Economía

viernes 14 ago 2020 | Actualizado a 12:51

Luis Barbery: ‘Ya es insostenible el pago de salarios y de impuestos’

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) evalúa la difícil situación de su gremio y la economía tras más de tres meses de cuarentena en el país. Señala que aún está a la espera de que el Gobierno tome las medidas adecuadas para mitigar la crisis, lograr la reactivación del aparato productivo y salvar a empresas y fuentes laborales.

/ 15 de junio de 2020 / 15:59

Luis Barbery en un entrevista con La Razón. Foto: Pedro Laguna-archivo

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), el cruceño Luis Barbery, no se guarda nada y señala que su gremio afronta una “situación extremadamente grave”. En esta entrevista con La Razón explica la crisis imperante por la pandemia del coronavirus y remarca que hasta ahora continúa a la espera de que el Gobierno tome medidas adecuadas para reactivar la economía y así se pueda evitar la pérdida masiva de empleos y el colapso de empresas. Para muestra del duro momento, revela que, según cálculos preliminares, por cada mes que se paralizaron las actividades económicas el país dejó de manejar aproximadamente $us 2.500 millones. Y advierte que también son necesarios la disminución de la presión tributaria, la flexibilización laboral y el impulso a las exportaciones.

—¿Cuál es la situación de las empresas después de la cuarentena estricta por la emergencia sanitaria y el ingreso a un confinamiento “dinámico”?

—La situación del sector empresarial privado es extremadamente grave. El año pasado, el país se paralizó por dos meses por los conflictos políticos y eso generó una caída muy fuerte de ingresos en todos los sectores; pero este año, a partir de marzo, por la pandemia, se agravó aún más. El 1 de junio se restableció solo en parte una nueva normalidad, pero en los hechos, las restricciones y la parálisis de la economía continúa.

Hay municipios que se mantienen en cuarentena rígida y aunque en otros se ha determinado la flexibilidad, lo cierto es que la economía, especialmente en los sectores productivos, el comercio exterior, el financiero, el comercio e incluso la construcción, recién están reactivándose y se encuentran lejos de retomar su dinamismo normal.

De la preocupación hemos pasado a la alarma y las cosas no mejoran, especialmente porque como empresarios, a la fecha seguimos a la espera de medidas adecuadas por parte del Gobierno para mitigar eficientemente los impactos de la crisis y promover con políticas claras la reactivación del sector productivo.

—¿Cuál es el cálculo que hace la Confederación sobre las pérdidas económicas que ha dejado la paralización de las actividades empresariales en la cuarentena, y cuál su incidencia en el Producto Interno Bruto (PIB)?

—Preliminarmente, estimamos que por cada mes de parálisis el país ha dejado de manejar alrededor de $us 2.500 millones; sin embargo, se trata de cifras parciales porque la emergencia no ha terminado y no se puede hablar de una etapa concluida. Hay una relación estrecha entre la crisis sanitaria y la situación de la economía; mientras la primera se prolongue más, la afectación a mediano y largo plazo será más profunda.
Por esto mismo, no podemos estimar un cálculo final de la afectación a todo el sector privado en tanto no tengamos información completa de la dimensión y el impacto de la crisis y la paralización de la economía. Lo único cierto es que los efectos negativos se perciben ya en todos los sectores. Un estudio de la Cámara de Industria, por ejemplo, revela que el 93% de las industrias en el país prevén una caída severa de sus ingresos por el impacto de la pandemia. El sector turismo está al borde del colapso y esto incluye a operadoras, agencias, hoteles, restaurantes y otros. La banca ha declarado una caída de sus utilidades en casi 20% en el primer cuatrimestre, en relación con la pasada gestión; los exportadores de castaña declararon “desastre económico y social”; el sector de la construcción no logra arrancar y su problema se profundiza por la cuantiosa deuda que el Estado tiene con las empresas, que bordea los Bs 2.000 millones.
Solamente estamos refiriéndonos a algunos sectores, porque, como se señaló antes, son todos los que van a verse perjudicados. Todo esto configura un escenario no solo de extrema gravedad sino de extrema incertidumbre sobre el impacto real de esta crisis y su obvio efecto sobre el PIB.

—¿Cuáles son las trabas con las cuales tropieza aún el sector empresarial para desarrollar sus actividades con “normalidad”, en medio de la llamada cuarentena “dinámica”?

—El punto aquí es que no hay normalidad. No se ha restablecido el transporte entre los departamentos ni entre municipios, tampoco el tráfico aéreo; hay municipios importantes como Santa Cruz que mantienen la cuarentena rígida, además que las empresas están implementando medidas de seguridad sanitaria, adecuándose a los horarios, el transporte de su personal y el distanciamiento social; todo eso configura una situación que está lejos de la normalidad. Pero, por otro lado, tenemos problemas de fondo que tienen que ver con la falta de liquidez en la gran mayoría de las empresas, como producto de la caída de los ingresos y la necesidad de implementar medidas de prevención, que implican gastos adicionales que muchas veces no se pueden sostener. Uno de los mayores problemas sigue siendo la cobertura de los salarios y el sostenimiento de la planilla o el pago de impuestos, que no está respaldado con ingresos o lo está siendo con préstamos; después de tres meses eso ya es insostenible.

—¿Cuál es la previsión del sector empresarial sobre el crecimiento del PIB de este año, tras los efectos negativos de la paralización de actividades? Al respecto, organismos internacionales y calificadoras de riesgo ya advierten con una recesión y un importante decrecimiento de la economía boliviana.

—Todas las previsiones señalan que el efecto de la pandemia sobre el crecimiento del PIB será muy grave. La caída del 5,9% del PIB es la previsión más alta y preocupante, aunque otras entidades como la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y Moody’s han advertido también de un decrecimiento significativo, lo que tiene un efecto transversal y que puede hacer que Bolivia retroceda mucho. Lo preocupante es que tomará tiempo la recuperación y dependerá de las decisiones que tomemos hoy. Otro problema es que la cifra única invisibiliza las grandes diferencias entre sectores; en algunos como el turismo, la hotelería, eventos y espectáculos, la publicidad, la educación privada, o en los departamentos fuera del eje central, el decrecimiento va a ser mucho mayor.

—¿Cuál es la evaluación de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia sobre las medidas de apoyo de parte del Gobierno para este sector?

—En un principio hemos valorado la visión del Gobierno, especialmente de los ministros del área económica, que entendieron que el problema es de todos y que no se puede afectar a unos para salvar a otros. Respecto a las medidas, creemos que parten de un interés real en apoyarnos, pero por ahora han resultado insuficientes, parciales, y su aplicación tropieza con enormes dificultades.

Sabemos que hay problemas urgentes en el ámbito de la salud y que son prioritarios, pero también el Gobierno debe comprender que, si no se toman medidas urgentes y necesarias para cuidar la salud de la economía, nos vamos a enfrentar a la pérdida masiva de empleos y el colapso de las empresas, y las condiciones de reactivación de la economía y la producción serán extremadamente difíciles.

Comprendemos que ésta es una crisis inédita, no prevista ni provocada por los involucrados, pero también sabemos que la obligación ahora es salir todos juntos, de manera concertada y dialogada para evitar que los daños sean mayores.

Por otro lado, nos preocupa mucho el retorno de una tendencia que discrimina al sector privado en relación al sector público. Como ejemplos, el Gobierno toma como decisión estratégica el salvataje de la empresa pública de aviación con recursos públicos, pero es reticente cuando se habla de salvar a las industrias que están cerrando; también admite los despidos en empresas como EBA (Empresa Boliviana de Almendra y Derivados), en municipios y seguramente en los ministerios cerrados; sin embargo, no actúa del mismo modo con el sector privado. Creemos que es importante que las empresas de los sectores público y privado se rijan por la misma ley y no se prefiera a unas sobre otras.

—¿Qué medidas complementarias aconseja la Confederación para que sean tomadas de inmediato ante la inminente recesión por la paralización de actividades, por la pandemia?

—La crisis es estructural y para enfrentarla necesitamos medidas estructurales y radicales. El Gobierno tiene que pensar seriamente en ingresar recursos originados principalmente en el crédito externo, para atenuar esta crisis. Aunque eso es lo más urgente, deben activarse otras medidas, como la disminución de la presión tributaria, la flexibilización laboral, el impulso a las exportaciones y una mayor liberalización de la economía. Hemos hecho un planteamiento al Gobierno con medidas concretas, viables y necesarias, pero lamentablemente no hubo una respuesta todavía.

—¿La Confederación ya tiene algún porcentaje o sabe cuántas empresas ya se han beneficiado de los créditos propuestos por el Gobierno para el pago de salarios y para la operatividad de las empresas? ¿Les parece una medida suficiente? ¿Cómo se la puede mejorar?

—Entiendo que, hasta la última semana, la banca canalizó aproximadamente Bs 900 millones en créditos a las empresas, a través del Plan de Empleo y Apoyo a la Estabilidad Laboral. Creemos que es importante hacer una evaluación, con el Gobierno y los sectores, para ver el impacto real de estas medidas y, en su caso, establecer los ajustes que se necesiten.

—Ante la crisis económica, ¿en qué debe cambiar la relación con los trabajadores?

—En el 99% de las empresas privadas formales de Bolivia hay una relación saludable entre los trabajadores y los empresarios. Mayormente, los problemas se previenen con el diálogo, la información transparente que refleja la realidad de la empresa y el intercambio de opiniones. A veces hay diferencias y tensiones, lo que es normal, pero en general se llegan a acuerdos. Yo creo que esa forma de relación debe continuar.

—Un tema pendiente es el incremento salarial de este año. ¿Se habló ya del tema? ¿El Gobierno les hizo llegar alguna invitación para una charla tripartita con trabajadores? ¿Cuál es su posición sobre este tema?

—No hemos tenido ninguna conversación sobre el tema con las autoridades y creo que no la vamos a tener este año. Aquí es importante precisar que estamos en un momento en que se debe pensar en salvar el empleo: si no hay empresa formal no hay empleo formal, ni sueldos ni ingresos. Creo que el Gobierno y los propios trabajadores así lo entienden. Los empresarios entendemos la necesidad y la aspiración de los trabajadores, pero la situación en este momento no da para pensar en incrementos, sino en la salvación de los puestos de trabajo; por lo tanto, creemos que, ante la urgencia de salvar la vida de las empresas y dadas las circunstancias extraordinarias, no hay tema pendiente.

—¿Cuál es la posición de la Confederación sobre la polémica por el decreto que abre las puertas para el uso de semillas transgénicas del maíz, la caña de azúcar, el algodón, el trigo y la soya? ¿Es un falso debate para los empresarios?

—No solamente es un falso debate sino un debate innecesario. Los productos genéticamente modificados son una realidad en Bolivia y en el mundo, y precisamos de esta tecnología para que la agroproducción sea competitiva; pero también debemos entender que hacía falta normar su producción y comercialización porque hasta ahora ingresan vía contrabando, sin ningún control.

Somos respetuosos de las opiniones de las ONG (organizaciones no gubernamentales) y las organizaciones que se oponen, pero no vamos a entrar en una controversia sobre un tema que la Constitución ya tiene resuelto, y que en este momento nos distrae del tema de la crisis sanitaria, económica y social en la que debemos enfocarnos. Además, es un ajuste necesario para darle a la producción de alimentos en Bolivia la competitividad necesaria frente al comercio internacional, de modo que nos permita captar divisas para el país.

—La recesión ya toca las puertas del país, ¿es inminente un número considerable de empresas cerradas tras la cuarentena, con la consiguiente pérdida de fuentes laborales? ¿Hay alguna salida para evitar ello?

—Hay muchas empresas pequeñas que ya no tienen oportunidad de salvarse, porque luego de tres o cuatro meses de inactividad, sin ingresos, con deudas y sin apoyo del Estado, no van a ser capaces de sobrevivir. Pero la crisis está afectando también a las empresas medianas y grandes. Recientemente se conoció de dos empresas de Cochabamba que cerraron operaciones; hace algunas semanas se supo que 600 unidades del sector avícola ya se declararon en situación similar; más de 400 agencias de viaje y 2.000 empresas del sector hotelero anunciaron su imposibilidad de continuar operando. Una semana atrás ya se anunció el cierre de una industria textil de lana de alpaca, oveja y llama que llevaba más de 30 años en funcionamiento. Es precisamente por eso la urgencia de encontrar soluciones, porque a medida que pasa el tiempo vamos a tener este tipo de información lamentable con más frecuencia, y después, cuesta mucho recuperar los empleos dignos que se pierden.

Perfil

Nombre: Luis Barbery Paz

Profesión: Ingeniero industrial

Cargo: Presidente de la CEPB

Con maestría y posgrados

Tiene 66 años. Cuenta con una maestría en Administración de Negocios y posgrados. Tuvo una amplia carrera en la Corporación Agroindustrial Unagro. Fue presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, y de la Cainco.

Comparte y opina:

Diputados sancionan ‘Bono contra el Hambre’ y ahora se espera la firma de Áñez

El beneficio de Bs 1.000 se pagará por única vez y es para madres, discapacitados y mayores de 18 años que no reciban salarios en los sectores público y privado. Será financiado con créditos del BID y del BM.

/ 13 de agosto de 2020 / 12:39

La votación de este jueves en la Cámara de Diputados. Foto: Cámara Baja

La Cámara de Diputados sancionó este jueves la ley que pone en vigencia el “Bono contra el Hambre” de Bs 1.000 propuesto por el Movimiento Al Socialismo (MAS), para ser otorgado por única vez a madres, discapacitados y mayores de 18 años sin salarios en los sectores público y privado.

La norma, que fue aprobada el miércoles en la Cámara de Senadores está destinado a las personas que se benefician con los bonos Universal, Juana Azurduy y de Discapacidad.

El “Bono contra el Hambre” fue propuesto por el candidato presidencial del MAS, Luis Arce, luego de que la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, planteara un Bono Salud de Bs 500, pero condicionado a que los legisladores del MAS destraben créditos internacionales.

Será financiado con los recursos provenientes de los créditos que deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) del Banco Mundial (BM).

El contrato de préstamo con el BIRF es hasta un monto de $us 200 millones y fue firmado el 15 de mayo. El dinero está destinado al “Proyecto de Redes de Protección Social de Emergencia por la Crisis del COVID-19”. El crédito es a 24 años e incluye 14 de gracia. La tasa de interés es del 2,06%.

El préstamos con el BID, firmado el 23 de junio, es por un monto de hasta $us 450 millones y está destinado al proyecto “Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por el Coronavirus”. El plazo es a 21,5 años, incluidos 11 de gracia. La tasa de interés es variable. El BID ha fijado para el primer trimestre (una vez sea aprobado el préstamo por la Asamblea) una tasa de interés de 2,11%.

La norma sancionada señala en uno de sus artículos que si existiera un saldo luego de finalizado el pago del “Bono contra el Hambre”, el mismo podrá ser dispuesto a través de una ley que especifique el destino de los recursos. Con esta medida, la Asamblea le pone un candado al uso de estos recursos porque el Gobierno solo podrá disponerlos para el pago del bono.

El miércoles, el candidato Arce celebró la aprobación. “¡Logramos el primer paso! El Senado aprobó el proyecto de ley “Bono contra el Hambre” de Bs 1.000 para ayudar a las familias bolivianas que padecen la falta de recursos económicos a causa del #coronavirus y la incapacidad del gobierno de facto. #VamosASalirAdelante (sic)”, escribió en Twitter.

El expresidente Evo Morales, jefe de campaña del MAS, también se pronunció por Twitter este jueves sobre el tema. “El Senado está cumpliendo con el pueblo, como debe ser. Ayer sancionó la ley que pospone el pago de créditos bancarios hasta el 31 de diciembre y aprobó el ‘Bono contra el hambre’ de Bs 1.000 para paliar las consecuencias de la pandemia (sic)”.

Mientras que la presidenta Áñez dio señales de que no pondrá objeciones para promulgar la norma, aunque ratificó su exigencia para que el Legislativo apruebe el uso de créditos internacionales. “Gracias a la exigencia del pueblo y del gobierno, la Asamblea del MAS aprueba nuevo bono. Pero aún no libera el dinero para pagarlo. Mantenemos nuestra exigencia: liberen el dinero para pagar el nuevo bono”, señaló el miércoles en Twitter.

(13/08/2020)

Comparte y opina:

El Senado sanciona ley que difiere pago de créditos bancarios hasta el 31 de diciembre

La norma fue enviada para su promulgación a la presidenta Jeanine Áñez. Fue aprobada para evitar una “mala interpretación” realizada por el sistema financiero y se la aplica de manera excepcional por la emergencia del coronavirus.

/ 12 de agosto de 2020 / 19:09

Producción fotográfica sobre préstamos y créditos bancarios.

El Senado sancionó este miércoles la Ley 790 que amplía hasta el 31 de diciembre de este año el pago sin intereses de las deudas bancarias, que modifica la Ley 1294 de Diferimiento del Pago de Créditos y Reducción Temporal del Pago de Servicios Básicos.

Milton Barón, presidente en ejercicio de la Cámara Alta, destacó la norma, ya que da certeza a los ciudadanos ante la “mala interpretación” realizada por el sistema financiero, basada en normas del Gobierno que causaron preocupación y molestia, sobre todo en las micro y pequeñas empresas, según una nota de prensa.

La norma fue enviada a la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, para su promulgación.

El artículo único indica: “Se modifica el parágrafo I del artículo 1 de la Ley 1294 del 1 de abril, precisando que las entidades de Intermediación Financiera que operan en territorio nacional deben realizar el diferimiento automático del pago de las amortizaciones de crédito a capital e intereses, y otro tipo de gravámenes del sistema crediticio nacional, desde la Declaratoria de Emergencia por la Pandemia del Coronavirus (marzo) al 31 de diciembre de 2020”.

(12/08/2020)

Comparte y opina:

El ‘Bono contra el Hambre’ será financiado con créditos del BID y BIRF

Ambos préstamos suman $us 650 millones. El proyecto de ley establece que los recursos serán solamente utilizados en el pago de este beneficio de Bs 1.000. Si existiera un saldo, el Ejecutivo solo lo podrá utilizar especificando el destino y previa aprobación de una ley.

/ 12 de agosto de 2020 / 18:44

La sesión del Senado instalada este miércoles. Foto: Cámara de Senadores

El “Bono contra el Hambre”, propuesto por el Movimiento Al Socialismo (MAS), será financiado con los recursos provenientes de los créditos que deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) del Banco Mundial (BM).

El contrato de préstamo con el BIRF es hasta un monto de $us 200 millones y fue firmado el 15 de mayo. El dinero está destinado al “Proyecto de Redes de Protección Social de Emergencia por la Crisis del COVID-19”. El proyecto de ley para dar curso a este préstamo se encuentra para su tratamiento en la Cámara de Diputados. El crédito es a 24 años e incluye 14 de gracia. La tasa de interés es del 2,06%.

El préstamos con el BID, firmado el 23 de junio, es por un monto de hasta $us 450 millones y está destinado al proyecto “Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por el Coronavirus”. El plazo es a 21,5 años  incluidos 11 de gracia. La tasa de interés es variable. El BID ha fijado para el primer trimestre (una vez sea aprobado el préstamo por la Asamblea) una tasa de interés de 2,11%.

La Cámara de Senadores aprobó este miércoles el proyecto de ley que da vía libre al “Bono contra el Hambre” de Bs 1.000 propuesto por el MAS, para ser otorgado por única vez a madres que reciban el Bono Juana Azurduy, personas con discapacidad y beneficiarios del Bono Universal (mayores de 18 años). El beneficio no alcanza a las personas que reciben remuneración salarial del sector público o privado.

El proyecto de ley señala en uno de sus artículos que si existiera un saldo luego de finalizado el pago del “Bono contra el Hambre”, el mismo podrá ser dispuesto a través de una ley que especifique el destino de los recursos.

Con esta medida, la Asamblea le pone un candado al uso de estos recursos porque el Gobierno sólo podrá disponerlos para el pago del bono.

“Si luego de finalizado el pago del Bono contra el Hambre hubiera un saldo remanente del monto total de financiamiento, este solo podrá ser dispuesto a través de una ley que especifique el destino de los recursos”, se lee en el artículo 3, parágrafo II del citado proyecto de ley.

La norma que ya fue aprobada por la Cámara de Senadores fue remitida a la Cámara de Diputados, que ya tiene en agenda su discusión para este jueves.

(12/08/2020)

Comparte y opina:

Crédito del FMI por $us 327,2 millones ya no figura en registros del BCB

La Presidenta del Senado reiteró que no se aprobará el crédito del organismo internacional mientras no se cumpla con todos los requerimientos que exige la normativa boliviana.

/ 12 de agosto de 2020 / 17:46

Fachada del Banco Central de Bolivia (BCB).

El Directorio del FMI aprobó el 17 de abril la solicitud de asistencia financiera de emergencia de Bolivia de $us 327 millones  en virtud del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR). El empréstito fue registrado por el BCB en el Estado Mensual de la Deuda Externa Pública de Mediano y Largo Plazo al 30 de abril de 2020.

En el informe de mayo, la Gerencia de Operaciones Internacionales del Banco Central de Bolivia (BCB) eliminó del Estado Mensual de la Deuda Externa Pública de Mediano y Largo Plazo el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero el registro del crédito no solo fue eliminado en el informe de mayo, sino también en el de abril, según constató este medio.

La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, ratificó el 2 de agosto que no se aprobará el crédito del FMI por $us 327 millones mientras no se cumpla con todos los requerimientos que exige la normativa boliviana.

Afirmó que el préstamo llegó en abril al país sin cumplir el procedimiento establecido, por lo que el Gobierno transitorio pretende “chantajear” a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para aprobar el proyecto de ley.

“No puede llegar (sin el conducto regular), claramente dice nuestra Constitución (Política del Estado) que para cualquier crédito tiene que ser la Asamblea Legislativa la que apruebe para que puedan ingresar (al país), pero ellos han ido así, por la mano se lo han llevado la Constitución y estos créditos han llegado en abril, quién sabe si ya lo gastaron y ahora no saben cómo justificar y quieren chantajearnos a nosotros con un bono salud para la aprobación”.

Indicó que actualmente el dinero se encuentra en el BCB y es por eso que el Gobierno anunció el pago inmediato de un bono. Reiteró que la Asamblea no aprobará ese crédito porque, hasta la fecha, no se cumplió con todo el conducto regular que la ALP exige.

(12/08/2020)

Temas Relacionados

Comparte y opina:

El Senado aprueba el bono de Bs 1.000 propuesto por el MAS

El “Bono contra el Hambre” es propuesto para mayores de 18 años sin salarios de los sectores público y privado, y que se benefician de los bonos Universal, Juana Azurduy y de Discapacidad. La Cámara de Diputados ya tiene agendada para el jueves la discusión del proyecto de ley.

/ 12 de agosto de 2020 / 16:02

La sesión del Senado instalada este miércoles. Fuente: Senado

La Cámara de Senadores aprobó este miércoles el proyecto de ley que da vía libre al “Bono contra el Hambre” de Bs 1.000 propuesto por el Movimiento Al Socialismo (MAS), para ser otorgado por única vez a madres, discapacitados y mayores de 18 años sin salarios en los sectores público y privado.

La norma fue remitida a la Cámara de Diputados, que ya tiene en agenda su discusión para el jueves. El beneficio estará destinado a personas mayores de 18 años que acceden a los bonos Universal, Juana Azurduy y de Discapacidad.

El “Bono contra el Hambre” fue propuesto por el candidato presidencial del MAS, Luis Arce, luego de que la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, planteara un Bono Salud de Bs 500, pero condicionado a que los legisladores del MAS destraben créditos internacionales.

El MAS, que es mayoría en la Asamblea Legislativa, dijo que no aprobará el uso de estos préstamos, sobre todo el de $us 327 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), hasta que el Gobierno sea transparente e informe sobre sus condiciones, intereses y plazos, entre otros puntos.

(12/08/2020)

Comparte y opina: