Economía

viernes 29 may 2020 | Actualizado a 06:21

La Fundación Utopía crea un protocolo financiero para que las Mypes hagan frente a la crisis

El documento les plantea también recomendaciones para volver a operar de forma gradual tras la cuarentena. Se calcula que hay 700.000 Mypes en el país.

/ 21 de mayo de 2020 / 13:35

Presentación de PowerPoint

La Fundación Utopia elaboró un protocolo financiero para las Micro y Pequeñas Empresas (Mypes), que plantea un conjunto de reglas, recomendaciones y buenas prácticas financieras y comerciales que ayuden a las Mypes a paliar la crisis y volver a operar de forma gradual cuando se levanten las medidas de la emergencia sanitaria y cuarentena para evitar la propagación del coronavirus.

Esta política repercutió en la reducción de ingresos de los sectores económicos en general en el país, “situación que es mucha más sensible cuando se trata de las Mypes, siendo que en muchos casos son unidades económicas familiares que sostienen a la mayoría de los hogares bolivianos”, remarca una nota de prensa de la Fundación Utopía, que es una institución independiente.

La pandemia del COVID-19 ha causado la suspensión de las actividades económicas, con un severo impacto para las empresas, que están asfixiadas por “la falta de liquidez para cubrir sus gastos y compromisos, situación que presiona a la reducción de gastos, cambio de rubro e inclusive hasta el cierre del negocio y, por ende, genera una presión al aumento del desempleo en el país”.

El protocolo financiero propuesto señala que “la crisis va a obligar a que en su gran mayoría las Mypes deban reinventar su negocio, lo cual implica definir prioridades, cuidar a sus recursos humanos, optimizar sus recursos y su capital de trabajo, replantear sus precios, evaluar sus canales de distribución y ver si su producto aún será aceptado y ver qué estrategia de promoción van a utilizar”.

Empleos

La Fundación Utopía indica que las Mypes generan aproximadamente 4,4 millones de empleos en territorio boliviano, equivalentes al 80% de las fuentes laborales, y que son una fuente permanente de innovación, además de ser importantes contribuyentes a la producción de bienes y servicios, y una de las principales fuentes de generación de ingresos para la mayoría de la población.

Se calcula que hay al menos 700.000 Mypes, casi el 85% de las compañías del país, y las medianas y grandes empresas suman el otro 15%. La Fundación Utopía sostiene que el estudio de las Mypes precisa de mucha orientación y apoyo, por lo cual el protocolo en cuestión será de utilidad para la gran mayoría de estas unidades económicas que forman parte del tejido empresarial.

“El protocolo recomienda que las Mypes creen un comité familiar, tipo directorio, para evaluar la situación, realizar un diagnóstico de la situación financiera hoy y las proyecciones, detectar cuáles son sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, elaborar un presupuesto de ingresos y gastos, lanzar promociones y generar acciones innovadoras para contar con dinero en efectivo en el corto plazo (liquidez)”.

La Fundación Utopía está conformada por profesionales de las áreas de Economía, Administración, Ciencias Jurídicas, Comunicación e Ingeniería. Fue creada con la misión de promover y gestionar proyectos que contribuyan al desarrollo del conocimiento, la investigación y la innovación en el campo socioeconómico. Se puede acceder a más información en www.utopia.org.bo y la página de Facebook institucional. (21/05/2020)

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De cara a ingresar a la cuarentena dinámica, la CNC dice que 100.000 empleos están en riesgo

La Cámara Nacional de Comercio estima en $us 300 millones las pérdidas en el sector por la cuarentena.

/ 29 de mayo de 2020 / 00:06

Obreros en El Alto

Por Paulo Cuiza

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) advirtió la noche de este jueves que unos 100.000 empleos en Bolivia están en riesgo y que un 20% de las empresas hablan de cerrar operaciones por la iliquidez generada debido a la cuarentena por el COVID-19. Ese encierro sanitario dejó al menos $us 300 millones de pérdidas en el sector.

“Se estima que se tiene $us 300 millones en pérdidas en este sector y aproximadamente unas 100.000 fuentes de empleo están en riesgo, el 20% de las empresas han planteado que posiblemente tendrían que cerrarse sino encuentran alternativas, muchas empresas sufren problemas de iliquidez”, explicó el presidente de la CNC, Rolando Kempff, en el programa No Mentirás de la red PAT.

El empresario sostuvo que el ingreso a una cuarentena dinámica y condicionada desde el 1 de junio permitirá hacer una valoración más puntual sobre la situación en el país, y recordó que se planteó al Gobierno la creación de un “fondo de recuperación y créditos” para evitar el cierre de empresas.

Kempff sugirió que ante el panorama económico que dejó la cuarentena y en la búsqueda de su reactivación se inyecte liquidez tanto para la oferta como para la demanda, además de ir a la reprogramación de la deuda externa, buscar condonación bilateral de algunos países especialmente China, reprogramación de deudas y una reinvención del sector empresarial a la par de la tecnología digital.

Asimismo, calificó de interesante la decisión del Gobierno de diferir a septiembre el inicio del pago de créditos para montos menores a Bs 1 millón porque ayudará a las pequeñas y medianas empresas para reprogramar sus deudas, como la ampliación hasta el 31 de julio del vencimiento de pago de Impuesto a las Utilidades para contribuyentes «Resto».

“Ahora también planteamos el principio de igualdad, y en ese principio de igualdad, todos deberían ser regidos por la misma situación. Creemos que los empresarios grandes, medianos y pequeños tenemos dificultades por eso pedimos un diálogo al Gobierno franco para encontrar salidas a esta gran crisis que tenemos, hemos planteado reprogramación de deudas, fondos para créditos para viabilizar la economía”, advirtió.

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Difieren a septiembre inicio del pago de créditos para montos menores a Bs 1 MM

El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, informó de la decisión tomada. La ley de diferimiento de pago de créditos establece que la cancelación se reanude seis meses después de la emergencia por el coronavirus

/ 28 de mayo de 2020 / 18:03

El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz.

Los que tengan un crédito bancario menor al millón de bolivianos podrán empezar a pagarlo a partir de septiembre, de acuerdo al decreto reglamentario de la ley que fija que deben ser cancelados seis meses después de la cuarentena. El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, informó que esos prestatarios son la mayoría.

A pesar de los plazos fijados por ley, un anterior decreto reglamentario establecía que debía reactivarse los pagos desde junio, lo que desató una serie de reacciones contrarias y acciones. Los microempresarios llevaron a la Justicia esa disposición -operativizada por la entidad reguladora Asfi- que determinó que las próximas disposiciones se emnarquen en la ley.

Ortiz informó este jueves que ahora se deberá empezar a pagar desde septiembre, con lo cual –dijo- se tendrán los seis meses de diferimiento en el pago de los créditos.

“Todos quienes deben menos de Bs 1.000.000, que son la casi totalidad de los prestatarios, van a tener un nuevo diferimiento de tres meses adicional a los tres meses que ya habían recibido, con lo cual tendrán los seis meses de diferimiento. Entonces, los créditos se volverán a pagar en septiembre, y obviamente negociarán con los bancos, una de las opciones es que estas cuotas sean reprogramadas para el final del periodo”, explicó Ortiz.

El Gobierno dispuso la cuarentena en marzo y concluye este fin de mes para evitar la propagación del coronavirus; implicó la suspensión de las diferentes actividades productivas y de servicio, lo que a su vez activó la exigencia de diferentes prestatarios de diferir el pago de sus créditos por falta de ingresos.

El Legislativo, controlado por el MAS, aprobó una ley que dispone el pago de crédito después de seis meses de concluida la emergencia por el coronavirus.

Ortiz explicó que los meses que no se están pagando deben diferirse para el final del pago de créditos.

“Es decir, si tenían un crédito que vencía de acá a un año, bueno ahora este venderá en un año y medio, eso se irá reprogramando en los próximos meses con cada entidad financiera”, explicó.

Los banqueros hicieron conocer en las últimas horas que aplazar por más tiempo el pago de créditos pone en riesgo la estabilidad del sector.

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Represalias, resoluciones alteradas y reuniones privadas, en la prescripción de deudas en el SIN

La Fiscalía de La Paz investiga casos irregulares de cobros por la anulación de deudas tributarias. Tres funcionarios son investigados por incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles a la Constitución.

/ 28 de mayo de 2020 / 15:48

Instalaciones del Servicio de Impuestos Nacionales

Por Rubén Atahuichi

El caso de presuntos cobros en Impuestos Internos a cambio de la prescripción de la deuda tributaria de algunos contribuyentes devela reuniones privadas, represalias e incluso “acoso institucional”, a decir de una de las funcionarias denunciantes de la oficina distrital de La Paz.

Según una carta enviada al gerente general del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Rubén Tabata, publicada en las redes sociales por el programa de televisión “Detrás de la verdad”, Tereza Paredes Flores involucra a varios funcionarios en un caso particular, aunque insinúa que hay otros 103.

La funcionaria decidió denunciar las irregularidades al conocer el caso de un contribuyente, Jhonny Emilio B. von A., quien supuestamente fue favorecido con las prescripción de su deuda tributaria aún fuera del tiempo. Cuenta que el abogado de éste, Federico V., presuntamente miembro de un bufete externo de juristas, mantenía “reuniones reservadas permanentes” con funcionarios del Departamento Jurídico y la Gerencia General de la oficina distrital del SIN La Paz 1.

Al resolver la situación del contribuyente, otra funcionaria, Carmen M. C., recibió la “instrucción” de que la solicitud de Jhonny Emilio B. von A. “debe declararse prescrita en la resolución a dictarse”. “En eso, Carmen M. C. respondió a la Jefa de Departamento que no estaba de acuerdo, porque, como Gerencia Operativa, debía agotarse todas las instancias con el fin de velar los intereses del Estado”, escribe Paredes Flores a Tabata.

Al final, contó la funcionaria, la resolución salió a favor del contribuyente y Carmen M. C. no fue convocada más para las reuniones. Dijo que incluso, el 21 de febrero, por instrucción de la Jefatura de Recursos Humanos, fue obligada a tomar vacaciones.

“No le quedó más que aceptar, se puso a llorar”, informó.

Sobre su caso, Paredes Flores denunció que fue víctima de maltratos por parte de uno de los supervisores del Departamento Jurídico ahora investigados y dijo que presentó denuncia contra el funcionario por “acoso institucional”. Constantemente, este señor me maltrataba de forma verbal y escrita, “de manera constante me presionaba para firmar resoluciones, facilidades de pagos incumplidos o modificación de notificaciones”.

Incluso, denunció que en la segunda semana se le asignó un caso de solicitud de prescripción que finalmente fue derivado a otra profesional. “Siendo 103 casos”, dijo.

Extraoficialmente se supo que los involucrados en la trama son Jorge Ledezma Salomón, el gerente distrital; María Yolanda Vargas, la jefa del Departamento Jurídico; y Roy Mancilla, supervisor técnico jurídico.

En conversación con La Razón este jueves, el presidente del SIN, Marco Nava-Morales, anunció la destitución de tres funcionarios de esas oficinas, aunque se no animó a mencionarlos debido al “principio de presunción de inocencia”.

“La denuncia versa en el sentido de que algunos funcionarios del Departamento Jurídico hubiesen tenido algún nexo con personeros o un abogado de jun bufete externo para solucionar o favorecer a algún contribuyente sobre casos de prescripción”.

Al respecto, este miércoles, el fiscal departamental, Marco Antonio Cossío, confirmó la intervención de las dos oficinas del SIN La Paz, el lunes. La denuncia se basa “en sentido de que estas personas estarían negociando con bufetes de abogados la prescripción de deudas tributarias cuando aún no estaban vencidas”. Por lo tanto, el Estado estaría dejando de percibir sumas de dinero importantes”.

Consideró que se va a conformar una comisión de fiscales y el caso será ampliado a otras personas que pudieran estar involucradas.

Por el momento, los tres funcionarios son solo investigados y no fueron aprehendidos, y pesan sobre ellos sospechas de los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles con la Constitución Política del Estado.

(28/05/2020)

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Presidente del SIN: Funcionarios tenían nexo con un bufete para favorecer la prescripción de deudas tributarias

En entrevista con La Razón, Mario Nava-Morales explicó los detalles de un presunto caso de corrupción en Impuestos denunciado ahora ante la Fiscalía de Distrito de La Paz.

/ 28 de mayo de 2020 / 12:11

Mario Nava-Morales, presidente del SIN.

Por Rubén Atahuichi

Un presunto caso de corrupción ocupa al Servicio Impuestos Nacionales (SIN): tres funcionarios gestionaban con un abogado de un bufete externo la prescripción de deudas tributarias de algunos contribuyentes.

El martes 26, la Unidad de Transparencia del SIN, coordinación con la Fiscalía de Distrito de La Paz, intervinieron en el caso y precintaron las oficinas de la Gerencia Distrital de La Paz 1 y el Departamento Jurídico.

El presidente del SIN, Mario Nava-Morales, atendió a La Razón para explicar este caso que, si bien tiene identificados a los supuestos involucrados, no develó aún la cantidad de dinero defraudado ni los favorecidos.

—Hay una supuesta intervención de una oficina del SIN para investigar un caso de supuestas irregularidades

— Sí, correcto. El martes 26 se presentó a la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del SIN una denuncia de una funcionaria de la Gerencia Distrital La Paz 1. La denuncia establece algunos actos irregulares y la comisión de supuestos ilícitos penales de funcionarios del Departamento Jurídico y de la Gerencia Distrital La Paz.

En consecuencia, como tal cual establece la Ley 974, de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la Unidad de Transparencia del SIN conjuntamente con la Fiscalía de Distrito y el fiscal anticorrupción asignado precintaron las instalaciones de la Jefatura Jurídica y la Gerencia Distrital La Paz 1 a efectos de que la Fiscalía pueda realizar la persecución penal que establece la ley y, por sobre todas las cosas, encontrar la verdad histórica de los hechos.

— ¿De qué se trata el supuesto caso de corrupción?

La denuncia versa en el sentido de que algunos funcionarios del Departamento Jurídico hubiesen tenido algún nexo con personeros o un abogado de jun bufete externo para solucionar o favorecer a algún contribuyente sobre casos de prescripción.

— Prescripción de deudas tributarias…

Prescripción de deudas tributarias.

— ¿Se sabe a cuánto alcanza la prescripción y el monto?

No tenemos todavía la cantidad, toda vez que, como Unidad de Transparencia del SIN, se ha realizado la intervención y el precintado, todas las actividades investigativas. Sin embargo, el Ministerio Público es la institución llamada por ley para determinar la situación jurídica de los supuestos implicados y, más que todo, determinar la verdad histórica de los hechos.

— ¿Quiénes fueron destituidos de sus funciones?

El Gerente Distrital, el jefe del Departamento Jurídico y un supervisor del Departamento Jurídico.

— ¿Nombres?

Nosotros preservamos y respetamos el principio de presunción de inocencia, que es constitucional. Por tanto, a efectos de no entorpecer los actos investigativos de la Fiscalía nos reservamos el derecho de guardar los nombres.

— Precintados los despachos señalados…

Solo los del Departamento Jurídico y la Gerencia. Sin embargo, los de atención al contribuyente y demás unidades funcionales se encuentran plenamente desarrollando normalmente sus actividades.

— ¿Qué acciones más va a encarar su oficina respecto del caso?

Nosotros, como presidencial del SIN, ya realizamos una acción directa, que es remitir la denuncia a la Unidad de Transparencia. En consecuencia, la Unidad de Transparencia y al Fiscalía son las instituciones llamadas por ley para realizar la persecución penal.

Estamos esperando que los actos investigativos para llegar a la verdad histórica de los hechos. (28/05/2020)

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Precintan una oficina del SIN por presuntos cobros para la anulación de deudas tributarias

Tres funcionarios coordinaban con un bufete de abogados un “perdón” tributario a terceros a cambio de montos de dinero indeterminados.

/ 28 de mayo de 2020 / 10:57

Instalaciones del Servicio de Impuestos Nacionales

Por Rubén Atahuichi

Tres funcionarios de la oficina distrital de La Paz de Impuestos Internos fueron separados de sus cargos debido a supuestos cobros a terceros por la prescripción de deudas tributarias. Su oficina fue precintada por la Fiscalía Anticorrupción.

La información fue confirmada a La Razón por el director ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Renato Nava Morales.

Una abogada denunció que un bufete de profesionales gestionaba junto con ejecutivos de esa oficina la prescripción de deudas tributarias a cambio de millonarios montos de dinero.

Por ese presunto caso de corrupción, un ejecutivo y dos directores jurídicos fueron destituidos, con el objetivo de investigar el caso.

Las oficinas del Departamento Jurídico del SIN, ubicadas en la calle Ballivián de La Paz, fueron precintadas el martes con fines investigativos a cargo de la Fiscalía Anticorrupción.

Noticia en proceso.

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