretario generales”, añadió.

En medio del informe hubo gritos de los dirigentes sindicales detractores de la actual dirigencia, quienes inclusive pidieron la renuncia de Sánchez, otro de los sindicados en este caso.

El aludido informó que el descontento “se debe a que a dos se les está sancionando por el tipo de accionar que han tenido a título de esta federación”. Mencionó a Lucio Quispe y Zenón Canaviri a quien apuntó de “injuriar” a la dirigencia cuando este jueves “se aclaró este tema”.

Quispe, del Sindicato Eduardo Abaroa, quien abandonó el ampliado antes de la conferencia de prensa, denunció que les “coartaron” el uso de la palabra e inclusive los amedrentaron. “La plata (el destino del dinero) no quieren explicar, ya lo han maquinado todo, se han reunido ayer, antes de ayer”, denunció.

Por su lado, Canaviri, del Sindicato Pedro Domingo Murillo, anunció que su sector se declaró en estado de emergencia y convocó a un ampliado de emergencia para este jueves en el que “el hombre de base decidirán las acciones a futuro”. (21/03/2019)

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Medio argentino dice que en Bolivia se compran productos hasta 75% más barato

Medios de comunicación argentinos dicen que los precios en Bolivia son entre 30% y 75% más baratos, lo que impulsa a realizar viajes de compras.

Muchos productos que se venden en Bolivia son más económicos. Foto: Todo Jujuy

/ 23 de marzo de 2025 / 11:37

La diferencia cambiaria y la variación en los costos de productos claves han convertido a Bolivia en el destino turístico ideal para hacer que los argentinos hagan compras y busquen ofertas hasta 75% más barato, según resaltan medios de comunicación de Argentina.

El diario Todo Jujuy informó esta semana que el flujo comercial entre Argentina y Bolivia cambió drásticamente.

“Antes, los argentinos solían viajar a Brasil, Chile o Paraguay para aprovechar los precios convenientes, pero la situación económica modificó esa tendencia. Actualmente, Bolivia ofrece una alternativa más accesible; con productos entre un 30% y un 75% más económicos en comparación con el mercado argentino”.

La nota indica que los rubros más buscados incluyen ropa, calzado, tecnología y repuestos para vehículos. A pesar de algunos aumentos en alimentos, el costo sigue siendo menor que en Argentina, lo que incentiva aún más los viajes de compras.

Asimismo, indica que uno de los factores clave en esta nueva tendencia es la diferencia cambiaria. Mientras que hace algunos años $1 argentino equivalía a Bs 7, hoy la conversión favorece aún más a los turistas argentinos, ya que se pueden obtener hasta Bs 9,50.

Lea más: Siles: Anuncio de Argentina de alambrar la frontera ‘va contra los tratados internacionales’

Bolivia

“El auge de los viajes a Bolivia por compras responde a una combinación de factores económicos y comerciales. La estabilidad de los precios en ciertos rubros y la mejora del tipo de cambio hacen que cada vez más argentinos elijan este destino para ahorrar en productos de primera necesidad y artículos de alto valor”.

No es la primera vez que la prensa argentina refleja este fenómeno. Ya en otras publicaciones se destacó el crecimiento del flujo de compradores de ese país hacia Bolivia, incluso mucho para llevarse mercadería de forma ilegal.

Se informó que solo por Aguas Blancas, ciudad argentina ubicada frente a Bermejo, al menos 2.000 ciudadanos argentinos cruzan a diario la frontera. Los fines de semana, el número sube a 3.000 visitantes.

Pero no solo compran para consumo propio, pues los productos de origen boliviano salen también en cantidades masivas rumbo a Salta, Orán y Jujuy, los cuales se destinan al comercio minorista.

Para frenar ese tránsito ilegal, el gobierno de ese país inició a la construcción del cerco en la frontera entre Aguas Blancas y Bermejo de Bolivia. 

La obra se trata de un cerco de 200 metros, que será construida en el marco del Plan Güemes y que tendrá por objetivo evitar el contrabando y el ingreso y salida ilegal de personas de los dos países vecinos.

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El contrabando afecta a más de 40.000 industrias

Pablo Camacho, presidente de la CNI, remarca a La Razón que el contrabando es una competencia desigual y desleal con la industria formalmente establecida

Militares controlan en Desaguadero el ingreso de mercancía de contrabando. Foto: VLCC

/ 23 de marzo de 2025 / 06:05

El viceministro de Defensa del Usuario, Jorge Silva cuestiona a los industriales, empresarios, ganaderos y productores que —en su criterio— no dicen la verdad y, “amparados bajo el paraguas de la libre y la demanda, esperan al mejor postor. Antes, ellos eran los más afectados por el contrabando, ahora son los beneficiados por el contrabando a la inversa”.

Lamenta que la mejor oferta de precios no la tenga el comerciante formal, el minorista o el que compra para abastecerse y vender, sino el contrabandista.

Sin embargo, la Cámara Nacional de Industria (CNI) atribuye al contrabando y a la falta de control de parte del Gobierno el alza de precios en la canasta familiar y la escasez de productos.

Pablo Camacho, presidente de la CNI, remarca a La Razón que el contrabando es una competencia desigual y desleal con la industria formalmente establecida. Indica que el contrabando en el país supera los $us 3.300 millones por año; y genera una evasión impositiva mayor a $us 930 millones. 

Lea más: La CNI alerta que disposición sobre decomisos puede interrumpir el aparato productivo

Contrabando

“El contrabando a la inversa, producto de la devaluación del tipo de cambio, está impulsando actividades productivas informales. El efecto es promover la desindustrialización”, dice.

Remarca que hay más de 40.000 industrias afectadas; y más de 600.000 fuentes de trabajo en riesgo.

Informa que, si bien existe un convenio de coordinación con el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, con la Aduana, el Viceministerio de Defensa del Consumidor y otras instituciones estatales; “aún resta por profundizar las actividades público-privado para un trabajo estatal efectivo”.

“La industria participa con el 16% del Producto Interno Bruto (PIB), genera el 11% del empleo formal, absorbe el 17% del crédito en el sistema financiero; contribuye con 50% de las exportaciones y aporta con 17% de las recaudaciones”.

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Silva reclama que no hay acompañamiento judicial para sancionar a los contrabandistas

En toda la línea fronteriza de Bolivia hay desplegados más de 8.000 militares en el marco del Plan Soberanía.

Militares muestran parte de la mercancía que decomisan casi a diario. Foto: VLCC

/ 23 de marzo de 2025 / 06:02

El viceministro de Defensa del Usuario y el Consumidor, Jorge Silva, dice que otro de los problemas que ahonda la proliferación del contrabando es la falta de acompañamiento judicial para encarcelar a los contrabandistas.

“No tenemos el acompañamiento de las autoridades jurisdiccionales para procesar y sancionar a las personas dedicadas al contrabando porque hay mucho dinero; son millones de bolivianos que están de por medio”.

Silva explica que tardan más en armar un operativo contra el contrabando, hasta una semana, preparando la logística y los efectos para la incautación de productos, que en la liberación de los aprehendidos por el ilícito.

“Se pone a disposición de las autoridades a las personas y en menos de ocho horas salen; y nuevamente están delinquiendo. Hay falta de autoridad, de presencia, de acompañamiento”.

Lea más: Militares decomisan 34.000 kilos de carne de res y pollo en Macharetí

Silva

El viceministro de Lucha contra el Contrabando, Amílcar Velásquez, reconoce que hasta la fecha no hay ninguna persona sentenciada por favorecimiento al contrabando. Informa que existen al menos cinco procesados por el ilícito, incluso con muerte de militares de por medio; sin embargo, aún no hay sentencias. La pena por ese delito —dice— puede alcanzar hasta 15 años de cárcel.

La lucha contra este ilícito se ha cobrado la vida ya de 17 militares; muchos de los cuales fueron atropellados y recibieron disparos de los contrabandistas.

En toda la línea fronteriza de Bolivia hay desplegados más de 8.000 militares en el marco del Plan Soberanía.

El viceministro Silva remarca que, mientras Bolivia asuma de forma individual esta lucha, es insuficiente; y urge acuerdos bilaterales para que los países vecinos se sumen a esta batalla.

Según cifras del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, entre julio y diciembre de 2024, desde que asumió el cargo el cargo el coronel Luis Amílcar Velásquez; los decomisos de alimentos y combustibles sacados ilegalmente suman Bs 11.029.879.

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Contrabando a la inversa: Los decomisos suman, pero la lucha se queda corta

El viceministerio del área sumó Bs 423.266.801 de afectación al ilícito en 2024 y más de Bs 11 millones solo en contrabando a la inversa

Un vehículo con mercancía de contrabando arde en la carretera. Foto: VLCC

/ 23 de marzo de 2025 / 06:00

Desde 2024, el contrabando a la inversa crece en Bolivia y mueve una economía criminal imparable. Las autoridades suman decomisos y reportan una afectación de más de Bs 11 millones en un semestre, pero reconocen que la lucha es “insuficiente”.

El contrabando a la inversa es la salida ilegal de productos nacionales, especialmente alimentos, a países vecinos como Chile, Perú, Brasil y Argentina; donde los precios más altos son una tentación para ofertarlos al mejor postor.

Según cifras del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, entre julio y diciembre de 2024, desde que asumió el cargo el cargo el coronel Luis Amílcar Velásquez, los decomisos de alimentos y combustibles sacados ilegalmente suman Bs 11.029.879.

Velásquez considera la cifra como importante y resalta la gestión 2024 como exitosa; pues entre los decomisos del contrabando de exportación (productores que salen ilegalmente) y el de importación (que ingresan) se logró una afectación de Bs 423.266.801.

En 2024, uno de los mayores decomisos se hizo en la población de Sacabaya, el departamento de Oruro; donde se identificó aproximadamente 100 viviendas dedicadas a almacenar línea blanca, línea negra; ropa nueva y usada de contrabando. Solo ese operativo sumó Bs 352.120.000 de afectación al contrabando.

“Se ha reestructurado la lucha contra el contrabando. Se hizo un nuevo concepto estratégico basado en tres líneas de interdicción; una primera que cubre toda la zona fronteriza; otra identificada especialmente en los caminos principales y troncales de todo el territorio nacional; y la tercera está en los mercados donde se hace un control de productos de contrabando”, explica a La Razón.

Lea más: Arce informa que afectación al contrabando a la inversa es de Bs 4,1 millones

Infografía: Lizeth Machaca

Contrabando

El viceministro reconoce que, en 2024, el contrabando a la inversa comenzó a ganar fuerza y se convirtió en un problema “a gran escala”. Explica que los principales productos que salen del país para ser comercializados a precios más altos son los alimentos como el arroz, el azúcar; las carnes de res, cerdo y pollo; la quinua y los combustibles: diésel, gasolina y garrafas de gas. En los últimos meses también se identificó la salida ilegal de ganado vivo; que se oferta en ferias en comunidades fronterizas y una vez comprado ingresa caminando por la frontera.

Todos esos alimentos y combustibles se venden a precios más altos en Chile, Perú, Brasil y Argentina; convertidos en destino del contrabando a la inversa.

Bolivia atraviesa actualmente por una seria crisis de escasez de combustibles y, a la par, hay gente inescrupulosa que continúa operando; contrabandeando el diésel hacia los países vecinos debido a la diferencia de precios; ya que el combustible aquí es más barato.

Entre julio y diciembre de 2024, el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando decomisó 318.890 litros de diésel y 124.700 litros de gasolina; que eran sacados ilegalmente del país.

El viceministro de Defensa del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, reconoce el esfuerzo que se hace desde el Gobierno para luchar contra este ilícito; sin embargo, admite que aún es “insuficiente” y falta una normativa.

“La lucha contra el contrabando es parte de una protección a la industria nacional; y en los últimos meses de 2024 ha virado hacia otro escenario, como es el contrabando a la inversa. Frente a este nuevo contexto, nos encontramos que no tenemos normativa, institucionalidad para lograr mejores resultados; y esta lucha es insuficiente”, dice a La Razón.

Explica, por ejemplo, que falta institucionalidad para enfrentar el problema, pues la Aduana Nacional no tiene tuición para luchar contra el contrabando a la inversa y el viceministerio del área no cuenta con una norma que lo respalde; que disponga destino de la mercadería decomisada.

Infografía: Lizeth Machaca

Crecimiento

Al respecto, el viceministro Velásquez dice que la mercadería decomisada del contrabando a la inversa en entregada a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) para que se venda a precio justo o es destruida, si corresponde.

¿Por qué crece el contrabando a la inversa? Silva considera que, debido a la crisis alimentaria, las guerras, los cambios en la política económica de países vecinos que impactaron en los precios de sus productos, surgió la inflación importada. “Ese incremento de precios en productos y servicios en países vecinos, generó un desincentivo al contrabando de ingreso e incentivo el contrabando a la inversa. Ahora esa lucha se basa en combatir a aquellas personas y contrabandistas que sacan productos a los países vecinos”.

Silva remarca que el contrabando a la inversa crece día a día debido al precio que ofrecen los países vecinos para adquirir los productos bolivianos; lo que permite que muchos productores, intermediarios y comerciantes busquen el mejor postor para vender su producción.

La lucha contra el contrabando usa rutas clandestinas; y, según el viceministro Velásquez, se han identificado al menos 200 pasos ilegales en la línea fronteriza. 

El funcionario dice que el Desaguadero es una de las zonas más conflictivas para controlar el contrabando; que es manejado, generalmente, por “clanes familiares”; y que algunos pobladores son utilizados por estos contrabandistas para cometer este ilícito.

“Hay algunas comunidades que colaboran en la lucha contra el contrabando, que realizan la destrucción de las vías clandestinas y participan como informantes;; como también hay otras y malos ciudadanos que son afines al contrabando. Estos comunarios se mimetizan y en la multitud actúan para convulsionar a la comunidad”, explica Velásquez.

Y recuerda que el año pasado, los militares fueron desalojados dos veces del Desaguadero debido al estricto control que realizaban al contrabando. Sin embargo, lograron retornar gracias a la predisposición de dirigentes y comunarios que no apoyan el ilícito.

La lucha contra este ilícito se ha cobrado la vida ya de 17 militares y sigue moviendo una economía criminal en Bolivia.

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La estación de cobro de peaje en Ivirgarzama queda precintada

El director departamental de la Policía de Cochabamba dijo que las investigaciones continúan para dar con los responsables de la destrucción del lugar.

Así quedó la estación de cobro de peajes en Ivirgarzama. Foto: ABI

/ 22 de marzo de 2025 / 22:30

La estación de cobro de peaje de Ivirgarzama, en Cochabamba, permanece precintada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) mientras se investiga la destrucción de la infraestructura.

“Se ha dispuesto la conformación de una comisión para realizar el trabajo técnico en el lugar donde funcionaban las casetas de Vías de Bolivia; en ese sentido, que el día de hoy (sábado) se ha citado a las partes (…). Estamos realizando el levantamiento de todas aquellas evidencias, ya hemos pedido que se nos entregue un inventario”, informó el director departamental de la FELCC Cochabamba, Freddy Medinaceli.

El pasado martes 18 de marzo, un grupo de personas destrozó la estación de cobro de peajes de Vías Bolivia, ubicada en la localidad de Ivirgarzama, en el Trópico de Cochabamba. Derribaron paredes, rompieron ventanas, bloques de división de carriles y mobiliario, entre otros en una protesta por la falta de combustible.

Lea más: Peaje destruido en Ivirgarzama: Vías Bolivia pierde Bs 12.000 al día y daños suman Bs 634.890

Peaje

El lugar quedó con daños materiales de consideración y Vías Bolivia activó un proceso penal contra los autores por el delito de destrucción o deterioro de bienes del Estado; asociación delictuosa y por instigación pública a delinquir.

De acuerdo con Vías Bolivia Cochabamba, la estación fue destrozada tras una marcha en la que participaron transportistas y otros sectores. Se pide la máxima sanción, que es de seis años de privación de libertad, para los responsables de los destrozos.

El miércoles, Vías Bolivia informó que la destrucción de la estación de pesaje y cobro de peajes de Ivirgarzama dejó pérdidas por un total de Bs 634.890 en infraestructura y equipamiento; y la entidad deja de percibir aproximadamente Bs 12.000 al día en peajes.

El director de Vías Bolivia, Germán Véliz Guzmán se trató de un ataque intencionado, pues los transportistas se dirigieron directamente a destruir la estación, por lo que anunció que Vías Bolivia presentó una querella contra los responsables; que ya están identificados.

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