El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón presentó el jueves un proyecto de ley para la derogatoria de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, cuestionada por diversos sectores productivos, empresariales y gremiales.

“Ayer (jueves) presenté el proyecto de ley para la derogatoria de la disposición adicional 7 de la ley del presupuesto 2025. Ahora que el gobierno instruya a sus diputados aprobarla con dispensación de trámite”, escribió Alarcón en su cuenta de X.

La disposición séptima del PGE se ha convertido en centro de polémica entre el Gobierno y diversos sectores; que exigen su abrogación pues ésta da lugar al decomiso de productos.

Varios sectores ya se pronunciaron en contra y el Gobierno comenzó a socializar la norma en reuniones; sin embargo, aún no halla consenso para su reglamentación.

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Disposición

Ante los reclamos, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, dijo el jueves que el Órgano Ejecutivo no puede modificar la ley del PGE 2025; y que está en manos de la Asamblea Legislativa hacerlo. Tras esas declaraciones, el diputado Alarcón respondió y presentó el proyecto de ley.

“No es que no queramos atender, el presidente Luis Arce no tiene atribuciones para derogar, eliminar una ley, esto es competencia exclusiva del Legislativo”, dijo Silva en Unitel.

Alarcón dijo que ya entregó la norma en el despacho del presidente de la Cámara Baja, Omar Yujra.

La disposición establece que las entidades competentes podrán activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos; a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos.

Asimismo, indica que todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales, debe declarar información de producción, transformación y comercialización, conforme a la reglamentación aprobada por Resolución Biministerial emitida por los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras y de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) manifestó su asombro por la indiferencia del Gobierno ante las demandas y pronunciamientos de los representantes de los sectores y gremios afectados por la aplicación de la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. La entidad asegura que esa norma “violenta” los derechos constitucionales.

“Reiteramos que las empresas que se dedican al comercio formal no podemos ser sindicadas o calificadas como sospechosas; por ilícitos relacionados con el agio y la especulación dolosa”, dice el comunicado enviado por la entidad.

Y asegura que esta disposición los expone a que funcionarios públicos secuestren “mercadería de manera arbitraria si consideran que el inventario almacenado puede ser vendido a precios mayores de los que ellos consideran justos”.

Asimismo, indican que la disposición séptima del PGE no fue consensuada previamente con el sector empresarial “que es el más afectado y vulnerable”; y que esa norma “violenta los derechos constitucionales a la libertad de empresa y a la propiedad privada y no puede, ni debe sostenerse en un Estado de Derecho”.

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Disposición séptima

Además, demandan al Gobierno a que responda al pronunciamiento planteado por el presidente de la CNC la semana pasada con una inmediata modificación consensuada y en coordinación con todos los representantes de los sectores afectados. “Ya que es, sobre las empresas comerciales que pesan las amenazas; y a las que comprende con mayor sensibilidad el alcance del problema”.

La disposición séptima generó rechazo en varios sectores productivos que exigen al Gobierno su inmediata abrogación.

El jueves, el Gobierno y representantes de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) se reunieron para tratar justamente sobre esta disposición; sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo.

Al igual que la CNI y la CNC, existe rechazo en la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO); la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), la Confederación Nacional de Agricultura de Bolivia (Confeagro); y las cámaras de transporte.

El Gobierno dijo que la disposición está en pausa; y no entrará en vigencia hasta que se realice la reglamentación consensuada.

Este viernes, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) reiteró su rechazo a la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que permite el decomiso de productos y mercancías, y pidió al Gobierno realizar una modificación consensuada a la norma.

“Demandamos que el gobierno responda al pronunciamiento planteado por el presidente de la CNC la pasada semana con una inmediata modificación consensuada en coordinación con todos los representantes de los sectores afectados, ya que es sobre las empresas comerciales que pesan las amenazas y a las que comprende con mayor sensibilidad el alcance”, indicaron en un comunicado.

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Disposición

La CNC manifestó su “asombro” por la “indiferencia” del Gobierno hacia las demandas y pronunciamientos de diferentes sectores que mostraron su rechazo a la disposición confiscatoria.

Productores, exportadores, comerciantes, industriales, gremiales, transportistas y otros sectores pidieron la derogación de la normativa que, consideran, afectará sus actividades productivas.

“Reiteramos que las empresas que se dedican al comercio formal no podemos ser sindicadas o calificadas como sospechosas por ilícitos relacionados con el agio y la especulación dolosa”, protesta en su comunicado la CNC.

La disposición, según el Gobierno, tiene el objetivo de poner fin a las actividades ilícitas como el contrabando, la especulación y el agio, confiscando los productos que se almacenen con el objetivo de ser encarecidos más adelante.

Arbitraria

Sin embargo, la Cámara advirtió que se puede utilizar la norma de “manera arbitraria” para “secuestra mercadería” que se considere que se venderá a “precios mayores de los que ellos consideran justos”.

Por ello, considera que el sector productivo y comercial es el más afectado, ya que la disposición “violenta los derechos constitucionales a la libertad de empresa y a la propiedad privada y no puede, ni debe sostenerse en un Estado de Derecho”.

Asimismo, reclaman que la medida no se consensuó previamente con el sector, por lo que no debería entrar en aplicación.

El Gobierno, por su parte, señaló que mientras no se realice una reglamentación en conjunto a todos los sectores que se consideren afectados la disposición se mantendrá “en pausa”.

El Club de Ginebra, organización suiza integrada por profesionales bolivianos, expresó su preocupación por los recientes contratos firmados para la industrialización del litio mediante una carta enviada a los presidentes de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, y de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez.

En el documento, advierten que el contrato enviado por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea Legislativa para la construcción de una planta de producción de carbonato de litio con tecnología extracción directa de litio (EDL) beneficiaría únicamente a la empresa rusa Uranium One Group.

Según la denuncia, de aprobarse este contrato, se abriría la puerta para firmar de manera automática otros tres acuerdos adicionales: operación y mantenimiento, comercialización y conciliación, sin la necesidad de revisión por parte de la Asamblea. Estos contratos entrarían en vigencia hasta doce meses antes de que concluya el acuerdo principal.

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Litio

Uno de los puntos críticos que observa el club es el contrato de comercialización, que otorgaría a la empresa rusa el derecho preferente de compra del carbonato de litio producido, a precios del mercado internacional, pero con ajustes sujetos a costos y gastos no claramente definidos. 

Además, denuncian que el contrato de conciliación obliga a Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) a reembolsar a Uranium todos los costos y gastos de producción de la planta, clasificados como «costos recuperables».

De esta manera, según el documento, el país asumiría una deuda de al menos $us 976 millones, que deberá ser saldada según los ingresos netos generados por la venta de litio a la empresa rusa.

El Club de Ginebra también alertó que Uranium One tendría control exclusivo por 20 años, ampliables, sobre el yacimiento de litio, la planta de producción y el carbonato de litio a un precio fijado por la propia compañía.

YLB

Al finalizar este período, YLB solo recibiría una planta posiblemente obsoleta y con activos amortizados, sin capacidad técnica para operar o modernizar las instalaciones.

Esta situación genera preocupación sobre la pérdida de soberanía en el manejo de los recursos estratégicos del país y la posibilidad de que Bolivia quede marginada en el desarrollo tecnológico de la industria del litio, un recurso clave para la transición energética global. 

Sin embargo, YLB aseguró en reiteradas ocasiones que el contrato le permite quedarse con el 51% de las operaciones y mantener la soberanía del litio boliviano.

La Procuraduría General del Estado informó que el exministro de Medio Ambiente y Agua, Alán Lisperguer, causó una afectación de más de Bs 2 millones al Estado mientras ocupaba su puesto como autoridad, por lo que se analiza apersonarse al proceso judicial en su contra como parte.

“Se está analizando el tema del posiblemente apersonamiento, porque evidentemente hay una afectación al Estado que es de más de 2 millones de bolivianos hasta la fecha”, respondió este viernes el procurador Ricardo Condori al ser consultado sobre el tema.

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Lisperguer

De acuerdo con las investigaciones, se observó que Lisperguer realizaba movimientos bancarios por más de Bs 1 millón, lo que no correspondía con su salario. De igual manera, el exministro había declarado poseer un bien inmueble, pero se identificó al menos nueve propiedades a su nombre.

Por ello, el martes el presidente Luis Arce dispuso su inmediata destitución en el marco de la lucha contra la corrupción.

De igual manera, Condori aseguró que su gestión tendrá mano dura con la corrupción y advirtió a los funcionarios públicos, sin importar su cargo e importancia, que “ni siquiera piensen” en enriquecerse a costa del Estado.

“Esta gestión no va a escatimar esfuerzos para luchar contra la corrupción. No vamos a permitir que ningún funcionario público, sea del nivel que sea, realice un acto de corrupción”, resaltó.

El procurador explicó que existen parámetros para que la Procuraduría pueda apersonarse a un caso. Uno de los ‘requisitos’ es que la afectación al Estado debe ser de Bs 7 millones, lo que, hasta el momento, no sucede en el caso de Lisperguer.

“Tenemos parámetros para poder apersonarnos a ciertos procesos judiciales, tenemos que cumplir esos requisitos. Nosotros nos apersonamos a procesos judiciales de más de 7 millones de bolivianos”, señaló.

Sin embargo, Condori reiteró que la Procuraduría tiene la intención de coadyuvar en las investigaciones y sentar un precedente en la lucha contra la corrupción en las actividades de los funcionarios públicos, para proteger económicamente al Estado.