A 40 días se amplió el plazo para que el Comité Nacional de Bioseguridad apruebe los “procedimientos abreviados” para avanzar en la incorporación de semillas transgénicas en cultivos de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya. El Gobierno calcula ingresos adicionales de $us 18 millones y más de 300.000 empleos.
En la reunión de gabinete del jueves se aprobó el Decreto Supremo 4238 que extiende ese plazo para evaluar la implementación de las semillas modificadas genéticamente. La ministra de Desa-rrollo Rural, Eliane Capobianco, defendió la decisión de avanzar hacia el uso de las mismas.
Como argumento puso que la población ya consume productos derivados de semillas transgénicas. “Una Coca Cola, una Fanta, quien no ha comido un Snikers, un chicle Clorets, un M&M y las Zucaritas de Kelloggs”, argumentó en una conferencia a la que llevó muestras de esos productos.
EMPLEOS. En la noche, en una entrevista con el canal estatal, habló del impacto económico.
“Podemos generar 300 mil empleos si logramos utilizar la biotecnología en el país, la agroindustria puede generar cerca de 15 millones de dólares adicionales (sic), se incrementaría también, algo que parece raro, pero es importante el servicio de transporte con un impacto de 3 millones de dólares adicionales”, explicó la funcionaria.
La decisión gubernamental es apoyada por organizaciones como la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (Anapo) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). Otras organizaciones ambientalistas como la Fundación Tierra, sectores sociales y políticos cuestionaron la iniciativa.
“Hay un mito en contra de la biotecnología, cuando en realidad la estamos consumiendo todos los días”, cuestionó la ministra Capobianco en el canal estatal.
Entre 2005 y 2015, el uso de biotecnología en la producción de soya permitió al país un ahorro de $us 177 millones en la compra de herbicidas, evitó un desmonte de 230.000 hectáreas, se registró una producción adicional de 4 millones de toneladas del producto y su exportación generó $us 1.700 millones adicionales, de acuerdo con un informe oficial del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF).
La Ministra de Desarrollo Rural recordó que en 2005, en el gobierno del entonces presidente Carlos Mesa Gisbert, se aprobó, mediante una resolución multiministerial, que luego se elevó a decreto supremo, la producción y comercialización de soya transgénica resistente al herbicida glifosato, en lo que fue la primera incursión de los transgénicos en Bolivia.