Economía

Monday 10 Feb 2025 | Actualizado a 21:51 PM

Conflicto en Arica: El perjuicio para el comercio exterior llega a $us 93 MM

Según el gerente de la ASP-B, David Sánchez, el “descuento del 38%” planteado por EPA esconde un incremento de 102% a la mercadería nacional.

/ 27 de septiembre de 2019 / 08:56

A 10 días del conflicto por el alza de tarifas en el puerto de Arica, los perjuicios para el comercio exterior boliviano ascienden a $us 93 millones. No hay acercamiento entre ASP-B y EPA, y los privados ven una vulneración del Tratado de 1904 y criticaron a la ASP-B.

“Estamos viendo el conflicto con muchísima preocupación. Según los datos recientes de la propia ASP-B, por cada día que se perjudica al comercio exterior de Bolivia, estamos sufriendo un daño económico de $us 9,3 millones”, reveló ayer a La Razón el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic.

Desde el martes 17, el privado Terminal Puerto Arica (TPA) determinó realizar cobros por adelantado a la carga boliviana, debido a que la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B) no hizo el pago del incremento de tarifas establecido por el Manual de Servicios de la terminal, que rige desde el 5 de agosto, aunque no fue consensuado con la entidad boliviana.

Esto provocó que la mercadería nacional no sea recogida hasta la fecha. Hasta ayer, las pérdidas llegaron a $us 93 millones, según el cálculo de Blazicevic. Incluso se comunicó que hay más de 1.400 camiones parados por el problema y que los garajes de Arica colapsaron. La ASP-B objetó el aumento y explicó, cuando se activaron los problemas, que en la primera quincena de agosto la deuda ascendía a $us 230.000, un 200% más de lo que se cancelaba en ese periodo.

Sobre esa base, la Empresa Portuaria Arica (EPA) planteó un descuento de hasta 38%, lo que fue rechazado por la ASP-B, que el miércoles hizo una contrapropuesta: un alza del 10%, remitiéndose a un acuerdo anterior. La Razón publicó ayer que la EPA desestimó ello y ratificó el manual en cuestión, alegando de que el pacto enunciado venció en diciembre de 2013.

Ayer, la compañía chilena oficializó su decisión. Aparte, su gerente general, Rodrigo Pinto, insistió en que hay una deuda en mora de la ASP-B y expresó su sorpresa de que la entidad boliviana cerró su ventanilla de atención en el puerto, por lo cual hay quejas de los transportistas perjudicados. “Esta medida entorpece su propio comercio exterior y la posibilidad de planificar la normalización de servicios cuando se resuelva el conflicto tarifario”. 

Según el gerente de la ASP-B, David Sánchez, el “descuento del 38%” planteado por EPA esconde un incremento de 102% a la mercadería nacional, lo que pondría en riesgo no solo la situación y la vida financiera administrativa de su institución, sino que atentaría contra el comercio exterior nacional.

En contacto con Patria Nueva, Sánchez lamentó que EPA se rehúse a negociar un alza de 10%. Afirmó que el Tratado de 1904 le impide negociar tarifas con una firma privada, lo que debe ser entre Estados. “Es un escenario bien delicado, hay una vulneración, una capturación de la carga, eso lo está defendiendo la parte chilena por falta de pago, que es inadmisible”.

“Estamos viendo la posibilidad de encontrar una salida, una solución de ver en qué medida poder de una vez dejar esa carga y pueda salir del puerto para dejar de perjudicar a tantos transportistas”, remarcó. En ese marco, no hay un acercamiento ante el pedido de diálogo de la ASP-B y la apertura anunciada por la EPA.

Por la ausencia de soluciones, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) emitió un comunicado en el que indica que lo sucedido vulnera el Tratado de 1904 en lo referido al amplio y libre derecho de tránsito comercial por territorio de Chile. “La carga boliviana se encuentra retenida, generando enormes perjuicios que afectan de manera directa la competitividad de las empresas formales”.

Y criticó a la ASP-B, alegando el cambio de su espíritu de creación para velar el cumplimiento del Tratado como entidad pública descentralizada sin fines de lucro, ya que se transformó en una “empresa pública estratégica” enfocada en recaudar recursos “que garanticen la sostenibilidad de las operaciones, a pesar de que esta decisión se traduce en la generación de sobrecostos” a los operadores bolivianos.

Exigió una solución urgente por los perjuicios e informó que se solicitó a la Cancillería que gestione la no aplicación de costos adicionales por la sobreestadía de cargamento, y que busque soluciones ante la “incapacidad” de la ASP-B, ratificando su planteamiento de conformar una asociación público-privada que se encargue de la administración de la carga en Arica.

Sobre este asunto, Sánchez aclaró que los cobros que realiza la ASP-B a los empresarios nacionales fue consensuado en 2005 con la dirigencia de este gremio, y por ello mostró su extrañeza, porque durante todo este tiempo no se presentó ningún reclamo.

(27/09/2019)

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Gerente de BoA perfila ‘desconectar’ vuelos nacionales de internacionales para evitar demoras

Mario Borda aseguró que la estatal no está en quiebra. Planifica que los vuelos al eje troncal se realicen directamente para atender con puntualidad, “la gente no quiere pasear”, dijo.

El gerente de Boliviana de Aviación, Mario Borda.

/ 10 de febrero de 2025 / 21:08

El gerente de Boliviana de Aviación (BoA), Mario Borda, anunció este lunes que prevé hacer cambios en el itinerario de la estatal y “desconectar” los vuelos nacionales del eje troncal de los internacionales para evitar más demoras.

Borda asumió el cargo el viernes de la semana pasada y dijo que está trabajando para poner soluciones inmediatas en la empresa estatal que es blanco de muchas críticas, principalmente, por la demora en sus vuelos.

“Vamos a desconectar el itinerario, vamos hacer un puente aéreo La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde esté desconectado de vuelos internacionales y no se demoren nunca La Paz, Cochabamba y Santa Cruz; porque es troncal del país y necesitamos atender puntualmente”, dijo en radio Fides.

Asimismo, explicó que debe haber una lógica en los vuelos y éstos deben ser lineales, no circulares; “porque la gente no quiere pasear” y así se evitarán más demoras.

“No podemos demorar un vuelo de Santa Cruz a Sucre porque esperamos la conexión a Buenos Aires, demorar el vuelo a Miami porque esperamos en avión de Trinidad. Debe haber lógica de itinerario”, complementó.

Lea más: BoA suma 30 procesos más, principalmente por ‘dar información falsa o incompleta’

BoA

Borda aseguró que ni bien asumió el cargo se puso manos a la obra para solucionar estos problemas y dijo que el fin de semana BoA tuvo cuatro retrasos que, además, no son atribuibles a la empresa.

Además, explicó que se debe garantizar la puntualidad en los vuelos, pues BoA utiliza aviones alquilados y cada minuto de vuelo le cuesta unos $us 70 dólares y hay que buscar la eficiencia.

El ejecutivo remarcó que BoA no está en quiebra, “genera más dinero de lo que gasta” y anunció que en las siguientes semanas dará a conocer la situación económica de la empresa.

Dijo que buscará nuevas rutas y se modificarán algunos itinerarios para hacerlos más atractivos, rentables y generar más divisas para el país.

“Bolivia tiene que integrarse; por ejemplo, si vamos a Cuba, tenemos que ir por Panamá, por Caracas, o a Bogotá en función a la reciprocidad de otros países que están explotado nuestros cielos abiertos al 100%, pero BoA no va a esos lugares”.

Respecto a los vuelos internacionales, dijo que primordialmente deben salir de noche para que sean rentables, pues una aeronave requiere de un mínimo de 15 horas para pagar el alquiler.

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Gremios alertan que no dialogarán y radicalizarán sus medidas contra disposición séptima

Los gremiales, productores, transportistas y otros sectores anuncian movilizaciones escalonadas y se reunirán en un nuevo ampliado la próxima semana.

La marcha que se realizó este lunes en Santa Cruz contra la disposición séptima. Foto: APG

/ 10 de febrero de 2025 / 20:09

Luego de una jornada de paro y movilizaciones que se concentró, principalmente, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, los gremiales, productores, transportistas y exportadores advirtieron este lunes que no dialogarán con el Gobierno y radicalizarán sus medidas hasta que se derogue la ‘disposición confiscatoria’.

“No vamos a sentarnos en una mesa hasta que no esté derogada la disposición séptima, se deroga y al día siguiente estamos sentados viendo todas las exigencias de cada sector de la cadena productiva que hoy está más unida que nunca”, dijo Klaus Frerking, presidente en ejercicio de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).

Asimismo, aseguró que, desde diciembre, durante los gabinetes agropecuarios con el Gobierno, advirtieron que “estaba entrando de contrabando esa disposición”. “No vamos a sentarnos en una mesa hasta que se derogue, la resolución de los ampliados es clara, no hay diálogo”, remarcó.

En tanto, Édgar Álvarez, dirigente gremial de Santa Cruz, calificó de exitosa la movilización de este lunes; y anticipó que las medidas continuarán con paros escalonados desde el jueves en todo el país y se radicalizarán hasta que el Gobierno atienda su pedido.

Anunció que la siguiente semana se reunirán en un nuevo ampliado multisectorial, donde cada sector hará conocer su postura y se asumirán nuevas determinaciones.

“Después de un amplio debate de evaluación de toda la cadena productiva y alimenticia tras movilizarnos hemos determinado que seguiremos movilizados; empezamos movilizaciones escalonadas en todos los departamentos”, complementó.

Lea más: Silva: Paro contra la disposición séptima protege indirectamente al contrabando

Disposición

El dirigente aseguró que se mantienen en emergencia y reuniones permanentes con una demanda única: la derogación de la disposición séptima.

“Todas las instituciones hemos salido a exigirle al Gobierno que debe derogar la disposición y lo sostenemos; el Gobierno no quiere escuchar al pueblo, no vamos a parar hasta que se derogue”, anunció.

Este lunes diversos sectores realizaron un paro y movilización contra la disposición séptima sobre confiscaciones y decomisos. Sin embargo, en La Paz no se sintió la medida; mientras que en Oruro, Tarija, Sucre y Cochabamba hubo algunas marchas.

La polémica norma autoriza a las autoridades competentes el decomiso y confiscación de productos y alimentos que se acopien con el objetivo de venderse a un precio más elevado en un futuro próximo.

El sector productor, empresarial, industrial y gremial considera que la norma atenta contra la propiedad privada; y se puede aplicar de manera arbitraria.

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, dijo que el Órgano Ejecutivo no tiene potestad para derogar la norma pues es una ley e instó a los sectores a dialogar para explicarles que a ellos no les afectará.

La disposición observada establece: “Con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control; fiscalización, confiscación, y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos; que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de estos”.

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La Gestora inaugura nueva agencia en Oruro que beneficiará a más de 100.000 jubilados

El gerente de la entidad, Jaime Durán, destacó que con la agencia se espera descongestionar los servicios y ofrecer mejor atención.

La inauguración de la nueva oficina de la Gestora en Oruro. Foto: Gestora

/ 10 de febrero de 2025 / 19:11

En conmemoración de los 244 años de la gesta libertaria de Oruro, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo inauguró este lunes una nueva y moderna agencia de atención en esa ciudad, que beneficiará a 71.000 beneficiarios de la Renta Dignidad y 126.000 jubilados, asegurados, derechohabientes y población.

“Esta nueva agencia en Oruro es un ejemplo claro del compromiso que tiene la Gestora, que pone en el centro de atención a las personas a los trabajadores a los jubilados y a sus familias”, dijo el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Franz Apaza.

Asimismo, destacó que el crecimiento de la población en Oruro demanda de mejor atención, principalmente para los trabajadores, asegurados, jubilados que ahora tendrán una oficina en pleno centro de la ciudad.

Las oficinas están ubicadas en la avenida Potosí No. 5243, entre las calles José Ignacio León y 1 de Noviembre.

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Gestora

“Con esta nueva Agencia se beneficiará a 71.000 personas de la Renta Dignidad y más de 126.000 asegurados que actualmente se tiene en el departamento de Oruro. Vamos a atender todo lo que es renta, prestaciones, operaciones, cobranzas”, destacó el gerente de la Gestora, Jaime Durán.

Además, la población en general podrá realizar trámites relacionados a la Gestora. Las instalaciones están en 218 metros cuadrados y cuenta con tres niveles.

Durán destacó, además, que 17 personas, entre coordinadores de prestaciones, de operaciones, gestores, Renta Dignidad, cobranzas, back office y jefe de agencia, atenderán al público.

En la oficina central de la Gestora en Oruro se atiende en promedio a 600 personas por día; por lo que se prevé que en la agencia se descongestionará los servicios y se espera recibir diariamente a unas 350 personas.

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La Defensoría del Pueblo gestiona reunión con intendencias para controlar alza de precios

La institución pide que se intensifiquen los controles para evitar el agio y la especulación y permitir que la población acceda a los alimentos a precio justo.

El precio de varios alimentos subió en los últimos meses. Foto: Archivo

/ 10 de febrero de 2025 / 18:13

La Defensoría del Pueblo gestiona reuniones con las intendencias municipales de las ciudades capital y El Alto para coordinar acciones y controlar el alza de precios de varios alimentos de la canasta familiar.

Según la institución, esta labor es parte de sus atribuciones para precautelar el derecho a la alimentación de la familia boliviana.

Además, el objetivo de los encuentros es aunar esfuerzos para que la población pueda acceder a los alimentos a precios accesibles y se intensifiquen los controles interinstitucionales para evitar el agio y la especulación.

Una nota institucional indica que las acciones surgen luego del sondeo que realizó la Defensoría sobre el precio de artículos de primera necesidad de la canasta familiar. Ese estudio evidenció el incremento de precios en la cebolla, zanahoria y carne molida de res, entre otros productos, en los principales centros de abasto de diez ciudades capital del país.

Lea más: Conozca los cinco productos que causaron la mitad de la inflación de enero

Precios

El documento evidencia que, entre agosto de 2024 y enero de 2025, el precio de la cuartilla de cebolla subió de Bs 8,94 a Bs 17,46 en la ciudad de La Paz; en Cochabamba este producto incrementó de Bs 8,85 a Bs 11,14 y en Santa Cruz, hubo un incremento de Bs 8,90 a Bs 13,86.

Asimismo, en el caso de la zanahoria, en ese periodo de tiempo, la cuartilla de este producto se incrementó de Bs 8,80 a Bs 12, 93 en La Paz; en Cochabamba de Bs 9,63 a Bs 15,83; y en Santa Cruz de Bs 8 a Bs 14,38.

Respecto al precio del kilo de carne molida de res, en La Paz el precio se elevó de Bs 30 a Bs 40,16; en Cochabamba de Bs 29,15 a Bs 41,32 y en Santa Cruz de Bs 30 a Bs 39, 32.

Similar relación de precios se reporta en Beni, Pando, Tarija, Potosí, Oruro, y El Alto, donde se realizó el sondeo de precios de 21 productos, entre alimentos secos, verduras y frutas.

Otros productos que también incrementaron sus precios en los centros de abasto de nueve de las 10 ciudades capital son el arroz de primera, fideo corto, carne de res pulpa especial, carne de pollo entero, leche pasteurizada y aceite comestible a granel.

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BoA suma 30 procesos más, principalmente por ‘dar información falsa o incompleta’

Según la ATT, los procesos son de la temporada alta. Las sanciones son también por realizar cobros por encima de las tarifas y por demoras y cancelaciones.

Un avión de Boliviana de Aviación a punto de despegar. Foto: RRSS

/ 10 de febrero de 2025 / 17:31

Durante la temporada alta, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) emitió 30 procesos sancionatorios contra Boliviana de Aviación (BoA) por diferentes incumplimientos, principalmente por dar información falsa o incompleta a los pasajeros, informó este lunes el director de la entidad, Néstor Ríos.

La autoridad aseguró que BoA es un operador más en el mercado y la ATT se encarga de verificar el cumplimiento de las normas de todas las empresas, sean privadas o estatales.

“A la fecha tenemos acciones sanciones, procesos primordialmente por brindar información falsa o incompleta al usuario. Están habiendo diferentes hechos en los que tiene que ver la seguridad aeronáutica u otros factores y lamentablemente el operador aéreo no informa”, dijo Ríos a DTV.

Asimismo, informó que las sanciones son también por no contar con personal disponible al público; y no aplicar los procedimientos de reclamos cuando existen quejas, “a veces se niegan a registrar los reclamos”.

Además, detalló que existen cinco procesos por no facilitar información sobre las condiciones del transporte aéreo; otro por efectuar cobros por encima de las tarifas, 10 por no cumplir los estándares de puntualidad y cancelación.

“Son procesos que todavía están en curso. La ATT multa y emite sanciones pertinentes correspondientes, no es que omite el cumplimiento de su rol de fiscalizar que se cumplan con los derechos del usuario”, complementó.

Aclaró, además, que la emisión de un proceso es un acto administrativo que involucra un “efecto devolutivo”; y es de cumplimiento inmediato.

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BoA

Los 30 procesos son las infracciones sancionadas durante el periodo de temporada alta (fin de año) donde se intensificaron los controles de la ATT para verificar que la venta de pasajes y atención al usuario cumpla con la normativa vigente.

Las quejas contra la empresa estatal se intensificaron desde finales del año pasado; debido a las demoras y cancelaciones de sus vuelos e incidentes con sus aeronaves.

Uno de los últimos hechos que encendió las alarmas ocurrió el 27 de enero, cuando un avión de BoA tuvo que abortar el despegue debido al incendio en uno de sus motores. Los pasajeros fueron evacuados por toboganes de emergencia.

La semana pasada, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, posesionó a Mario Borda como nuevo gerente de la estatal; en reemplazo de Ronald Casso, quien renunció.

Según informes de la ATT, BoA cerró el 2024 con multas que superan los Bs 1,4 millones; debido a los constantes retrasos, cancelaciones de vuelos y la mala gestión de reclamos de los pasajeros.

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