La carga boliviana es despachada de Arica, pero aún no hay acuerdo sobre la tarifa porturia
ASP-B y EPA acordaron reanudar el despacho de carga luego de 15 días de conflicto. El tema del incremento de las tarifas fue postergado para trabajarlo en mesas técnicas, que serán programadas y acordadas entre ambas entidades.
Tras 15 días de perjuicios para la carga nacional en el puerto de Arica, en Chile, las estatales ASP-B y EPA acordaron reanudar el despacho de la mercadería, mientras que el debate del alza tarifaria quedó en suspenso.
“El transporte está más de 15 días (en el puerto. Ante ello) se ha llegado a un acuerdo (entre la ASP-B y la EPA) para que la carga boliviana pueda ser programada y despachada”, explicó ayer el gerente Ejecutivo de la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B), David Sánchez, luego de la reunión con sus similares de la Empresa Portuaria Arica (EPA).
Desde las 10.00 (hora boliviana) de ayer, los representantes de ambas entidades reanudaron el diálogo en instalaciones del concesionario privado Terminal Puerto de Arica (TPA), tras el cuarto intermedio de la jornada anterior.
El gerente general de la EPA, Rodrigo Pinto, a través de un comunicado de prensa, dijo que, tras la culminación de la tercera reunión de trabajo en Arica, junto a la ASP-B y el concesionario TPA, se lograron acuerdos preliminares en torno a los servicios del atracadero para retomar los despachos de la carga administrada por la institución boliviana.
Para continuar esta labor, EPA y TPA establecieron la conformación de un equipo para definir el sistema más expedito y eficiente que permitirá reanudar el despacho de mercadería. A partir de las 19.00 se restableció el envío hacia territorio boliviano, se informó desde la terminal portuaria.
Sin embargo, en el tema del incremento de las tarifas, que fue el punto que provocó el conflicto que se extendió por 15 días, no se llegó a un consenso y fue postergado para trabajarlo en mesas técnicas, que serán programadas y acordadas entre ambas entidades.
Sánchez señaló que se “avizoran mejores días y entendimiento”. Pinto señaló que en esta cita se definió “una hoja de ruta para seguir trabajando en conjunto con el agente estatal boliviano”.
Las entidades de Bolivia y Chile se reunieron en tres oportunidades. El 26 de agosto, el 23 y el 30 de septiembre, para definir las tarifas; no obstante, en los primeros encuentros no se llegó a ningún acuerdo, lo que derivó en un perjuicio para el transporte pesado y el comercio exterior boliviano.
El conflicto dejó al menos 1.400 camiones parados en el puerto chileno y el colapso de los garajes en esa ciudad, vehículos que esperaban recoger la mercadería nacional de esa terminal.
Es más, los empresarios nacionales lamentaron el perjuicio, que originó una pérdida de $us 9,3 millones por día para el comercio exterior, según declaró a La Razón el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic, quién añadió que en las dos semanas se paralizó el envío de la carga boliviana por parte de TPA y “se perdió $us 130 millones”.
Este sector propuso el 18 de septiembre administrar la carga mediante una alianza público-privada, y que la ASP-B sea solo un fiscalizador en ese atracadero. Y espera que la decisión sea definida por el presidente Evo Morales.
El lunes, la ASP-B presentó la propuesta de la IV Acta de Entendimiento para que, inicialmente, la EPA y TPA permitan el paso hacia Bolivia de los camiones parados por dos semanas en el puerto de Arica, impedidos de llegar al país por un incremento tarifario unilateral que aplicó la administración de esa terminal.
En ese documento, la ASP-B ratificaba su propuesta del 23 de septiembre sobre un alza en las tarifas para la carga boliviana de 10%, durante el periodo octubre 2019 y diciembre 2020, “sobre la base de las tarifas establecidas en el III Acta de Entendimiento y sus Actas Complementarias”.
Descuento. El ente chileno propuso un descuento del 38% a la carga si la ASP-B aceptaba aplicar el manual. Este planteamiento fue rechazado porque ese porcentaje representaba, en realidad, un aumento del 102%, lo que pondría en riesgo a la economía del ente boliviano y atentaría contra el comercio exterior del país.
El 5 de agosto, TPA determinó aplicar su Manual de Servicios, lo que derivó en un incremento en las tarifas para la mercadería boliviana. Esa medida fue rechazada por la ASP-B porque la deuda de la primera quincena de agosto ascendería a más de $us 230.000, lo que representa un 200% de alza.
El 17 de septiembre, el privado TPA determinó cobrar por adelantado a la carga boliviana que es regentada por la ASP-B, debido a que no hizo el pago anticipado de las tarifas por ese servicio como establece su manual.