Economía

martes 2 jun 2020 | Actualizado a 23:24

La Fiscalía cita a director de la Asfi para declarar por instructivo sobre pago de créditos

La presidenta de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, Otilia Choque, presentó la denuncia ante el Ministerio Público

/ 19 de mayo de 2020 / 19:20

Director de la Asfi, Guillermo Romano y el ministro de Economía, José Luis Parada. Foto CCB noticias.

La Fiscalía Departamental de La Paz citó para este jueves al director ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), Guillermo Romano, debido al instructivo que emitió para que los bancos cobren créditos a partir de junio, cuando la ley de diferimiento de pagos fija que se lo haga seis meses después de finalizada la cuarentena.

“A la denuncia que hemos presentado a la Fiscalía ya han destinado (al investigador), el sargento Rómulo Cruz. Nos han convocado para hacer la declaración respectiva sobre el tema de la Ley (1294) que habíamos aprobado en la Comisión y promulgada el 1 de abril por el Ejecutivo. Nos informó también que va a citar al director de la Asfi, señor Guillermo Romano, para el día jueves”, informó a La Razón, la diputada Otilia Choque, presidenta de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.

El lunes 11 de este mes, Choque dijo a este medio que como Comisión presentó al Ministerio Público una denuncia para que investigue al director de la Asfi por incumplir la Ley 1294 de diferimiento de pago de crédito bajo un el Decreto Supremo 4206.

Un día después, el Jefe de la División Corrupción Pública de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Fernando Guarachi, informó que la denuncia fue admitida y que se designaron a los investigadores para llevar adelante las pesquisas.

El 2 de mayo, la Asfi, respaldado en el Decreto 4206, que reglamente la Ley 1294, instruyó a todas las entidades de intermediación Financiera proceder con el diferimiento automático del pago de las cuotas capital, intereses y otro tipo de gravámenes, correspondientes a marzo, abril y mayo. Y aclaró que a partir de junio los pagos se deben efectuar conforme cronograma original de la operación crediticia o bajo las condiciones que hayan podido ser convenidas en los casos correspondientes.

Dos días después, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada, admitió que el Gobierno solo consideró los meses de marzo a mayo para el diferimiento de pago crediticio como establece el Decreto 4206, pese a que la Ley 1294, establece que aquellas personas que tengan deudas bancarias puedan cancelar después de seis meses de levantada la cuarentena.

Informe

La Comisión también pidió a la presidenta Jeanine Áñez modificar el decreto 4206 y que se adecúe a la Ley 1294. Remitió una Petición de Informe Escrito (PIE) al ministro de Economía para que rectifique la normativa. Además, conminó al director de la Asfi  a que revierta la disposición emitida el 2 de mayo. Al no tener respuesta, la asambleísta presentó una denuncia ante el Ministerio Público.

La diputada Choque dijo que la PIE, de cuatro preguntas, enviada al Ministro Parada el 7 de este mes debe ser respondida hasta este jueves, caso contrario se emitirá una conminatoria para que responda el cuestionario, en el que se pide que explique por qué el Decreto 4206 está por encima de la Ley 1294. De no encontrar una respuesta, se pedirá a la presidencia de la Cámara de Diputados interpelación a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de Economía.

Un fallo judicial instruyó revertir el instructivo de la Asfi y adecuar futuras directrices a la ley que fija que el pago de créditos debe darse seis meses después de levantada la cuarentena que rige desde marzo con la paralización de las actividades productivas y de servicio.

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En Santa Cruz cierran filas por más recursos; Gobierno les responde que tienen Bs 700 MM

/ 2 de junio de 2020 / 21:45

Un punto de bloqueo en Concepción.

En Santa Cruz se cierran filas en demanda de mayor asignación de recursos económicos. En los municipios cruceños se entra al segundo día de bloqueo de caminos, la Gobernación demandó aprobar la ley para acceder a recursos del impuesto a los hidrocarburos y el Comité Cívico de esa región acusó a la presidenta Jeanine Áñez de “lavarse las manos” en esta coyuntura.

Desde el Gobierno se respondió que los municipios cruceños tienen Bs 700 millones en caja y bancos, por lo que negó que no tengan recursos económicos para enfrentar las necesidades emergentes de la emergencia por el coronavirus. El ministro de Economía, José Luis Parada, reclamó que solo ejecutaron el 18% de la inversión.

La madrugada de este martes empezó un bloqueo que acabó incomunicando al departamento cruceño, que es uno de los más golpeados por casos de coronavirus. Los gobiernos ediles dicen que tienen iliquidez y dificultades para enfrentar la pandemia, luego que el Gobierno dejó a los subgobiernos definir el nivel de flexibilización de cuarentena y las acciones que implique.

La Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) encaró la medida de protesta. En medio de la protesta, el secretario General de la Gobernación, Vladimir Peña, informó que pidieron al Legislativo aprobar la ley que restituye a los subgobiernos el 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Durante la gestión de Evo Morales se destinó ese porcentaje a tareas de exploración hidrocarburífera, y ahora se debate en el Legislativo restituirlo para que los municipios y gobernaciones puedan contar con recursos para enfrentar los desafíos derivados de la pandemia.

Ya en la noche de este martes, el Comité Cívico Pro Santa Cruz se sumó a la presión. Acusó a Áñez de “lavarse las manos” al dejar a los municipios y gobernaciones la responsabilidad de luchar contra el coronavirus sin recursos. Además cuestionó la transparencia en el manejo de la cooperación internacional.

“Tan irresponsable y delictiva como usufructuar bienes y recursos del Estado, es la conducta de los asambleístas que están más preocupados en su interés político partidario electoralista que en aprobar leyes que ayude efectivamente al combate de la pandemia, como la restitución del 12% del IDH a las gobernaciones y municipios”, establece parte del pronunciamiento cívico.

Además exigen a los legisladores renunciar a sus salarios para apoyar al sector salud y a quienes padecen hambre, además de dejar de obstruir el tratamiento de normas como la de reposición del 12%. De no ser así, invitó a los legisladores a dar un paso al costado.

Parada aseguró que los municipios cruceños tienen Bs 700 millones en caja y bancos y una baja ejecución presupuestaria, de Bs 1.070 millones del total del presupuesto vigente de Bs 5.918 millones.
«Creo que (los municipios) teniendo la plata lo único que hacen es perjudicar a la población cruceña», lamentó, según la agencia estatal ABI.

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Aprehenden a tres funcionarias de YPFB por denuncia de contratos irregulares de seguros

La Encargada de Contratos, la Gerente Jurídica y la Jefa de Unidad Legal de YPFB fueron aprehendidas. Serán pasadas a una audiencia cautelar

/ 2 de junio de 2020 / 15:59

Efectivos policiales secuestraron cajas con documentación de YPFB. Foto: APG

Tres funcionarias de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fueron aprehendidas por la Fiscalía, como resultado de la investigación por denuncias de irregularidades en el proceso de contratación de millonarios seguros.

Se trata de la Encargada de Contratos, la Gerente Jurídica y de la Jefa de Unidad Legal de YPFB. Fueron trasladadas entre el lunes y la mañana de este martes al Ministerio Público para que brinden su declaración informativa.

El coordinador de la Fiscalía Departamental de La Paz, Sergio Bustillos, informó que la aprehensión de las tres funcionarias se debe a la presunta participación en el proceso de contratación de los seguros.

Se investiga presuntas irregularidades en el proceso de contratación directa de una póliza de seguros a la empresa Credinform por más de Bs 49 millones. El expresidente de la estatal petrolera Herland Soliz aclaró que no hubo ninguna contratación.

Bustillos informó que existen otros investigados y que serán convocados en los próximos días.

En medio de esas presuntas irregularidades fue destituido Soliz y en su lugar fue posesionado Richard Botello.

Se aguarda que en las próximas horas se pueda definir, en audiencia de medidas cautelares, la situación jurídica de las funcionarias aprehendidas. (02/06/2020)

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Municipios cruceños bloquean carreteras; el Gobierno culpa al MAS por la falta de recursos

Varios municipios de Santa Cruz amanecieron con sus carreteras bloqueadas. Sus autoridades exigen la asignación de recursos para hacer frente a la pandemia.

/ 2 de junio de 2020 / 09:59

El viceministro de Tesoro y Crédito Público, Carlos Schlink, deslindó este martes la responsabilidad del Gobierno por el déficit de recursos en los gobiernos regionales para hacer frente al COVID-19.

Por el contrario, acusó a la Asamblea Legislativa Plurinacional, dominada por la mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS), de paralizar media docena de normas que buscan precisamente paliar esa situación.

Horas antes, la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) amenazó con instalar un bloqueo de carreteras en todo el departamento para reclamar precisamente la asignación de recursos para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

Bloqueos

La advertencia se cumplió. La red Unitel reportó la madrugada de este martes sobre los primeros puntos de bloqueo en la ruta Santa Cruz-La Guardia.

Después se conoció de otros puntos de bloqueo en los municipios de San Javier, San Ignacio, Roboré, El Torno y Cotoca. Asimismo, hay reportes de vehículos parados en Santa Marta y Angostura y otros puntos del valle cruceño.

El lunes, la Asociación de Municipios de Cochabamba (Amdeco) advirtió con una huelga de hambre que prevé iniciar el próximo lunes 8.

La Federación de Asociaciones de Municipales de Bolivia (FAM Bolivia), que respaldó ese tipo de pedidos, negó un trasfondo político y puntualizó que hasta los “aliados” de la presidenta Jeanine Áñez se han sumado al reclamo.

La molestia se ha profundizado luego de que el Gobierno decidiera entregar la responsabilidad de la lucha contra el COVID-19 a los gobiernos regionales en el marco de la “cuarentena dinámica”.

Schlink explicó que los efectos de la pandemia del coronavirus que provocaron la paralización de la economía también han derivado en la paralización de las recaudaciones de tributos.

Explicó que recién, la semana pasada, se pudo cobrar el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) a las firmas catalogadas como Grandes Contribuyentes (Graco) y Principales Contribuyentes (Prico).

“Entonces, recientemente se empezaron a reactivar los desembolsos de los recursos de coparticipación tributaria que se realizan de manera automática (…), no son desembolsos que el Gobierno central realiza discrecionalmente sino que se realizan de manera automática a medida que se van recaudando todos los recursos por impuestos a nivel nacional”, argumentó.

En ese marco, un segundo elemento que destacó con insistencia el funcionario es el trámite que está pendiente en la Asamblea Legislativa.

“Son seis leyes que están en el parlamento (Legislativo) para poder apoyar a todos los municipios de Bolivia, en especial a los más pequeños que sí están sufriendo falta de recursos”, dijo y luego recordó “que dos tercios pertenecen al MAS”

Entre ellas está la ley que busca la devolución del 12% del Impuesto Directo de los Hidrocarburos que se “recortó” a las regiones en el anterior gobierno para incentivar la exploración hidrocarburífera.

“En su momento no le hicieron bloqueo al Gobierno del MAS para poder no quitar ese 12% del IDH”, reclamó.

Recordó que el Tesoro General de la Nación sufrió un “sobregiro” por efecto de la crisis de octubre de 2019, pero sobre todo puntualizó que algunos municipios, entre ellos una parte de Santa Cruz, tienen “saldo en caja y bancos”.

“En Santa Cruz, los 56 municipios tienen alrededor de 700 millones en saldos de caja y banco”, sostuvo.

Crisis

La crisis de las regiones se ha ahondado debido a la caída del precio internacional del petróleoque, precisamente afecta el IDH y significa un descenso en sus ingresos.

“Nos mandaron a la guerra sin municiones”, afirmó en un tuit el presidente de la FAM, Álvaro Ruiz, respecto al nuevo escenario de la administración de la crisis.

En su criterio, el Gobierno se ha “lavado las manos” cuando la curva de casos positivos del virus se eleva y aún existen serias carencias en los sistemas de salud.

“No hemos podido resolver ni el primer problema y ahora nos dejan a nuestra suerte. Más aún cuando los municipios han disminuido sus ingresos”, afirmó la semana pasada.

Schlink cree que “ahora quieren culpar al Gobierno del pueblo el cual no está en sus manos las normativas, quien las modifica es la Asamblea Legislativa y no se olviden que dos tercios pertenecen al MAS”. (02/06/2020)

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Los precios del gas natural se encaminan a la baja desde el segundo trimestre de 2020

El coste al mercado brasileño ha caído en 9,6% y a la Argentina en 8,9%. YPFB calculó que este año, en el peor de los escenarios, el país recibirá un 45% menos de ingresos por concepto de la renta petrolera. Esta caída representa unos $us 669 millones menos que percibirán gobernaciones, municipios, universidades públicas, Tesoro General de la Nación (TGN) y Fondo Indígena.

/ 1 de junio de 2020 / 20:32

Una planta de YPFB.

Por Miguel Lazcano

Los precios del gas natural que Bolivia exporta a los mercados de Argentina y Brasil ya se encaminan a la baja desde el segundo trimestre de este año. El coste del combustible que se envía al mercado argentino ha mermado en 8,9% y en 9,6% el que se despacha al mercado brasileño, según datos preliminares publicados en el sitio web del Ministerio de Hidrocarburos.

Al primer trimestre de este año, el precio del gas natural boliviano que se despachaba a la Argentina era de $us 6,2547 por millón de BTU (unidad térmica británica). Para el segundo trimestre, el importe que deberá pagar en promedio Integración Energética Argentina SA (IEASA) a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) será de $us 5,7009 por millón de BTU, una caída de 8,9%.

En el caso del mercado brasileño, los precios han fluctuado de $us 5,0732 por millón de BTU en el primer trimestre a $us 4,58735 en el segundo trimestre. Una disminución de 9,6%. Los datos son preliminares y susceptibles a modificación, según se lee en  el portal del Ministerio de Hidrocarburos.

Desde marzo de este año, el precio internacional del barril de petróleo se ha derrumbado hasta alcanzar su cota más baja en abril, cuando la cotización se situó por debajo de los $us 20. Este comportamiento se debe  a la escasa demanda de petróleo que existe en este momento a nivel global a causa de la COVID-19 o nuevo coronavirus.

El precio del gas natural boliviano está indexado al precio barril de petróleo, pero, gracias a las fórmulas que se aplican para calcular su coste en los dos contratos firmados con Petróleo Brasileiro SA (Petrobras) e IEASA (ex Enarsa), los efectos recién se están empezando a visualizar.

Para el tercer trimestre, los precios del gas boliviano de exportación habrán caído aún más por efecto del desplome registrado a comienzos de año en la cotización del barril de petróleo.

El 20 de abril, el entonces presidente de YPFB, Herland Soliz, calculó que las entidades territoriales autónomas (ETA) verán reducidos sus ingresos por concepto de renta petrolera —Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y regalías— en un 45%, en el peor de los escenarios. Las ETA son las gobernaciones, municipios, universidades públicas y Fondo Indígena.

Para afrontar la crisis mundial ante el desplome del crudo, la petrolera estatal realizó tres posibles escenarios sobre la reducción de la renta petrolera para este año. Este análisis se lo efectuó con un precio referencial del barril de petróleo WTI de $us 25, 20, 15 y 10. En el peor de los escenarios, el país recibirá ingresos por un total de $us 1.164 millones frente a los $us 1.833 millones presupuestados para 2020. La caída es de $us 669 millones.

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Impuestos considera aislada denuncia de corrupción; tres exfuncionarios fueron encarcelados

El gerente general del SIN, Rubén Darío Tábata, aseguró que coadyuvará en las investigaciones de la Fiscalía sobre los presuntos cobros para prescripción de deudas tributarias.

/ 1 de junio de 2020 / 18:24

El gerente general del SIN, Rubén Darío Tábata, rueda de prensa. Foto: SIN

El Juez 1º de Instrucción Penal de la Zona Sur de La Paz dispuso la detención preventiva para tres exfuncionarios del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) por un reciente caso de corrupción. El gerente general del SIN, Rubén Darío Tábata, lo consideró como un hecho aislado.

En audiencia de medidas cautelares, el exgerente distrital del SIN de La Paz Jorge Ledezma y el exfuncionario Roy M.V. fueron enviados al penal de San Pedro, mientras que María Y.V.R. al Centro de Orientación Femenina de Obrajes (COF) por el lapso de seis meses.

Se trata de un presunto negociado en la prescripción de deudas tributarias a favor de varias empresas. El proceso que se sigue contra los imputadas es por los presuntos delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y cohecho pasivo.

“Éstos son hechos aislados, pero de acuerdo a la política de transparencia que tenemos dentro de la institución en esta nueva administración, es que se está procediendo a corregir todo este tipo de situaciones de manera inmediata”, afirmó Tábata en conferencia de prensa, horas antes de conocerse la determinación judicial.

De acuerdo a un boletín de prensa, el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, explicó que en la audiencia virtual los implicados no pudieron desvirtuar los riesgos procesales de peligro de fuga, porque los tres fueron despedidos y no cuentan con una actividad económica lícita, ni tampoco pudieron demostrar un domicilio real.

Tábata instó a los contribuyentes a que puedan presentar denuncias sobre hechos de corrupción que puedan detectar ante la Unidad de Transparencia del SIN. “Queremos que los contribuyentes que se sientan manipulados hagan su denuncia”, dijo.

Recordó que al evidenciar indicios en los exfuncionarios se procedió a su retiro y denuncia ante la Fiscalía el 26 de mayo. Ese mismo día fueron precintadas las oficinas de la Gerencia Distrital de La Paz 1 y el Departamento Jurídico. 

La autoridad garantizó que la institución que dirige coadyuvará en las investigaciones que requiera la Fiscalía. (01/05/2020)

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