La comisión de fiscales que investiga el robo a la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas) determinó que el valor de los bienes anotados preventivamente de los involucrados en este caso llega a $us 8 millones, superior a los $us 7,7 millones desfalcados.
El equipo del Ministerio Público, conformado por Gary Coronado, Fany Alfaro y Osvaldo Tejerina, puso hasta la fecha bajo resguardo legal 37 bienes inmuebles y 40 vehículos de los sindicados.
“Sin embargo, esos bienes no se pueden hacer efectivo hasta que no haya una sentencia ejecutoriada; ahora, en el caso de Carmen Karina S., quien se acogió a un juicio abreviado, sí se puede hacer efectivo con los bienes que sean de su propiedad”, destacó ayer el fiscal Osvaldo Tejerina.
La esposa de Hubert Alcides G. A., exdirector de Marketing y principal acusado del desfalco millonario a la operadora telefónica, recibió la semana pasada tres años de condena en una audiencia conducida por el juez 3° de Instrucción en lo Penal, Martín Camacho.
El fiscal Gary Coronado declaró a los medios la pasada semana que el juzgador sentenció a la mujer basado en los delitos imputados por el Ministerio Público, que son estafa agravada y falsificación de documentos privados.
Sin embargo, el abogado de Cotas, Raúl Paniagua, apeló la decisión judicial y solicitó duplicar la pena a seis años, debido a que no se ha reparado el desfalco millonario a la cooperativa cruceña. Según el jurista, la mujer comercializó los televisores en el mercado negro.
El programa Cotas en Cuotas consistía en facilitarle al socio, a través de 24 cuotas, televisores plasma, computadoras portátiles y teléfonos móviles. Sin embargo, en las gestiones 2017 y 2018, exfuncionarios y personas particulares introdujeron solicitudes ficticias para adquirirlos de manera ilegal.
La detección irregular del desfalco a la cooperativa se lo hizo a través de una auditoría interna y las autoridades de la empresa procedieron con la denuncia del hecho en las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y la Fiscalía.
Por otro lado, la comisión de representantes del Ministerio Público que investiga el caso Cotas dispuso ampliar la investigación al actual presidente del Consejo de Administración, Leonardo S., por considerar que hay indicios de afectación a la cooperativa a través del plan Hogar Inteligente.
“Esta autoridad está siendo parte de la investigación, está siendo investigada”, confirmó de esta manera Mirael Salguero, fiscal departamental de Santa Cruz, en contacto con los medios.
El contrato establecía que la empresa recibiría el 80% de la comisión al mes por vender productos de la cooperativa cruceña.
Hace un par de semanas se corrió el rumor de que el presidente de la telefónica pidió licencia indefinida y que se encontraba supuestamente fuera del país. Sin embargo, fuentes de Cotas afirmaron que su licencia era por 10 días y que debía retomar sus funciones días atrás, cosa que no ha sucedido hasta la fecha.
El lunes apareció un video en las redes sociales en el que Leonardo S. se declara perseguido y acosado al sufrir el allanamiento de su domicilio, y señala que el programa Hogar Inteligente no tiene nada que ver con el desfalco millonario del programa Cotas en Cuotas.
En lo que va de la investigación del cuestionado caso, se encuentran una persona sentenciada y seis con detención preventiva en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz (cárcel de Palmasola).
Entre las personas recluidas está Hubert G. A, exdirector de Marketing de la cooperativa, quien en los últimos días amplió su declaración, lo que provocó reacciones cívicas y políticas por supuestos financiamientos a plataformas ciudadanas del 21F (21 de febrero de 2016, fecha del referéndum para modificar el artículo 168 de la Constitución para que las autoridades electas puedan repostularse a un nuevo mandato).
A raíz de este caso, la presidente del Comité de Defensa de Socios de Cotas, Gloria Calvimontes, aseguró días atrás que la investigación avanza lento y exigió que se restituya el dinero robado.
Incluso pidió la renuncia de los consejos de Administración y de Vigilancia y que se llame a elecciones de nuevas autoridades.
Dijo no estar de acuerdo en que se amplíen las declaraciones de los acusados con el fin de negociar su libertad, cuando el principal objetivo es recuperar el dinero robado. (01/06/2019)