Economía

sábado 24 oct 2020 | Actualizado a 02:08

YPFB confirma responsabilidad penal y administrativa de funcionarios en caso seguros

La Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos informó que existieron dos procesos de contratación iniciados y no concluidos por YPFB para la contratación de seguros. Indicó que en la actualidad se encuentra en curso un nuevo proceso de contratación que se encuentra publicado en la página del Sicoes.

Planta de YPFB

Por Miguel Lazcano

/ 20 de mayo de 2020 / 19:16

La Dirección de Transparencia Corporativa de YPFB confirmó en su informe final que hubo responsabilidad penal y administrativa de “algunos funcionarios” en la contratación de un seguro general para la petrolera estatal. Por esta razón, se presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal y se recomendó instaurar un proceso administrativo en contra de estos empleados.

La información la dio a conocer este miércoles el jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Iván Roncal, quien indicó en conferencia de prensa que “el tema de los seguros queda definitivamente concluido”.

El 7 de abril, YPFB amplió el plazo de la licitación de seguros generales de YPFB. Sin embargo, dos días después, la petrolera estatal decide cancelar el proceso de licitación y determina la contratación directa al amparo del decreto de emergencia sanitaria por el COVID-19.

El 14 de abril, según un reportaje publicado por Cabildeo Digital en su portal de internet, La Boliviana Ciacruz, otra de las compañías que había concursado en la licitación pública, objeta la adjudicación y el 15 de abril demanda que se revierta “la orden en Firme” otorgada a Credinform International, bajo advertencia de tomar acciones legales en caso de no hacerlo.

Cinco días después, el 20 de abril, YPFB notificó a Credinform que no seguiría adelante con el contrato y, el 21 de abril, comunica a La Boliviana Ciacruz la ampliación, por 60 días, del contrato que esta compañía ya venía ejecutando desde la gestión 2019.

Debido a estas irregularidades y a otras denuncias como la compra de combustibles y alimentos con sobreprecio es que se decide la destitución, el 7 de mayo, del entonces presidente interino de YPFB, Herland Soliz, quien un día antes había renunciado a su cargo, pero sin haberlo oficializado, como el mismo declaró a medios locales de Santa Cruz.

Autoregulación

Roncal aclaró este miércoles que las entidades autárquicas con autonomía, como YPFB, tienen las facultades de autorregularse y de realizar procesos de contratación, y el Ministerio de Hidrocarburos tiene otras atribuciones y competencias.

“Las atribuciones y competencias del Ministerio de Hidrocarburos son principalmente el de fijar las políticas del sector, aunque sí puede fiscalizar, como en este caso, los actos y contratos de las entidades bajo su tuición, en la modalidad de control externo posterior, más no así asumir la potestad de realizar contratos de las entidades autárquicas y autónomas del sector”, señaló el funcionario.

Roncal informó que YPFB es una empresa autárquica de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, según a los artículos 361, 362 y 365 se la Constitución Política del Estado, concordante con la Ley de Hidrocarburos 3058.

Aclaró que YPFB está facultada exclusivamente por la Carta Magna y todas las disposiciones legales vigentes a realizar cualquier tipo de contratos relacionados a su competencia, que es la cadena productiva hidrocarburífera y comercialización de hidrocarburos.

Roncal explicó que la propia CPE y la Ley de Hidrocarburos sujetan a YPFB y otras entidades a la tuición del Ministerio de Hidrocarburos.

“El Artículo 27 de la Ley Safco establece dos tipos de control, el interno, que es previo y está a cargo de las unidades de auditoría interna, y el control externo posterior de las entidades bajo tuición, que es en este caso la entidad pública que es YPFB, que se encuentra bajo tuición del Ministerio de Hidrocarburos”.

Proceso

Roncal añadió que en el caso concreto de los procesos de contrataciones realizados durante la emergencia sanitaria por el COVID 19, “por el conocimiento obtenido en los medios de comunicación, por los que algunos cuestionaron el proceso de contratación de seguros por YPFB”, el Ministerio de Hidrocarburos instruyó a la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de esa cartera ministerial hacer el seguimiento e investigaciones de esas denuncias.

Esta unidad, a su vez, comunicó aquella instrucción a la Dirección de Transparencia Corporativa de YPFB, que realizó el proceso que corresponde a las denuncias en el marco de la Ley 974.

“En esa instancia se realizó el proceso correspondiente, que concluyó con el informe final que manda la ley y al establecer que existe responsabilidad penal y administrativa de algunos funcionarios de YPFB, presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal y recomendó instaurar un proceso administrativo en su contra”.

Roncal informó que partir de aquí, queda concluido en lo que al Ministerio de Hidrocarburos respecto al procedimiento legal de investigación establecido por la normas citadas, estando en manos de la Fiscalía y del Órgano Jurisdiccional establecer la posible responsabilidad y sanciones de los funcionarios denunciados, no pudiendo la Unidad de Transparencia realizar ningún acto procesal dentro de esos trámites, por mandato de la propia ley.

En lo administrativo, el Director de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos informó que existieron dos procesos de contratación iniciados y no concluidos por YPFB para la contratación de seguros.

El primero bajo la modalidad de contratación directa, mismo que —aclaró— fue declarado concluido en mérito a que el proceso quedó interrumpido como efecto de la emergencia sanitaria y cuarentena decretada en el país.

A partir de allí, según Roncal, YPFB inició un nuevo proceso de contratación, pero esta vez bajo la modalidad de contratación por emergencia, que es el proceso que fue cuestionado y también declarado concluido. “En ninguno de estos procesos se llegó a suscribir contrato de adjudicación”, afirmó.

Informó que en la actualidad se encuentra en curso un nuevo proceso de contratación que se encuentra publicado en la página del Sicoes, con código DCO-EPNE-GAFC-47-20, proceso al que haremos estricto seguimiento a efecto de garantizar la total transparencia en la que se encuentra empeñado el Gobierno Nacional y el Ministerio de Hidrocarburos.

“Invitamos públicamente a la ciudadanía, a los medios de prensa y a las empresas que desean participar a hacer el seguimiento de este proceso, para que todos garanticemos su legalidad y transparencia”, finalizó Rocal, según una nota de prensa publicada en el portal de internet del Ministerio de Hidrocarburos.

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El dirigente minero Orlando Gutiérrez permanece internado, su diagnóstico es reservado

Su abogada afirmó que el ejecutivo de la federación solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace dos meses, “porque tenía constantes amenazas de muerte”.

El dirigente minero Orlando Gutiérrez.

/ 23 de octubre de 2020 / 09:51

Nadesha Guevara, abogada del secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Orlando Gutiérrez, denunció este viernes que no se le permite el ingreso para ver a su cliente, que se encuentra internado en la clínica Cemes de La Paz.

El dirigente minero llegó a ese centro médico para ser atendido debido a las agresiones que presuntamente sufrió por parte de detractores del Movimiento Al Socialismo (MAS). Sin embargo, el diagnóstico sobre su estado de salud permanece en reserva.

“Nosotros necesitamos tener valoraciones médico-forenses, podemos estar ante un posible delito y necesitamos tomar todas las medidas legales pertinentes en este momento”, afirmó Guevara, en declaraciones para la red ATB.

La abogada resaltó que Gutiérrez solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace dos meses, “porque tenía constantes amenazas de muerte”. (23/10/2020)

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El Gobierno fija para fin de año una inflación de 1,7% y un decrecimiento de -7,7%

El ministro de Planificación, Gonzalo Quiroga, informó que en medio de la compleja situación económica se espera mejoren las proyección de caída de la economía

/ 21 de octubre de 2020 / 23:16

Para finales de este año se calcula llegar a una inflación de 1,7% y un decrecimiento económico de -7,7%, porcentaje inferior al -11% alcanzado en el primer semestre de este año, informó el ministro de Planificación, Gonzalo Quiroga.

De acuerdo a los datos, la inflación llegará al 1,7% como resultado de la contracción comercial debido a la situación económica. “Los precios no han subido ni van a subir, no porque no tengamos productos sino porque básicamente la gente no tiene flujo de capital para comprar”.

Se espera que el decrecimiento económico mejore hasta fin de año. Los cálculos son que baje del -11% al -7.7%.

El virtual presidente de Bolivia Luis Arce anunció que las primeras medidas al asumir el gobierno están relacionados con el pago del Bono contra el Hambre de Bs 1.000 y la negociación para la moratoria en el pago de capital e intereses de la deuda externa.

Quiroga consideró que no se podrá pagar de forma inmediata el nuevo bono porque los créditos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, con los que se pretende financiar  ese beneficio, tienen otro objetivo.

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El ranking de las empresas más grandes de Bolivia 2020 hará una radiografía de 400 firmas

“El año pasado hemos presentado 50.000 datos, 300 empresas más grandes de Bolivia y reitero, este año van a ser 400 empresas y cerca de 60.000 datos”, afirmó Hugo Siles, autor del estudio.

El economista Hugo Siles, en el programa Piedra, Papel y Tinta de La Razón y Extra.

/ 21 de octubre de 2020 / 17:29

El próximo 29 de noviembre será presentado el nuevo ranking de las empresas más grandes de Bolivia, que para este 2020 englobará a las 400 firmas más influyentes de Bolivia. Son 100 firmas más que en la versión de 2019, anunció este miércoles el economista Hugo Siles, autor del estudio que se viene realizando desde hace 25 años.

Siles expuso las bondades de su estudio en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón y Extra, que fue conducido por la directora de ambos medios, Claudia Benavente, y la periodista Liliana Aguirre.

“El año pasado hemos presentado 50.000 datos, 300 empresas más grandes de Bolivia y reitero, este año van a ser 400 empresas y cerca de 60.000 datos”, anunció.

Señaló que la importancia del documento radica en que proporciona datos sobre el nivel de ventas y utilidades de la competencia, además de “activo, tu pasivo, tu rentabilidad y tu solvencia como empresa”.

El economista Hugo Siles con la periodista Liliana Aguirre y la directora de La Razón y Extra Claudia Benavente.

“Este es un mapa empresarial, el más completo que hay en Bolivia para hacer negocios. Este documento lo ven inversionistas extranjeros, inversionistas locales, estudiosos de la economía, pero también sirve para hacer política pública porque a partir de este documento tú puedes orientar tus políticas tributarias, inclusive tus políticas de financiamiento, de gasto”, sostuvo.

De acuerdo al ranking publicado en 2019, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se constituye en la empresa más grande del país, seguida de YPFB Refinación y la empresa minera San Cristóbal.

Según detalló Siles, las 300 empresas más grandes de Bolivia facturan el 80% del nivel de ventas en el país; y solo YPFB genera el 20% de la riqueza nacional.

El ranking presenta información financiera sobre ventas, utilidades, patrimonio, activos, rentabilidad, productividad y apalancamiento. La versión 2020 del documento se comercializará con las ediciones del periódico La Razón, como se viene haciendo desde 2018.

(21/10/2020)

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El Gobierno firma acuerdo y restablecen las operaciones aéreas en Bolivia

El paro en los aeropuertos derivó en la cancelación de 80 vuelos que ahora serán reprogramados. El Gobierno destinó bs 36 millones al pago de salarios en AASANA

Trabajadores de AASANA firman el respectivo acuerdo.

Por Carlos Corz

/ 21 de octubre de 2020 / 17:04

Las operaciones en los aeropuertos fueron restablecidas en horas de la tarde de este miércoles, luego de un acuerdo para el pago de salarios y la atención de otras demandas. El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, informó que los vuelos fueron restablecidos.

De esta manera fue suspendido el “paro que se realizaba desde esta amaña sin previo aviso, sin previo anuncio, que estaba lindando en sanciones a AASANA porque este tipo de paros pone en riesgo a toda la aeronavegación”, explicó.

La administración de Jeanine Áñez aprobó un desembolso en tres cuotas de Bs 36 millones para el pago de salarios del personal aeroportuario. El sector de la aeronavegación fue afectado por la pandemia del COVID-19, ya que las cuarentenas paralizaron sus actividades y evitaron la generación de ingresos económicos.

Se garantizó el pago de salarios, además de la cancelación de horas extra y trámites para la incorporación de este sector a la ley General del Trabajo.

Como parte del acuerdo, Arias descartó represalias legales contra los dirigentes que promovieron la medida de presión.

La medida de presión derivó en la cancelación de 80 vuelos, con un gran perjuicio económico.

(21/10/2020)

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No hay vuelos en el país y AASANA advierte que los militares tomarán control de aeropuertos

El director de la entidad llama al diálogo y señala que el paro es injustificado. Además, alerta que el país puede ser sancionado en el ámbito internacional.

Pasajeros perjudicados en el aeropuerto de El Alto, por el paro de trabajadores de AASANA. Foto: APG

/ 21 de octubre de 2020 / 13:33

Los aeropuertos y los vuelos en el país están paralizados por las medidas de presión de los trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA). Por ello, el director ejecutivo de la entidad, Jhonny Vera, los conminó a retomar sus tareas, de lo contrario las Fuerzas Armadas tomarán el control de las terminales aéreas.

Los empleados exigen el pago de dos salarios adeudados por el Gobierno, y otros beneficios, a lo cual el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, respondió esta mañana que la cancelación está en curso y que ya se hizo un depósito. Además, indicó que hay intereses políticos tras esta protesta, y acusó a los dirigentes de “intransigentes” y que “negocien con su partido, que será el próximo gobierno”.

Vera dijo que cualquier medida que se tome será en el marco de la seguridad nacional. “Vamos a hacer un plan de contingencia, vamos a tomar los aeropuertos con las Fuerzas Armadas; las torres de control serán operadas por controladores de la DGAC (Dirección de Aeronáutica Civil)», advirtió, según un reporte de la agencia ABI.

Asimismo, demandó a la dirigencia abrirse al diálogo. Eso sí, denunció que “se aprovechan porque estamos de salida”, por lo cual sumaron a su pliego el pedido de ser incluidos en la Ley General del Trabajo. “El paro es injustificado, hay entre 60 y 70 vuelos perjudicados cuando estamos intentando levantar al sector de la aviación”. Incluso, alertó que Bolivia puede ser pasible de sanciones internacionales por esta medida y por la inseguridad en sus aeropuertos.

(21/10/2020)

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