La Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) dio a conocer su propuesta para evitar el colapso del aparato productivo ante la paralización de actividades debido al brote del COVID-19. El sector pide un crédito de Bs 7 mil millones para salvar, en estos meses, al sector de la construcción y así evitar un colapso económico.
“Con estas medidas inyectamos liquidez a las empresas para que honren sus compromisos hasta el mes de marzo y tengan un remanente de liquidez para enfrentar el periodo que viene”, se lee en el documento que hizo público Cadecocruz este lunes.
La propuesta está dirigida al Gobierno y consta de cuatro puntos, además del crédito ya citado, el cual tendría una tasa de interés de 1% con cinco años de plazo y uno de gracia. La segunda es que las administraciones públicas de los tres niveles de gobierno cancelen todas las deudas que tienen con las empresas constructoras por adquisición de bienes y servicios hasta fines de abril. El monto asciende a $us 5.000 millones.
El tercer punto es postergar la presentación del pago de impuestos nacionales, departamentales y municipales hasta octubre de 2020. Por último, limitar el incremento salarial de 2020.
“Tuvimos una reunión con nuestro centro de estudios económicos y conseguimos información pública del Ministerio de Economía y se hizo un análisis de las medidas que se hicieron ese momento hacia nuestra ciudadanía y empresas. Las medidas de apoyo no llegan ni al 0,19% del PIB y no es que queremos que nos regalen plata”, explicó a La Razón el gerente de Cadecocruz, Javier Arze.
Según esta entidad, 17 sectores son los eslabones de la cadena de la construcción, que van desde el dueño de una constructora hasta la señora que vende almuerzos fuera de una obra. Otros datos interesantes son que más del 92% del empresariado de la construcción es pequeño y mediano y el principal cliente es el Estado. “No nos pagaban planillas desde agosto del año pasado. Sumado los conflictos de octubre y noviembre de paralización total más la cuarentena no hay espalda que aguante. 60% del empleo se centra en este sector por lo que sería catastrófico la falta de apoyo y repercutiría en despidos”, agregó Arze.
Las propuestas fueron enviadas a la presidenta Jeanine Añez hace dos semanas. En el documento de esta institución también figura una estrategia de salida de la emergencia sanitaria para poner en marcha el aparato productivo para el segundo semestre de 2020. Entre esos puntos están lanzar un plan de inversiones de emergencia por Bs 10.000 millones para que se ejecuten obras y proyectos en todo el país y así generar fuentes de empleo, continuar con los proyectos de inversión pública que se han paralizado y dar un crédito a gobernaciones y gobiernos municipales de Bs 5.000 millones para que ejecuten obras, entre otros.