La Empresa Portuaria Arica (EPA) dispuso un incremento de 102% a las tarifas de manejo de la carga de importación boliviana. La estatal Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B) contrapropuso un incremento de 10% para resolver el conflicto tarifario y espera que el incremento establecido en Chile no sea una estrategia para sacar a la autoridad portuaria boliviana de Arica.
El gerente de ASP-B, David Sánchez, hizo conocer este miércoles, en una conferencia de prensa, la propuesta enviada a la estatal chilena y la predisposición de que una comisión boliviana viaje hasta Arica para firmar los acuerdos respectivos. Pidió una respuesta rápida, teniendo en cuenta que varios camiones están parados en puerto, con un perjuicio económico.
La propuesta del 10% de incremento fue hecha, dijo, en función a estudios y tomando en cuenta que en el pasado los incrementos estaban en ese orden.
Desde el privado operador chileno Terminal Puerto de Arica (TAP) se informó el martes que hay la disposición de bajar en un 38% los costos de importación boliviana, pero el plazo para aceptar ese concesión fenece este miércoles. Ese porcentaje implicaría bajar de 200% a 102% el incremento a las tarifas dispuesta en Arica.
“Con ese 102% se estaría poniendo en riesgo no solamente la situación y la vida financiera y administrativa de la empresa (ASP-B), sino el comercio exterior boliviano”, advirtió Sánchez, quien el lunes participó de una reunión con las autoridades chilenas y del puerto privatizado para hacer conocer la posición respecto al unilateral incremento.
La ASP-B, es un agente aduanero que intermedia el pago de servicios portuarios en Arica y Antofagasta, en Chile. La Federación de Empresarios de La Paz y representantes de las cámaras departamentales y nacionales de comercio e industria, transporte, agentes despachantes de aduana y exportadores plantearon que el importador nacional negocie directamente.
Sánchez recordó que la intervención de la ASP-B y los costos fueron definidos en un acuerdo con los empresarios en 2005.
“La tarifa de ASP-B, que efectivamente tiene un cobro para un pago que se hace a la parte chilena y un cobro que hace a la parte boliviana, tiene un margen, en algunos servicios bastante altos y otros lo conocen ellos, pero esta relación tarifaria fue acordada con los mismos empresarios privados en 2005. Desde ese año esas tarifas no han sufrido ningún cambio”, explicó.
El 70% de los ingresos se van al pago del servicio portuario, por lo que aceptar ese 102% de incremento dejaría “prácticamente a la ASP-B sin posibilidad de generar el trabajo en Arica, seguramente afectando el comercio exterior. Aquí no quisiéramos pensar que la estrategia es que salga la entidad estatal y el trato sea entre privados”.
El transporte pesado exige una pronta solución al conflicto, ya que varias de sus unidades no pueden salir de puerto ante la falta de despachos. El operador portuario de Arica exige un pago anticipado, situación que no ocurría en el pasado y que presentó ante la negativa boliviana de aceptar un incremento unilateral.
Bolivia, de acuerdo al Tratado de 1904, firmado tras la Guerra del Pacífico, tiene el derecho de libre tránsito por los puertos chilenos. Amparado en ese acuerdo bilateral, la administración de Evo Morales exige una negociación entre Estados.