A 10 días del conflicto por el alza de tarifas en el puerto de Arica, los perjuicios para el comercio exterior boliviano ascienden a $us 93 millones. No hay acercamiento entre ASP-B y EPA, y los privados ven una vulneración del Tratado de 1904 y criticaron a la ASP-B.
“Estamos viendo el conflicto con muchísima preocupación. Según los datos recientes de la propia ASP-B, por cada día que se perjudica al comercio exterior de Bolivia, estamos sufriendo un daño económico de $us 9,3 millones”, reveló ayer a La Razón el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic.
Desde el martes 17, el privado Terminal Puerto Arica (TPA) determinó realizar cobros por adelantado a la carga boliviana, debido a que la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B) no hizo el pago del incremento de tarifas establecido por el Manual de Servicios de la terminal, que rige desde el 5 de agosto, aunque no fue consensuado con la entidad boliviana.
Esto provocó que la mercadería nacional no sea recogida hasta la fecha. Hasta ayer, las pérdidas llegaron a $us 93 millones, según el cálculo de Blazicevic. Incluso se comunicó que hay más de 1.400 camiones parados por el problema y que los garajes de Arica colapsaron. La ASP-B objetó el aumento y explicó, cuando se activaron los problemas, que en la primera quincena de agosto la deuda ascendía a $us 230.000, un 200% más de lo que se cancelaba en ese periodo.
Sobre esa base, la Empresa Portuaria Arica (EPA) planteó un descuento de hasta 38%, lo que fue rechazado por la ASP-B, que el miércoles hizo una contrapropuesta: un alza del 10%, remitiéndose a un acuerdo anterior. La Razón publicó ayer que la EPA desestimó ello y ratificó el manual en cuestión, alegando de que el pacto enunciado venció en diciembre de 2013.
Ayer, la compañía chilena oficializó su decisión. Aparte, su gerente general, Rodrigo Pinto, insistió en que hay una deuda en mora de la ASP-B y expresó su sorpresa de que la entidad boliviana cerró su ventanilla de atención en el puerto, por lo cual hay quejas de los transportistas perjudicados. “Esta medida entorpece su propio comercio exterior y la posibilidad de planificar la normalización de servicios cuando se resuelva el conflicto tarifario”.
Según el gerente de la ASP-B, David Sánchez, el “descuento del 38%” planteado por EPA esconde un incremento de 102% a la mercadería nacional, lo que pondría en riesgo no solo la situación y la vida financiera administrativa de su institución, sino que atentaría contra el comercio exterior nacional.
En contacto con Patria Nueva, Sánchez lamentó que EPA se rehúse a negociar un alza de 10%. Afirmó que el Tratado de 1904 le impide negociar tarifas con una firma privada, lo que debe ser entre Estados. “Es un escenario bien delicado, hay una vulneración, una capturación de la carga, eso lo está defendiendo la parte chilena por falta de pago, que es inadmisible”.
“Estamos viendo la posibilidad de encontrar una salida, una solución de ver en qué medida poder de una vez dejar esa carga y pueda salir del puerto para dejar de perjudicar a tantos transportistas”, remarcó. En ese marco, no hay un acercamiento ante el pedido de diálogo de la ASP-B y la apertura anunciada por la EPA.
Por la ausencia de soluciones, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) emitió un comunicado en el que indica que lo sucedido vulnera el Tratado de 1904 en lo referido al amplio y libre derecho de tránsito comercial por territorio de Chile. “La carga boliviana se encuentra retenida, generando enormes perjuicios que afectan de manera directa la competitividad de las empresas formales”.
Y criticó a la ASP-B, alegando el cambio de su espíritu de creación para velar el cumplimiento del Tratado como entidad pública descentralizada sin fines de lucro, ya que se transformó en una “empresa pública estratégica” enfocada en recaudar recursos “que garanticen la sostenibilidad de las operaciones, a pesar de que esta decisión se traduce en la generación de sobrecostos” a los operadores bolivianos.
Exigió una solución urgente por los perjuicios e informó que se solicitó a la Cancillería que gestione la no aplicación de costos adicionales por la sobreestadía de cargamento, y que busque soluciones ante la “incapacidad” de la ASP-B, ratificando su planteamiento de conformar una asociación público-privada que se encargue de la administración de la carga en Arica.
Sobre este asunto, Sánchez aclaró que los cobros que realiza la ASP-B a los empresarios nacionales fue consensuado en 2005 con la dirigencia de este gremio, y por ello mostró su extrañeza, porque durante todo este tiempo no se presentó ningún reclamo.
(27/09/2019)