A consecuencia del bloqueo de caminos de la Red Vial Fundamental (RVF), la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó que Vías Bolivia registró una pérdida de Bs 26 millones debido a la falta de cobro de peajes en los distintos puntos del país.
“Hemos hecho una evaluación y estamos hablando ya en términos de daño económico de Bs 26 millones desde el 20 (de octubre) hasta esta fecha”, dijo ayer el titular de la ABC, Humberto Nazra.
Luego de las elecciones generales del 20 de octubre, comités cívicos del país iniciaron el cierre de vías en las principales ciudades y, en otros casos, como Oruro, determinaron el bloqueo de caminos que rechazaban los resultados de los comicios que daba como ganador, con un margen de 10,57% de los votos, al entonces oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) respecto del segundo, Comunidad Ciudadana (CC).
Ante el aumento en el número de protestas en las ciudades capitales por parte de los ciudadanos que rechazaban los comicios, originó que el 10 de este mes, Evo Morales renuncie a la presidencia.
A partir de esa fecha, los sectores sociales afines al MAS iniciaron el bloqueo de caminos, principalmente en los departamentos del eje troncal del país, exigiendo la renuncia de la presidenta transitoria Jeanine Áñez Chávez.
En algunos casos, estos bloqueos derivaron en la destrucción de las casetas de peajes por parte de los manifestantes. El presidente de la ABC indicó que los técnicos de la entidad estatal continúan evaluando el monto de dinero que costará la reparación de esas infraestructuras que fueron dañadas durante las protestas.
“Si no estuvieran los bloqueos, estarían todos los tramos camineros totalmente habilitados para la circulación, ese es un dato muy importante”, apuntó Nazra.
Según el portal de transitabilidad de la ABC, hasta ayer se registraban 101 puntos de bloqueo en seis departamentos. En La Paz se contabilizaban 42 tramos, en Cochabamba 34, en Santa Cruz siete, en Potosí siete, en Oruro seis y en Beni cinco cortes de vía.
Nazra informó que el Gobierno está en un proceso de negociación con los sectores en conflicto para que puedan levantar sus medidas de presión que ocasiona un perjuicio económico al país. “Se está en una etapa de negociación, siempre con la finalidad de, fundamentalmente, pacificar el país, no se quiere el enfrentamiento, la confrontación con la fuerza pública, salvo medida extrema”, agregó.