A través de sus redes sociales, el expresidente Evo Morales criticó un presunto incremento en los gastos presidenciales en el Presupuesto General del Estado (PGE) para la gestión 2025 y pidió una “política de austeridad”.

“Hoy es inadmisible que se recorte la Renta Dignidad mientras aumentan los gastos presidenciales. En tiempos de crisis económica, es importante acompañar en todos los sentidos los problemas de las familias bolivianas”, afirmó este martes.

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PGE

De acuerdo con la publicación que compartió Morales, los gastos presidenciales incrementarán en más de Bs 300.000 para la gestión 2025.

El exmandatario cuestionó en reiteradas oportunidades al PGE 2025, especialmente cuando se conoció que se dejará de pagar la Renta Dignidad a los jubilados activos que todavía perciben un salario.

El Gobierno, por su parte, reiteró en varias oportunidades que el Presupuesto para el próximo año es “austero” y beneficiará a toda la población. El PGE fue remitido a la Asamblea Legislativa para su tratamiento correspondiente.

Según Morales, el país atraviesa un momento económico complicado por lo que se debería priorizar una política de austeridad, para reducir el gasto público.

“Es importante, así como a inicios de nuestro gobierno, plantear una política inmediata de austeridad. En nuestra gestión iniciamos con la reducción de salarios a Autoridades Electas y eliminación de gastos reservados”, escribió el expresidente. 

Sin embargo, según el Gobierno, desde la llegada de Luis Arce a la Presidencia en el año 2020, se priorizó la reducción del gasto público.

El ministro de Planificación de Desarrollo, Sergio Cusicanqui, afirmó la anterior semana que gracias a la política de austeridad que instaló el jefe de Estado, el gasto corriente se redujo “cerca al 30%” en cuatro años de gestión.

En lo que va del año, el país registra 119 muertes relacionadas directamente con la minería ilegal o informal. Potosí reporta 113 muertes y es la cifra más alta de los últimos tres años, de acuerdo con el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de ese departamento, Marco Antonio Dávalos.

La cifra se complementa en el ámbito nacional con otras víctimas fatales en La Paz y Oruro, informa un reporte de prensa.

El panorama ha empeorado en comparación con el año anterior. Para octubre de 2023, los accidentes en minas habían cobrado la vida de 63 trabajadores, en su mayoría varones, incluidos niños y adolescentes.

Las principales causas son la exposición de dinamita, la asfixia por gases tóxicos, el desplome de estructuras conocidas como planchones y la precipitación desde altura.

Prácticamente, todas las muertes se produjeron en operaciones ilegales o desreguladas, espacios donde la seguridad ocupacional es prácticamente nula, a contramano de la minería moderna y formal.

Potosí

Asimismo, se reporta que la muerte más reciente ocurrió en la Cooperativa Minera 10 de Noviembre, donde un trabajador murió el martes 26 de noviembre aplastado por un derrumbe; cuando verificaba la detonación de una carga de dinamita en el Cerro Rico.

Además, la minería ilegal cobró la vida de dos menores de edad y seis mujeres. La última mujer minera en perder la vida tenía 21 años y murió al caer 60 metros en la mina operada por la cooperativa Ollerías.

En agosto, familiares de otro minero desaparecido, en Potosí, denunciaron que la víctima cayó en circunstancias sospechosas. Su viuda aseguró que la vida de su esposo fue ofrecida como ofrenda al Tío; deidad andina a la que los mineros le rinden pleitesía.

“La minería ilegal o desregulada (cooperativas mineras que no cumplen con la regulación), a pesar de su relevancia económica, sigue ignorando los derechos de los trabajadores, vulnerando las normas que protegen el medio ambiente y aportando poco o nada el desarrollo local, regional y nacional”, dice el informe.

También se reportan víctimas fatales el La Paz. A finales de junio, dos trabajadores de la Cooperativa Minera Aurífera Tipuani Pampa R. L. perdieron la vida en un trágico incidente ocurrido en el cantón Yani, municipio de Sorata.

El deslizamiento de un cerro ocurrió mientras los trabajadores realizaban labores de movimientos de tierra.

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Minería

En agosto, una mujer de 57 años que lavaba oro aluvial en Mapiri, fue aplastada por un derrumbe al no poder escapar de la zanja cavada en el río donde trabajaba.

Pero no son solo los accidentes laborales. En mayo, el enfrentamiento entre las cooperativas auríferas Gran Poder y Primero de Mayo dejó el saldo de un muerto y dos heridos de gravedad. El conflicto se produjo por disputas por el control de áreas de explotación.

En julio, también en el cantón Yani, en el municipio de Sorata, el enfrentamiento entre tres cooperativas mineras cobró la vida de dos policías que formaban parte del contingente desplazado en la zona para apaciguar el conflicto.

“Estos eventos son en su mayoría evitables y casi inexistentes en la minería privada, que sí cumple con protocolos de seguridad y es supervisada por las autoridades correspondientes, es en cambio frecuente en la minería cooperativizada y en la minería ilegal”.

José Carrión, experto en seguridad en operaciones mineras, explica que los riesgos asociados con la minería abarcan desde la caída de rocas y el uso de explosivos hasta el manejo de mercurio en la minería de oro. “Mejorar las medidas de seguridad es imprescindible para prevenir incidentes y proteger la integridad de los trabajadores”, escribió el experto en sus redes sociales.

En una reunión en Santa Cruz entre los ministros del área económica del Gobierno y representantes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), las autoridades justificaron la importancia de un artículo del Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 que establece la posibilidad de “control, fiscalización y decomiso” de los productos almacenados o retenidos.

“Tenemos que explicar que la función de ese artículo no es estigmatizar a los productores y a los buenos intermediarios, más bien es hacer un control contra aquellos que se dedican a la especulación y a generar zozobra”, explicó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

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Artículo

La disposición en cuestión señala: “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

Sin embargo, esto despertó malestar y rechazo en el sector agropecuario, industrial y gremial, debido a que consideran que permitía al Gobierno intervenciones indiscriminadas en la cadena productiva. Pidieron que la disposición se elimine del PGE y que no entre en ejercicio.

La CAO inclusive calificó a la medida como una “política restrictiva” que tendría como consecuencia la importación de alimentos.

Montenegro, por su parte, reiteró que el artículo únicamente se aplica en casos de agio y especulación, en donde la retención de los productos tenga el objetivo de sacarlos más adelante al mercado con un costo más elevado.

Además, el titular de Economía aclaró que en “ninguna parte” de la disposición se habla de “control social”.

Reglamentación

Respecto a la posibilidad de eliminar el artículo, Montenegro afirmó que esa decisión no depende del Gobierno, debido a que el proyecto ya fue remitido a la Asamblea Legislativa.

“Nosotros no podemos decir que lo vamos a sacar o vamos a mantenerlo (el artículo), lo que estamos diciendo es que hemos venido a explicar; porque ahora ya está en la instancia legislativa”, señaló.

Con las aclaraciones, pidió al sector agropecuario evitar susceptibilidades respecto a la nueva norma que pretende entrar en vigencia el próximo año. Asimismo, invitó a los interesados en participar de la reglamentación, con el fin de generar mayor confianza y transparencia.

El presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP), Rolando Kempff, alertó este martes que, “con avasallamientos no hay inversión y sin inversiones no hay desarrollo”, por lo que urgió al Gobierno hacer cumplir las normas y brindar seguridad jurídica.

El empresario explicó que solo con seguridad jurídica y con la aplicación de las normas del Estado, los privados podrán tener “libertad de trabajo y de desarrollo para el bienestar de la población”.

Lamentó la toma ilegal de predios en último fin de semana en Santa Cruz; y dijo que es solo uno de los ejemplos de estos hechos ilegales que afectan a los inversores.

Los privados no son los únicos que reclaman al respecto. El gerente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, dijo que las tomas de Santa Rita y San Fernando no son hechos aislados; por lo que pidió mano dura contra los cabecillas y financiadoras de estos hechos.

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Avasallamientos

El sector productivo está alarmado por los avasallamientos, que ocurren justamente en plena época de siembra de verano para garantizar el abastecimiento de alimentos para el próximo año.

“Como sector productivo, pues, nosotros esperamos que también se pueda dar con quienes son los cabecillas y los financiadores; para que, de una vez, se los pueda detener y sancionar como corresponde”, dijo Hernández.

Según al gerente de Anapo, los avasalladores no respetan normas ni a la Policía; por lo que importante desbaratar estos grupos y dejar de generar zozobra y temor entre los productores.

El fin de semana, la Policía recuperó dos veces el predio Santa Rita en Santa Cruz, luego de que avasalladores tomaran el lugar. La estancia tiene más de 4.000 hectáreas; y está ubicada en la provincia Guarayos, en el departamento de Santa Cruz.

El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, dijo que los cabecillas ya están identificados y serán aprehendidos y procesados. La Policía se mantiene en el lugar para evitar que los ilegales vuelan a tomar la hacienda.

Tras haber realizado la verificación en las plantas de aceite, el Gobierno confirmó que el producto se elabora con regularidad y se distribuye a los mayoristas para que se venda en los mercados nacionales. Por ello, el abastecimiento debería ser normal, por lo que se advirtió con acciones legales contra los “especuladores”.

“Hemos podido corroborar que su producción es normal, que los canales de distribución no se han suspendido (…), entonces alguien le está robando a la población boliviana (…), no les vamos a dejar, esta información la vamos a procesar para iniciar las acciones penales correspondientes”, advirtió el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva.

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Aceite

La autoridad se trasladó a Santa Cruz para verificar que el litro de aceite envasado se comercialice en Bs 11 y Bs 10 el aceite de granel.

Sin embargo, en departamentos como La Paz el costo del producto supera los Bs 17, cuando su costo, en el “peor de los casos” debería ser de Bs 13.

Por ello, el viceministro señaló que hay “una mano negra” que especula con la economía de los bolivianos y especula con el producto. Inclusive, Silva señaló que se oculta el producto para venderlo en precios más elevados.

No obstante, Silva reconoció que los productores de aceite y las industrias oleaginosas tuvieron dificultades por la falta de diésel, pero que su situación se regularizó y el incremento de precios del aceite es injustificable.

Una de las hipótesis del viceministro es que los mayoristas llevan el producto de contrabando a los países vecinos, principalmente a Perú y Brasil, para venderlo a mayores precios.

Explicó que el Gobierno tiene la “lista de los mayoristas”, contra quienes iniciará un proceso de investigación y fiscalización para evitar que continúen beneficiándose a costa de la economía de la población.

Este martes, el Gobierno sostendrá una reunión con el sector para evaluar la situación y garantizar el abastecimiento del aceite hasta final de año.