Economía

sábado 24 jul 2021 | Actualizado a 06:34

Magisterio rural en estado de emergencia por uso de aportes

El miércoles, el Banco Central de Bolivia (BCB) anunció que se inyectó Bs 3.476 millones ($us 500 millones) a la cartera de créditos del sistema financiero nacional a través de una “política monetaria no convencional” para garantizar la estabilidad de la economía ante la crisis sanitaria.

Imagen de Banco Central de Bolivia (BCB) en el centro paceño Foto: La Razón

/ 29 de marzo de 2020 / 17:59

El ejecutivo de la Confederación de Maestros Rurales del país, Andrés Huayta, dijo que su sector se encuentra en estado de emergencia por la determinación del Gobierno de utilizar los aportes de los trabajadores para paliar los efectos del coronavirus en la economía.

“No permitiremos que nuestros aportes, que son nuestros ahorros para nuestra jubilación, sean traspasados a otros fondos y peor que se traspasen a fondos privados, el magisterio nacional se declara en estado de emergencia y vamos a pedir a la Central Obrera Boliviana (COB) también que declare en emergencia a la clase trabajadora”, dijo el dirigente en contacto con radio Panamericana.

Indicó que esos recursos son los aportes que realizan durante la etapa de trabajo para tener una jubilación cuando dejen sus fuentes laborales.

El miércoles, el Banco Central de Bolivia (BCB) anunció que se inyectó Bs 3.476 millones ($us 500 millones) a la cartera de créditos del sistema financiero nacional a través de una “política monetaria no convencional” para garantizar la estabilidad de la economía ante la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus.

Para hacer llegar estos recursos al sistema financiero, el BCB comprará a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) un número determinado de bonos del Tesoro General de la Nación.

Con el dinero obtenido por la venta de estos instrumentos bursátiles, las AFP lo invertirán en el sistema financiero, en depósitos a plazo fijo (DPF). (29/03/2020)

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El CEO quema un vehículo en Huachacalla y pobladores anuncian bloqueo de carreteras

El vehículo pertenecía a una familia que había llegado de Paraguay y debido a desperfectos técnicos dejaron el motorizado en la carretera.

Por Rosío Flores

/ 23 de julio de 2021 / 13:59

El alcalde de Huachacalla, Iván Rodríguez, denunció que el personal del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO) quemó un vehículo que le pertenecía a una familia que había llegado de Paraguay.

Según la autoridad, la familia, oriunda de Huachacalla pero que radica en Paraguay, llegó el 22 de abril a la región e ingresaron con dos vehículos por la frontera con Villamontes donde presentaron la documentación que acredita la legalidad de ambos motorizados.

La noche del miércoles, padre e hijo se aprestaban a trasladarse a otra comunidad en los vehículos, y uno de ellos sufrió un desperfecto. “Ellos estaban viendo cómo cambiar una de las llantas que se había pinchado y en ese momento aparecieron los del CEO y los acusaron de que el vehículo era de contrabando”.

Los propietarios, luego de presentar la documentación legal de los vehículos, les habrían pedido a los del CEO ayudarles a solucionar el problema del automóvil a lo que habrían respondido que estaban ocupados, por lo que decidieron dejar el motorizado en la carretera.

“Al día siguiente volvieron para recoger el automóvil, sin embargo lo encontraron quemado”, relató Rodríguez.

Este viernes se reunieron con uno de los efectivos del CEO, quien habría mencionado que “tienen toda la potestad de quemar, que la ley les ampara y que el vehículo es sospechoso de ser de contrabando”.

El Alcalde denunció ese atropello y sostuvo que de no dar una solución y que se le restituya el vehículo a la familia procederán con el bloqueo de carreteras desde el lunes.

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El Gobierno destinará $us 83,9 MM a la realización del censo del 2022

El vocero presidencial Jorge Richter informó que el Gobierno del presidente Luis Arce garantiza la realización del proceso censal fijado para el 16 de noviembre de 2022

Jorge Richter

/ 23 de julio de 2021 / 00:46

El censo del 2022 le presentará a Bolivia un costo de al menos $us 83,9 millones, $us 28,9 millones más que similar proceso de 2012. Los recursos económicos provendrán del Tesoro General y del Banco Mundial, informó el vocero presidencial Jorge Richter.

Mediante decreto 4546, el Gobierno declaró de “prioridad nacional” la realización del censo que estará a cargo del Instituto Nacional de Estadística (INE). La recolección de los datos fue fijada para el 16 de noviembre de 2022.

“Está garantizado (el presupuesto), no es una suma pequeña, esos recursos pudieron haber sido trasladada a la pandemia”, consideró Richter en una entrevista en la red Uno. Dijo que por la pandemia Argentina, Ecuador y Brasil suspendieron similares proceso.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el dirigente cívico Rómulo Calvo están entre los que exigían la realización de este censo que, entre otros aspectos, redefine la asignación de recursos económicos y escaños legislativos.

El empadronamiento del Censo de Población y Vivienda – 2022 será ejecutado por el INE en fecha 16 de noviembre de 2022. “En las áreas urbanas el empadronamiento durará un (1) día, mientras que en las áreas rurales con población dispersa, el empadronamiento se podría extender hasta por tres (3) días”, refiere el parágrafo II del artículo 5 del decreto 4546.

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A junio, el movimiento de carga por el puerto de Ilo creció en 105% respecto de 2020

Entre enero y junio de este año fueron movilizadas 79.672 toneladas de carga por el puerto peruano de Ilo.

Los barcos de carga en el puerto peruano de Ilo. Foto: ABI

/ 22 de julio de 2021 / 13:56

La Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B) reportó que al primer semestre de este año, el movimiento de carga por el puerto peruano de Ilo se incrementó en 105% respecto a similar periodo de 2020, cifra que evidencia la reactivación del comercio exterior favorable para el país.

El reporte precisa que por ese puerto peruano fueron movilizadas 79.672 toneladas de carga entre enero y junio de este 2021 respecto al mismo periodo de 2020, cuando se despacharon 38.761 toneladas.

El gerente ejecutivo de ASP-B, Dante Justiniano, destacó este incremento del flujo de carga por ese puerto peruano y consideró que este movimiento es muestra de la reactivación del comercio exterior.

“Este movimiento de exportaciones e importaciones que involucran a Bolivia, sin duda, es un buen síntoma de la dinamización de la economía en el país”, afirmó.

De acuerdo con los datos de la ASP-B, la carga movilizada entre enero y junio de este año alcanzó 79.672 toneladas y superó a todas las gestiones anteriores. En todo 2020 fueron movidas 58.289 toneladas, en 2019 llegó a 70.083, mientras que en el primer año de operaciones de la ASP-B en Ilo se registró 22.097 toneladas.

Estos datos muestran que la cifra despachada en el primer semestre de este año superó con creces a los registros anuales, por separado, de 2018, 2019 y 2020.

Estos registros señalan que al primer semestre de este año se superó el doble de lo que se movió en el mismo periodo en 2019 cuando llegó a 37.107 toneladas y 38.761 toneladas en 2020.

En abril de 2018, se comenzó a mover carga de importación y exportación, constituyéndose en nueva alternativa de puerto para los bolivianos.

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El Gobierno desembolsa Bs 1.854 millones para empresas constructoras en el país

En los primeros ocho meses de esta gestión se reactivó un total de 303 construcciones camineras en todo el territorio nacional.

El ministro Édgar Montaño, en conferencia de prensa de este jueves. Foto: APG

/ 22 de julio de 2021 / 13:48

El Gobierno desembolsó Bs 1.854 millones para las empresas constructoras que trabajan en diferentes tramos carreteros en el país. El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, afirmó que con esos recursos las compañías no tienen justificativo para paralizar las obras.

“Hemos podido desembolsar recursos económicos para las empresas constructoras que están a cargo de las carreteras la suma de 1.854 millones de bolivianos; entonces, aquí ya no hay ningún pretexto de ninguna empresa constructora que no se le haya inyectado recursos económicos y que no estuviera pudiendo arrancar”, explicó en conferencia de prensa.

Desde noviembre de 2020 hasta junio de este año, el Gobierno reactivó un total de 303 proyectos camineros en todo el país, los cuales fueron paralizados durante la administración de Jeanine Áñez.

Montaño dijo que los recursos económicos desembolsados son inyectados en construcciones de los nueve departamentos. Para ello, las empresas deben tener sus carpetas al día, cumplir con el pliego de especificaciones técnicas y el avance de obra de acuerdo al contrato y “nosotros cumplimos con el pago de planillas”.

Indicó que son unas tres empresas que al momento no se reactivaron debido a la falta de las condiciones, por lo que Montaño pidió a esas firmas “hacer los esfuerzo” para reactivarse.

Según datos del Ministerio de Obras Públicas, en los ocho meses de gestión del gobierno del presidente Luis Arce (noviembre 2020-junio 2021) se reactivaron 303 proyectos camineros en todo el país, de los cuales 139 son de construcción, 147 de conservación, 16 de rehabilitación y uno de mejoramiento. Esos trabajos son ejecutados con una inversión de Bs 1.854.243.108.

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Industriales de La Paz piden al Gobierno declarar la guerra al contrabando

El presidente de la Cámara de Industrias de La Paz, Pablo Camacho, plantea un control en las redes sociales donde se muestra que este ilícito crece día a día.

Pablo Camacho, gerente general de Cadinpaz. Foto: CNI.

/ 22 de julio de 2021 / 11:00

El presidente de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz), Pablo Camacho, demandó del Gobierno declarar la guerra al contrabando porque, en su criterio, este ilícito causa un gran daño a la industria nacional.

“El contrabando está asfixiando a nuestras industrias; por ejemplo, la industria de galletas y panadería ha disminuido su producción, de lácteos también está complicada, tenemos el mismo problema de con la leche líquida que está llegando de contrabando. Entonces, creo que es el momento en el que el Gobierno debe declarar una guerra al contrabando”, indicó Camacho.

Según el representante industrial, el Estado pierde más de $us 3.000 millones al año por ese flagelo que causa el cierre de industrias en todo el país.

Planteó que se debe digitalizar la lucha contra el contrabando y combatir desde las redes sociales, donde se muestra que este ilícito se incrementa día a día. Además, mejorar los controles en las fronteras con la presencia militar.

“Debemos hablar de una digitalización, de una lucha contra el contrabando; el Estado y la Aduana tienen mecanismos de inteligencia, entonces combatamos a las mafias organizadas que están en las redes”, acotó Camacho.

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