El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, defendió este martes la Ley 1503 de compra de oro, promulgada en mayo de 2023, al asegurar que permitió movilizar 23,5 toneladas del metal precioso para fortalecer las Reservas Internacionales Netas (RIN) y evitar que Bolivia cayera en default (impago) de su deuda externa.

La declaración se dio durante una sesión en la Cámara de Senadores, donde la norma fue cuestionada por legisladores de oposición y afines al expresidente Evo Morales.

«Gracias a esta ley, el Banco Central pudo comercializar oro en mercados internacionales y generar flujos que nos permitieron pagar el servicio de la deuda externa. Sin esto, hubiéramos entrado en default», afirmó Montenegro, en respuesta al senador Hilarión Mamani, quien preguntó: «¿La Ley del Oro ha servido?».

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Ley

El ministro atribuyó los resultados como limitados debido al retraso en su aprobación. «El proyecto se planteó en mayo de 2021, pero se aprobó en abril de 2023. Si hubiéramos actuado antes, el impacto sería mayor», argumentó.

La Ley 1503 autoriza al Banco Central de Bolivia (BCB) a comprar oro del mercado interno y usarlo en operaciones financieras internacionales para respaldar las RIN, que actualmente se encuentran en mínimos históricos.

Según datos del Ministerio de Economía, en 2022, Bolivia pagó $us 1.810 millones por servicio de deuda externa; en 2023, el monto bajó a $us 1.491 millones y en 2024, ascendió a $us 1.526 millones.

Montenegro argumentó que, sin los ingresos del oro, el país no habría podido cubrir estos pagos ante la disminución de desembolsos de créditos externos.

Los senadores evistas Luis Flores e Hilarión Mamani cuestionaron los resultados de la ley durante la sesión, donde el tema central era un crédito de $us 75 millones para un programa climático.

«¿Dónde están los beneficios concretos para la población?», insistió Mamani, en línea con las críticas de que la norma prioriza el pago de deuda sobre inversión social.

Montenegro insistió en que la ley sirve para evitar el colapso crediticio, mientras los críticos exigen transparencia en el uso del oro y priorizar políticas que reactiven la economía local.

Este martes, el ampliado nacional de la Confederación de Choferes de Bolivia concluyó en exigir al Gobierno regularizar el abastecimiento de combustible en todo el país en un plazo de 72 horas. Caso contrario, advirtieron con medidas de presión y medidas “drásticas” como actitud de protesta.

“No vamos a ser responsables de lo que pueda pasar; un paro general indefinido, un paro de 72 horas, no lo vamos a anunciar por cuestiones de seguridad (…), también no vamos a pagar los peajes (…), seguramente nos vamos a ir a las medidas más drásticas”, anunció el secretario ejecutivo de la federación, Lucio Gómez.

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Choferes

Otras de las conclusiones a las que se llegaron en la reunión son el pedido de renuncia de varias autoridades.

Los choferes piden la renuncia de Armin Dorgathen, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), quien es visto como el principal responsable de la escasez de combustibles y por traer un “diésel de pésimas condiciones”.

Asimismo, exigen la destitución de Marcel Claure, presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), por descuidar el estado de las rutas que unen al país, afectando y poniendo en riesgo la vida de los conductores, especialmente en temporada de lluvia.

También piden que el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y de Consumidor, Jorge Silva, dé un paso al costado, pues consideran que no ha sido capaz de detener el incremento de precios de los productos de la canasta familiar.

“Que el pueblo nos disculpe, porque si las medidas se dan es por la responsabilidad de las personas que administran este país, particularmente del presidente de YPFB”, protestó Gómez.

El dirigente indicó que el sector está “harto de promesas”, pues en octubre de 2024 las autoridades prometieron un normal abastecimiento de diésel y gasolina, pero el acuerdo no se cumplió.

Por ello, ahora exigen respuestas y propuestas concretas, quieren conocer cuál es el plan de Gobierno para normalizar la provisión de carburantes, realizar mantenimiento de las carreteras y reducir los costos de los alimentos.

Este martes, la Cámara de Senadores aprobó en grande y en detalle el Proyecto de Ley 562, para el Programa de Riesgos ante Eventos Adversos y Emergencias por Desastres Naturales, que establece un crédito de financiamiento de $us 75 millones por parte de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

“Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, queda sancionada la presente ley y se remite al Órgano Ejecutivo para fines de promulgación”, informó Andrónico Rodríguez, titular del Senado.

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Crédito

La sesión estuvo marcada por varios cruces entre los ministros de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, y de Economía, Marcelo Montenegro, con los legisladores, debido a que fueron acusados de no transparentar el desembolso de anteriores créditos.

Las autoridades indicaron que el crédito puede ser promulgado inmediatamente por el presidente Luis Arce y el desembolso se dará de manera inmediata, lo que permitirá atender a las comunidades afectadas por la temporada de precipitaciones.

Pese a las dudas y cuestionamientos, los senadores consideran que la época de lluvias afecta fuertemente a varias regiones del país. Casi 70 municipios se declararon en desastre municipal, hay 46 personas fallecidas y más de 100.000 familias afectadas.

Ante esta situación, que según los últimos pronósticos se extenderá hasta el mes de abril, los legisladores coincidieron en que se debe aprobar el crédito, tras cinco meses de haber recibido el proyecto de la Cámara de Diputados.

“Si queda en actas que estos recursos van a ir a atender estos desastres, yo voy a aprobar; a pesar de las diferencias que tenga y los cuestionamientos”, indicó Santiago Ticona, senador de Comunidad Ciudadana (CC).

“No estamos convencidos con los argumentos de los ministros (…), vamos a pedir informe, porque sabemos que no van a ejecutar correctamente, pero nuestra obligación es ser sensibles con el pueblo boliviano, por ellos estamos acá”, señaló el senador evista Luis Flores.

Por ello, los legisladores pidieron que la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) informe cuando reciban los recursos para constatar que el dinero está siendo destinado al fin con el cual fue firmado y no a otros rubros.

En protesta por el incumplimiento en los acuerdos para la liberación de la exportación de soya, la Federación Especial de Comunidades Interculturales Productores Agropecuarios de San Julián Norte exige la renuncia del viceministro de Comercio Interno, Grover Lacoa, y del gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores.

El sector protesta, además, por la falta de combustibles y advierte que, si sus demandas no son atendidas en 72 horas, tomarán las instituciones estatales en Santa Cruz.

Según la Resolución 02/2005, el jueves 26 de febrero, en una reunión en esa región, las autoridades gubernamentales establecieron un preacuerdo para la liberación de exportación y precio de la soya; además del abastecimiento de combustible.

El sector esperó y determinó mantenerse en vigilia; sin embargo, ante el incumplimiento del acuerdo, resolvió asumir otras medidas.

“Por la incapacidad de las autoridades, viceministro de Comercio Interno, Grover Lacoa, y el gerente general Emapa, Franklin Flores, pedimos la renuncia inmediata de estas autoridades por la incapacidad y mentirnos de manera consecutiva afectando al sector productivo”, dice el artículo 1 de la resolución.

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Soya

Asimismo, alerta que dan un plazo de 72 horas para que renuncien; caso contrario, tomarán “medidas más drásticas: toma de instituciones estatales del estado de todo el departamento de Santa Cruz”.

Los interculturales aseguran que la suspensión de las exportaciones afecta a los agricultores de la región; donde existen más de 395.000 hectáreas destinadas a la producción agrícola.

El 27 de febrero, el viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, confirmó que existía un preacuerdo con los productores de Santa Cruz para liberar la exportación de grano de soya. Sin embargo, dijo que es necesario “ajustar normativas” para dar prioridad a los “productores primarios”.

Desde enero, el Gobierno no emitió autorizaciones para la venta externa de soya, lo que afectó las actividades económicas de los productores que se declararon en emergencia. La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) aseguró que cumplen con la demanda interna, por lo que no entendían el veto a las exportaciones.

El Gobierno, por su parte, argumentó que se identificó que algunas empresas que no tienen la autorización para exportar se dedican a la venta a mercados internacionales, por lo que la medida busca frenar esa práctica.

En protesta por la falta de combustibles y el mal estado de las carreteras, transportistas y sectores sociales de Buena Vista activaron este martes un bloqueo en la carretera principal que conecta Santa Cruz con Cochabamba.

El corte de vía se inició la mañana de este martes y ocasionó un colapso en ese sector, donde al menos una decena de vehículos permanece varada en ambos lados de la carretera.

“Hoy se está llevando a cabo el bloqueo porque la situación en Buena Vista se ha descontrolado. Todos los sectores están siendo perjudicados, desde transportistas hasta amas de casa. El Gobierno no hace nada por solucionar el problema”, reportó un poblador.

Los manifestantes exigen la llegada inmediata de un camión cisterna que garantice el abastecimiento de carburante para la población.

Los manifestantes advirtieron que no levantarán la medida hasta recibir una solución concreta.

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Combustibles

“Queremos combustible y la medida va a seguir hasta que llegue un camión y abastezca a todos los sectores afectados. Entendemos el perjuicio para los conductores varados, pero la situación es insostenible”, dijo otro de los manifestantes.

Además, reclaman por el mal estado de las carreteras y exigen soluciones inmediatas. Alertan que la economía local está siendo afectada pues sin combustible no pueden cosechar ni movilizar sus productos.

Ninguna autoridad de Gobierno se manifestó al respecto.

No es el único sector en Santa Cruz que protesta por la falta de combustible. La dirigencia del transporte público amenaza con ingresar a un paro indefinido y bloqueo de carreteras si el Gobierno central no da solución a la escasez de combustibles en un plazo de 72 horas. La escasez afecta a todo el país, principalmente a los sectores agropecuarios y al transporte. Muchos choferes deben realizar extensas filas e incluso dormir en las estaciones de servicio en busca de carburante.