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Amestegui: ‘De ser insalvable, la crisis por el coronavirus es la perfecta bandera de fuerza mayor para terminar contratos laborales’

Fotos: La Razón

/ 22 de abril de 2020 / 07:44

El abogado laboralista ve insuficientes las medidas del Gobierno para los empleadores y plantea un diálogo social tripartito para la protección del empleo poscuarentena

Christian Amestegui

“No contagiemos de coronavirus al empleo por inactividad o silencio”. Es el pedido del experimentado abogado laboralista Christian Amestegui, integrante de la Mesa Laboral, quien en esta entrevista con La Razón Digital analiza los problemas económicos que azotan a las empresas por la emergencia sanitaria y la cuarentena total dictadas por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus en el país, que abren un signo de interrogación sobre el futuro de miles de fuentes laborales. Además, cataloga como insuficiente y muy genérico el plan lanzado por el mandato de Jeanine Áñez para que los empleadores puedan hacer frente a este duro panorama, y plantea que se active un diálogo social tripartito, y trabajar en siete niveles, para que la economía salga a flote y se pueda proteger el empleo en la fase poscuarentena.

— ¿Cuál es la situación de las empresas ante la crisis por el coronavirus, tanto en el ámbito económico como laboral?

— En general, las empresas en Bolivia tienen bajas utilidades anuales y, por tanto, una interrupción en su funcionamiento por un prolongado tiempo las pone en situación de grave vulnerabilidad derivando, en una segunda instancia, en su inviabilidad y tener que cerrar para mal de todos los interesados (propietarios, trabajadores, proveedores, clientes, gobierno, etcétera). Por supuesto que las más perjudicadas son las micro y pequeñas empresas ya que no cuentan con elevados capitales o recaudos financieros para crisis o imprevistos. Así, la Confederación Nacional de Medianas y Pequeñas Empresas advirtió que 100.000 unidades productivas cerraron en este tiempo de cuarentena porque ya no pueden sostener su actividad, generando un desempleo de al menos 600.000 personas. En el mismo sentido, la Cámara Nacional de Comercio pronosticó que 2 de cada 10 empresas estén pensando en la posibilidad de cerrar en los próximos tres meses. Ni siquiera saben si se podrá cumplir el sueldo de abril o poder acatar la estabilidad laboral.

Sobre esto se han escuchado insistentes pronunciamientos del Ministro de Trabajo respecto a que no se van a permitir despidos o rebajas salariales. Inclusive se escuchó de proyectos de ley respecto a una inamovilidad retroactiva durante la cuarentena. Queda en la incertidumbre si la autoridad laboral tiene la capacidad de poder analizar con objetividad el conjunto normativo que rige la materia o siquiera poder atender todo el cúmulo de solicitudes de reincorporación que pudiera abarrotar sus oficinas en el ámbito nacional. De antemano ya hay un problema porque la Constitución Política del Estado prohíbe el despido injustificado, entendido como una desvinculación sin causa o forzosa, cuando en la práctica lo que estuviera ocurriendo son despidos por fuerza mayor, regulados claramente en el artículo 379 y siguientes del Código Civil, como parte de las causales de extinción de las obligaciones, los cuales trabajan junto al artículo 339 del mismo código respecto a incumplimiento sin culpa de las obligaciones, en este caso de la obligación del empleador respecto a respetar la estabilidad laboral de sus dependientes. En suma, pandemia, urgencia sanitaria y cuarentena total, entendidos en conjunto como una situación imprevisible, inimputable, incontenible, real y presente se configuran como la perfecta bandera de fuerza mayor que, de ser insalvable, da la permisividad al empleador a terminar los contratos laborales sin desahucio. Todos perdemos.

La Sentencia Constitucional 1088 de 2015 moduló en sentido que si bien la Constitución Política regula dicha garantía de estabilidad, en una sociedad democrática los derechos de una persona no pueden estar en desbalance con los de otra, por lo que cuando ocurre una situación de tal magnitud, se genera permisividad de finalización de la relación laboral dentro de incumplimiento inimputable o sin culpa, aunque el fallo aclara que las obligaciones laborales acumuladas no se pueden dejar de respetar. En específico, la indemnización, el aguinaldo, las vacaciones, entre otros. Esto nos lleva a una segunda faceta del problema: ¿Qué harían los empresarios ante ello?, ¿seguir abriendo a pérdida pospandemia, hasta terminar enterrados en deudas y obligaciones, además de insolventes? ¿Tienen los pequeños, medianos o grandes empleadores el dinero suficiente como para poder pagar esas obligaciones laborales acumuladas?, ¿o dichos empresarios no poseen en la realidad las provisiones sociales debido a que el Decreto Supremo 11478 les permite reinvertir estos fondos en el crecimiento de su negocio y, por tanto, por la misma palabra “inversión” puede ser que éstos reditúen o no, o que no sean exigibles o realizables al momento de la ocurrencia de la situación que estamos atravesando? Otra vez un limbo porque pueden por ley despedir pero no tienen con qué pagar. Del otro lado, la gente tiene que seguir comiendo y manteniendo a sus familias sin poder salir a buscar trabajo. Un desesperante laberinto para las dos partes.

Respecto a ello, el Gobierno ha ido lanzando algunas medidas económicas. Así, las medidas del Decreto Supremo 4216 articulando un Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo y a la Estabilidad Laboral y un Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Uno de ellos otorga préstamo a cinco años plazo con uno de gracia sujeto a reglamentación, mientras que el otro, más concretamente, otorga un crédito vía sistema financiero que permita al empleador prestatario conseguir dinero fresco para pagar en un mes hasta el monto de dos salarios mínimos nacionales por hasta dos periodos mensuales.

— ¿Cómo evalúa usted estas salidas?

— El problema es que se trata de préstamos.  Regulan, por ejemplo, que lo máximo que se puede pagar por trabajador es dos salarios mínimos nacionales. Y qué pasaría cuando los sueldos superan los dos salarios mínimos nacionales, o sea son de Bs 5.000, 6.000, 7.000, 8.000… Un ejemplo típico de altos sueldos se da en el sector minero, donde el promedio salarial ronda los Bs 17.000 o 18.000 y, paralelamente, la empresa está totalmente paralizada por la crisis epidemiológica y consiguiente cuarentena, impidiéndole producir, exportar, importar, comprar o vender y por tanto generar riqueza, etcétera. ¿A ver, imagine darle a la gente Bs 4.000 con este rescate estatal, cuando simultáneamente el Gobierno anda diciendo que es prohibido bajar sueldos? No se verifica plena coherencia entre el discurso económico, el político y el discurso laboral.

Entonces el rescate parece poca cosa, honestamente, porque te prestan dinero para pagar sueldos, tal vez incompletos, para un par de meses cuando los efectos de una crisis global pueden ser devastadores, especialmente para el sector turismo, servicios hoteleros y de alimentación, servicios inmobiliarios, casas periodísticas, sin siquiera mencionar a los informales que viven día por día. En otros países, los gobiernos están liberando dinero para apoyar a que la producción no se desconecte de los mercados que emerjan y de las obligaciones laborales, asegurando evitar despidos tempranos por desesperación a un sombrío futuro inmediato.

En este escenario, lo mas apropiado sería activar el dialogo tripartito, obligatorio en Bolivia por convenios ratificados sobre el tema con la Organización Internacional del Trabajo, para resolver esta clase de situaciones donde se están jugando los intereses y el futuro de trabajadores y sus familias, y de emprendedores empresarios y sus esfuerzos, sueños, ilusiones y capital. Todos perdemos, incluyendo las arcas estatales receptoras de los impuestos, junto al sistema de seguridad social que colecta aportes. No hay que desconocer que el tripartismo ha estado alejado totalmente los últimos 14 años porque como política estatal solo se ha escuchado a una parte, los trabajadores; sin embargo, nada impide desempolvarlo ahora. 

Concordantemente, el presente problema de probable desempleo masivo debería ser analizado por lo menos en siete niveles y no con un genérico plan de emergencia y apoyo al empleo: a) microempresarios y empresas familiares; b) emprendimientos unipersonales, entre los cuales están, por ejemplo, profesionales independientes como abogados, contadores, sastres o peluqueros; c) pequeñas y medianas empresas en cualquier rubro, sobre todo servicios; d) fabriles y productores de bienes; e) constructoras (que consumen vasta mano de obra, no necesariamente formal, y cuya gama incluye variedad de tamaños llegando hasta la gran empresa constructora); f) servicios de alimentación y hospitalidad, incluyendo hoteles, hostales, pensiones y restaurantes que son los más golpeados, y que ni siquiera saben si van a tener clientes por meses a futuro y que por la incertidumbre son los que probablemente han hecho más despidos; y g) la industria de la diversión y entretenimiento como cines, teatros, museos o eventos deportivos en vivo que no tienen en el corto plazo oportunidades de levantarse, obligándoles a su cierre. Con esta rápida categorización se puede ver que el accionar unilateral de rescate estatal es parcialmente útil pero muy vacío, mal llevando hacia una forzada garantía de estabilidad laboral como objetivo que no se podrá cumplir. La Cainco (Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz) calcula que se requiere una inyección bien ejecutada de $us 8.000 millones para enfrentar adecuadamente la situación.

Considero que debemos llegar a un punto donde el Gobierno tenga que inmediatamente sentarse con los sectores y preguntar por rubro sobre sus problemas y preocupaciones para hallar soluciones individualizadas. Se trata de una mesa tripartita donde el que puede disponer de recursos y tiene la obligación de velar por la economía nacional y por el empleo reúna a trabajadores mediante sus federaciones o confederaciones como la Central Obrera Boliviana (COB) y, por el otro lado, a los empleadores mediante sus cámaras, asociaciones y representaciones. Luego canalizar recursos para otros sin representación, que pueden ser la vasta mayoría indocumentada de actores económicos informales.

– ¿Por qué creo que no viene ocurriendo todo esto?

– Si vemos estadísticas, una pequeña parte de la población tiene trabajo asalariado fijo en el sector privado. Se trata de un aproximado de 18 a 20% de la población nacional. Se habla de otro 20% compuesto por funcionarios públicos y conexos, y un restante 60% en calidad de informales, comerciantes, campesinos y otros actores que no tienen una matrícula de comercio, número tributario o exención respectiva, aportes de jubilación o documentos que le den una mínima formalidad a la actividad que desarrollan, poniéndoles en una ficticia invisibilidad que también se refleja en el mencionado plan de emergencia y apoyo al empleo gubernamental. Aquel 20% de empleados asalariados parece pequeño en relación al universo, mirada que —si fuera el caso— ignora su aporte impositivo, especialmente el Impuesto a las Utilidades de las Empresas. De manera contraria, si se invitara a este grupo a entablar un diálogo social, se podría emitir los complementos o reglamentaciones al Decreto Supremo 4216, para bien del sistema en su conjunto. Me da la impresión que la solución para por este canal.

— Esa es la salida que propone: tripartismo y medidas sectoriales…

— En el ámbito laboral el diálogo social y el tripartismo se fundamentan en el presupuesto de que las decisiones relacionadas con políticas económicas y sociales deben atender los intereses y puntos de vista de sus principales actores económicos: el Estado nacional mediante el respectivo gobierno de turno, los trabajadores y los empleadores de un país. Estudios encaminados por la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) han mostrado que los países que cuentan con instituciones de diálogo social efectivas y sólidamente establecidas lidian mejor con crisis económicas, sociales y políticas. El caso presente es la mejor prueba de fuego para que ello se verifique localmente. Se buscaría generar dinámicas sociales que fortalezcan la resiliencia poscuarentena, sin olvidar que todavía hay un virus suelto en la calle que nos puede traer sorpresas, pero que de ésta o salimos todos o nadie sale.

Contrariamente, sesgos gubernamentales pro una de las partes, como ha venido ocurriendo los últimos 14 años en el país, cultivan la informalidad, el desempleo, la poca resiliencia, la desprotección social, la disminución de la renta nacional, la caída del trabajo decente, las desigualdades económicas, sociales y de género. Se deja el mercado laboral a la deriva porque el que no ha sido escuchado buscará la protección directa o indirecta de sus intereses, formal o informalmente. Nuestro país ya tiene un mal antecedente sobre el tema porque la Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo reclamó hace un par de años sobre la ausencia de mecanismos de fijación tripartita del salario mínimo nacional en Bolivia, en desobediencia al ratificado Convenio 131 sobre el tema. Pocos países tienen un extremadamente viciado sistema nacional respecto a un tema tan delicado.

El Gobierno, mediante el Ministerio de Trabajo, debería organizar las mesas mencionadas, asegurar la amplia participación y las garantías de un diálogo eficaz, constructivo y pacífico, antes que la pandemia termine contagiando al empleo y/o aparezca la aplanadora ministerial fotocopiando masivamente órdenes de reincorporaciones contra empresas que ya no existen, son insostenibles o interrumpieron su funcionamiento. El socialismo se acaba el día que el dinero ajeno se acaba y se pueden imponer cuantas reinserciones permita el papel, pero en la realidad pocos son los casos que terminan en buen puerto dado que empleadores y trabajadores son humanos que primero tienen que convivir cada día en el lugar de la faena.

— ¿En esta mesa tripartita se puede tratar también el tema del incremento salarial?, algo que parece ilusorio en las condiciones actuales…

— Desde 2006, mediante el sorpresivo Decreto Supremo 28700 del 1 de mayo, se aplicaron incrementos generales sin tomar en cuenta la especificidad ya regulada desde 1939 en la Ley General del Trabajo, que indica en su artículo 52 que serán determinados por sectores de la economía y por regiones geográficas del país. Para las autoridades de la época todos crecían en 5%, 12%, etcétera. Por su parte, ya se ha escuchado la petición de la Central Obrera Boliviana, agrupando a todos los sindicatos del país, exigiendo la instalación en los próximos días de la negociación formal sobre el incremento salarial 2020, pidiendo un 10% al haber básico y un 15% al salario mínimo nacional. La respuesta oficial apuntó a que el Gobierno se esforzará por lograr un equilibrio entre intereses sindicales y empresariales en el actual escenario de emergencia nacional, con lo cual podemos entender que hay una buena oportunidad y predisposición gubernamental para el antes mencionado diálogo social tripartito que puede y debe escalar hacia la efectiva y real protección del empleo poscuarentena como algo más urgente, abandonando caprichos de parte y discursos inertes.

Finalmente, el Ministro de Salud indicó que a menos que una vacuna sea hallada, tarde o temprano todos vamos terminar contagiados de coronavirus, siendo que lo que se busca por lo pronto es evitar es que lo hagamos al mismo tiempo, colapsando el sistema de salud. En este contexto, adquiere especial relevancia la contribución empresarial con puestos laborales seguros y estables, pago de impuestos y aportes a la seguridad social, además de sensación de bienestar social ante un desolador panorama global. Si el caballo que tira el coche estatal está ágil, todo se mueve mejor en una relación ganar-ganar. En suma, no contagiemos de coronavirus al empleo por inactividad o silencio.

(22/04/2020)

La Boliviana Ciacruz responde a la pandemia con la digitalización de sus procesos

Carmen Sánchez, subgerente de la empresa de seguros, señaló que este año se busca “transformar” el Team LBC con la incorporación de deportistas con capacidades diferentes.

Carmen Sánchez, subgerente de La Boliviana Ciacruz en el programa de este miércoles. Foto: Álvaro Valero

/ 28 de octubre de 2020 / 15:59

La Boliviana Ciacruz Seguros y Reaseguros vio en la pandemia una oportunidad para automatizar y digitalizar sus procesos; ahora está abocada a sumar deportistas con capacidades diferentes al Team LBC, en el marco de su programa de responsabilidad social, afirmó este miércoles Carmen Sánchez, subgerente de la empresa.

La ejecutiva de la empresa aseguradora fue invitada a El Financiero Empresas, el nuevo programa streaming de La Razón, que está bajo la conducción de Liliana Aguirre.

Sánchez habló sobre el impacto que tuvo la pandemia por COVID-19. Indicó que, en octubre de 2019, a raíz de los conflictos por las anteriores elecciones, la empresa ya había generado un comité de crisis para “trabajar en circunstancias inusuales”, lo que permitió tomar acciones oportunas enfocadas a preservar la salud de sus colaboradores. Aseguró que esta situación, a la vez, provocó la automatización y digitalización de muchos de sus procesos.

También hizo referencia a las acciones de responsabilidad social que desarrolla la empresa y subrayó que éstas nacen de la filosofía que tienen los accionistas y directores.

“Las aseguradoras en Bolivia no tienen una norma ni nada que las obligue a desarrollar o generar programas de responsabilidad social y empresarial. Entonces eso es más meritorio porque La Boliviana Ciacruz ha incursionado en este tipo de programas, obviamente con una visión muy ligada a ayudar, a apoyar a las necesidades”, sostuvo.

El Financiero Empresas de este miércoles

Dijo que el La Boliviana Ciacruz lleva mucho tiempo apoyando a los deportistas bolivianos a través del Team LBC, acciones que tuvieron buenos resultados, principalmente en el ámbito del ráquetbol, en el que jóvenes bolivianos incluso lograron ganar campeonatos mundiales.

Explicó que, a partir de este año, se busca “transformar” el Team LBC, por lo cual hicieron una alianza con Olimpiadas Especiales Bolivia. Detalló que mediante esta unión estratégica se identificó a cuatro deportistas con capacidades diferentes que formarán parte de ese equipo de niños y jóvenes atletas.

“Aparte de apoyar a estos cuatro deportistas, estamos generando acciones para apoyar al programa de Olimpiadas Especiales a través de la dotación de implementos en los centros deportivos donde estas personas entrenan, lo que significa que todos los que entrenan en estos centros van a ser beneficiados con todo el equipamiento”, añadió.

Sánchez destacó que “La Boliviana tiene 75 años en el mercado, y el mantenerse 75 años en un mercado te dice que las cosas las estás haciendo muy bien”, pese a que en Bolivia y a nivel Latinoamérica la cultura del seguro es baja.

(28/10/20)

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Modificar el tipo de cambio podría ocasionar conflictos, pero debe analizarse

“Tu tipo de cambio, si lo mantienes, vas a seguir trayendo dólares caros a Bolivia y sacando dólares baratos”, señaló el analista económico Jimmy Osorio.

Jimmy Osorio, Liliana Aguirre y Marco Ibáñez, en el programa de este miércoles. Foto: Álvaro Valero-La Razón

/ 28 de octubre de 2020 / 14:38

La afectación económica por la pandemia, la pertinencia de modificar el tipo de cambio y los ajustes que debe hacer el nuevo gobierno para retomar la estabilidad fueron los temas de observación en el programa El Financiero Empresas de La Razón, que en su estreno este miércoles tuvo como invitados al analista económico Jimmy Osorio y al periodista Marco Ibáñez

Osorio señaló que, a partir de 2014, la economía se fue contrayendo, pero la pandemia se constituyó en un “ente catalizador” de su decrecimiento. En ese contexto, dijo que el gobierno de Jeanine Áñez no tuvo “la capacidad” de asumir políticas económicas adecuadas.

Indicó que durante el último periodo no hubo disminución del gasto corriente del Estado, el cual asciende al 75% u 80% de todo el presupuesto, a lo que se suma la recesión económica producida por la pandemia, dando como resultado una “economía severamente lesionada”.

Explicó que Bolivia tuvo un periodo de “inflexibilidad monetaria” respecto al tipo de cambio, pero la economía no se mantuvo igual en ese tiempo, por lo cual es recomendable hacer ajustes, aunque no es recomendable hacerlo a corto plazo debido al contexto político y social.

“Tu tipo de cambio, si lo mantienes, vas a seguir trayendo dólares caros a Bolivia y sacando dólares baratos”, remarcó. Sin embargo, advirtió que en este momento no es conveniente realizar modificaciones ya que “tocar temas económicos profundos como el tipo de cambio, la subvención a la gasolina y esas cosas, pueden generar conflictos sociales”.

El Financiero Empresas de este miércoles

Osorio afirmó que ahora el Gobierno central y todas las entidades estatales “deben ajustarse los cinturones”, ya que “no se puede seguir con ese aparato gigantesco estatal y con un gasto corriente que supera el 80%, el 85% de todo el gasto público”.

“Hay que fomentar la inversión extranjera directa, que ha sido pausada durante muchos años, inversión extranjera directa que te va a traer tecnología, te va a traer capitales, te va a generar empleo de manera inmediata”, añadió.

Ibáñez coincidió en que el país está pasando por una situación “crítica”, con recesión y decrecimiento económico, pero dijo que primero se debe “trabajar en el tema social, pacificar”, para luego enfocarse en la restitución de la estabilidad económica.

“Todavía no (se debe) hablar del tema del tipo de cambio, no es prudente”, afirmó. Remarcó que ese es un asunto que debe “tocarse con pinzas”, que sí se debe evaluar, “pero no a corto plazo”.

Apuntó que el sector empresarial viene reclamando “seguridad jurídica” y un “clima de negocios”. Dijo que “la corriente de nacionalización, en algún momento, ha ahuyentado los capitales extranjeros”.

El Financiero Empresas es otra propuesta de “streaming” de La Razón, que se difundirá por las plataformas digitales de La Razón y Extra todos los miércoles, a las 10.00.

(28/10/20)

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Mypes piden al nuevo Gobierno $us 1.500 millones para la reactivación del sector

Los micro y pequeños empresarios no pudieron acceder a las medidas de alivio del régimen transitorio, ahora piden al electo presidente un fondo exclusivo para el sector.

Pequeños productores de prendas de vestir en El Alto. Foto: La Razón-archivo

/ 27 de octubre de 2020 / 14:13

El presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña (Conamype), Néstor Conde, demandó este martes al presidente electo Luis Arce una “inyección exclusiva” de $us 1.500 millones para reactivar la economía de ese sector.

Según evaluación del dirigente, el gremio que representa fue el más afectado por la crisis económica ocasionada por la pandemia del COVID-19 y más aún por que las mypes no pudieron acceder a las medidas aplicadas por la administración de Jeanine Áñez, como el “Crédito 1, 2, 3”, debido a los requisitos.

“Las medidas que ha lanzado el gobierno de transición, ninguna de ellas se ha efectivizado; por ello creemos que es importante la inyección económica de por los menos $us 1.500 millones, lo cual realmente beneficiara a los micro y pequeños empresarios”, dijo Conde a La Razón.

Para ello propuso que se aplique un fondo de fideicomiso o créditos a través del sistema financiero nacional. “Necesitamos créditos por lo menos con un año de gracia y bajos intereses como dan a la gran empresa de 4% a 5% anual, con un plazo mínimo de cinco años. Creemos que una medida así será de mucha ayuda al sector”, sostuvo.

Agregó que la micro y pequeña empresas también requieren la gestión de mercados internacionales para la exportación de sus productos, para lo cual exhortó a las nuevas autoridades, que asumirán sus funciones el 8 de noviembre, la organización “urgente” de ruedas de negocios presenciales o virtuales con potenciales compradores o importadores de países vecinos como Perú y Chile, además de Estados Unidos, Canadá y Europa.

(27/10/2020)

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Hasta 2022, se busca incrementar el consumo per cápita de leche a 91 litros por año

Los lecheros aseguran que tienen la capacidad industrial y productiva para satisfacer el incremento de la demanda nacional.

La ciudadanía aglomerada para comprar leche. Foto: La Razón-archivo

/ 26 de octubre de 2020 / 18:17

Conmemorando el 26 de octubre, que se celebra el Día Nacional de la Leche, los productores del sector se propusieron incentivar e incrementar el consumo de ese producto alimenticio a 91 litros por persona, al año, hasta 2022.

Según el presidente de la Federación Departamental de Productores de Leche de Santa Cruz (Fedeple), Klaus Frerking, en el país solo se consumen 63 litros de ese producto al año, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el consumo de 160 litros.

“La Organización Mundial nos dice que tenemos que llegar a los 160 litros por persona, y vemos que nuestros vecinos, como Brasil, están en 120 (litros), Argentina con 140 y Bolivia ¿por qué tiene que estar con 63?”, cuestionó el ejecutivo.

Frerking afirmó que impulsarán el mayor consumo de leche en el país porque es un alimento integral e indispensable para la salud, cuyos beneficios van más allá de la proteína y del calcio.

“Necesitamos llegar a completar un vaso de leche por día, por persona, lo que va a significar que el año 2022 podemos estar con 91 litros por persona, por año. Así estamos creando una demanda y nosotros, los productores, tenemos toda la capacidad industrial y productiva para satisfacer esa demanda”, aseguró en una entrevista para BTV.

En Bolivia se producen 1,9 millones de litros de leche por día, de los cuales, el 60% corresponde al sector lechero de Santa Cruz, es decir, 1,2 millones de litros.

(26/10/20)

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Laboratorios Vita reporta pérdidas de hasta el 60% de sus ingresos por conflicto sindical

La empresa farmacéutica ingresó en una etapa “crítica” debido a la paralización del 100% de su producción, tras 15 días del paro de brazos caídos que asumieron sus trabajadores.

La planta industrial de Laboratorios Vita en El Alto. Foto: La Razón-archivo

/ 26 de octubre de 2020 / 17:47

Laboratorios Vita ingresó en una etapa “crítica”. El 100% de su producción se encuentra paralizada y las pérdidas económicas ascienden al 60% de sus ingresos, tras 15 días del paro de brazos caídos que asumieron sus trabajadores y la toma de su planta principal.

Según la gerente general de Laboratorios Vita, Magna Cachi, la empresa paralizó su producción y el abastecimiento de medicamentos esenciales para el tratamiento del COVID-19 como sueros, antigripales y otros, debido a un conflicto originado por dos exdirigentes que fueron desvinculados de la empresa tras haber ejercido la representación sindical, durante los últimos cuatro años, sin contar con la declaratoria en comisión del Ministerio de Trabajo y sin el reconocimiento de la Federación de Fabriles.

“Hablando en relación a nuestro presupuesto mensual, estamos en un 60% (de pérdidas) en octubre”, dijo la ejecutiva a La Razón. Precisó que en los próximos dos días su administración deberá encontrar una solución al conflicto porque la situación “crítica” de la empresa pone en riesgo las fuentes laborales de 340 trabajadores.

“Se está buscando entablar las mesas de negociación, pero lo que nos preocupa es la tozudez de estas dos personas que no quieren admitir que son extrabajadores, que no pertenecen a la empresa y se aferran a un cargo sindical que ya no existe”, afirmó.

Cachi indicó que la producción de la empresa se encuentra paralizada y que sus operaciones se han reducido al movimiento de los insumos enviados al interior del país. “Estamos agotando nuestras reservas y en lo que es la planta de La Paz, ya no se ha producido en estas semanas porque ellos (los trabajadores) han tomado la planta y no nos dejan ingresar”, sostuvo.

En septiembre pasado, la empresa farmacéutica desvinculó a Wilson M. y a Edwin A. por abandono de labores, al no presentar la Resolución Ministerial de Declaratoria en Comisión que exige el Artículo 97 del Decreto Supremo Nº 22407, del 11 de enero de 1990.

“Durante cuatro años esperamos pacientemente por ese documento que nunca llegó; sin embargo, de buena fe, continuamos con el pago de sus sueldos”, acotó.

(26/10/20)

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