El gerente de la ASP-B, David Sánchez, en entrevista con La Razón, afirmó que la solución al conflicto del puerto de Arica la tiene Chile, con respeto al Tratado de 1904. En un posterior contacto desde el vecino país, el funcionario confirmó que junto a su directorio sostendrá una reunión mañana con su par estatal, la Empresa Portuaria Arica (EPA), para pedir que se inicie un trabajo conjunto que dé soluciones al conflicto, que se movilice la carga boliviana varada y que quede sin efecto el nuevo ajuste tarifario que rige desde agosto.
—¿Cuáles son los incumplimientos de la TPA (Terminal Puerto Arica)?
—Aunque nosotros tenemos una relación con la parte estatal, no con la TPA, lo que hemos visto de incumplimientos de la privada han sido en los últimos años el despacho de la carga que, como todos sabemos, habían camiones varados en 2015, 2016, 2017; dificultades en el puerto también por la Aduana, paros; sin embargo, nosotros siempre hemos hecho representación del Estado boliviano a través de la empresa estatal de puertos, haciendo notar esta situación de que el operador privado concesionario TPA nos ha ocasionado en los últimos años.
—¿Por qué no se puede aplicar el Manual de Servicios?
—La parte tarifaria siempre ha estado acordada con la parte estatal a través de distintos manuales o actas de entendimiento, ésa ha sido la base legal y jurídica que tuvo Bolivia por el Tratado de 1904, de Estado a Estado, EPA y ASP-B, toda vez que el Tratado nos plantea dos artículos importantes: uno, que se garantice el más amplio y libre tránsito a perpetuidad; y, el otro, que una vez que llega el buque al puerto las autoridades chilenas entregan [la carga] a las autoridades bolivianas y éstas son las encargadas de retirar del puerto hacia territorio boliviano; por eso son declaradas en tránsito. Acá, lo más importante es que la ASP-B es la encargada en el puerto de Arica para la carga boliviana, por tanto, la relación siempre fue EPA-ASP-B y de igual forma en el tema tarifario.
Este 5 de agosto nos sorprende la estatal EPA con que los temas tarifarios: ya no serán acordados entre partes estatales, sino a través del tarifario público que administra la concesionaria privada TPA, y que con ella habría que buscar descuentos (…). Lo más grave del tema tarifario es que la parte estatal chilena no acepta un relacionamiento con la parte estatal boliviana, y si nosotros nos relacionamos con la parte privada, prácticamente el Tratado estaría de más, porque ya se tendría una relación directa con el privado y los efectos de eso son lo que estamos viviendo ahora: que suben tarifas con un descuento, pero en el fondo hay un incremento de 200% y nos dicen que pueden rebajar en 38%; pero eso implica un descuento del 100%, y en esa medida no hay tal descuento. Además, entramos en el sistema privado ya con penalidades, y si no se paga los supuestos incrementos la carga queda confiscada.
—¿A cuánto ascienden los perjuicios a la carga boliviana?
—Se han estimado varios camiones parados por día, mínimo para la estadía de un camión serán Bs 50 de sobreestadía; los perjuicios de no tener esa carga para llevarla y traerla durante este mes son un problema para el comercio y la economía boliviana. Pero se ha confundido de que era un tema interno de los bolivianos, pero estamos desvirtuando aquello, esto es por una decisión unilateral de la parte chilena.
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