El miércoles, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) organizó un conversatorio en vivo a través de Facebook para analizar la importancia de solicitar la condonación de la deuda externa soberana de los países de América Latina a los organismos multilaterales (FMI, BID, BM y CAF), e instar a los acreedores privados a que acepten una reestructuración inmediata de la deuda que contemple una mora absoluta de dos años sin intereses.
En este evento participaron los expresidentes Rafael Correa (Ecuador) y Dilma Rousseff (Brasil), el exvicepresidente Álvaro García Linera (Bolivia), los senadores Gustavo Petro (Colombia) y Jorge Taiana (Argentina), la diputada chilena Camila Vallejo y el subsecretario para América y Latina de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México (Maximiliano Reyes).
El primero en participar fue el expresidente ecuatoriano, quien recalcó la necesidad de liberar recursos económicos para enfrentar la pandemia, así como los profundos impactos que las medidas adoptadas contra el COVID-19 van a tener en la economía de los países y en los hogares, especialmente en los más vulnerables. Y a su entender, la manera más efectiva de contar recursos es suspendiendo el pago de la deuda externa, una parte de la cual debería ser “condonada”, a tiempo de flexibilizar los términos de pago de la deuda restante. Se trataría de una “medida sin precedentes” necesaria para enfrentar una crisis también “sin precedentes”, que estaría contemplada en la legislación de los países para enfrentar casos de emergencia como el que actualmente enfrenta el mundo.
Respecto al uso de estos recursos, Correa sugiere emplear una parte para atender la crisis sanitaria y el resto para mitigar los efectos en los hogares y potenciar la economía. Además, aclara que no se trataría solamente de un acto de solidaridad de parte de los países industrializados y de los acreedores, sino también de una decisión imprescindible para garantizar el bienestar de ricos y pobres. Pues, como ha evidenciado el coronavirus, “todos estamos en el mismo barco, en una aldea global, somos interdependientes. Si no lo hacemos por humanidad, hagámoslo por egoísmo”, señala el economista, ya que de lo contrario, la crisis económica va a generar muchas externalidades, como violencia y pobreza.
Similar enfoque manifestó Dilma Rousseff, quien resaltó que las poblaciones más pobres del mundo van a ser las más afectadas por los problemas económicos que atraviesa el planeta en los últimos años y que se van a acrecentar severamente por la crisis sanitaria, incluso en países ricos como Estados Unidos que carecen de “políticas de resguardo social”. Por este motivo, la exmandataria sugiere establecer una renta mínima para todas las comunidades frágiles y los pueblos pobres del mundo, ya que “un problema mundial como el que enfrentamos exige soluciones mundiales”.
En cuanto a la manera de atender la crisis sanitaria, Rousseff resalta la necesidad de reforzar los sectores dedicados a la salud, para producir, comercializar y distribuir —bajo la batuta de la OMS— los medicamentos especializados y las vacunas futuras para contener el avance del COVID-19, de tal manera que lleguen a todas las poblaciones del mundo. Pues, de lo contrario, el coronavirus “se va a volver a desencadenar” incluso en las ciudades en las que haya sido contenido.
También hacen falta acuerdos de canje de divisas entre los diferentes bancos centrales; aumentar los derechos especiales de giros; garantizar que el Banco Mundial y los bancos regionales tomen decisiones coordinas contra la crisis. En esta misma línea, todos los acreedores (estatales, privados y multilaterales) deberían aceptar una suspensión de al menos dos años en el pago de las deudas de los países más pobres y endeudados. Y delinear una condenación en el futuro para permitir que la economía se recupere.
Y es que, aclara la exmandataria, se necesita un amplio margen fiscal para enfrentar los impactos económicos que va a genera la pandemia. Una solución a largo plazo implica una drástica reflexión sobre el papel del Estado, de la salud pública, así como la necesidad de desarrollar “una nueva arquitectura económica financiera que no sea neoliberal”, que asegure “una coordinación diferenciada que reduzca la desigualdad” en el mundo. En este marco, se tiene que tener en claro que “los déficits son factores inflacionarios”, y que las políticas de austeridad van en desmedro ya no solo de la salud, sino también “contra la supervivencia misma” de los sectores más pobres.
Coincidiendo con esta posición, García Linera aseguró que muchos Estados van a tener que decidir entre pagar “la deuda (externa) o la vida de las personas”. Pues, como resultado de las medidas que están asumiendo los gobiernos para proteger a la población del COVID-19, se están “cortando cadenas productivas de suministros” y se están suspendiendo muchas actividades. Lo cual va a generar elevadas tasas de “desempleo”, especialmente “en los países del sur”, con lo cual los ingresos para los Estados también se van a reducir, y por tanto no van a tener recursos para enfrenar “el relanzamiento de una economía golpeada”.
Tarea que “los mercados” no van a realizar, pues “la mano invisible de (Adam) Smith no sirve para proteger a las personas”. Y le tocaría a los Estados “enfrentar” y resolver esta crisis. Pero para ello necesitan muchos recursos, para enfrentar la crisis sanitaria, para mitigar los efectos de los hogares sin recursos y de aquellas personas que no reciben un salario, y potenciar la economía. Y en esta coyuntura, según García Linera, resultaría un “crimen” pagar la deuda externa en lugar de atender las necesidades de las personas. De allí la necesidad de renegociar el pago de la deuda externa, contemplando la condenación de un importante porcentaje. Además, se van a necesitar recursos adicionales para asumir los “gigantescos gastos” que van a ser necesarios para “reanudar las cadenas de suministros” y la economía en general si se desea evitar una crisis social de gran envergadura.
Luego La Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo prevé una pérdida de ingresos globales de 2 billones de dólares como consecuencia de esta crisis. Y, por su parte, la Organización Internacional del Trabajo estima que 25 millones de empleos en el mundo están en riesgo. Y sigue la salida de capitales de los países emergentes. Ya está en valor récord: 60.000 millones de dólares en menos de dos meses (Instituto Internacional de Finanzas). Ante tantas dificultades, la condonación de la deuda externa es una acción tan justa como necesaria. Lo mismo ocurrió en otros momentos históricos marcados por grandes catástrofes como guerras, enfermedades y pandemias. Esta es una oportunidad única para evitar que el peso de la deuda sea un escollo aún mayor que añadir al complejo reto de superar este momento social y económico tan crítico.
Uno de los ejemplos más conocidos fue el que se produjo después de que Alemania fuera devastada en la Segunda Guerra Mundial. En la Conferencia de Londres de 1953 se acordó perdonar cantidades sustanciales de su deuda. No fue la única vez que esto se llevó a cabo a lo largo de nuestra historia más reciente. Hay un sinfín de casos en los que la deuda externa fue perdonada.
Nadie puede dudar de que este es un momento oportuno para hacerlo si se quiere afrontar con éxito esta situación tan difícil. No podemos exigir a los países que hagan políticas efectivas en materia de salud pública para afrontar la actual pandemia y, al mismo tiempo, pretender que sigan cumpliendo con sus obligaciones de deuda; no podemos exigirles que implementen políticas económicas que compensen los daños de esta catástrofe a la par que deben seguir pagando a sus acreedores. Es absolutamente incompatible hacer efectivo un plan de reestructuración económica en el futuro próximo con los actuales niveles de endeudamiento externo (en promedio, supone el 43,2% del PIB en América Latina).
Tal como se hiciera con la resolución aprobada el 10 de septiembre de 2015 sobre los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana, ahora debemos dar un nuevo paso y, por eso, desde CELAG solicitamos a las Naciones Unidas que a la mayor urgencia convoque a la Asamblea General para discutir una resolución que proporcione el marco legal internacional para llevar a cabo esta estrategia efectiva de condonación de la deuda externa de América Latina y fomentar el proceso de reestructuración (con mora de dos años) con los acreedores privados.
También instamos al resto de organizaciones internacionales a que se sumen a esta iniciativa de solicitud de la condonación de la deuda.
Invitamos a centros de pensamiento, universidades, instituciones religiosas, sindicatos, patronales y gobiernos a que se unan a este pedido.
No sólo es una cuestión de solidaridad, sino también de eficiencia.