Economía

miércoles 20 oct 2021 | Actualizado a 21:21

Asuss aclara que empleadores no pagarán indemnizaciones por COVID-19, sino las cajas y AFP

La Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social recordó que el instructivo de extender el Certificado de Incapacidad Temporal por Accidente de Trabajo sigue lineamientos de la Ley General de Trabajo y la OIT.

Economía y coronavirus

Por Miguel Vargas

/ 24 de mayo de 2020 / 14:24

La Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social a Corto Plazo (Asuss) aclaró que cualquier pago de indemnizaciones en favor de un empleado que resultare contagiado con COVID-19 no correrá por cuenta del empleador, sino de las entidades de la seguridad social (las cajas de salud) y las AFP.

La Cámara Nacional de Comercio (CNC -Bolivia), la Cámara Nacional de Industrias (CNI) y la Asociación Nacional de Comercializadores Privados de Hidrocarburos (Asosur Nacional), entre otras entidades privadas, solicitaron al Gobierno en las últimas horas dejar sin efecto el Instructivo INS/ASUSS/DGE/DJ N° 0003/2020, que ordena a los Entes Gestores de Salud (las cajas de salud) emitir el certificado de incapacidad temporal por trabajo a los asegurados que se contagien del COVID-19 con ocasión o como consecuencia de sus actividades laborales.

“Es necesario mencionar que la aplicación de la Ley General del Trabajo y su reglamento no está dentro de la tuición directa de la Asuss, por lo tanto, la información vertida por algunos medios de comunicación de que la Asuss instruye que el trabajador que quede inválido o muera producto del COVID-19 debe ser indemnizado con 24 sueldos por sus empleadores carece de verdad, ya que el instructivo emitido se circunscribe a la aplicación del Código de Seguridad Social”, se lee en un comunicado firmado por Ramiro Alejandro Reyes, director General Ejecutivo de la entidad reguladora.

En el comunicado se explica que el artículo 98 de la Ley General del Trabajo establece que “la institución aseguradora responderá el pago total de las indemnizaciones, rentas y pensiones quedando, entonces, relevado el patrono de sus obligaciones por el riesgo respectivo”.

Accidentes de trabajo

De forma específica, si se declara un accidente de trabajo, serán las Cajas de Salud las que harán las prestaciones a corto plazo y si la persona falleciera por COVID-19, serán las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) las que harán las prestaciones a largo plazo, precisa el documento emitido este domingo.

La Asuss sostiene, además, que para elaborar el instructivo –que responde a la necesidad de los Entes Gestores de Salud de aclarar la relación de la infección por COVID-19 con referencia y consecuencia del trabajo en el ámbito de la seguridad social–, se ha procedido en apego al Código de Seguridad Social a Corto Plazo, considerando lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en lo vinculado al nuevo coronavirus, en que se establecen obligaciones de empleadores y trabajadores sobre las medidas de bioseguridad.

(24/05/2020)

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Organizadores de la Feicobol anuncian que el recinto ferial será ‘seguro y responsable’

Del 28 de octubre al 7 de noviembre se llevará adelante la Feria Internacional de Cochabamba con la participación de más de 1.000 empresas nacionales y extranjeras.

El frontis del campo ferial de Alalay, en Cochabamba. Foto: La Razón-archivo

/ 20 de octubre de 2021 / 13:49

A días de inaugurarse la Feria Internacional de Cochabamba (Feicobol), los organizadores del evento anticiparon que el recinto ferial de Alalay será un sitio “seguro y responsable” para todas las familias bolivianas que visiten la exposición.

Tras un año de receso debido a la pandemia del COVID-19, la 37 Feria Internacional de Cochabamba se llevará a cabo del 28 de octubre al 7 de noviembre. Se trata de uno de los eventos comerciales más importantes del país que para esta edición albergará a más de 1.000 empresas, entre nacionales y extranjeras.

Este evento, que se iniciará la siguiente semana, contará con cuatro puntos de vacunación contra el COVID-19, además de otros para pruebas rápidas al ingreso; será obligatorio el uso de barbijo, desinfección de manos y el control de temperatura.

“Motivamos a todos los sectores para que sean parte del crecimiento de la economía boliviana que trae consigo los días de feria, pero cuidando la salud. Por eso, estamos instalando un stand con el Colegio Médico de Cochabamba en el Pabellón Internacional donde ellos ofrecerán información a los visitantes sobre comportamiento individual, vacunas y todas las recomendaciones para cuidarse y protegerse”, anunció Antonio Torrico Saavedra, presidente de Feicobol.

El ejecutivo también anticipó que con las acciones llevadas adelante “el recinto ferial de Alalay será un lugar seguro y responsable para todas las familias bolivianas que visitarán la feria”.

Con ese objetivo, la Fundación Feicobol, la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Cochabamba y el Colegio Médico de Cochabamba firmaron una alianza los días pasados.

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Silva: ‘Intereses políticos’ y desinformación alientan protestas contra la Ley 1386

El viceministro de Defensa del Consumidor aclara que esta norma no afecta a gremialistas, transportistas, mineros u otro sector trabajador.

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva.

/ 20 de octubre de 2021 / 13:38

La Ley 1386 solo afecta a narcotraficantes, a los que trafican con personas, falsifican dinero y se dedican al contrabando, aclaró el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, quien señaló que por “intereses políticos” existe desinformación sobre el alcance de esta norma.

El funcionario salió al paso del anuncio de movilizaciones, bloqueos y un paro de actividades de 48 horas para este jueves, convocado por gremialistas, transportistas, mineros y movimientos cívicos.

“Esta ley no afecta a esos sectores pero (que) están siendo utilizados por dirigentes que no representan intereses de estos sectores, son dirigentes que representan intereses de una corriente política golpista que existe en nuestro país y que está buscando desestabilizar al Gobierno del presidente Luis Arce”, dijo Silva.

Explicó que la Ley 1386, Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, afectará a quienes se dedican al narcotráfico, a la trata y tráfico de personas, falsificación de dinero, corrupción, contrabando, entre otras actividades ilícitas.

“Pero no (a) los gremialistas, no (a) los mineros, no (a) los transportistas que trabajan 16, hasta 20 horas para ganarse su platita bien habida; esta ley, no afecta a esos sectores de ninguna manera”, dijo en una entrevista en Red Uno.

Silva exhortó a los dirigentes políticos, que amenazan con movilizaciones, que hagan saber cuáles de los siete artículos de la norma afecta a estos sectores; asimismo, lamentó que se promueva desinformación respecto a esta norma promulgada el 16 de agosto reciente.

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Comibol reubica a cooperativas de la mina y busca la ‘estabilización’ del Cerro Rico

Una empresa, la Cooperativa Unificada, firmó un acuerdo con la estatal minera para su reubicación en otro yacimiento de Potosí.

El yacimiento minero del Cerro Rico está en riesgo de colapsar. Foto: Tecnología Minera.

/ 20 de octubre de 2021 / 13:21

La “estabilización” del Cerro Rico de Potosí y la reubicación de las cooperativas que trabajan en la cota 4.400 son tareas de prioridad que anunció la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) ante un eventual colapso de esta mina precolombina.

Para dichas tareas se han conformado dos comisiones interinstitucionales; la primera de ellas trabaja técnicamente en el relleno para la estabilización del cerro, bajo un estudio técnico de la Universidad Autónoma Tomás Frías. La segunda, evalúa la reubicación de las cooperativas mineras que trabajan en la cota 4.400 del yacimiento.

Al respecto, el presidente ejecutivo de la Comibol, Eugenio Mendoza, detalló que estas acciones se desarrollan en coordinación con los diferentes actores mineros y autoridades de Potosí.

En cuanto a la reubicación, el funcionario anticipó que en los últimos días fue suscrito un convenio con la Cooperativa Unificada, que opera con 500 personas, para su migración a otra mina cercana a Potosí.

Asimismo, Mendoza anticipó que en los próximos meses se firmará “un acuerdo con otra cooperativa grande, de tal manera, que las cooperativas pequeñas migren por (la) gravedad al verse solas”.

Según datos de Comibol, existen cerca de 5.700 obreros entre socios, segundas manos y peones que trabajan en las áreas de conflicto del cerro.

El yacimiento en promedio genera cerca de $us 140 millones de ingresos para el país y en regalías aporta al departamento y municipio de Potosí unos $us 4 millones.

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Cooperativistas de Potosí se abren al diálogo por la Ley 1386, pero no descartan

"Siempre buscamos diálogo a los problemas, lo que no queremos es convulsionar al país”, dijo el presidente de esa organización, Óscar Astoraique.

Foto: Captura de Radio Pio XII

/ 19 de octubre de 2021 / 10:18

La Federación de Cooperativistas de Potosí ratificó este martes su rechazo a la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y advirtió con movilizaciones si el Gobierno no abroga esa norma.

«Como cooperativas generamos empleos directos e indirectos, nosotros podemos demostrar nuestros ingresos con las liquidaciones de venta que hacemos, pero hay mucha gente que está trabajando en informalidad y hay mucha gente que no podría demostrar los ingresos que tiene», afirmó su presidente, Óscar Astoraique, a Unitel.

Cuestionó que esa norma no sea consensuada “mirando las particularidades de cada sector”, sin embargo, consideró que debe existir una normativa que permita investigar a personas que se hayan “enriquecido de manera ilegal”.

«Siempre buscamos diálogo a los problemas, lo que no queremos es convulsionar al país; con la pandemia y el gobierno transitorio, hemos sido altamente perjudicados, hoy por hoy estamos queriendo reactivarnos económicamente”, dijo Astoraique.

Aseguró que su sector buscará el diálogo, pero “si el Gobierno o sus brazos operativos no nos hicieran caso, lo que nos quedaría es protestar contra esas normativas que afecta al sector cooperativo».

Varios sectores, como gremiales y choferes se sumaron al pedido de abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, según ellos, afecta a sus derechos.

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Asfi: Robo a clientes del Banco Unión se debe al ‘hackeo’ de sus dispositivos móviles

El director ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), Reynaldo Yujra, explicó que este tipo de casos se habrían presentado también en otras cuatro entidades financieras.

Por Mauricio Diaz

/ 18 de octubre de 2021 / 10:54

El director ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), Reynaldo Yujra, aclaró este lunes que las denuncias por supuestos desfalcos a cuentas bancarias de clientes del Banco Unión se deben a “hackeos” de dispositivos móviles de los usuarios y no a operaciones de la entidad bancaria.

“(Según esa denuncia) habrían 14 casos de robo virtual en Banco Unión, es falso (…), no se trata de casos que hubieran ocurrido por aspectos atribuibles al Banco Unión”, dijo el funcionario en una entrevista con La Razón Radio.

Además, aseguró que la Asfi no tiene atribuciones para iniciar una investigación ante esas denuncias y que en las inspecciones que realizan no se han evidenciado acciones que dejen vulnerable la seguridad de los usuarios.

“Lo que compete a la Asfi es asegurar que los sistemas de información que tienen las entidades financieras estén adecuadamente estructuradas y no generen alguna vulnerabilidad”, afirmó.

Agregó que ese tipo de sucesos, denominado riesgo operativo, se presentaron también en al menos cuatro entidades financieras, y aunque no especificó cuáles, se conoce que las denuncias estarían en instancias del Ministerio Público.

“No es Banco Unión el único que tiene estos inconvenientes, ni son estas (otras cuatro) entidades financieras de Bolivia las que atraviesan este tipo se situaciones, sino que, a nivel internacional, existen personas y organizaciones dedicadas a realizar este tipo de trabajos irregulares de tratar de clonar celulares, de ‘hackear’ cuentas”, resaltó.

Acusó a “operadores políticos” de difundir ese tipo de información con el fin de desprestigiar a la Asfi y, mediante ella, al Gobierno.

Según esas denuncias, aproximadamente Bs 638.300 habrían sido extraídos de 14 cuentas de clientes del Banco Unión.

Por otra parte, aseguró que el sistema financiero en Bolivia se encuentra estable y destacó que el 85% de créditos diferidos el año pasado fueron cancelados, lo que en la visión de Yujra muestra “que la economía está en recuperación”.

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