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La UIF atenderá el pedido de indagar a la dirigencia de choferes

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) informó que la solicitud opositora de “rastrear las cuentas” de los dirigentes de la Federación de Choferes 1ro de Mayo de La Paz sindicados en el caso del fondo pro salud “será considerada de acuerdo a las atribuciones” de esa entidad y “dentro de un marco de alta confidencialidad y obligación de reserva”.

Los diputadores opositores Wilson Santamaría y Rafael Quispe plantearon esa acción a la fiscalizadora que aclaró en una misiva que el resultado, “de contar con elementos relevantes, será puesto a consideración de la autoridad competente y de la Fiscalía General del Estado, según corresponda”.

El fondo es conformado por el «aporte voluntario» de los asociados a la federación de 20 centavos que son retenidos por la estatal Vías Bolivia en el pago del peaje de la Autopista La Paz-El Alto.

La titular de la UIF, Teresa Morales, anunció el martes 26 de febrero que solicitarán de oficio «investigar las cuentas bancarias de al menos 10 dirigentes de los choferes de La Paz, porque cuando hay una preocupación de la opinión pública, cuándo se ve en medios una noticia que tenga que ver con movimiento financiero extraño, la UIF inicia de oficio la investigación”, según reportó el portal Urgente.bo.

Los “aportes voluntarios” del sector al fondo pro salud que se efectivizan con la retención de 20 centavos al pago de peaje en la autopista La Paz-El Alto han generado una polémica generalizada.

En el oficialismo también han surgido similares propuestas e inclusive se ha planteado que el acuerdo entre Vías Bolivia y la dirigencia de la Federación Departamental de Choferes quede sin efecto porque no tiene razón de ser con la existencia del Sistema Único de Salud (SUS).

“Ya no tiene sentido que se mantenga ese convenio porque ya existe un SUS, los choferes y gremiales que no contaban con este seguro ya lo tienen, por tanto no tiene ningún sentido de que siga existiendo”, dijo el diputado por el MAS, Sergio Choque.

En ese marco y sin precisar los detalles, también reveló que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) ya “tiene la instrucción para que se pueda dejar sin efecto” el acuerdo.

Anticipó, asimismo, que su en su frente pedirán a la Contraloría que intervenga en el caso para inclusive pedir la devolución del dinero.

“Vamos a pedir que la Contraloría pueda intervenir y, si es necesario, estableciéndose de que los recursos han sido mal utilizados, se puede hacer su devolución”, sostuvo el legislador. (03/04/2019)