Economía

viernes 29 may 2020 | Actualizado a 06:14

YPFB confirma responsabilidad penal y administrativa de funcionarios en caso seguros

La Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos informó que existieron dos procesos de contratación iniciados y no concluidos por YPFB para la contratación de seguros. Indicó que en la actualidad se encuentra en curso un nuevo proceso de contratación que se encuentra publicado en la página del Sicoes.

/ 20 de mayo de 2020 / 19:16

Planta de YPFB

Por Miguel Lazcano

La Dirección de Transparencia Corporativa de YPFB confirmó en su informe final que hubo responsabilidad penal y administrativa de “algunos funcionarios” en la contratación de un seguro general para la petrolera estatal. Por esta razón, se presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal y se recomendó instaurar un proceso administrativo en contra de estos empleados.

La información la dio a conocer este miércoles el jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Iván Roncal, quien indicó en conferencia de prensa que “el tema de los seguros queda definitivamente concluido”.

El 7 de abril, YPFB amplió el plazo de la licitación de seguros generales de YPFB. Sin embargo, dos días después, la petrolera estatal decide cancelar el proceso de licitación y determina la contratación directa al amparo del decreto de emergencia sanitaria por el COVID-19.

El 14 de abril, según un reportaje publicado por Cabildeo Digital en su portal de internet, La Boliviana Ciacruz, otra de las compañías que había concursado en la licitación pública, objeta la adjudicación y el 15 de abril demanda que se revierta “la orden en Firme” otorgada a Credinform International, bajo advertencia de tomar acciones legales en caso de no hacerlo.

Cinco días después, el 20 de abril, YPFB notificó a Credinform que no seguiría adelante con el contrato y, el 21 de abril, comunica a La Boliviana Ciacruz la ampliación, por 60 días, del contrato que esta compañía ya venía ejecutando desde la gestión 2019.

Debido a estas irregularidades y a otras denuncias como la compra de combustibles y alimentos con sobreprecio es que se decide la destitución, el 7 de mayo, del entonces presidente interino de YPFB, Herland Soliz, quien un día antes había renunciado a su cargo, pero sin haberlo oficializado, como el mismo declaró a medios locales de Santa Cruz.

Autoregulación

Roncal aclaró este miércoles que las entidades autárquicas con autonomía, como YPFB, tienen las facultades de autorregularse y de realizar procesos de contratación, y el Ministerio de Hidrocarburos tiene otras atribuciones y competencias.

“Las atribuciones y competencias del Ministerio de Hidrocarburos son principalmente el de fijar las políticas del sector, aunque sí puede fiscalizar, como en este caso, los actos y contratos de las entidades bajo su tuición, en la modalidad de control externo posterior, más no así asumir la potestad de realizar contratos de las entidades autárquicas y autónomas del sector”, señaló el funcionario.

Roncal informó que YPFB es una empresa autárquica de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, según a los artículos 361, 362 y 365 se la Constitución Política del Estado, concordante con la Ley de Hidrocarburos 3058.

Aclaró que YPFB está facultada exclusivamente por la Carta Magna y todas las disposiciones legales vigentes a realizar cualquier tipo de contratos relacionados a su competencia, que es la cadena productiva hidrocarburífera y comercialización de hidrocarburos.

Roncal explicó que la propia CPE y la Ley de Hidrocarburos sujetan a YPFB y otras entidades a la tuición del Ministerio de Hidrocarburos.

“El Artículo 27 de la Ley Safco establece dos tipos de control, el interno, que es previo y está a cargo de las unidades de auditoría interna, y el control externo posterior de las entidades bajo tuición, que es en este caso la entidad pública que es YPFB, que se encuentra bajo tuición del Ministerio de Hidrocarburos”.

Proceso

Roncal añadió que en el caso concreto de los procesos de contrataciones realizados durante la emergencia sanitaria por el COVID 19, “por el conocimiento obtenido en los medios de comunicación, por los que algunos cuestionaron el proceso de contratación de seguros por YPFB”, el Ministerio de Hidrocarburos instruyó a la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de esa cartera ministerial hacer el seguimiento e investigaciones de esas denuncias.

Esta unidad, a su vez, comunicó aquella instrucción a la Dirección de Transparencia Corporativa de YPFB, que realizó el proceso que corresponde a las denuncias en el marco de la Ley 974.

“En esa instancia se realizó el proceso correspondiente, que concluyó con el informe final que manda la ley y al establecer que existe responsabilidad penal y administrativa de algunos funcionarios de YPFB, presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal y recomendó instaurar un proceso administrativo en su contra”.

Roncal informó que partir de aquí, queda concluido en lo que al Ministerio de Hidrocarburos respecto al procedimiento legal de investigación establecido por la normas citadas, estando en manos de la Fiscalía y del Órgano Jurisdiccional establecer la posible responsabilidad y sanciones de los funcionarios denunciados, no pudiendo la Unidad de Transparencia realizar ningún acto procesal dentro de esos trámites, por mandato de la propia ley.

En lo administrativo, el Director de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos informó que existieron dos procesos de contratación iniciados y no concluidos por YPFB para la contratación de seguros.

El primero bajo la modalidad de contratación directa, mismo que —aclaró— fue declarado concluido en mérito a que el proceso quedó interrumpido como efecto de la emergencia sanitaria y cuarentena decretada en el país.

A partir de allí, según Roncal, YPFB inició un nuevo proceso de contratación, pero esta vez bajo la modalidad de contratación por emergencia, que es el proceso que fue cuestionado y también declarado concluido. “En ninguno de estos procesos se llegó a suscribir contrato de adjudicación”, afirmó.

Informó que en la actualidad se encuentra en curso un nuevo proceso de contratación que se encuentra publicado en la página del Sicoes, con código DCO-EPNE-GAFC-47-20, proceso al que haremos estricto seguimiento a efecto de garantizar la total transparencia en la que se encuentra empeñado el Gobierno Nacional y el Ministerio de Hidrocarburos.

“Invitamos públicamente a la ciudadanía, a los medios de prensa y a las empresas que desean participar a hacer el seguimiento de este proceso, para que todos garanticemos su legalidad y transparencia”, finalizó Rocal, según una nota de prensa publicada en el portal de internet del Ministerio de Hidrocarburos.

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De cara a ingresar a la cuarentena dinámica, la CNC dice que 100.000 empleos están en riesgo

La Cámara Nacional de Comercio estima en $us 300 millones las pérdidas en el sector por la cuarentena.

/ 29 de mayo de 2020 / 00:06

Obreros en El Alto

Por Paulo Cuiza

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) advirtió la noche de este jueves que unos 100.000 empleos en Bolivia están en riesgo y que un 20% de las empresas hablan de cerrar operaciones por la iliquidez generada debido a la cuarentena por el COVID-19. Ese encierro sanitario dejó al menos $us 300 millones de pérdidas en el sector.

“Se estima que se tiene $us 300 millones en pérdidas en este sector y aproximadamente unas 100.000 fuentes de empleo están en riesgo, el 20% de las empresas han planteado que posiblemente tendrían que cerrarse sino encuentran alternativas, muchas empresas sufren problemas de iliquidez”, explicó el presidente de la CNC, Rolando Kempff, en el programa No Mentirás de la red PAT.

El empresario sostuvo que el ingreso a una cuarentena dinámica y condicionada desde el 1 de junio permitirá hacer una valoración más puntual sobre la situación en el país, y recordó que se planteó al Gobierno la creación de un “fondo de recuperación y créditos” para evitar el cierre de empresas.

Kempff sugirió que ante el panorama económico que dejó la cuarentena y en la búsqueda de su reactivación se inyecte liquidez tanto para la oferta como para la demanda, además de ir a la reprogramación de la deuda externa, buscar condonación bilateral de algunos países especialmente China, reprogramación de deudas y una reinvención del sector empresarial a la par de la tecnología digital.

Asimismo, calificó de interesante la decisión del Gobierno de diferir a septiembre el inicio del pago de créditos para montos menores a Bs 1 millón porque ayudará a las pequeñas y medianas empresas para reprogramar sus deudas, como la ampliación hasta el 31 de julio del vencimiento de pago de Impuesto a las Utilidades para contribuyentes «Resto».

“Ahora también planteamos el principio de igualdad, y en ese principio de igualdad, todos deberían ser regidos por la misma situación. Creemos que los empresarios grandes, medianos y pequeños tenemos dificultades por eso pedimos un diálogo al Gobierno franco para encontrar salidas a esta gran crisis que tenemos, hemos planteado reprogramación de deudas, fondos para créditos para viabilizar la economía”, advirtió.

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Difieren a septiembre inicio del pago de créditos para montos menores a Bs 1 MM

El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, informó de la decisión tomada. La ley de diferimiento de pago de créditos establece que la cancelación se reanude seis meses después de la emergencia por el coronavirus

/ 28 de mayo de 2020 / 18:03

El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz.

Los que tengan un crédito bancario menor al millón de bolivianos podrán empezar a pagarlo a partir de septiembre, de acuerdo al decreto reglamentario de la ley que fija que deben ser cancelados seis meses después de la cuarentena. El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, informó que esos prestatarios son la mayoría.

A pesar de los plazos fijados por ley, un anterior decreto reglamentario establecía que debía reactivarse los pagos desde junio, lo que desató una serie de reacciones contrarias y acciones. Los microempresarios llevaron a la Justicia esa disposición -operativizada por la entidad reguladora Asfi- que determinó que las próximas disposiciones se emnarquen en la ley.

Ortiz informó este jueves que ahora se deberá empezar a pagar desde septiembre, con lo cual –dijo- se tendrán los seis meses de diferimiento en el pago de los créditos.

“Todos quienes deben menos de Bs 1.000.000, que son la casi totalidad de los prestatarios, van a tener un nuevo diferimiento de tres meses adicional a los tres meses que ya habían recibido, con lo cual tendrán los seis meses de diferimiento. Entonces, los créditos se volverán a pagar en septiembre, y obviamente negociarán con los bancos, una de las opciones es que estas cuotas sean reprogramadas para el final del periodo”, explicó Ortiz.

El Gobierno dispuso la cuarentena en marzo y concluye este fin de mes para evitar la propagación del coronavirus; implicó la suspensión de las diferentes actividades productivas y de servicio, lo que a su vez activó la exigencia de diferentes prestatarios de diferir el pago de sus créditos por falta de ingresos.

El Legislativo, controlado por el MAS, aprobó una ley que dispone el pago de crédito después de seis meses de concluida la emergencia por el coronavirus.

Ortiz explicó que los meses que no se están pagando deben diferirse para el final del pago de créditos.

“Es decir, si tenían un crédito que vencía de acá a un año, bueno ahora este venderá en un año y medio, eso se irá reprogramando en los próximos meses con cada entidad financiera”, explicó.

Los banqueros hicieron conocer en las últimas horas que aplazar por más tiempo el pago de créditos pone en riesgo la estabilidad del sector.

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Represalias, resoluciones alteradas y reuniones privadas, en la prescripción de deudas en el SIN

La Fiscalía de La Paz investiga casos irregulares de cobros por la anulación de deudas tributarias. Tres funcionarios son investigados por incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles a la Constitución.

/ 28 de mayo de 2020 / 15:48

Instalaciones del Servicio de Impuestos Nacionales

Por Rubén Atahuichi

El caso de presuntos cobros en Impuestos Internos a cambio de la prescripción de la deuda tributaria de algunos contribuyentes devela reuniones privadas, represalias e incluso “acoso institucional”, a decir de una de las funcionarias denunciantes de la oficina distrital de La Paz.

Según una carta enviada al gerente general del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Rubén Tabata, publicada en las redes sociales por el programa de televisión “Detrás de la verdad”, Tereza Paredes Flores involucra a varios funcionarios en un caso particular, aunque insinúa que hay otros 103.

La funcionaria decidió denunciar las irregularidades al conocer el caso de un contribuyente, Jhonny Emilio B. von A., quien supuestamente fue favorecido con las prescripción de su deuda tributaria aún fuera del tiempo. Cuenta que el abogado de éste, Federico V., presuntamente miembro de un bufete externo de juristas, mantenía “reuniones reservadas permanentes” con funcionarios del Departamento Jurídico y la Gerencia General de la oficina distrital del SIN La Paz 1.

Al resolver la situación del contribuyente, otra funcionaria, Carmen M. C., recibió la “instrucción” de que la solicitud de Jhonny Emilio B. von A. “debe declararse prescrita en la resolución a dictarse”. “En eso, Carmen M. C. respondió a la Jefa de Departamento que no estaba de acuerdo, porque, como Gerencia Operativa, debía agotarse todas las instancias con el fin de velar los intereses del Estado”, escribe Paredes Flores a Tabata.

Al final, contó la funcionaria, la resolución salió a favor del contribuyente y Carmen M. C. no fue convocada más para las reuniones. Dijo que incluso, el 21 de febrero, por instrucción de la Jefatura de Recursos Humanos, fue obligada a tomar vacaciones.

“No le quedó más que aceptar, se puso a llorar”, informó.

Sobre su caso, Paredes Flores denunció que fue víctima de maltratos por parte de uno de los supervisores del Departamento Jurídico ahora investigados y dijo que presentó denuncia contra el funcionario por “acoso institucional”. Constantemente, este señor me maltrataba de forma verbal y escrita, “de manera constante me presionaba para firmar resoluciones, facilidades de pagos incumplidos o modificación de notificaciones”.

Incluso, denunció que en la segunda semana se le asignó un caso de solicitud de prescripción que finalmente fue derivado a otra profesional. “Siendo 103 casos”, dijo.

Extraoficialmente se supo que los involucrados en la trama son Jorge Ledezma Salomón, el gerente distrital; María Yolanda Vargas, la jefa del Departamento Jurídico; y Roy Mancilla, supervisor técnico jurídico.

En conversación con La Razón este jueves, el presidente del SIN, Marco Nava-Morales, anunció la destitución de tres funcionarios de esas oficinas, aunque se no animó a mencionarlos debido al “principio de presunción de inocencia”.

“La denuncia versa en el sentido de que algunos funcionarios del Departamento Jurídico hubiesen tenido algún nexo con personeros o un abogado de jun bufete externo para solucionar o favorecer a algún contribuyente sobre casos de prescripción”.

Al respecto, este miércoles, el fiscal departamental, Marco Antonio Cossío, confirmó la intervención de las dos oficinas del SIN La Paz, el lunes. La denuncia se basa “en sentido de que estas personas estarían negociando con bufetes de abogados la prescripción de deudas tributarias cuando aún no estaban vencidas”. Por lo tanto, el Estado estaría dejando de percibir sumas de dinero importantes”.

Consideró que se va a conformar una comisión de fiscales y el caso será ampliado a otras personas que pudieran estar involucradas.

Por el momento, los tres funcionarios son solo investigados y no fueron aprehendidos, y pesan sobre ellos sospechas de los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles con la Constitución Política del Estado.

(28/05/2020)

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Presidente del SIN: Funcionarios tenían nexo con un bufete para favorecer la prescripción de deudas tributarias

En entrevista con La Razón, Mario Nava-Morales explicó los detalles de un presunto caso de corrupción en Impuestos denunciado ahora ante la Fiscalía de Distrito de La Paz.

/ 28 de mayo de 2020 / 12:11

Mario Nava-Morales, presidente del SIN.

Por Rubén Atahuichi

Un presunto caso de corrupción ocupa al Servicio Impuestos Nacionales (SIN): tres funcionarios gestionaban con un abogado de un bufete externo la prescripción de deudas tributarias de algunos contribuyentes.

El martes 26, la Unidad de Transparencia del SIN, coordinación con la Fiscalía de Distrito de La Paz, intervinieron en el caso y precintaron las oficinas de la Gerencia Distrital de La Paz 1 y el Departamento Jurídico.

El presidente del SIN, Mario Nava-Morales, atendió a La Razón para explicar este caso que, si bien tiene identificados a los supuestos involucrados, no develó aún la cantidad de dinero defraudado ni los favorecidos.

—Hay una supuesta intervención de una oficina del SIN para investigar un caso de supuestas irregularidades

— Sí, correcto. El martes 26 se presentó a la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del SIN una denuncia de una funcionaria de la Gerencia Distrital La Paz 1. La denuncia establece algunos actos irregulares y la comisión de supuestos ilícitos penales de funcionarios del Departamento Jurídico y de la Gerencia Distrital La Paz.

En consecuencia, como tal cual establece la Ley 974, de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la Unidad de Transparencia del SIN conjuntamente con la Fiscalía de Distrito y el fiscal anticorrupción asignado precintaron las instalaciones de la Jefatura Jurídica y la Gerencia Distrital La Paz 1 a efectos de que la Fiscalía pueda realizar la persecución penal que establece la ley y, por sobre todas las cosas, encontrar la verdad histórica de los hechos.

— ¿De qué se trata el supuesto caso de corrupción?

La denuncia versa en el sentido de que algunos funcionarios del Departamento Jurídico hubiesen tenido algún nexo con personeros o un abogado de jun bufete externo para solucionar o favorecer a algún contribuyente sobre casos de prescripción.

— Prescripción de deudas tributarias…

Prescripción de deudas tributarias.

— ¿Se sabe a cuánto alcanza la prescripción y el monto?

No tenemos todavía la cantidad, toda vez que, como Unidad de Transparencia del SIN, se ha realizado la intervención y el precintado, todas las actividades investigativas. Sin embargo, el Ministerio Público es la institución llamada por ley para determinar la situación jurídica de los supuestos implicados y, más que todo, determinar la verdad histórica de los hechos.

— ¿Quiénes fueron destituidos de sus funciones?

El Gerente Distrital, el jefe del Departamento Jurídico y un supervisor del Departamento Jurídico.

— ¿Nombres?

Nosotros preservamos y respetamos el principio de presunción de inocencia, que es constitucional. Por tanto, a efectos de no entorpecer los actos investigativos de la Fiscalía nos reservamos el derecho de guardar los nombres.

— Precintados los despachos señalados…

Solo los del Departamento Jurídico y la Gerencia. Sin embargo, los de atención al contribuyente y demás unidades funcionales se encuentran plenamente desarrollando normalmente sus actividades.

— ¿Qué acciones más va a encarar su oficina respecto del caso?

Nosotros, como presidencial del SIN, ya realizamos una acción directa, que es remitir la denuncia a la Unidad de Transparencia. En consecuencia, la Unidad de Transparencia y al Fiscalía son las instituciones llamadas por ley para realizar la persecución penal.

Estamos esperando que los actos investigativos para llegar a la verdad histórica de los hechos. (28/05/2020)

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Precintan una oficina del SIN por presuntos cobros para la anulación de deudas tributarias

Tres funcionarios coordinaban con un bufete de abogados un “perdón” tributario a terceros a cambio de montos de dinero indeterminados.

/ 28 de mayo de 2020 / 10:57

Instalaciones del Servicio de Impuestos Nacionales

Por Rubén Atahuichi

Tres funcionarios de la oficina distrital de La Paz de Impuestos Internos fueron separados de sus cargos debido a supuestos cobros a terceros por la prescripción de deudas tributarias. Su oficina fue precintada por la Fiscalía Anticorrupción.

La información fue confirmada a La Razón por el director ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Renato Nava Morales.

Una abogada denunció que un bufete de profesionales gestionaba junto con ejecutivos de esa oficina la prescripción de deudas tributarias a cambio de millonarios montos de dinero.

Por ese presunto caso de corrupción, un ejecutivo y dos directores jurídicos fueron destituidos, con el objetivo de investigar el caso.

Las oficinas del Departamento Jurídico del SIN, ubicadas en la calle Ballivián de La Paz, fueron precintadas el martes con fines investigativos a cargo de la Fiscalía Anticorrupción.

Noticia en proceso.

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