El Gobierno prevé que la planta refinadora de zinc que se emplazará en el departamento de Potosí esté concluida en el plazo establecido y se inaugure en el Bicentenario de Bolivia, en 2025.

“Un proyecto que está planificado en 30 meses, y que esperemos que esté inscrito en la agenda del Bicentenario, con la puesta de este anhelo tan importante para el departamento de Potosí”, dijo el ministro de Minería y Metalurgia, Ramiro Villavicencio.

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El jueves, la autoridad se reunió con los sectores mineros de Potosí, principalmente con la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin), de los que recibió respaldo para la ejecución del proyecto.

La obra “ha sido ampliamente aceptada, aplaudida, y tenemos la responsabilidad de trabajar en este proyecto tan importante para el desarrollo de nuestro departamento de Potosí”, indicó. 

Luego de que el presidente Luis Arce anunciara el proyecto, en noviembre del año pasado, el equipo técnico del Ministerio de Minería aprobó el proyecto de factibilidad y que trabaja en la obtención del financiamiento por parte de Planificación.

Características

Villavicencio informó que la planta utilizará procesos de tostación, lixiviación y electrólisis. Ocupará unas 30 hectáreas en predios de la Empresa Metalúrgica Karachipampa y tendrá una capacidad de tratamiento de 150.000 toneladas métricas (TM) de concentrados por año.

Además, producirá 64.800 toneladas métricas finas (TMF) de zinc metálico, 224 TMF de cadmio metálico, 511 TMF de indio metálico y 132.000 toneladas de ácido sulfúrico. La planta representará una inversión total de $us 350 millones.

La factoría recuperará el valor de otros metales, como zinc metálico, estaño, plata, indio, galio y germanio, minerales tecnológicos de alta demanda internacional.

Las empresas proveedoras serán las mineras San Vicente, San Cristóbal y Porco, y las cooperativas mineras.

Paralelamente, se instalará una planta de ácido sulfúrico. El proyecto apunta a consolidar la ingeniera básica y química que encara el Gobierno en Potosí.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) demandó este viernes al Gobierno drasticidad con las sanciones contra los avasalladores porque, en su criterio, ponen en riesgo la producción nacional.

“Deploramos los avasallamientos a la propiedad privada y la toma ilegal de tierras porque generan violencia e inseguridad, y ponen en riesgo la producción y el trabajo. Pedimos que el Gobierno sea drástico para sancionarlos, pero sobre todo oportuno y eficiente para evitarlos”, se lee en un tuit de la organización.

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Los industriales del país rechazaron el jueves el avasallamiento de tierras ocurrido en Santa Cruz en las pasadas jornadas. En su criterio, esas actividades ilícitas generan inseguridad jurídica para la inversión privada en el país y atentan contra la propiedad privada.

Este sector también demandó la intervención del Gobierno de forma inmediata en estos hechos e imponga sanciones con el máximo rigor y en el estricto marco de la ley para evitar una escalada de violencia e inseguridad jurídica.

El miércoles, un grupo de personas instalado en predios de la empresa Santagro, en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz, atentó contra las personas que ingresaron a cosechar soya. De este hecho, se tiene el reporte de dos personas fallecidas.

En tanto, en La Paz se produjo enfrentamientos por avasallamiento de tierras en la comunidad Junthuma, del municipio de Achocalla, en los que hubo seis heridos y 26 detenidos.

Tierras

El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, afirmó este viernes que los predios avasallados en Santagro, Santa Cruz, son tierras fiscales.

El incremento de los avasallamientos, principalmente a predios agrícolas, se ha convertido en un problema grave para el Gobierno y los sectores económicos por su recurrencia y la violencia.

El Gobierno informó en 2022 que en todo el país se registra un promedio mensual de 22 denuncias de avasallamientos de tierras.

El presidente de los empresarios del país, Giovanni Ortuño, en su discurso de posesión del 15 de marzo, señaló que “la inversión privada está desprotegida no solo por la ausencia de normas que la defiendan y la incentiven, sino por el aumento de los avasallamientos, los bloqueos y los conflictos sociales”.

En su visita al Complejo Siderúrgico del Mutún, en Puerto Suárez, Santa Cruz, autoridades de la Prefectura de Corumbá, Mato Grosso de Sur, Brasil, ofrecieron capacitar a los jóvenes profesionales bolivianos en el manejo de plantas siderúrgicas, como la que se construye en Bolivia.  

El presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), Jorge Alvarado, explicó que esa capacitación es muy importante para los profesionales bolivianos que se harán cargo del manejo de la planta.

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“Nos han ofrecido, por ejemplo, capacitación para técnicos medios en Corumbá en diferentes especialidades, que son necesarios en plantas siderúrgicas como la nuestra”, indicó el ejecutivo tras la visita de las autoridades de Corumbá.

De acuerdo con la propuesta, los cursos de capacitación tendrán una duración de dos años “Ese sería el inicio tal vez de este intercambio que podamos hacer en la capacitación de algunos de nuestros jóvenes que se puedan capacitar durante dos años”.

Visita

El martes visitaron la planta siderúrgica del Mutún el secretario de Desarrollo Sustentable de la Prefectura de Corumbá, Cassio Augusto Da Costa Marques, y el vicepresidente regional de la Federación de Industrias del Estado de Mato Grosso de Sur, Lourival Vieira Costa.

El recorrido consistió en una visita al campamento de la empresa china Sinosteel, donde se explicó mediante un video y una maqueta los componentes de la construcción del complejo siderúrgico, así como el proceso de la transformación del hierro en acero.

También se acordó intercambios en temas de experiencias, tecnología, conocimiento. “Es un principio esta visita para que podamos, quizá en un futuro, desarrollar más estas relaciones en el área siderúrgica con el Brasil que es un país altamente productor de acero y de hierro”.

Según explicó Alvarado, los representantes de Corumbá tenían mucho interés en conocer la planta del Mutún porque, a diferencia de las factorías en Brasil, la de Bolivia empleará gas natural, que generará un mínimo impacto ambiental.

“Nuestra perspectiva es lograr implantar en el lado brasileño tecnología similar para nuestra cadena productiva de minerales de siderurgia”, reconoció Da Costa.

Manifestó su grata sorpresa por el avance en la obra y expresar la necesidad de potenciar el desarrollo de la frontera boliviana y brasileña mediante la industrialización de productos siderúrgicos.

Según datos de la ESM, la construcción de la planta siderúrgica tiene un avance general del 69%. El Gobierno anunció que a finales de este año se culminarán los trabajos y se empezará a producir las primeras láminas de acero.

El yacimiento del Mutún tiene una reserva de 40.000 millones de toneladas de hierro.

La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) estudia áreas de generación de energía eólica en Santa Cruz, para la eventual instalación de parques de generación eléctrica. Sin embargo, desestimó áreas posibles en el altiplano.

El encargado de la Unidad de Proyectos Eólicos de ENDE Corani, Nelson Urizar, informó que emplazar parques eólicos en la zona occidental del país es difícil porque la densidad del viento es muy baja y no genera la potencia de energía renovable requerida.

Explicó que el altiplano boliviano se encuentra a una altitud por encima de los 2.500 a 3.000 metros sobre el nivel del mar (msnm), que genera baja densidad del aire. “Por más que yo tenga viento, esa masa de aire, ese volumen de viento, es muy pobre para que yo pueda tener una generación eólica a gran escala”, indicó Urizar, en entrevista con LA RAZÓN Radio.

Dijo que otro de los factores que evitan el emplazamiento de parques eólicos a gran escala en zonas de altura es que en el mundo son muy pocos los aerogeneradores para alturas por encima de los 2.500 o 3.000 msnm.

En tanto, en zonas que están entre los 250 y 300 msnm, como el departamento de Santa Cruz, las posibilidades son óptimas.

Santa Cruz ya cuenta con parques eólicos, en la zona de Warnes, en San Julián y en El Dorado que generan desde 2021 energía limpia a través del viento por medio de 30 aerogeneradores de 120 metros de altura con una potencia de 105 megavatios (MW). 

COCHABAMBA.

Un cuarto parque eólico fue instalado en Cochabamba, que está en el margen de los 2.500 msnm. En ese departamento se emplazó en 2016 el parque eólico de Qollpana, que tiene 10 aerogeneradores y genera una potencia de 30 MW.

“La energía eólica, principalmente, necesita la velocidad del viento; pero no solamente eso, también influye la densidad del aire. Un aerogenerador, a través de sus palas, lo que hace es poder captar el diámetro que forma las palas capta la energía del viento. Entonces, esa energía del viento viene por dos cosas, primero la velocidad y segundo esa masa de volumen de viento”, explicó Urizar.

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Además, sostuvo que las condiciones topográficas del lugar influyen en el emplazamiento de los parques eólicos. En el caso del oriente boliviano, por su planicie, hay acceso para trasportar e instalar las infraestructuras.

En cambio, en el occidente, al ser una zona montañosa, existen dificultades, tanto en la velocidad del viento como en el acceso para trasladar los aerogeneradores.

Para incrementar la potencia de energía eléctrica al Sistema Interconectado Nacional (SIN) a través del viento, ENDE Corani, filial de ENDE Corporación, realiza estudios en Santa Cruz para emplazar cuatro nuevos parques eólicos.

Urizar complementó que este proceso se inició este año y se requieren como mínimo dos años de evaluación para identificar los lugares donde se puedan emplazar las torres eólicas.

“Vamos a hacer las evaluaciones y conocer todas las características del viento para poder proyectar futuros parques en esas zonas”, dijo el funcionario.

La eléctrica estatal también emplaza otros dos parques, uno es la segunda fase de Warnes en Santa Cruz con una potencia de 21 MW, y otro en el sur de Tarija, el parque la Ventolera, que generará 24 megavatios.

Tras una inspección de autoridades y profesionales de Bolivia y Chile al complejo fronterizo de Colchane, se determinó mejorar las condiciones de habitabilidad y funcionalidad del recinto aduanero.

Según una nota de prensa, la verificación se realizó este miércoles y jueves y las obras se realizarán entre 2023 y 2026.

Con la información recopilada se avanzará en diversos frentes para materializar una serie de intervenciones en este complejo fronterizo.

Las obras posibilitarán que los funcionarios de los servicios a cargo del control migratorio en Colchane cuenten con mejores instalaciones para desarrollar sus labores.

Por el lado chileno, la comitiva estuvo integrada por el director nacional de Fronteras y Límites, Carlos Dettleff y otros funcionarios. Este jueves se unió al grupo el embajador Fernando Velasco, Cónsul General de Chile en La Paz y la directora de la Aduana de Oruro, Patricia Jaramillo.

La delegada de Bolivia también informó de las inversiones realiza su institución en el complejo Pisiga. Asimismo, se intercambiaron puntos de vistas con el propósito de hacer más expedito el paso por frontera.

 La actividad se realizó en el marco del Plan Nacional de Complejos Fronterizos que anunció el presidente chileno Gabriel Boric el 15 de marzo pasado en su visita a Colchane. Mediante el proyecto, se realizarán obras de conservación, mejoramiento, ampliación y/o reposición en la mayoría de los 40 complejos fronterizos que existen en Chile.

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Obras

Las autoridades anunciaron que en el Complejo Fronterizo Colchane se realizarán tres intervenciones distintas durante los próximos años.

Durante el segundo semestre de este año se habilitarán edificaciones prefabricadas de carácter modular para mejorar las condiciones de habitabilidad de los funcionarios.

Asimismo, durante 2024 se efectuarán obras de conservación en el edificio de control y en el área de habitabilidad.

 Asimismo, está considerado que en el segundo semestre de 2024 se licitarán las obras de construcción de un edificio para el control de carga. Además, la ampliación de la losa de control de buses y camiones.

Considerando la priorización que se ha dado a los complejos fronterizos de la macrozona norte, se ha programado repetir esta labor en Chacalluta, en Arica y Parinacota.

El paso fronterizo de Pisiga-Colchane es uno de los más utilizados por el comercio boliviano. En varias oportunidades hubo reclamos por conflictos debido a la lenta atención o la falta de personal en ambas aduanas.