“No contagiemos de coronavirus al empleo por inactividad o silencio”. Es el pedido del experimentado abogado laboralista Christian Amestegui, integrante de la Mesa Laboral, quien en esta entrevista con La Razón Digital analiza los problemas económicos que azotan a las empresas por la emergencia sanitaria y la cuarentena total dictadas por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus en el país, que abren un signo de interrogación sobre el futuro de miles de fuentes laborales. Además, cataloga como insuficiente y muy genérico el plan lanzado por el mandato de Jeanine Áñez para que los empleadores puedan hacer frente a este duro panorama, y plantea que se active un diálogo social tripartito, y trabajar en siete niveles, para que la economía salga a flote y se pueda proteger el empleo en la fase poscuarentena.

— ¿Cuál es la situación de las empresas ante la crisis por el coronavirus, tanto en el ámbito económico como laboral?

— En general, las empresas en Bolivia tienen bajas utilidades anuales y, por tanto, una interrupción en su funcionamiento por un prolongado tiempo las pone en situación de grave vulnerabilidad derivando, en una segunda instancia, en su inviabilidad y tener que cerrar para mal de todos los interesados (propietarios, trabajadores, proveedores, clientes, gobierno, etcétera). Por supuesto que las más perjudicadas son las micro y pequeñas empresas ya que no cuentan con elevados capitales o recaudos financieros para crisis o imprevistos. Así, la Confederación Nacional de Medianas y Pequeñas Empresas advirtió que 100.000 unidades productivas cerraron en este tiempo de cuarentena porque ya no pueden sostener su actividad, generando un desempleo de al menos 600.000 personas. En el mismo sentido, la Cámara Nacional de Comercio pronosticó que 2 de cada 10 empresas estén pensando en la posibilidad de cerrar en los próximos tres meses. Ni siquiera saben si se podrá cumplir el sueldo de abril o poder acatar la estabilidad laboral.

Sobre esto se han escuchado insistentes pronunciamientos del Ministro de Trabajo respecto a que no se van a permitir despidos o rebajas salariales. Inclusive se escuchó de proyectos de ley respecto a una inamovilidad retroactiva durante la cuarentena. Queda en la incertidumbre si la autoridad laboral tiene la capacidad de poder analizar con objetividad el conjunto normativo que rige la materia o siquiera poder atender todo el cúmulo de solicitudes de reincorporación que pudiera abarrotar sus oficinas en el ámbito nacional. De antemano ya hay un problema porque la Constitución Política del Estado prohíbe el despido injustificado, entendido como una desvinculación sin causa o forzosa, cuando en la práctica lo que estuviera ocurriendo son despidos por fuerza mayor, regulados claramente en el artículo 379 y siguientes del Código Civil, como parte de las causales de extinción de las obligaciones, los cuales trabajan junto al artículo 339 del mismo código respecto a incumplimiento sin culpa de las obligaciones, en este caso de la obligación del empleador respecto a respetar la estabilidad laboral de sus dependientes. En suma, pandemia, urgencia sanitaria y cuarentena total, entendidos en conjunto como una situación imprevisible, inimputable, incontenible, real y presente se configuran como la perfecta bandera de fuerza mayor que, de ser insalvable, da la permisividad al empleador a terminar los contratos laborales sin desahucio. Todos perdemos.

La Sentencia Constitucional 1088 de 2015 moduló en sentido que si bien la Constitución Política regula dicha garantía de estabilidad, en una sociedad democrática los derechos de una persona no pueden estar en desbalance con los de otra, por lo que cuando ocurre una situación de tal magnitud, se genera permisividad de finalización de la relación laboral dentro de incumplimiento inimputable o sin culpa, aunque el fallo aclara que las obligaciones laborales acumuladas no se pueden dejar de respetar. En específico, la indemnización, el aguinaldo, las vacaciones, entre otros. Esto nos lleva a una segunda faceta del problema: ¿Qué harían los empresarios ante ello?, ¿seguir abriendo a pérdida pospandemia, hasta terminar enterrados en deudas y obligaciones, además de insolventes? ¿Tienen los pequeños, medianos o grandes empleadores el dinero suficiente como para poder pagar esas obligaciones laborales acumuladas?, ¿o dichos empresarios no poseen en la realidad las provisiones sociales debido a que el Decreto Supremo 11478 les permite reinvertir estos fondos en el crecimiento de su negocio y, por tanto, por la misma palabra “inversión” puede ser que éstos reditúen o no, o que no sean exigibles o realizables al momento de la ocurrencia de la situación que estamos atravesando? Otra vez un limbo porque pueden por ley despedir pero no tienen con qué pagar. Del otro lado, la gente tiene que seguir comiendo y manteniendo a sus familias sin poder salir a buscar trabajo. Un desesperante laberinto para las dos partes.

Respecto a ello, el Gobierno ha ido lanzando algunas medidas económicas. Así, las medidas del Decreto Supremo 4216 articulando un Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo y a la Estabilidad Laboral y un Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Uno de ellos otorga préstamo a cinco años plazo con uno de gracia sujeto a reglamentación, mientras que el otro, más concretamente, otorga un crédito vía sistema financiero que permita al empleador prestatario conseguir dinero fresco para pagar en un mes hasta el monto de dos salarios mínimos nacionales por hasta dos periodos mensuales.

— ¿Cómo evalúa usted estas salidas?

— El problema es que se trata de préstamos.  Regulan, por ejemplo, que lo máximo que se puede pagar por trabajador es dos salarios mínimos nacionales. Y qué pasaría cuando los sueldos superan los dos salarios mínimos nacionales, o sea son de Bs 5.000, 6.000, 7.000, 8.000… Un ejemplo típico de altos sueldos se da en el sector minero, donde el promedio salarial ronda los Bs 17.000 o 18.000 y, paralelamente, la empresa está totalmente paralizada por la crisis epidemiológica y consiguiente cuarentena, impidiéndole producir, exportar, importar, comprar o vender y por tanto generar riqueza, etcétera. ¿A ver, imagine darle a la gente Bs 4.000 con este rescate estatal, cuando simultáneamente el Gobierno anda diciendo que es prohibido bajar sueldos? No se verifica plena coherencia entre el discurso económico, el político y el discurso laboral.

Entonces el rescate parece poca cosa, honestamente, porque te prestan dinero para pagar sueldos, tal vez incompletos, para un par de meses cuando los efectos de una crisis global pueden ser devastadores, especialmente para el sector turismo, servicios hoteleros y de alimentación, servicios inmobiliarios, casas periodísticas, sin siquiera mencionar a los informales que viven día por día. En otros países, los gobiernos están liberando dinero para apoyar a que la producción no se desconecte de los mercados que emerjan y de las obligaciones laborales, asegurando evitar despidos tempranos por desesperación a un sombrío futuro inmediato.

En este escenario, lo mas apropiado sería activar el dialogo tripartito, obligatorio en Bolivia por convenios ratificados sobre el tema con la Organización Internacional del Trabajo, para resolver esta clase de situaciones donde se están jugando los intereses y el futuro de trabajadores y sus familias, y de emprendedores empresarios y sus esfuerzos, sueños, ilusiones y capital. Todos perdemos, incluyendo las arcas estatales receptoras de los impuestos, junto al sistema de seguridad social que colecta aportes. No hay que desconocer que el tripartismo ha estado alejado totalmente los últimos 14 años porque como política estatal solo se ha escuchado a una parte, los trabajadores; sin embargo, nada impide desempolvarlo ahora. 

Concordantemente, el presente problema de probable desempleo masivo debería ser analizado por lo menos en siete niveles y no con un genérico plan de emergencia y apoyo al empleo: a) microempresarios y empresas familiares; b) emprendimientos unipersonales, entre los cuales están, por ejemplo, profesionales independientes como abogados, contadores, sastres o peluqueros; c) pequeñas y medianas empresas en cualquier rubro, sobre todo servicios; d) fabriles y productores de bienes; e) constructoras (que consumen vasta mano de obra, no necesariamente formal, y cuya gama incluye variedad de tamaños llegando hasta la gran empresa constructora); f) servicios de alimentación y hospitalidad, incluyendo hoteles, hostales, pensiones y restaurantes que son los más golpeados, y que ni siquiera saben si van a tener clientes por meses a futuro y que por la incertidumbre son los que probablemente han hecho más despidos; y g) la industria de la diversión y entretenimiento como cines, teatros, museos o eventos deportivos en vivo que no tienen en el corto plazo oportunidades de levantarse, obligándoles a su cierre. Con esta rápida categorización se puede ver que el accionar unilateral de rescate estatal es parcialmente útil pero muy vacío, mal llevando hacia una forzada garantía de estabilidad laboral como objetivo que no se podrá cumplir. La Cainco (Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz) calcula que se requiere una inyección bien ejecutada de $us 8.000 millones para enfrentar adecuadamente la situación.

Considero que debemos llegar a un punto donde el Gobierno tenga que inmediatamente sentarse con los sectores y preguntar por rubro sobre sus problemas y preocupaciones para hallar soluciones individualizadas. Se trata de una mesa tripartita donde el que puede disponer de recursos y tiene la obligación de velar por la economía nacional y por el empleo reúna a trabajadores mediante sus federaciones o confederaciones como la Central Obrera Boliviana (COB) y, por el otro lado, a los empleadores mediante sus cámaras, asociaciones y representaciones. Luego canalizar recursos para otros sin representación, que pueden ser la vasta mayoría indocumentada de actores económicos informales.

– ¿Por qué creo que no viene ocurriendo todo esto?

– Si vemos estadísticas, una pequeña parte de la población tiene trabajo asalariado fijo en el sector privado. Se trata de un aproximado de 18 a 20% de la población nacional. Se habla de otro 20% compuesto por funcionarios públicos y conexos, y un restante 60% en calidad de informales, comerciantes, campesinos y otros actores que no tienen una matrícula de comercio, número tributario o exención respectiva, aportes de jubilación o documentos que le den una mínima formalidad a la actividad que desarrollan, poniéndoles en una ficticia invisibilidad que también se refleja en el mencionado plan de emergencia y apoyo al empleo gubernamental. Aquel 20% de empleados asalariados parece pequeño en relación al universo, mirada que —si fuera el caso— ignora su aporte impositivo, especialmente el Impuesto a las Utilidades de las Empresas. De manera contraria, si se invitara a este grupo a entablar un diálogo social, se podría emitir los complementos o reglamentaciones al Decreto Supremo 4216, para bien del sistema en su conjunto. Me da la impresión que la solución para por este canal.

— Esa es la salida que propone: tripartismo y medidas sectoriales…

— En el ámbito laboral el diálogo social y el tripartismo se fundamentan en el presupuesto de que las decisiones relacionadas con políticas económicas y sociales deben atender los intereses y puntos de vista de sus principales actores económicos: el Estado nacional mediante el respectivo gobierno de turno, los trabajadores y los empleadores de un país. Estudios encaminados por la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) han mostrado que los países que cuentan con instituciones de diálogo social efectivas y sólidamente establecidas lidian mejor con crisis económicas, sociales y políticas. El caso presente es la mejor prueba de fuego para que ello se verifique localmente. Se buscaría generar dinámicas sociales que fortalezcan la resiliencia poscuarentena, sin olvidar que todavía hay un virus suelto en la calle que nos puede traer sorpresas, pero que de ésta o salimos todos o nadie sale.

Contrariamente, sesgos gubernamentales pro una de las partes, como ha venido ocurriendo los últimos 14 años en el país, cultivan la informalidad, el desempleo, la poca resiliencia, la desprotección social, la disminución de la renta nacional, la caída del trabajo decente, las desigualdades económicas, sociales y de género. Se deja el mercado laboral a la deriva porque el que no ha sido escuchado buscará la protección directa o indirecta de sus intereses, formal o informalmente. Nuestro país ya tiene un mal antecedente sobre el tema porque la Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo reclamó hace un par de años sobre la ausencia de mecanismos de fijación tripartita del salario mínimo nacional en Bolivia, en desobediencia al ratificado Convenio 131 sobre el tema. Pocos países tienen un extremadamente viciado sistema nacional respecto a un tema tan delicado.

El Gobierno, mediante el Ministerio de Trabajo, debería organizar las mesas mencionadas, asegurar la amplia participación y las garantías de un diálogo eficaz, constructivo y pacífico, antes que la pandemia termine contagiando al empleo y/o aparezca la aplanadora ministerial fotocopiando masivamente órdenes de reincorporaciones contra empresas que ya no existen, son insostenibles o interrumpieron su funcionamiento. El socialismo se acaba el día que el dinero ajeno se acaba y se pueden imponer cuantas reinserciones permita el papel, pero en la realidad pocos son los casos que terminan en buen puerto dado que empleadores y trabajadores son humanos que primero tienen que convivir cada día en el lugar de la faena.

— ¿En esta mesa tripartita se puede tratar también el tema del incremento salarial?, algo que parece ilusorio en las condiciones actuales…

— Desde 2006, mediante el sorpresivo Decreto Supremo 28700 del 1 de mayo, se aplicaron incrementos generales sin tomar en cuenta la especificidad ya regulada desde 1939 en la Ley General del Trabajo, que indica en su artículo 52 que serán determinados por sectores de la economía y por regiones geográficas del país. Para las autoridades de la época todos crecían en 5%, 12%, etcétera. Por su parte, ya se ha escuchado la petición de la Central Obrera Boliviana, agrupando a todos los sindicatos del país, exigiendo la instalación en los próximos días de la negociación formal sobre el incremento salarial 2020, pidiendo un 10% al haber básico y un 15% al salario mínimo nacional. La respuesta oficial apuntó a que el Gobierno se esforzará por lograr un equilibrio entre intereses sindicales y empresariales en el actual escenario de emergencia nacional, con lo cual podemos entender que hay una buena oportunidad y predisposición gubernamental para el antes mencionado diálogo social tripartito que puede y debe escalar hacia la efectiva y real protección del empleo poscuarentena como algo más urgente, abandonando caprichos de parte y discursos inertes.

Finalmente, el Ministro de Salud indicó que a menos que una vacuna sea hallada, tarde o temprano todos vamos terminar contagiados de coronavirus, siendo que lo que se busca por lo pronto es evitar es que lo hagamos al mismo tiempo, colapsando el sistema de salud. En este contexto, adquiere especial relevancia la contribución empresarial con puestos laborales seguros y estables, pago de impuestos y aportes a la seguridad social, además de sensación de bienestar social ante un desolador panorama global. Si el caballo que tira el coche estatal está ágil, todo se mueve mejor en una relación ganar-ganar. En suma, no contagiemos de coronavirus al empleo por inactividad o silencio.

(22/04/2020)