El jefe departamental de Trabajo de La Paz, Omar Pacheco, informó este viernes que 36 empresas en el país incumplieron con el pago del Aguinaldo de Navidad en 2024, por lo que las denuncias se derivaron a un juez laboral.

“Nosotros tenemos 36 denuncias de empresas que no han cumplido con el pago del aguinaldo 2024. Hemos hecho las inspecciones en las empresas y las mismas no mostraron interés en cumplir con el beneficio. Por ello, se han iniciado los procesos judiciales por infracciones a las leyes sociales”, dijo Pacheco en conferencia de prensa.

Asimismo, dijo que entre las empresas infractoras hay constructoras, clínicas y otras de servicios en varios rubros.

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“Se procederá con la verificación de cada denuncia y aplicará las sanciones correspondientes”, complementó.

Según la normativa, los empleadores que no pagaron el aguinaldo serán sancionados y además tendrán que pagar un segundo aguinaldo a los trabajadores.

El 20 de diciembre del año pasado fue la fecha límite para que los empleadores paguen a los trabajadores, tanto en el sector privado como en instituciones públicas.

El Sistema de Administración de Puertos (SIAP) de la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B) reportó este viernes que el volumen de movimiento de carga en el puerto de Matarani (Perú) se incrementó en 19% entre 2023 y 2024.

Según el reporte, el movimiento de carga por ese puerto pasó de 193.928 toneladas métricas en 2023 a 239.550 toneladas métricas en 2024.

El informe destaca el crecimiento a pesar de los “desafíos globales que afectaron al comercio marítimo en los últimos años”.

“El puerto peruano ha mantenido un crecimiento sostenido en el movimiento de carga; debido a las mejoras en las operaciones de la empresa Terminal Internacional del Sur (TISUR) y la presencia estratégica de la ASP-B que viabilizaron el fortalecimiento del comercio internacional hacia nuestro país”, señala el informe.

Asimismo, se destaca que entre los principales productos importados por Matarani están el hierro y sus derivados, como bobinas, planchas, tubos y perfiles. Además, se paletas de cemento asfáltico.

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Matarani

El reporte indica, además, que las condiciones operativas y logísticas optimizadas en el puerto de Matarani y la labor de la ASP-B han sido claves para el incremento en el movimiento de carga.

Y remarca, que el personal de la ASP-B, que opera en el puerto de Matarani, trabaja las 24 horas, los siete días de la semana para realizar los despachos de toda esta carga de importación; con el objetivo de cumplir con los plazos establecidos para facilitar el comercio exterior.

“Este crecimiento sostenido en el movimiento de carga consolida al Puerto de Matarani como una pieza fundamental en el comercio internacional de Bolivia; ofreciendo una alternativa eficiente y segura para la importación de diversos productos que demandan las empresas estatales y privadas del país”.

El mayor flujo de comercio exterior de Bolivia se realiza por los puertos de Chile; sin embargo, el puerto de Matarani se convirtió en una alternativa para el manejo de diferentes cargas bolivianas y tiene las condiciones adecuadas para la recepción, transferencia, acopio, almacenamiento y despacho.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón presentó el jueves un proyecto de ley para la derogatoria de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, cuestionada por diversos sectores productivos, empresariales y gremiales.

“Ayer (jueves) presenté el proyecto de ley para la derogatoria de la disposición adicional 7 de la ley del presupuesto 2025. Ahora que el gobierno instruya a sus diputados aprobarla con dispensación de trámite”, escribió Alarcón en su cuenta de X.

La disposición séptima del PGE se ha convertido en centro de polémica entre el Gobierno y diversos sectores; que exigen su abrogación pues ésta da lugar al decomiso de productos.

Varios sectores ya se pronunciaron en contra y el Gobierno comenzó a socializar la norma en reuniones; sin embargo, aún no halla consenso para su reglamentación.

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Disposición

Ante los reclamos, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, dijo el jueves que el Órgano Ejecutivo no puede modificar la ley del PGE 2025; y que está en manos de la Asamblea Legislativa hacerlo. Tras esas declaraciones, el diputado Alarcón respondió y presentó el proyecto de ley.

“No es que no queramos atender, el presidente Luis Arce no tiene atribuciones para derogar, eliminar una ley, esto es competencia exclusiva del Legislativo”, dijo Silva en Unitel.

Alarcón dijo que ya entregó la norma en el despacho del presidente de la Cámara Baja, Omar Yujra.

La disposición establece que las entidades competentes podrán activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos; a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos.

Asimismo, indica que todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales, debe declarar información de producción, transformación y comercialización, conforme a la reglamentación aprobada por Resolución Biministerial emitida por los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras y de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) manifestó su asombro por la indiferencia del Gobierno ante las demandas y pronunciamientos de los representantes de los sectores y gremios afectados por la aplicación de la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. La entidad asegura que esa norma “violenta” los derechos constitucionales.

“Reiteramos que las empresas que se dedican al comercio formal no podemos ser sindicadas o calificadas como sospechosas; por ilícitos relacionados con el agio y la especulación dolosa”, dice el comunicado enviado por la entidad.

Y asegura que esta disposición los expone a que funcionarios públicos secuestren “mercadería de manera arbitraria si consideran que el inventario almacenado puede ser vendido a precios mayores de los que ellos consideran justos”.

Asimismo, indican que la disposición séptima del PGE no fue consensuada previamente con el sector empresarial “que es el más afectado y vulnerable”; y que esa norma “violenta los derechos constitucionales a la libertad de empresa y a la propiedad privada y no puede, ni debe sostenerse en un Estado de Derecho”.

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Disposición séptima

Además, demandan al Gobierno a que responda al pronunciamiento planteado por el presidente de la CNC la semana pasada con una inmediata modificación consensuada y en coordinación con todos los representantes de los sectores afectados. “Ya que es, sobre las empresas comerciales que pesan las amenazas; y a las que comprende con mayor sensibilidad el alcance del problema”.

La disposición séptima generó rechazo en varios sectores productivos que exigen al Gobierno su inmediata abrogación.

El jueves, el Gobierno y representantes de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) se reunieron para tratar justamente sobre esta disposición; sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo.

Al igual que la CNI y la CNC, existe rechazo en la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO); la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), la Confederación Nacional de Agricultura de Bolivia (Confeagro); y las cámaras de transporte.

El Gobierno dijo que la disposición está en pausa; y no entrará en vigencia hasta que se realice la reglamentación consensuada.

Este viernes, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) reiteró su rechazo a la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que permite el decomiso de productos y mercancías, y pidió al Gobierno realizar una modificación consensuada a la norma.

“Demandamos que el gobierno responda al pronunciamiento planteado por el presidente de la CNC la pasada semana con una inmediata modificación consensuada en coordinación con todos los representantes de los sectores afectados, ya que es sobre las empresas comerciales que pesan las amenazas y a las que comprende con mayor sensibilidad el alcance”, indicaron en un comunicado.

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Disposición

La CNC manifestó su “asombro” por la “indiferencia” del Gobierno hacia las demandas y pronunciamientos de diferentes sectores que mostraron su rechazo a la disposición confiscatoria.

Productores, exportadores, comerciantes, industriales, gremiales, transportistas y otros sectores pidieron la derogación de la normativa que, consideran, afectará sus actividades productivas.

“Reiteramos que las empresas que se dedican al comercio formal no podemos ser sindicadas o calificadas como sospechosas por ilícitos relacionados con el agio y la especulación dolosa”, protesta en su comunicado la CNC.

La disposición, según el Gobierno, tiene el objetivo de poner fin a las actividades ilícitas como el contrabando, la especulación y el agio, confiscando los productos que se almacenen con el objetivo de ser encarecidos más adelante.

Arbitraria

Sin embargo, la Cámara advirtió que se puede utilizar la norma de “manera arbitraria” para “secuestra mercadería” que se considere que se venderá a “precios mayores de los que ellos consideran justos”.

Por ello, considera que el sector productivo y comercial es el más afectado, ya que la disposición “violenta los derechos constitucionales a la libertad de empresa y a la propiedad privada y no puede, ni debe sostenerse en un Estado de Derecho”.

Asimismo, reclaman que la medida no se consensuó previamente con el sector, por lo que no debería entrar en aplicación.

El Gobierno, por su parte, señaló que mientras no se realice una reglamentación en conjunto a todos los sectores que se consideren afectados la disposición se mantendrá “en pausa”.