Economía

sábado 4 jul 2020 | Actualizado a 00:42

Trigo: Las telefónicas tienen una previsión de incobrables de 85%

La Cámara de Telecomunicaciones de Bolivia busca una reunión con la presidenta de la Cámara de Senadores para exponer su postura y situación.

/ 29 de mayo de 2020 / 15:34

Eduardo Trigo, gerente general de Cámara de Telecomunicaciones de Bolivia (Catelbo)

Por Liliana Aguirre

Eduardo Trigo, gerente general de Cámara de Telecomunicaciones de Bolivia (Catelbo), expone el golpe que generaría a las telefónicas la doble recarga estipulada en la Ley 621 para abonados de telefonía móvil, fija e internet. Además expresó las dificultades financieras que acarrean la falta de pagos en estos servicios y la imposibilidad de cortes ante la pandemia. Este sector busca una reunión con la presidenta de la Cámara de Senadores para exponer su postura y situación.

¿Cuál es su postura ante el proyecto de Ley 621 que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados?

Dicho proyecto pone en riesgo la normal provisión de internet y telefonía a los cerca de 10 millones de usuarios que hay en Bolivia; esto debido a que dicha ley ha sido abordada de forma unilateral y expropiatoria y no ha tomado en cuentas las condiciones técnicas y económicas necesarias para un incremento de las demandas de estas condiciones en el sector telecomunicaciones. Asimismo esta medida repercutirá en inmediata y severa congestión en la red, que ya ha sufrido un incremento de tráfico del 40% debido al cumplimiento de la emergencia sanitaria.

¿Cómo les afecta si no tenían previsto este incremento?

Estamos en una situación atípica y anormal de estar confinados a un encierro voluntario por una medida precautoria al contagio y diseminación del contagio del coronavirus y esto ha llevado a que la gran mayoría de usuarios al uso de las tecnologías de la información e internet ya sea para diversión, capacitación, ocio, juegos y ha generado una demanda extraordinaria adicional a la que tienen previsto los operadores en sus redes. Un incremento de 40% de tráfico y ha obligado a los operadores a ampliar sus capacidades con los proveedores internacionales para satisfacer y cumplir esta demanda extraordinaria que se ha dado en todo este periodo de tiempo de confinamiento.

¿Con un mayor incremento de demanda y el doble abono se podrá mantener la calidad del servicio?

Consideramos que esto antes de ser un beneficio para los usuarios finales como se plantea es decir que se los usuarios que recarguen crédito en sus líneas móviles va a generar una sobresaturación por congestionamiento en el tráfico que podría generar en algún momento un colapso de la red. Esta situación va a afectar a usuarios como a los mismos operadores. Es importante recalcar que los operadores están sufriendo una situación extrema debido a la prohibición de orden que tienen de acuerdo con lo que establece la Ley 1994 y el Decreto Supremo 4206, que señalan que los operadores no pueden cortar el servicio a aquellos usuarios que tienen facturas impagas de enero, febrero y marzo. Esto ha motivado a que la gente, debido al confinamiento, no haya podido cumplir con estas obligaciones y no estén pagando sus facturas.

¿Cuál es el efecto del impago de facturas?

Nos ha llevado a una previsión de incobrables de 85%, con lo cual este efecto ha generado una iliquidez que está poniendo en riesgo a las operaciones y hay obligaciones que se tienen con proveedores internacionales y nacionales para garantizar con la continuidad de la prestación del servicio y funcionamiento. Con esta iliquidez y flujo de caja muy reducido, se está teniendo problemas para cumplir con los proveedores ya que no tienen un contrato de diferimiento de pago, esto podría conllevar con una o dos facturas sin pago por parte de los operadores y que los proveedores internacionales y nacionales suspendas su servicio; es decir una situación muy delicada que podría generar cortes intempestivos o una reducción de la calidad de servicio.

¿Cómo cumplirán los operadores con el doble abono tomando en cuenta las dificultades de facturas impagas?

La ley aplica a telefonía fija y móvil tanto en pre y postpago. En el caso de los usuarios prepago se establece que una vez que estos procedan a hacer una recarga, el operador tiene que duplicar el crédito correspondiente del monto original. Es decir carga 20 se abonan 40, esto existe con la doble carga o carguita feliz y está circunscrito a planes y paquetes que lanzan las telefónicas a manera de incentivar uso de servicios. La ley incentiva a que no van a ser días específicos sino cualquier día del mes y así mismo establece un tope de recarga de Bs 320, o sea que aquellos que carguen así van a tener una bonificación de otros Bs 320 llegando a Bs 640. Esto tiene una vigencia de 30 días posteriores a la recarga para hacer uso. Esta situación genera una sobrecarga de tráfico grande a la que ya ha sufrido las redes con el 40%, por el confinamiento que se encuentra la sociedad boliviana; por tanto, esto sería un golpe al tema económico de las empresas de tener que abonar de forma gratuita el monto que recargue un usuario. A diferencia de otros servicios básicos como agua, luz y gas, en lo que el Estado va a asumir un monto de la factura a través de disposiciones establecidas en la norma, pero para telecomunicaciones no se prevé quién va a asumir esta bonificación de 100% y por lo tanto se estaría cargando al propio operador. Con telefonía local, las cooperativas tendrían que aumentar en 50% los minutos libres en sus planes.

¿Sostuvieron reuniones para consensuar esta ley?

Desde que tomamos conocimiento de los proyectos de ley en la Cámara de Diputados hemos estando mandando notas y solicitando reuniones. Únicamente se nos dio una reunión con la Comisión de Política Social de la Cámara de Diputados. Dos días antes de la fecha para la sesión del pleno tuvimos reunión y enviamos nota a la Cámara de Diputados solicitando diferir el tratamiento y hasta concluir con una mesa técnica de la comisión de diputados y los operadores que permitan consenso de hacer esta ley viable y aplicable y que no permitan tanta afectación al usuario final por la congestión que se puede dar y la parte económica a las operadores, solo se tuvo una reunión donde se puede explicar en detalle y no hubo forma de llegar a un consenso. La ley ha sido remitida a la Cámara Alta y enviamos una nota a la presidenta para exponer motivos, propuestas y tratar de hallar un consenso que garantice los servicios de telecomunicaciones. El sector de telecomunicaciones está afectado y este golpe pone en riesgo las operaciones y prestaciones de servicios.

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La inflación en junio sube 0,36% por alza de precios en alimentos y transporte

También incidieron el incremento de precios de los teléfonos celulares y el corte de cabello. La variación acumulada al primer semestre de este año es de 0,78% y a 12 meses alcanzó a 1,44%.

/ 3 de julio de 2020 / 18:07

Los números de la economía boliviana están en caída. Gráfico: ABI

El Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide la tasa de inflación, registró una variación porcentual positiva de 0,36% en junio respecto a mayo. La variación acumulada al primer semestre fue positiva en 0,78% y a 12 meses alcanzó 1,44%.

Según el reporte publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su sitio web, los productos y servicios que registraron la mayor incidencia porcentual positiva en junio son carne de pollo, transporte en minibús, aparato telefónico móvil/celular, cebolla, papa y corte de cabello.

En mayo, la carne de pollo era comercializada por debajo de los costos debido a una sobreproducción del alimento. En los mercados y centros de abasto de las ciudades de La Paz y El Alto el kilogramo de esta carne se expendía entre Bs 7 y Bs 8. Para junio, el costo de este alimento había subido de golpe y se comercializaba entre Bs 14 y Bs 15 al consumidor final.

La cebolla y la papa también subieron de precio. Al estar cerradas las fronteras, los mercados paceños ya no pueden abastecerse de la papa y la cebolla peruana, cuyos precios son más bajos y funcionan en el mercado interno como un regulador entre la oferta y la demanda. Al haber menor oferta de estos productos, los precios subieron.

En cuanto a los teléfonos celulares, sus costos prácticamente se han duplicado. ¿Pero cuál es el motivo? La mercancía que viene de Chile no está entrando por el cierre de fronteras y, al no tener existencias que vender, los comerciantes hicieron subir los precios de los móviles, sobretodo de los que llegan de China.

Los productos que registraron una mayor incidencia porcentual negativa en junio son el tomate, el plátano, la zanahoria, el detergente para lavar ropa, el cemento y la mandarina.

Asimismo, las ciudades capitales y conurbaciones que presentaron mayor variación porcentual positiva son Oruro 0,76%, Conurbación La Paz 0,63%; Región Metropolitana Kanata 0,34%; Potosí 0,28%; Sucre 0,27%; Cobija 0,16% y Conurbación Santa Cruz 0,14%.

(03/07/2020)

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El Gobierno refuerza plan para ‘insertar’ 11.000 empleos con salario subvencionado

El plan es generar "inserciones laborales" en el sector formal de la economía a través del Servicio Público de Empleo (SPE) y el Programa de Apoyo al Empleo (PAE II)

/ 1 de julio de 2020 / 15:18

Autoridades del Ministerio de Trabajo, entre ellos, el ministro Óscar Mercado, presentan el nuevo plan de empleo.

Por Rubén Ariñez

De cara a la crisis, el Gobierno reforzó los programas estatales para preservar y generar al menos 11.000 empleos formales a escala nacional con la subvención de salarios de hasta Bs 3.000 durante el segundo semestre de este año.

Así lo anunció este miércoles el ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Óscar Mercado, en el marco del plan gubernamental de reactivación económica.

“Queremos anunciar que se tiene alrededor de 11 millones de dólares disponibles para que podamos generar inserciones laborales en el sector formal de la economía a partir de inserciones que las va a realizar a realizar el Servicio Público de Empleo (SPE) y el Programa de Apoyo al Empleo (PAE II)”, dijo.

Mediador

El Gobierno asumirá el papel de un intermediador entre el futuro empleado y el empleador.

Para ese fin, se reforzaron los servicios de atención denominados “puntos de empleo” para que los interesados, entre ellos profesionales, se afilien “sin burocracia” a una nómina que luego será evaluada en función a los requerimientos de la firmas.

Mercado explicó que su despacho hizo gestiones para que los recursos programados a largo plazo en el SPE y el PAE sean canalizados en esta gestión para afrontar premisamente la crisis generada por el nuevo coronavirus.

Objetivo

“El objetivo que nos hemos trazado como ministerio es generar al menos 11.000 inserciones laborales entre los próximos tres a seis meses”, dijo. El Gobierno espera alcanzar el 45% de esa cifra en los primeros dos meses.

De manera inicial se beneficiará a las medianas, pequeñas y micro empresas, pero no se descartan otros sectores como el agropecuario y el de la tecnología.

“Vamos a asumir los primeros meses de sueldo, entre tres a seis meses, dependiendo de las circunstancias, va a ser el Ministerio de Trabajo a través del PAE que ha de subvencionar estos salarios que han de ser promedios entre un salario básico establecido hasta 3.000 bolivianos”, dijo.

El fin —dijo Mercado— es frenar la ola de despidos que se han denunciado en varios puntos del país. (01/07/2020)

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El Gobierno pide a empresas públicas planes que no contemplen ‘inversiones’ estatales

El expresidente Evo Morales advirtió que la decisión de la administración de Añez implicará que no haya recursos económicos para el pago de bonos. El Estado paga bonos como el Juancito Pinto

/ 30 de junio de 2020 / 20:26

Largas filas en instituciones financieras de La Paz para el cobro del Bono Universal.

Por Carlos Corz

Como parte del plan de reactivación del empleo, el Gobierno decidió pedir a las empresas estatales, en las que el Estado tiene el 100% de su patrimonio, presentar planes de factibilidad de corto plazo para determinar su sostenibilidad sin inversiones estatales. El expresidente Evo Morales advirtió que no habrá recursos para pagar bonos y rentas.

“El Plan de Factibilidad de Corto Plazo, deberá evitar considerar como supuestos la erogación de nuevos recursos por parte del Estado”, establece el parágrafo tercero del artículo 84 del decreto 4227, aprobado por el gobierno de Jeanine Áñez para la reactivación del empleo.

Ese mismo artículo dispone la presentación de los planes para ver la sostenibilidad de las firmas con una proyección a marzo de 2021.

Morales aseguró que la decisión implicará poner en riesgo el pago de los bonos y rentas para sectores vulnerables. En su gobierno se pagó bonos como el Juancito Pinto.

“El artículo 84 del D.S. 4272 determina, pese a la crisis de la pandemia, cero inversión para las empresas públicas, lo que significa que ya no habrá recursos para bonos ni rentas; el gobierno de facto inició la privatización mientras favorece intereses empresariales de sus socios”, denunció en un post en su muro de Facebook.

Esta política sobre las firmas estatales está inscrita en el compromiso asumido por el Gobierno de Añez con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Compensaremos algunas de estas necesidades adelantando un recorte planificado de la inversión de nuestras empresas públicas equivalente a alrededor de un 0,8% del PIB”, refiere el documento.

Aunque aclara que “será necesario poner en práctica medidas sociales focalizadas tales como la complementación de los ingresos de los sectores más vulnerables, sin perjuicio de otros programas sociales prioritarios”.

Un crédito de $us 327 millones concedió el organismo internacional para la lucha contra el COVID-19 en Bolivia, sin embargo el Legislativo no lo viabilizó aún debido a que no fue presentado el contrato de crédito.

Parte del artículo 85 del decreto 4272 también establece que los ministerios cabeza de sector de cada firma “deberá adoptar medidas necesarias para optimizar la gestión empresarial pública enmarcándose en la política de reducción de gasto corriente del sector público y la optimización de recursos”.

(30/06/2020)

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El Gobierno arremete contra Arce y se querella con la Gestora por la compra de un software

Con la apertura de los juzgados, el Gobierno solicitará la reactivación de los más de 60 procesos en contra de exautoridades del gobierno de Evo Morales, entre ellas el caso del ex Fondo Indígena en el que también implican al exministro de Economía.

/ 30 de junio de 2020 / 17:45

El exministro de Economía Luis Arce.

Por Rubén Ariñez

El Gobierno decidió centrar su ofensiva en el exministro de Economía y candidato a la Presidencia por el MAS, Luis Arce. Junto con la Gestora Pública, impulsa una querella por la compra del software para esta entidad con presunto sobreprecio.

El gerente de la entidad, Sergio Flores, informó la mañana de este martes que la entidad presentó una denuncia penal en la Fiscalía de La Paz por el delito de daño económico al Estado contra Arce y otros funcionarios por la adquisición de dos programas informáticos para la base de datos del fondo de pensiones.

“El software nunca ha sido entregado, nunca vamos a tener un software. Todo este trabajo, lamentablemente, ha sido una pérdida de tiempo y la Gestora Pública nunca iba a funcionar como una Gestora Pública estatal”, contó Flores.

Candidato

El funcionario consideró que “si el señor Arce Catacora es candidato, en su calidad de exministro y presidente del directorio de la Gestora, debe responder ante estos hechos de corrupción”.

El daño económico se calcula en más de $us 10 millones, Según la Gestora, los contratos suscritos con una empresa panameña y otra colombiana para migrar los datos desde las AFP no se honraron.

Denuncia

A esa denuncia se suma el Viceministerio de Transparencia, anunció la tarde este martes el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, quien explicó que la querella tiene dos connotaciones.

“Primero es por un proceso de contratación irregular y que tiene muchas contravenciones a la norma, y la segunda y más importante es el sobreprecio del software adquirido por la gestora”, dijo. 

“Como Viceministerio de Transparencia nos vamos a apersonar y nos vamos a adherir a esta denuncia para que se lleve adelante una investigación imparcial y una investigación lo más antes posible y que se hagan las notificaciones a los denunciados. El principal denunciado es el exministro Arce”, sostuvo.

Ex Fondo Indígena

Pero no es todo. Con el reciente anuncio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de abrir los juzgados desde este miércoles, el Gobierno anunció que se apersonará para solicitar la reactivación de los más de 60 procesos en contra de exautoridades del gobierno de Evo Morales.

Entre ellos, el caso del desfalco al ex Fondo Indígena, un escándalo que golpeó a la anterior administración y en el cual han señalado como uno de los responsables al exministro Arce.

“Vamos a solicitar al Ministerio Público que en el caso del Fondo Indígena se lleve adelante las diligencias y el señor Arce sea citado dentro de este proceso puesto que él, muy suelto de cuerpo, habla de corrupción, sin embargo no ha dado respuesta sobre los fondos del Fondo Indígena”, reclamó.

Según el titular de Justicia, más de Bs 3.000 millones “fueron dispuestos para comprar la conciencia de muchos sectores” y “el señor Arce tiene que dar cuenta de ello”. (30/06/2020)

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Entel trabaja ‘intensamente’ para conectar fibra óptica del Pacífico hasta agosto

La conexión tiene ingreso en Desaguadero, desde donde se extiende el cableado hasta la costera región de Ilo

/ 30 de junio de 2020 / 12:40

Fibra óptica, imagen de referencia

Por Rubén Ariñez

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) trabaja “intensamente” para conectar a Bolivia con la red internacional de fibra óptica del Pacífico hasta agosto y así mejorar su velocidad de internet, anunció su gerente Eddy Luis Franco.

“Estamos trabajando intensamente en poder generar la conexión de fibra óptica del Pacífico y esperamos que en agosto, en el mes de la patria, precisamente terminemos esta conexión”, indicó en una entrevista en la estatal Bolivia Tv.

Explicó que la concreción de esa tarea permitirá “una experiencia diferente en cuanto a velocidad de navegación de internet y los costos que se van a reducir”.

El plan data del gobierno de Evo Morales y se gestó en las reuniones binacionales con Perú en las cuales se allanó inclusive la creación de una subsidiaria de Entel que ya opera en ese país.

La conexión tiene ingreso en Desaguadero, desde donde se extiende el cableado hasta la costera región de Ilo. Desde ahí existe un millar de kilómetros de fibra que se extiende hasta Lurín, punto en el que se conecta con la red de las grandes transnacionales como Google y Facebook.

Se había anunciado el enlace para marzo o abril, pero las obras quedaron retrasadas por la pandemia del coronavirus. “La pandemia hizo que los trabajos en el lado peruano se detengan”, lamentó el ejecutivo de Entel.

El beneficio no solo será para Entel, sino también para las otras operadoras.

“Estoy seguro de que no solo va a ser para los clientes de Entel, sino para las otras empresas que van a tener que ir respondiendo a esta demanda que existe de los ciudadanos para tener una buena experiencia de conexión a internet”, sostuvo Franco.

(30/06/2020)

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