Economía

miércoles 3 jun 2020 | Actualizado a 19:32

YPFB logra acuerdos para mantener el normal trabajo en dos proyectos petroleros

Las poblaciones de esas áreas temen contagios por el coronavirus y se opusieron a que los trabajadores petroleros llegaran a Caraparí.

/ 8 de abril de 2020 / 14:04

YPFB logró acuerdos con poblaciones que se encuentran en el área de influencia de los proyectos Ñancahuzú y San Alberto para que ambos continúen con su trabajo de manera normal en medio de la emergencia sanitaria.

La primera negociación se efectuó el 4 de abril con autoridades de la Segunda Sección de la Región autónoma del Gran Chaco, con representantes y representantes de la brasileña Petrobras, lo que permitió el cambio de turno del personal que trabajó por más de 20 días en la planta procesadora de gas San Alberto.

Este personal de relevo debía ingresar a fines de marzo a ese complejo gasífero, pero fue interceptado por una comisión de autoridades, dirigentes y comunarios, quienes por la susceptibilidad que causa el COVID-19 se opusieron a que los trabajadores petroleros llegaran a Caraparí.

El acuerdo permitió que el nuevo personal de turno de la empresa operadora pueda realizar su trabajo luego de pasar por un control riguroso y el protocolo establecido para evitar posibles contagios.  “Al ingresar al municipio de Caraparí deberán completar la cuarentena en los predios de la Planta de San Alberto con el respectivo control de las autoridades de salud”, indicó el vicepresidente de Administración Contratos y Fiscalización de YPFB, Gerardo Gareca.

La segunda negociación se realizó este miércoles. Participaron delegados de la Gobernación cruceña y del Municipio de Lagunillas, lo que también permitió el relevo del personal de la francesa Total  E&P que trabaja en la planta y el pozo exploratorio Ñancahuazú X1.

En la reunión se aprobó un protocolo que verifique que los trabajadores que ingresan a esa área petrolera no presenten síntomas del coronavirus. El personal recibió además como dotación insumos de bioseguridad que minimizan posibles contagios del coronavirus, que afecta con más fuerza a la región oriental del país.

“Las actividades de exploración y explotación en el departamento de Santa Cruz y las regiones productoras del resto del país, se desarrollan con relativa normalidad, al igual que en los otros eslabones de la cadena productiva del sector hidrocarburos”, informó la estatal petrolera.

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Tratamiento del proyecto de crédito del FMI se aplaza por falta de documentos que debía enviar el Gobierno

La Comisión de Planificación lamentó que el Ejecutivo solo haya enviado un proyecto de ley que consta de cinco hojas en la que no se explica las condiciones del contrato que se pretende obtener del organismo internacional.

/ 3 de junio de 2020 / 19:20

La sede de FMI en Washington, EEUU . Foto: AFP

La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados postergó sin fecha el tratamiento del proyecto de crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) por $us 327 millones, solicitado por el Gobierno, debido a que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no entregó la documentación informativa de las condiciones y cláusulas que establecería el préstamo del organismo internacional.

“Se ha aplazado la sesión hasta que traigan la documentación, personalmente se le ha dicho al ministro (José Luis) Parada, él se ha disculpado, pero nos tiene que explicar el proyecto de ley, las condiciones del contrato de crédito, especificaciones financieras, el tiempo, si hay años de gracia, si hay intereses, a partir de cuándo corre, cuánto por ciento es el interés, plazos de la deuda”, explicó la diputada Otilia Choque, presidente de la comisión legisladora.

Lamentó que el Ejecutivo solo haya enviado un proyecto de ley que consta de cinco hojas en la que no se explica las condiciones del contrato que se pretende obtener del FMI.

Choque explicó que el proyecto de crédito establece un préstamo de 240,1 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) que representan unos $us 327 millones que otorgaría el Fondo Monetario Internacional. 

Dijo que el 4 de mayo el proyecto de ley fue enviado a la comisión, pero de manera incompleta. El 14 del mismo mes se solicitó la documentación que faltaba, sin embargo, ante la falta de respuesta del Órgano Ejecutivo se volvió a remitir la petición el 20 del mes pasado y tampoco se envió la información requerida.

Ante esa situación, la comisión legisladora convocó para el 2 de junio al ministro del sector, para que complete e informe sobre el proyecto de crédito requerido al FMI. Pese a la insistencia de los legisladores, el ministro Parada tampoco llevó la documentación. La autoridad justificó que no tenía conocimiento de dichas peticiones, por tanto la sesión de ese tratamiento fue postergado sin fecha.

El 18 de abril de este año, el organismo internacional aprobó la solicitud de asistencia financiera de emergencia del Estado boliviano de $us  327 millones bajo el Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) para enfrentar la pandemia del coronavirus.

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Caboco exige al Gobierno central y gobiernos subnacionales pagar deuda acumulada de Bs 2.000 MM

Por la falta de pago de sus planillas y el incumplimiento de los acuerdos con las autoridades nacionales se ven imposibilitados de continuar con la ejecución de obras.

/ 3 de junio de 2020 / 19:12

Imagen ilustrativa

La directiva de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), a través de una asamblea, determinó exigir al Gobierno nacional y a los gobiernos subnacionales (municipios y gobernaciones) cumplir con el pago de la deuda al sector de la construcción, monto que asciende a aproximadamente Bs 2.000 millones (MM).

“El Directorio de la Cámara Boliviana de la Construcción  (CABOCO) lamenta que en más de 7 meses de gestión, el Gobierno nacional no ha tenido el interés de apoyar al mejoramiento y estabilización del sector de la construcción (…) La deuda aproximada por parte del Gobierno nacional y los Gobiernos subnacionales es aproximadamente de 2 mil millones de bolivianos”, señala el comunicado de prensa de Caboco.

El sector de la construcción se consideró vulnerado en sus derechos y acosado por sus contratantes por medio de los supervisores que exigen el reinicio de obras. No obstante, por la falta de pago de sus planillas y el incumplimiento de los acuerdos con las autoridades se ven imposibilitados de continuar con la ejecución de las obras.

Caboco lamentó que en más de siete meses de gestión, el Gobierno no tenga el interés de apoyar al mejoramiento y estabilización del sector de la construcción, además que podría derivar en el incremento del desempleo de los trabajadores ya que quedarían sin fuentes de empleo por la falta de recursos económicos para cancelar sus salarios.

El Directorio de Caboco analiza sugerir al empresariado privado nacional constructor a que revisen “las cláusulas de sus contratos que se refieran a respaldos por paralización de obras, recisiones posibles de contratos o en su defecto pedir a los diferentes contratantes puedan emitir la certificación presupuestaria necesaria a los diferentes contratistas de la existencia y compromiso de pago del total de los contratos en ejecución, por las condiciones actuales que se atraviesan”.

Las Cámaras  Departamentales de la Construcción de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Pando, Oruro, Beni y Potosí se encuentran preocupadas por la falta de respuesta e importancia del Gobierno pese a que se dio un informe en detalle al viceministro de Inversión Pública, Gonzalo Quiroga, de las deudas por departamento.

“Se comprometieron a reunirse con el sector para dar el planteamiento y salida a la crisis que viven los empresarios ya que se tendría un total de Bs 6.600 millones en cuentas para ser transferidos a las distintas ETA (Entidades Territoriales Autónomas), y se puedan honrar los pagos de proyectos en ejecución y proyectos ya concluidos (que ya están siendo utilizados) con acta de entrega definitiva de los cuales ni siquiera permiten liberar las garantías, otro aspecto que pone en mayor riesgo la estabilidad de las empresas”.

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Diputados determina interpelar a Ministro de Economía por incumplir diferimiento de créditos

La diputada Otilia Choque recordó que el Órgano Ejecutivo solo tiene que hacer cumplir la Ley 1294 y no interpretar a su “antojo” la norma para beneficiar a ciertos sectores como la banca.

/ 3 de junio de 2020 / 18:44

El ministro de Economía José Luis Parada. crédito: comunica.org.bo

La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados determinó el martes interpelar al ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada, por no cumplir la Ley 1294, “Ley excepcional de diferimiento de pagos de créditos y reducción temporal del pago de servicios básicos”, y por no responder a la Petición de Informe Escrito (PIE) enviada el 7 de mayo.

“Al ver que no nos han respondido, incumpliendo funciones a lo que establece la Ley 1294, además que no han respondido la conminatoria, la comisión en pleno por unanimidad ha decidido la interpelación al Ministro de Economía”, informó a La Razón la diputada y presidenta de la Comisión de Planificación, Otilia Choque.

Explicó que tras la aprobación para la interpelación de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Ministerio de Economía, esa determinación se remitió a la presidencia de la Cámara de Diputados para que establezca la fecha en la cual deberá ser aprobada por la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Recordó que el Órgano Ejecutivo solo tiene que hacer cumplir la ley y no interpretar a su “antojo” para beneficiar a ciertos sectores como la banca. Ante esa situación, Choque dijo que como comisión legisladora se trabaja en una normativa para “interpretar la ley” y establecer “cuál  es el sentido y la visión de la norma porque están desinformando a la población”. “Claramente la ley dice (que los prestatarios deben pagar sus créditos) seis meses después de levantada la emergencia sanitaria y si se cuenta desde fines de mayo se empezaría a pagar desde diciembre”.

El artículo 1 de la Ley 1294 establece que las entidades financieras deben realizar el diferimiento automático del pago de las amortizaciones de crédito a capital e intereses, y otro tipo de gravámenes del sistema crediticio nacional por el tiempo que dure la declaratoria de emergencia nacional por la pandemia del coronavirus y otorgando un lapso máximo de hasta seis meses posteriores al levantamiento de la declaración de emergencia.

Ayer, el ministro Parada ratificó que el Gobierno en el marco del cumplimiento de la Ley 1294 estableció seis meses de diferimiento a partir de marzo por lo que a partir de junio aquellos prestatarios que son asalariados del sector público como privado deben iniciar sus pagos y a partir de septiembre aquellos que no sean asalariados y tengan deudas igual o menor al millón de bolivianos.

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En mayo se registra una inflación negativa de 0,02% y la acumulada en cinco meses llega a 0,42%

Los productos que registraron la mayor incidencia porcentual negativa en mayo son tomate, carne de pollo, plátano, zanahoria, papa y detergente para lavar ropa.

/ 3 de junio de 2020 / 18:37

Venta de productos de la canasta familiar.

Por Miguel Lazcano

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el quinto mes del año ha experimentado una variación negativa de 0,02% respecto a abril, mientras que la inflación acumulada entre enero y mayo se sitúa en 0,42%, según el último reporte publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su sitio de internet.

La variación negativa de 0,02% se explica especialmente por el decremento de los precios en las divisiones: Alimentos y Bebidas No Alcohólicas 0,94%, Recreación y Cultura 0,04% y, Alimentos y Bebidas Consumidos Fuera del Hogar 0,01%.

Los productos que registraron la mayor incidencia porcentual negativa en mayo son tomate, carne de pollo, plátano, zanahoria, papa y detergente para lavar ropa. El descenso señalado da cuenta de un ajuste parcial respecto a sus niveles históricos.

En el caso de la carne de pollo, por ejemplo, cada kilogramo era comercializado en los centros de abasto de las ciudades de La Paz y El Alto entre Bs 7 y Bs 8, muy por debajo de su costo de producción. Es previsible que, en junio, el precio de este alimento incida en la tasa de inflación ya que en los primeros días de junio su costo ha subido y se sitúa en torno a los Bs 14 y Bs 14,50 por kilogramo al consumidor final.

Por otra parte, los productos que presentaron mayor incidencia positiva son huevos, haba verde, cemento gris portland, lavandina, arveja verde y medicamentos para la presión arterial (antihipertensivos).

Las ciudades y conurbaciones que registraron un decremento de precios son Conurbación La Paz, Potosí, Región Metropolitana Kanata y Tarija. Los centros urbanos donde hubo una incidencia positiva en el IPC son Conurbación Santa Cruz, Oruro, Sucre, Trinidad y Cobija, en ese orden.

El IPC  es un indicador que mide la variación mensual de los precios de un conjunto de bienes y servicios, representativos del gasto que realizan los hogares.

El IPC con base 2016 sustenta su estructura en una canasta representativa del conjunto de bienes y servicios que consumen los hogares, y su alcance comprende a seis ciudades capitales del país (Sucre, Oruro, Potosí, Tarija, Trinidad y Cobija) y tres conurbaciones: Conurbación La Paz (Nuestra Señora de La Paz, El Alto, Viacha y Achocalla), Región Metropolitana Kanata (Cercado, Quillacollo, Sacaba, Colcapirhua, Tiquipaya, Sipe Sipe y Vinto) y Conurbación Santa Cruz (Santa Cruz de la Sierra, La Guardia, Cotoca y Warnes).

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Fernández dice que las regiones tienen dinero y Amdecruz la fustiga y califica como ‘ministra masista’

“Es clarísimo, hay dinero”, dijo la ministra Isabel Fernández tras cuestionar la baja ejecución en las alcaldías. El presidente de Amdecruz dice que sus afiliados necesitan efectivo y no un presupuesto consignado en papeles.

/ 3 de junio de 2020 / 18:35

El alcalde Salces y la ministra Fernández.

l Gobierno ha salido nuevamente al frente de las protestas con las cuales los municipios reclaman presupuesto para la lucha contra el COVID-19. La ministra de Comunicación, Isabel  Fernández, criticó la baja ejecución presupuestaria y dijo que las gobernaciones y los municipios tienen el suficiente dinero para afrontar la crisis sanitaria tras vincular las movilizaciones con el MAS.

Munida de cuadros estadísticos, detalló que las gobernaciones tienen Bs 8.317 millones y su ejecución, al 22 de mayo, es del 21%. Mientras que los municipios, según la autoridad, disponen de Bs 18.237 millones y su ejecución en el mismo periodo “no llega al 18%”.

“Es clarísimo, hay dinero, si alguien quiere plantear una demanda penal estará en manos del Ministerio Público el determinar qué camino se sigue, pero el dinero lo tienen”, sostuvo.

Remarcó que por efecto de decretos gubernamentales pueden reestructurar sus presupuestos de cara a la pandemia.

En medio de críticas del Gobierno planteadas desde el martes, la Asociación de Municipalidades de Santa Cruz (Amdecruz) cumple este miércoles su segundo día de bloqueos de caminos en demanda de recursos al nivel central de gobierno para afrontar la pandemia y cumplir con sus obligaciones.

Réplica

El alcalde de San Ignacio de Velasco y presidente de Amdecruz, Moisés Salces, con risas de por medio, replicó a Fernández y dijo: “Parece que escuché a una ministra de Evo Morales, se copiaron el discurso de los masistas”.

“Presupuesto, pues, tenemos harto porque es en papeles, en números; nos mandan a que juguemos con presupuestos si lo que no tenemos es efectivo. El Ministro de Finanzas tiene que pasarle unas clases de economía a la ministra para mandarla a mentir al país”, dijo en una entrevista en la red Uno.

Justificó su molestia en el hecho de que el Viceministerio de Autonomías, según contó, envió a Amdecruz una carta para el diálogo y, en contrasentido, Fernández salió en conferencia para “molestar a los alcaldes en lugar de buscar una solución”.

Fin político

Pero también la ministra deslizó que las movilizaciones en contra del Órgano Ejecutivo tiene un carácter político.

En ese marco y exponiendo fotografías, Fernández vinculó al presidente de la Federación de Asociaciones Municipales Bolivia (FAM Bolivia), Álvaro Ruiz, con el gobierno de Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Como ustedes ven, es el señor de la FAM, muy relacionado con el MAS, con el expresidente Evo Morales, que es quien ha estado propiciando todas estas protestas, bloqueos, amenazas de huelgas de hambre en Cochabamba, otras protestas en Tarija, están las fotografías”, dijo.

Diálogo

No obstante, Fernández aseguró que “el Gobierno nacional está siempre dispuesto a dialogar con todas las personas que así lo soliciten y de convocar a dialogar sobre todos estos problemas o sobre cualquier otro conflicto”.

Dijo que la prioridad de la presidenta Jeanine Áñez y de su gabinete es la salud de todos los bolivianos.

Ruiz descartó más temprano en una entrevista en la red Unitel que la movilización tenga un carácter político.

Para sustentar su postura argumentó que el alcalde Salces alienta los reclamos pese a que en su momento respaldó la candidatura de Áñez para las elecciones presidenciales.

Opositor

Salces, a su turno, recordó que siempre fue opositor a Morales, por tanto, en su juicio, el supuesto fin político que tienen las movilizaciones no tiene sustento.

En ese escenario desafió a las autoridades gubernamentales a un debate sobre la gestión de los recursos de los gobiernos subnacionales.

¿Cuál es el derrotero del conflicto? Salces anticipó que harán una evaluación con sus afiliados, pero prevé que se abrirá un periodo para el reabastecimiento para luego instalar un bloqueo indefinido. (03/06/2020)

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