El viceministro de Presupuesto, Zenón Mamani, aseguró que el incremento salarial anunciado por el presidente Luis Arce tendrá “efectos positivos” en la economía del país, como la generación de empleo, estabilidad de precios y crecimiento económico.

El martes, el mandatario, junto a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), anunció el incremento del 5,85% al salario mínimo nacional y del 3% al salario básico.

Luego de eso, el empresariado privado nacional manifestó su rechazo por la medida con el argumento de que los empleadores no están en condiciones de subir los sueldos de sus trabajadores.

En entrevista con La Razón Radio, el viceministro explicó que la medida no afectará a los empleadores y empresas privadas, debido a que —según dijo— esa medida fue analizada para no afectar a ese sector.

Indicó que el Gobierno impulsa al sector privado a través de incentivos y el crédito SIBolivia para las pequeñas y medianas empresas.

Recordó que se firmó un acuerdo de 10 puntos con el empresariado para impulsar las exportaciones. “Nosotros en el marco de un acuerdo con el sector empresarial hemos acordado puntos que se están implementando”.

La semana pasada, los empresarios plantearon una reunión tripartita, entre el Gobierno, la COB y el sector privado, para llegar a un acuerdo sobre el alza salarial. Sin embargo, Mamani admitió que la COB no quiso sentarse con los privados.

“La COB, en el marco de su estatuto, no quería sentarse con el sector empresarial”, develó.

Asimismo, insistió en que el país se encuentra en un buen momento económico, pese al contexto internacional, en alusión a las guerras en Europa y Oriente Medio. Destacó la baja inflación, menor tasa de desocupación y la construcción de plantas productivas.

“Registramos a marzo una inflación de 0,74%”, recordó.

Garantizó que el Gobierno preservará la estabilidad económica, el crecimiento y la inflación para beneficiar a todos los sectores del país.

Algunos sectores de la población han mostrado su descontento por la situación económica que atraviesa el país y, además, han manifestado su preocupación por la escasez de dólares y la reducción de importaciones.

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La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) informó que, tras la consolidación de su aplicación (app) “Bloquea la estafa”, bloqueó 6.450 líneas de teléfonos móviles vinculados a estafas digitales.

“Hemos consolidado una aplicación que logra obtener la denuncia, hacer un análisis técnico respecto a las características de tipos de mensajes y llamadas, que nos permite —a través de una valoración altamente técnica— establecer que estas líneas estaban siendo usadas ilegalmente”, explicó el director de la ATT, Néstor Ríos.

El procurador general del Estado, César Siles, ponderó el trabajo en equipo entre la ATT, las entidades del Gobierno y los usuarios.

“Es importante trabajar en equipo para prevenir acciones delincuenciales y ésa es la única forma de combatir estos hechos”, señaló Siles.

También se pronunció el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, a nombre del Ministerio de Gobierno.

“Como Ministerio de Gobierno, nos comprometemos a luchar contra toda forma de estafa en las telecomunicaciones”, afirmó el viceministro Roberto Ríos.

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Estafas digitales

El Gobierno presentó la aplicación en mayo de 2023, como una herramienta para hacer un análisis y el bloqueo definitivo en 48 horas de líneas telefónicas del IMEI, chips y otros, de corroborarse una actividad ilícita.

Según datos oficiales, los departamentos del eje central concentran la mayor cantidad de denuncias. La Paz lidera con el 32,50%, Santa Cruz le sigue con 26,84% y Cochabamba con el 20,20%.

Luego, Potosí (5,63%), Tarija (4,69%), Oruro (4,42%), Chuquisaca (3,37%, Beni (1,69%) y Pando (0,54%).

Más de 20 entidades estatales, privadas y académicas forman parte de la alianza interinstitucional con el fin de combatir las estafas en línea mediante la educación digital segura.

La Paz tiene el 32,50% de los casos de estafa; el departamento de Santa Cruz el 26,84%; Cochabamba el 20,20%; Potosí el 5,63%; Tarija el 4,69%; Oruro el 4,42%; Chuquisaca el 3,37%; Beni el 1,69% y Pando el 0,54% de las denuncias.

(24/04/2024)

El sector industrial de manera unánime reeligió a Pablo Camacho García como presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) para el período 2024-2025. También Gonzalo Morales continuará en el mando de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz).

Camacho resaltó los logros alcanzados durante su mandato anterior, subrayando la importancia de la colaboración y unidad entre el sector industrial y la coordinación efectiva con el Estado.

“En estos dos años de gestión, hemos cumplido con nuestro compromiso de impulsar el desarrollo industrial, defendiendo los intereses de la Cámara Nacional de Industria mediante la unidad, la institucionalidad y el fomento de un diálogo constructivo con el Gobierno. En el futuro, redoblaremos nuestros esfuerzos para ampliar los espacios de diálogo con las autoridades gubernamentales”, afirmó Camacho.

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Añadió “reafirmamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo cada cámara departamental para asegurar su contribución efectiva al crecimiento del sector industrial. Es fundamental mantener una colaboración activa con el Gobierno en la definición y aplicación de políticas clave, como la nueva Ley de Inversiones y el Código Tributario, entre otros temas cruciales”.

En tanto, el titular de la Cadinpaz expresó su gratitud por presidir nuevamente esta cámara departamental que, en su criterio, es crucial para mantener la unidad como gremio empresarial ante los desafíos que se enfrentan, incluyendo crisis económicas y políticas.

“Estoy convencido de que, como industriales, podremos superar estas dificultades. Confío plenamente en la fortaleza de nuestras industrias para seguir avanzando», afirmó.

Tras el acuerdo del incremento del salario de 5,85% al mínimo nacional y un 3% al haber básico, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) advirtió este martes con consecuencias “muy graves para la estabilidad de las empresas”, en especial para las pequeñas y medianas.

“Esta determinación, que se asume en un escenario de amenazas sobre la economía nacional, tendrá consecuencias muy graves para la estabilidad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas en la mayoría de los departamentos del país, y agravará la situación de los cientos de miles de familias cuyos ingresos dependen de la actividad privada formal”, señala la CEPB en un comunicado de prensa.

El sector también indicó que “siempre” se cumplió con la ley y esta no será la excepción, empero, alertó que para muchas unidades productivas será muy difícil cumplir con un aumento que además de ser elevado, tiene la carga de retroactividad.

Cerca del mediodía de este martes, el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) alcanzaron un acuerdo sobre el incremento salarial para este año. De la negociación no participó el sector empresarial, que pidió un incremento salarial de 2,11% igual a la inflación alcanzada en 2023.

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Desde el sector, reprocharon la intransigencia de la COB para atender las razones y advirtieron que no solo se tendrá efectos negativos sobre las empresas, sino que se “profundizará” la precarización del empleo.

La Confederación también expresó su alarma y “preocupación extrema” por la decisión tomada por el Gobierno Nacional y la Central Obrera Boliviana (COB), al considerar estos porcentajes por encima del índice de inflación del año 2023 y “que no guardan relación con la productividad ni con las perspectivas de crecimiento para la gestión 2024”.

Añadió que “lamentamos una vez más, como sucedió en los últimos años, se haya excluido al sector privado del análisis de los efectos que puede tener un incremento salarial desproporcionado sobre los costos que asumen las empresas”.

Además, demandaron que la responsabilidad por el impacto negativo de este incremento sea asumida por “quienes tomaron la decisión “y no “se pretenda trasladarla a quienes no participamos en este proceso”.

Desde la Cámara de Industria, Comercio, Servicio y Turismo de Santa Cruz (Cainco) también se rechazó el incremento salarial al cual se lo consideró de “agresivo con base en fundamentos políticos y no económicos”.

“Los riesgos de continuar bajo esta lógica agresiva, política y alejada de la realidad traerán efectos adversos, difíciles o y quizás imposibles de revertir, que ningún incremento salarial podrá solucionar sino nos sinceramos sobre aspectos estructurales”, señaló la Cainco.

Añadió que el incremento salarial es “anecdótico” si cada día son menos las fuentes de empleo, si se sigue desalentando y acorralando al que apuesta por la fuerza laboral y si sigue “haciendo política alejada de la realidad”.

La Justicia determinó este martes la detención domiciliaria para el exministro de Minería, Luis Alberto Echazú, quien es investigado por presuntos hechos de corrupción en la implementación de la planta de litio en el Salar de Uyuni, Potosí.

La exautoridad es acusada por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. Deberá pagar, además, una finanza de Bs 30.000. La medida cautelar dictada por el juez, responde al estado de salud del investigado.

“Se dispone el arraigo de la persona imputada. El imputado tiene la prohibición de constituirse al lugar de los hechos. Se impone una fianza de 35 mil bolivianos, misma que será utilizada en caso de fuga y es para gastos de recaptura”, dijo el juez Iván Córdova en audiencia, según la red Unitel.

El jueves, la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la Procuraduría General del Estado presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra 10 exfuncionarios de la estatal por daños a las piscinas industriales del complejo de litio, ubicado en Potosí, que ascienden a más de Bs 425 millones.

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En la imputación formal del Ministerio Público, se solicitó se disponga la detención preventiva para Echazú en el penal de San Pedro de La Paz por un periodo de seis meses, tiempo en el que se precederá a la investigación. 

El exministro y también exgerente nacional de Recursos Evaporíticos fue aprehendido el lunes al mediodía por presuntas irregularidades en la implementación de planta de litio en el salar de Uyuni.

Vladimir Ochoa, defensa legal de la exautoridad, denunció que la aprehensión de la exautoridad fue de “forma arbitraria”, esto en razón que no se notificó “debidamente”.

“Nos ha llamado bastante la atención, razón de que el Ministerio Público tiene todas las relaciones con el SEGIP (Servicio General de Identificación Personal) y otras instituciones que pueden acreditar su domicilio y proceder a llamarlo y no hacer un abuso arbitrario”, dijo Ochoa.

Añadió que “esta aprehensión ilegal e inmediata” dejó en estado de “indefensión a un adulto mayor de 74 años y que tiene tres enfermedades de base”, entre ellas, la diabetes.