Dos de tres funcionarias de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fueron enviadas este jueves a la cárcel por la denuncia de irregularidades en la millonaria contratación de una póliza de seguros, mientras que la tercera aprehendida el martes se benefició con medidas sustitutivas a la detención preventiva.
La Encargada de Contratos, la Gerente Jurídica y la Jefa de Unidad Legal de YPFB fueron aprehendidas el martes.Elizabeth G.C. fue enviada al penal de Obrajes y Sacarley M.V.B. al penal de Miraflores por el lapso de seis meses, ambas fueron imputadas por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.
El coordinador de la Fiscalía Departamental de la Paz, Sergio Bustillos, informó que en la audiencia cautelar en el Juzgado Quinto Anticorrupción la Fiscalía demostró la vinculación de los funcionarios con la denuncia de irregularidad en la contratación de un seguro de forma directa.
“La Fiscalía presentó los elementos de convicción que hacen presumir que las imputadas son con probabilidad autoras de los delitos investigados por presuntamente haber elaborado una resolución administrativa que autoriza, de manera irregular, realizar adjudicaciones directas de bienes y servicios en la estatal petrolera durante la emergencia sanitaria del COVID-19. Dentro del mismo proceso también se imputó a Alenka J.F.I. quien obtuvo detención domiciliaria sin salida laboral, arraigo, presentación al Ministerio Público los días viernes y prohibición de comunicarse con funcionarios de YPFB”, dijo Bustillos, según un boletín institucional.
Se investiga presuntas irregularidades en el proceso de contratación directa de una póliza de seguros a la empresa Credinform por más de Bs 49 millones. El expresidente de la estatal petrolera Herland Soliz aclaró que no hubo ninguna contratación. Soliz fue destituido del cargo en medio de esta y otras denuncias de irregularidades.
Alenka J.F.I, Gerente de Contrataciones de YPFB, habría avalado los procesos de contrataciones directas de los seguros y servicios generales de YPFB, sin observar los procesos o advertir que eran contrarias a la norma, adecuando su conducta al delito de Incumplimiento de Deberes, según la investigación.
Elizabeth G.C., Gerente Legal Corporativa y Scarlett M.V.B., Jefa de la Unidad Legal General de YPFB, habrían redactado la Resolución Administrativa N° 78/2020 para posteriormente ser emitida por la presidencia de YPFB. La resolución autorizó realizar contrataciones directas durante la cuarentena, hecho que iría en contra de las normas de contrataciones y el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la estatal petrolera.