Fiscalía presenta acusación formal contra 21 implicados en el caso Taladros
El expresidente de la estatal petrolera, Guillermo Achá, guarda detención domiciliaria desde el 21 de junio de 2017 en Santa Cruz, mientras que el resto se encuentra recluido en diferentes cárceles del país.
El Ministerio Público presentó acusación formal contra 21 implicados en el caso de irregularidades en el proceso de contratación de la empresa Drillmec para la compra de tres equipos de perforación en 2016. Entre los implicados se encuentra el expresidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Guillermo Achá.
El caso data de abril de 2016, cuando la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos detectó irregularidades jurídicas, administrativas y técnicas en las gestiones para la compra de tres taladros, que finalmente fue adjudicada a la firma italiana Drillmec por un valor aproximado de $us 148,8 millones.
El Juzgado Segundo de Instrucción Anticorrupción de La Paz será el que defina el día del inicio del juicio oral contra los acusados, quienes en su mayoría se encuentran imputados por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, entre otros.
El fiscal Germán Rea Salinas explicó, de acuerdo a un boletín de prensa, que se tomó la decisión al encontrarse irregularidades en el proceso de contratación en distintos actos administrativos, entre acciones y omisiones mediante las cuales, presuntamente, se vulneró la normativa.
En la acusación, junto a presidente de YPFB se encuentran implicados el vicepresidente Administrativo de Contratos y Fiscalización, Bigmarck S. P.; el Gerente de Perforación Corporativa, David P. A., además de los abogados de la Unidad Jurídica de YPFB, Félix B. M. y Gizel S. R., todos miembros del Comité de Licitación de ese entonces.
En la lista figuran además la exgerente Legal Corporativa de YPFB Andina S.A., Carmen T.; el exasesor legal de YPFB, Julio K. N., la exdirectora Jurídica de YPFB, Cynthia N.; la exgerente de Contrataciones de YPFB, Paola Andrea O.; los exfuncionarios del Área de Contrataciones, Mayra G. V. O., María Elena A. C., Roxana N. U. y Mario Alejandro D. V..
De la Unidad Solicitante de YPFB los exfuncionarios Miguel Ángel B. S., Martin Ever P. P., José Marcos R. G. y David Francisco V. R. También se encuentran implicados, además del exvicepresidente de Administración, Contratación y Fiscalización de la estatal petrera, José Patricio S. S, los que fueran identificados como representantes legales de la empresa Drillmec: Diego B., Pedro Pablo H. y Fabián A. T. .
Mientras se desarrollaba la investigación todos los funcionarios fueron apartados de sus cargos y sometidos ante el Ministerio Público. Desde el 21 de junio de 2017 Achá guarda detención domiciliaria en Santa Cruz mientras que el resto se encuentra recluido en diferentes cárceles del país.
La firma italiana sindicó al entonces presidente de YPFB, Guillermo Achá, de ser quien autorizó el inicio de construcción de los tres equipos, lo que fue negado por YPFB. El 26 de abril de 2017, fue anunciada la disolución del contrato ante las irregularidades detectadas.
El fiscal Germán Rea Salinas informó que durante la investigación se pudo evidenciar varios actos irregulares en la contratación de dicha empresa, entre los que nombró la ilegal aceptación de un poder sin valor jurídico, sin un documento de constitución de empresa y la ilegal aceptación de un registro tributario observado.
Se aguarda que el Juzgado Segundo de Instrucción Anticorrupción de La Paz fije la fecha y hora del inicio de juicio oral y contradictorio contra los 21 involucrados. (8/05/2019)