Asoban apunta a revisar cupos de cartera de créditos productivos y de vivienda social
Consultado sobre la posibilidad de que la próxima negociación con el gobierno de Jeanine Áñez incluya una eventual modificación de las tasas fijas de interés de los contratos ya firmados de crédito productivo y de vivienda social, el Secretario Ejecutivo de Asoban respondió: “Así es”.
Los “ajustes” propuestos por la banca a la regulación de cartera apuntan a la revisión de los cupos para créditos productivos y de vivienda social. La modificación de las tasas fijas de interés de préstamos ya otorgados puede ser también motivo de análisis.
“La norma que hoy rige para la banca debe ser revisada”, afirmó el secretario ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), Nelson Villalobos, respecto al Decreto 1842 —aprobado en el marco de la Ley 393— que instruye, entre otras medidas, que desde 2018 en adelante al menos el 60% de la cartera de los bancos múltiples debe estar constituida por créditos productivos (al menos el 25%) y de vivienda de interés social.
“Todo cambio de ciclo, todo cambio de comportamiento económico, amerita una revisión de la política económica, de la política monetaria, de la política que rige para el país. Hoy estamos viviendo una transición importante y, ya que las disposiciones que hasta ahora han regido en el país —particularmente para la banca— se han traducido en algunas connotaciones más bien adversas, (esas políticas) tienen que ser revisadas”, insistió el ejecutivo.
Datos de la institución dan cuenta de que la cartera productiva y de vivienda social se expandió de 37% en 2014 a 62% el año pasado, lo que causó un menor aumento de prestatarios, el crecimiento del crédito promedio y un riesgo de sobreendeudamiento por la concentración del financiamiento en menos personas.
En el primer caso, el aumento de la cantidad de prestatarios, que entre 2011 y 2013 era de 135.000 por año, se redujo a 30.000 por año entre 2014 y 2018. En el segundo, el crédito promedio de $us 9.600 en 2013 se incrementó a $us 18.100 en 2019, lo que significa una marginación “del sistema financiero de demandas más chicas de crédito”. En el tercero, el 26% de los créditos era mayor al $us 1 millón en 2013, una proporción que ascendió a 35% en 2019.
“Hemos tenido un par de reuniones con el Gobierno” en las que “se han planteado estos temas. Estamos a la expectativa de las decisiones para modificar estas normas, para flexibilizarlas, (para) ver soluciones que están latentes”, reveló Villalobos.
Estos temas se volverán a tratar en los próximos dos meses con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y del Banco Central de Bolivia, sostuvo Wálter Orellana, director adjunto de Asoban. “Considero que lo que se van a revisar son los cupos que existen para los diferentes sectores”, anticipó el directivo.
“Hay una gama de medidas que se pueden tomar (…), hay que evaluarlas con las autoridades”, aseveró Villalobos. Consultado a su vez sobre la posibilidad de que la próxima negociación con el gobierno de Jeanine Áñez incluya una eventual modificación de las tasas fijas de interés de los contratos ya firmados de crédito productivo y de vivienda social, el Secretario Ejecutivo de Asoban respondió: “Así es”.
En este marco, algunos bancos ya contemplaban un nuevo escenario político en los préstamos para vivienda de interés social que otorgaron desde 2014.
La cláusula referida a la tasa de interés en uno de esos contratos bancarios cita por ejemplo: “Las partes acuerdan que si se suspende o elimina el régimen de control de tasas de interés para créditos de vivienda de interés social, se reajustará la tasa de interés de manera inmediata, adicionando al interés establecido en la presente cláusula la tasa de interés de referencia (Tre) vigente”.
Un reporte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) indica que desde 2014 hasta enero de esta gestión 81.110 familias se beneficiaron con los créditos de vivienda social: el 37,6% de las cuales está en Santa Cruz, el 20,8% en La Paz y el 16,6% en Cochabamba y el 25% en los otros seis departamentos.
La Ley 393 de Servicios Financieros de agosto de 2013 y sus reglamentos fijan las tasas de crédito de vivienda social en 5,5, 6 y 6,5% como máximo en función al valor del inmueble; y el interés del préstamo productivo en 6% para empresas grandes y medianas, en 7% para las pequeñas y en 11,5% para las de tamaño micro.
“Imaginamos que la decisión política de establecer cupos, metas y fijar tasas de interés tenía como objetivo fundamental cambiar el enfoque de la matriz productiva del país. Para ese objetivo, sin embargo, era necesario tomar además otro tipo de medidas”, evaluó Villalobos. Entre esas políticas complementarias, detalló, estaba el estímulo a la inversión, principalmente privada; de seguridad jurídica; y de franca lucha contra el contrabando, para proteger la producción nacional.
Esas y otras políticas “debieron adoptarse en su momento para hacer que la regulación sobre el sistema bancario sea más afectiva y para lograr los objetivos propuestos. Nos hemos quedado con el favorecimiento del sector productivo solo desde la oferta crediticia”, remarcó Villalobos.
(26/02/2020)
