Economía

miércoles 8 jul 2020 | Actualizado a 00:08

Difieren a septiembre inicio del pago de créditos para montos menores a Bs 1 MM

El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, informó de la decisión tomada. La ley de diferimiento de pago de créditos establece que la cancelación se reanude seis meses después de la emergencia por el coronavirus

/ 28 de mayo de 2020 / 18:03

El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz.

Los que tengan un crédito bancario menor al millón de bolivianos podrán empezar a pagarlo a partir de septiembre, de acuerdo al decreto reglamentario de la ley que fija que deben ser cancelados seis meses después de la cuarentena. El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, informó que esos prestatarios son la mayoría.

A pesar de los plazos fijados por ley, un anterior decreto reglamentario establecía que debía reactivarse los pagos desde junio, lo que desató una serie de reacciones contrarias y acciones. Los microempresarios llevaron a la Justicia esa disposición -operativizada por la entidad reguladora Asfi- que determinó que las próximas disposiciones se emnarquen en la ley.

Ortiz informó este jueves que ahora se deberá empezar a pagar desde septiembre, con lo cual –dijo- se tendrán los seis meses de diferimiento en el pago de los créditos.

“Todos quienes deben menos de Bs 1.000.000, que son la casi totalidad de los prestatarios, van a tener un nuevo diferimiento de tres meses adicional a los tres meses que ya habían recibido, con lo cual tendrán los seis meses de diferimiento.

«Entonces, los créditos se volverán a pagar en septiembre, y obviamente negociarán con los bancos, una de las opciones es que estas cuotas sean reprogramadas para el final del periodo”, explicó Ortiz.

El Gobierno dispuso la cuarentena en marzo y concluye este fin de mes para evitar la propagación del coronavirus; implicó la suspensión de las diferentes actividades productivas y de servicio, lo que a su vez activó la exigencia de diferentes prestatarios de diferir el pago de sus créditos por falta de ingresos.

El Legislativo, controlado por el MAS, aprobó una ley que dispone el pago de crédito después de seis meses de concluida la emergencia por el coronavirus.

Ortiz explicó que los meses que no se están pagando deben diferirse para el final del pago de créditos.

“Es decir, si tenían un crédito que vencía de acá a un año, bueno ahora éste vencerá en un año y medio, eso se irá reprogramando en los próximos meses con cada entidad financiera”, explicó.

Los banqueros hicieron conocer en las últimas horas que aplazar por más tiempo el pago de créditos pone en riesgo la estabilidad del sector. (29/05/2020)

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El Gobierno pide a empresas públicas planes que no contemplen ‘inversiones’ estatales

El expresidente Evo Morales advirtió que la decisión de la administración de Añez implicará que no haya recursos económicos para el pago de bonos. El Estado paga bonos como el Juancito Pinto

/ 30 de junio de 2020 / 20:26

Largas filas en instituciones financieras de La Paz para el cobro del Bono Universal.

Por Carlos Corz

Como parte del plan de reactivación del empleo, el Gobierno decidió pedir a las empresas estatales, en las que el Estado tiene el 100% de su patrimonio, presentar planes de factibilidad de corto plazo para determinar su sostenibilidad sin inversiones estatales. El expresidente Evo Morales advirtió que no habrá recursos para pagar bonos y rentas.

“El Plan de Factibilidad de Corto Plazo, deberá evitar considerar como supuestos la erogación de nuevos recursos por parte del Estado”, establece el parágrafo tercero del artículo 84 del decreto 4227, aprobado por el gobierno de Jeanine Áñez para la reactivación del empleo.

Ese mismo artículo dispone la presentación de los planes para ver la sostenibilidad de las firmas con una proyección a marzo de 2021.

Morales aseguró que la decisión implicará poner en riesgo el pago de los bonos y rentas para sectores vulnerables. En su gobierno se pagó bonos como el Juancito Pinto.

“El artículo 84 del D.S. 4272 determina, pese a la crisis de la pandemia, cero inversión para las empresas públicas, lo que significa que ya no habrá recursos para bonos ni rentas; el gobierno de facto inició la privatización mientras favorece intereses empresariales de sus socios”, denunció en un post en su muro de Facebook.

Esta política sobre las firmas estatales está inscrita en el compromiso asumido por el Gobierno de Añez con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Compensaremos algunas de estas necesidades adelantando un recorte planificado de la inversión de nuestras empresas públicas equivalente a alrededor de un 0,8% del PIB”, refiere el documento.

Aunque aclara que “será necesario poner en práctica medidas sociales focalizadas tales como la complementación de los ingresos de los sectores más vulnerables, sin perjuicio de otros programas sociales prioritarios”.

Un crédito de $us 327 millones concedió el organismo internacional para la lucha contra el COVID-19 en Bolivia, sin embargo el Legislativo no lo viabilizó aún debido a que no fue presentado el contrato de crédito.

Parte del artículo 85 del decreto 4272 también establece que los ministerios cabeza de sector de cada firma “deberá adoptar medidas necesarias para optimizar la gestión empresarial pública enmarcándose en la política de reducción de gasto corriente del sector público y la optimización de recursos”.

(30/06/2020)

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Gobierno dice tener un testigo ‘clave’ en la denuncia de fraude electoral, anuncia sorpresas

El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, adelantó que se trabajó desde ministerios y usando dinero del Estado para llevar adelante las denuncias en las elecciones de octubre de 2019

/ 29 de junio de 2020 / 21:32

El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, en rueda de prensa. Foto: Ministerio de Justicia

Un “testigo” clave aparece en la denuncia de fraude electoral. El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, informó que esa persona se presentó de forma voluntaria y que en breve declarará en la Fiscalía dando detalles, dijo, de cómo se trabajó desde ministerios y usando dinero del Estado en la denuncia de irregularidades en las elecciones de octubre de 2019. “Vamos a tener muchas sorpresas”, dijo.

“Vamos a proteger su identidad por cuestiones de seguridad, porque es un testigo que va a dar mucho contenido, información (en este caso)”, anunció y evitó dar detalles de quien se trata: “No le puedo dar esos datos porque es una persona que tiene que cuidar su identidad, tenemos que cuidar su identidad y su seguridad”.

Es más, adelantó que se ampliará la investigación fiscal contra los autores de la denuncia por fraude electoral. Un informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA) estableció la existencia de irregularidades en las justas de octubre, lo que agravó la situación política y social en Bolivia y desembocó en la dimisión del presidente Evo Moroles.

En una entrevista en la red Unitel, Coimbra informó que la investigación sobre la denuncia se paralizó por efecto de la cuarentena y las restricciones para frenar la propagación del coronavirus, sin embargo –dijo- el 1 de julio se reactivará la investigación con el inicio de las actividades en el Órgano Judicial.

A poco de que dimitió Morales, el 10 de noviembre, la Fiscalía abrió una investigación contra los hoy exvocales nacionales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de los tribunales Electorales Departamentales. A denuncia del expresidente y candidato Carlos Mesa, la investigación se amplió contra Morales y otros.

Recientemente, el presidente del TSE, Salvador Romero, se sumó a la denuncia, luego que el procurador del Estado, José María Cabrera.

“Lo que se hecho en octubre de 2019 es un acto criminal porque no es solamente que se manipuló información, sino que se obligó a hacer cosas, se gastó dinero del Estado para hacer cosas, es un tema muy complicado que se va ir abriendo”, aseguró Coimbra y advirtió, sin dar detalles, que el Gobierno pedirá la detención de quienes se encuentren en Bolivia y la extradición de quienes están en el exterior, una vez se conozca las revelaciones del testigo “clave”.

“Este mes vamos a tener mucha más sorpresas, mucha más información”, afirmó.

Morales se vio obligado a dimitir, en medio de las denuncias de fraude electoral, un motín policial, un paro cívico y la “sugerencia” del mando militar de dimitir.

(29/06/2019)

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Transporte público vuelve a Santa Cruz con medidas de bioseguridad

La alcaldesa Angélica Sosa informó del acuerdo y del retorno del transporte público en Santa Cruz desde el próximo lunes

/ 29 de junio de 2020 / 21:01

La alcaldesa interina de Santa Cruz, Angélica Sosa, en entrevista con Bolivia Tv.

En la ciudad de Santa Cruz, uno de los municipios más golpeados por el COVID-19, volverá a operar el transporte público, desde el lunes 6 de julio, con el 60% de su capacidad y con todas las medidas de bioseguridad para evitar ser factor de contagios. El pasaje se mantendrá y, en contrapartida, la Alcaldía condonará impuestos ediles a los choferes.

La alcaldesa cruceña Angélica Sosa informó que este fue el resultado de un trabajo coordinado entre la Alcaldía, Tránsito y la dirigencia de los choferes, que exigía se les permita retomar sus actividades como parte de la flexibilización dispuesta a una cuarentena que se mantuvo desde marzo para evitar mayor casos de coronavirus.

Como parte de los acuerdos, los choferes deberán solo ocupar el 60% de la capacidad de sus motorizados para cumplir con el distanciamiento exigido. “Bioseguridad, preservar las norman de Tránsito, cuidar a los choferes y las condiciones para garantizar un traslado oportuno y con seguridad”, explicó.

No se incrementará el costo de los pasajes, como pedían los choferes, de Bs 2 a Bs 3. “No se sube un centavo al pasaje del vecino”, aseguró Sosa y anunció que en contrapartida la Alcaldía condonará multas e intereses a impuestos adeudados por los choferes.

Santa Cruz es uno de los departamentos más golpeados por la pandemia. Hasta el domingo sumó 17873 contagios.

(29/06/2020)

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Alcaldías pagarán bonos y reactivarán economías locales con los $us 150 MM que recibirán

La presidenta Jeanine Áñez promulgó este lunes la ley que devuelve a los municipios, gobernaciones y universidades públicas $us 200 millones

/ 29 de junio de 2020 / 20:50

Control de efectivos militares a motorizados en las calles de Santa Cruz. Foto: APG - archivo

Para Álvaro Ruiz, representantes de los alcaldes de Bolivia, fue una “victoria” la aprobación y promulgación de la ley que libera $u 200 millones para la los subgobiernos y universidades. Parte de ese dinero irá a las alcaldías, que lo destinarán a la reactivación económica y a la entrega de bonos o canastas familiares.

Del presupuesto proveniente del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH), $us 156 millones están destinados a los gobierno ediles e indígenas originarios. El 15%, $us 30 millones, van a los  Gobiernos Autónomos Departamentales y 7%, $us 14 millones a las Universidades Públicas de Bolivia.

Para “la lucha contra el COVID y fortalecer la salud, el 25% para para garantizar seguridad alimentaria, podremos los municipios dar bonos, canastas familiares, algo para evitar este complicado momento que vive el país y el saldo del 25% pensando en la reactivación económica”, explicó Ruiz, representante de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM Bolivia).

La Asamblea Legislativa Plurinacional, controlada por el MAS, sancionó la Ley de Suspensión Temporal y Reasignación de Recursos del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH). La presidenta Jeanine Áñez promulgó la ley se espera que en breve los recursos económicos pasen a sus beneficiarios.

“En el plazo máximo de quince (15) días calendario a partir de la promulgación de la presente Ley, el Órgano Ejecutivo deberá desembolsar el total de los recursos señalados en el Artículo 3 de la presente Ley”, refiere parte de la primera disposición final.

Los recursos provienen de parte del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) asignados a los subgobiernos y universidades, y que fueron direccionados a actividades hidrocarburíferas.

“Esta ley justamente fortalece el poder apoyar a los municipios ante el abandono del gobierno transitorio, pues hemos visto que este tiene créditos, tiene donaciones, pero eso no han llegado a los gobiernos municipales, no han llegado ni barbijos y esa es la preocupación que nos ha llevado a impulsar esta ley y hoy finalmente la tenemos”, afirmó Ruiz.

(29/06/2020)

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Tras observaciones al crédito del FMI en el Legislativo, el Gobierno decidió su uso por decreto

El decreto 4277 dispone la transferencia del crédito de $us 327 millones al Ministerio de Economía para “cubrir necesidades fiscales y de balanza de pagos”. Pese a que no lo aprobó el Legislativo, el decreto refiere que se cumplió con el trámite

/ 26 de junio de 2020 / 21:59

La sede de FMI en Washington, EEUU

Por Carlos Corz

Ante las observaciones del MAS en el Legislativo, el gobierno de Jeanine Áñez decidió por decreto la utilización del crédito de $us 327 millones proveniente del Fondo Monetario Internacional (FMI) para “cubrir las urgentes necesidades fiscales y de balanza de pagos, asociadas con el aumento del gasto en salud y el deterioro de los términos de intercambio, producto del brote del COVID-19.

“El presente Decreto Supremo tiene por objeto disponer la transferencia de los recursos de la asistencia otorgada bajo el Instrumento de Financiamiento Rápido – IFR del Fondo Monetario Internacional – FMI, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, como apoyo presupuestario para el Tesoro General de la Nación – TGN”, refiere el artículo 1 del decreto 4277 aprobado este viernes.

La Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados rechazó el 20 de junio el proyecto de ley que aprueba el crédito externo del FMI por falta de documentación de respaldo, aunque el viceministro del Tesoro y Crédito Público, Carlos Schlink, reveló en ese sesión que los recursos del FMI ya están siendo utilizados en varios ítems para cubrir “el hueco financiero” ocasionado por la pandemia del Coronavirus.

MAS al Gobierno: Sin contrato, el crédito del FMI no será aprobado por la Asamblea

Según el decreto firmado por Áñez y su gabinete se cumplió con la “formalidad establecida en el numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado” que hace a la atribución del Legislativo de “Aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado y autorizar a las universidades la contratación de empréstitos”,

El artículo 2 del decreto establece: “Cumplida la formalidad establecida en el numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se dispone la transferencia de los recursos de la asistencia otorgada bajo el IFR del FMI, por DEG240.100.000 (DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES CIEN MIL 00/100 DERECHOS ESPECIALES DE GIRO) al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, como apoyo presupuestario para el TGN, destinados para cubrir las urgentes necesidades fiscales y de balanza de pagos, asociadas con el aumento del gasto en salud y el deterioro de los términos de intercambio, producto del brote del Coronavirus (COVID-19)”.

Esos fondos suman $us 327 millones y, de acuerdo a uno de los considerandos de la norma, se hace “necesario disponer la transferencia de los recursos de la asistencia otorgada por el FMI, bajo el IFR, a favor del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas como apoyo presupuestario para el Tesoro General de la Nación – TGN”.

«El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante Resolución Ministerial, aprobará las condiciones para la utilización de los recursos de la asistencia otorgada bajo el IFR del FMI», establece el parágrafo II del artículo 2.

 El asambleísta del Movimiento al Socialismo (MAS) y vicepresidente de la Cámara de Senadores, Omar Aguilar, requirió el 20 de junio del Gobierno el contrato del crédito de $us 327 millones, porque solo con esto se podrá considerar la aprobación del proyecto de ley que lo viabilizará.

“Le decimos de la manera más clara y sincera al Ejecutivo: mientras no presenten su documentación (del crédito del FMI), la Asamblea Legislativa Plurinacional no puede aprobar por responsabilidad y cumplimiento del (artículo) 322 de la Constitución”, advirtió el asambleísta en esa oportunidad.

De acuerdo a las normas vigentes, los créditos requieren ser aprobados por ley.

(26/06/2020)

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