La pandemia del COVID-19 puso en coma a la economía boliviana. A mayo de este año, la actividad económica en el país se contrajo un 7,93% respecto a abril, lo que confirma la contracción del Producto Interno Bruto (PIB) boliviano a niveles nunca antes vistos.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) dio a conocer este miércoles la información sobre el crecimiento del PIB al primer trimestre de este año  y el último dato del Índice Global de la Actividad Económica (IGAE), a mayo también de la presente gestión.

El IGAE es un indicador que posibilita conocer la evolución del sector real de la economía y está estrechamente relacionado con el Producto Interno Bruto (PIB). El IGAE es un indicador de periodicidad mensual y el PIB se calcula con una periodicidad trimestral.

Según el INE, el PIB al primer trimestre de 2020 creció apenas en 0,6%, el indicador más bajo desde el registrado entre enero y marzo de 2001, cuando la actividad económica llegó a 0,0%.

“La tasa de crecimiento del PIB al primer trimestre de 2020 alcanzó 0,6%, cifra que confirma la desaceleración que vino atravesando la economía nacional desde el primer trimestre de 2013; tendencia que claramente contrasta con la expansión observada desde el primer trimestre de 2001”, explicó en conferencia de prensa el director interino del INE, Rubén Aguilar.

Añadió que la tasa de crecimiento del PIB al primer trimestre (0,6%), “además de mantenerse positiva, se sitúa en tercer lugar en el ranking de países de la región, donde muchos de ellos ya registraron datos negativos, en el entorno sanitario desfavorable”.

La cifras del IGAE

Repasando las cifras del IGAE, indicador que pretende anticipar la tasa de crecimiento del PIB, el registro al mes de mayo “da cuenta que abril habría alcanzado el valor más bajo, con una tasa negativa de 5,6% respecto a marzo, mientras que en mayo si bien la cifra es más negativa, la caída es mucho más moderada”, señaló Aguilar.

Según los datos publicados en la web del INE, todas las actividades económicas se contrajeron, pero las que muestran cifras preocupantes son minería, construcción, transporte y almacenamiento, y comercio.

El Programa Financiero 2020, firmado el 7 de febrero entre las autoridades del Banco Central de Bolivia (BCB) y los ministros de Economía y Finanzas Públicas y de Planificación del Desarrollo,  preveía una tasa de crecimiento de 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) para este año.

En sus últimos informes sobre las perspectivas de crecimiento para la región, el Banco Mundial (BM) proyectó que la economía boliviana se contraerá este año un 5,9, mientras la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) la situó en 5,2%. En tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé una contracción de 2,9% del PIB boliviano.

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) reprochó este miércoles el corte de rutas en el ámbito nacional dispuesto por la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones sociales, pidió el respeto a la vida  y advirtió con una mayor recesión y desempleo en el país.

Los bloqueos a nivel nacional no respetan la vida de los bolivianos que además se encuentran en crítica situación por los efectos de la pandemia del COVID-19, afirmó el presidente de la CNI, Ibo Blazicevic, quien indicó que “los bloqueos están vulnerando los derechos humanos, la salud y la vida misma”.

Agregó que los bloqueos afectan la circulación diaria de productos industriales con impacto sobre el abastecimiento a las familias que son las más perjudicadas. “Se viene estrangulando al aparato productivo al no permitir el tránsito de materia prima, insumos intermedios y productos a nivel interdepartamental”, dijo el ejecutivo.

En una nota de prensa, Blazicevic reprobó la actitud de los dirigentes que promueven los bloqueos y que sólo generan mayor recesión y desempleo y generan un clima de mayor incertidumbre para las actividades económicas y los exhortó a “respetar la vida”.

Tanto los productos industriales finales como la provisión de materias primas e insumos intermedios industriales se ven afectados en la circulación y transporte a nivel nacional por los bloqueos, explicó el titular de la CNI.

Actualmente, a nivel internacional la cadena de suministros está afectada por las restricciones aduaneras y se suma a nivel nacional los bloqueos que perjudican la circulación y provisión de productos industriales, agregó.

 “Los bloqueos no sólo afectan la economía, sino también la salud de las familias”, puesto que obstaculizan la provisión de productos farmacéuticos, alimentos y otros productos que son necesarios en la actual emergencia de la pandemia del COVID-19.

El presidente de los industriales exhortó a los dirigentes que impulsan los bloqueos “a velar por el interés mayor que es la vida de los bolivianos y evitar los bloqueos que impulsan más fallecimientos en medio de la actual crisis de salud”.

Asimismo, la CNI se sumó a la solicitud de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) de diálogo entre los actores políticos para evitar el colapso económico y social. Manifestó que se debe hacer un llamamiento a organismos internacionales para que se manifiesten sobre los actos que se vienen suscitando en el país.

(05/06/2020)

El ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, admitió este martes que YPFB dejará de percibir en tres años unos $us 223 millones tras la firma de la octava adenda con Petrobras. “En este año son 58 millones, en 2021 deben ser alrededor de 80 millones y en 2022, unos 85 millones de dólares aproximadamente”.

Según el funcionario, Petróleo Brasileiro SA (Petrobras) puso como condición para la firma del nuevo acuerdo con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) dejar de pagar por el transporte del gas natural desde Río Grande hasta Puerto Suárez (Mutún), en el lado boliviano.

“Petrobras puso como condición de que el lado boliviano lo paga Bolivia y el lado brasileño lo paga Brasil. Es decir, ese pedacito que había desde Río Grande hasta el Mutún, que es un tramo de aproximadamente 200 kilómetros, que en ese momento estaba a cargo del precio obviamente pase a depender del pago por parte de la estatal boliviana (sic)”.

Desde Río Grande hasta el Mutún la longitud del ducto es de 570 kilómetros. Antes de la firma del nuevo acuerdo, el punto de entrega del gas boliviano era Río Grande. Ahora, con la octava adenda, el punto de entrega se lo ha cambiado al Mutún, en la frontera con Brasil.

La Razón publicó el lunes que tras la firma de la octava adenda al contrato de compraventa de gas natural suscrito entre YPFB y Petrobras, la petrolera boliviana deja de percibir mensualmente unos $us 5,34 millones por el transporte del energético entre Río Grande y Puerto Suárez (Mutún), en la frontera con Brasil, costo que antes de la firma del nuevo convenio lo pagaba la petrolera brasileña.

Según un cálculo que hizo este medio, en 142 días, desde el 11 de marzo (cuando entró en vigencia la octava adenda) hasta el 31 de julio, la petrolera estatal boliviana ya perdió $us 25,3 millones. Con una progresión hasta fin de año, tomando como base una exportación promedio de 14 millones de metros cúbicos por día (MMm3d) y no el tope de 20 MMm3d, La Razón estimó que la afectación económica sería de unos $us 52,5 millones.

Para el Ministro, “están mal los datos que dan (algunos medios de comunicación), tal vez es alguito más”. Por ejemplo, dijo, “este año son 58 millones” de dólares.

Con la nueva adenda, según Zamora, YPFB no pierde porque se ha evitado pagar multas millonarias que se arrastraban desde gestiones pasadas y cuya suma asciende a los $us 2.030 millones.

“En realidad es un proceso de negociación que lo puso en su momento Brasil cuando finalizaba el contrato de transporte. Si dejábamos ese contrato, tenías que cumplir con volúmenes que no tenemos, totalizábamos en multas más de 2.030 millones (de dólares). Eso es lo que hemos evitado con esta adenda”, afirmó el funcionario en el programa Antes de Medio Día, que se difunde en radio Fides.

Asimismo, el ministro salvó su responsabilidad en la negociación y manifestó que él no firmó esa adenda. “Esta adenda no la firma el ministro, la adenda la firma YPFB con Petrobras. Es una negociación técnica entre Yacimientos y Petrobras. Yo no tengo nada que ver, Yacimientos tiene su MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva)”.

Edición impresa

El empresariado privado nacional exhortó este lunes a los actores políticos y al Gobierno la convocatoria a un “gran diálogo nacional” ante la gravedad de la crisis que afecta la salud, la educación, la economía, el trabajo y la institucionalidad del país y la evidencia de que no se ha podido encontrar “caminos de solución ni de mitigación a los daños actuales y futuros que enfrenta el país”.

En un comunicado a la opinión pública, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) enumera una serie de problemas que afectan al país y critica las posiciones cerradas e irreconciliables de los órganos Ejecutivo y Legislativo. También cuestiona el papel de los movimientos sociales que, en lugar de sumarse a la búsqueda de soluciones, agravan el conflicto interno.

“En medio de la calamidad en la salud y el desastre económico ocasionado por esta pandemia, los órganos Ejecutivo y Legislativo, responsables de tomar las decisiones que ayuden a enfrentarlos, han roto toda comunicación y coordinación y se hallan atrincherados en posiciones dogmáticas bloqueando las soluciones y descalificando las iniciativas mutuas, aportando al agravamiento y prolongación de la crisis y, poniendo en riesgo las pocas posibilidades que tenemos para enfrentar esta situación, haciendo cuesta arriba este lento proceso de recuperación”.

En ese marco, la CEPB demanda a los líderes políticos de todos los partidos, sin ninguna excepción, “cesen en sus enfrentamientos electoralistas mezquinos y que demuestren la honestidad de su compromiso con Bolivia, en la comprensión de que hoy nuestro país requiere de grandeza, responsabilidad y unidad para salir de esta crisis”, en lugar de tensionar permanentemente por cálculos electorales.

Asimismo, exige al Órgano Legislativo aprobar los contratos de préstamo de dinero con diferentes órganos internacionales, gestionados por el Gobierno, para enfrentar los efectos de la pandemia y, por otro que, anteponga el diálogo y la coordinación sensata con el Ejecutivo en el tratamiento y aprobación de las normas.

En tanto, al Órgano Ejecutivo le pide que asuma plenamente sus responsabilidades, formulando medidas sustantivas que impacten de manera decidida en la reactivación del sector productivo, la garantía de acceso pleno a la salud y la educación para todos y la protección de las fuentes de trabajo, así como el restablecimiento progresivo de una nueva condición de normalidad.

En cuanto a los movimientos sociales, “que amenazan con movilizaciones y convulsión” interna, la patronal boliviana les exhorta a que “retornen por los senderos de la racionalidad y depongan sus actitudes violentas, a fin de privilegiar, por encima de todo, la vida y salud de los bolivianos y contribuyan a la solución de los problemas inmediatos que tienen relación con la salud, el empleo y la economía, ratificando que el único camino es el diálogo y el consenso”.

Afirma que en el país no se puede seguir en la “lógica irracional del enfrentamiento que solo genera incertidumbre”.

(03/07/2020)

En los últimos años, los diarios del mundo fueron afectados por la irrupción de las tecnologías para la comunicación. El fenómeno cambió los hábitos de consumo de noticias, cuya consecuencia directa fue la caída de las ventas de periódicos y la publicidad, sin contar con el encarecimiento de los insumos y el control tributario.

Muchos diarios nacionales tomaron iniciativas propias para reinventarse, desde rediseñar su presentación y sus contenidos hasta decidir nuevos modelos de negocios. Y algunos optaron, de la manera más traumática, por el recorte masivo de personal o la reducción de salarios.

La Razón, como otros medios impresos del país, hizo sus propios esfuerzos por zafar el momento, pero en el intento tropezó con una serie de obstáculos, tanto internos como externos, y en este caso de la manera más artera desde flancos del mismo gremio periodístico, en una franca competencia desleal y sucesivos ataques inéditos contra su prestigio de líder nacional.

No es verdad que este diario haya tenido privilegios en la pauta publicitaria de parte del Estado; si es que de acuerdo con algunas publicaciones lo tuvo, fue gracias a sus tirajes, su llegada a todo el país, su liderazgo y, sobre todo, a su ejercicio responsable, sensato y plural del periodismo como lo tuvieron otros diarios de tiraje importante en el país.

El Estado (llámese Gobierno, gobernaciones, alcaldías, entidades o empresas estatales) no es el principal proveedor de publicidad de esta empresa. Así, no puede inferirse que el Estado sostiene a esta casa periodística; los mayores ingresos de publicidad de este diario corresponden a fuentes de la empresa privada, que usualmente llegan hasta el 88% del total. Aquí prevalece la preferencia por nuestra empresa por su liderazgo e influencia en el mercado.

Entre 2017 y 2019, la publicidad cayó gradualmente: la caída de 2018 respecto de 2017 fue de 12% y de 2019 en relación de 2017, 19%.

Así sea real, el monto de publicidad estatal conocido en el mismo periodo, cerca de Bs 12 millones (según anunciaron desde el Ministerio de Comunicación, antes de ser convertido en viceministerio), es ínfimo en relación al gasto en la partida de personal de La Razón, que alcanzó  Bs 101 millones en el mismo tiempo (total ganado del trabajador más aportes laborales)

Si a la carencia de publicidad estatal llaman algunos “asfixia”, La Razón también sufrió del problema, pero siempre entendió que su gestión financiera es independiente de la bienvenida pauta del Estado, sin tutelajes externos más que la conciencia de su dirección y sus periodistas por un trabajo profesional.

Como una empresa grande, este diario tenía la planta de trabajadores también más grande del rubro en el país (220 personas), que suponía a su vez una planilla laboral fuerte y ahora incompatible con el nivel de ingresos de la empresa. El pago de la planilla implicaba más del 80% del total de sus ingresos antes de la cuarentena por el COVID-19, sin contar los gastos de provisión de insumos o pago de servicios.

Aunque en los últimos meses La Razón tuvo dificultades en el pago de sueldos, que es el principal ítem de sus egresos, no incumplió sus obligaciones laborales, desde la atención de la seguridad social, el desembolso a las AFP, las liquidaciones en casos de salida de trabajadores o la misma provisión de condiciones favorables para el ejercicio periodístico, además de los anuales incrementos salariales y aguinaldos y doble aguinaldos.

Esas dificultades tienen su justificativo en la reducción de ingresos de publicidad y la caída de la venta de ejemplares, que de 2018 respecto de 2017 fue de 11% y de 2019 sobre los de 2017, 21%.

En la revisión de resultados en el periodo 2017 a enero de 2020, la pérdida acumulada de la empresa alcanza a Bs 42,6 millones.

Sus obligaciones con la renta están encaminadas. En este punto, hay que decirlo, La Razón también sufrió la presión del Estado por deudas tributarias de sus anteriores propietarios (uno de ellos es hoy propietario actual de un medio de la competencia en La Paz) que implicaron congelamiento de cuentas, anotaciones preventivas y procesos tributarios vencidos con justicia durante el anterior gobierno.

La presión política no fue ajena para nuestro diario, aunque la mejor respuesta fue periodismo sin concesiones. Sufrimos duros ataques desde el poder político de turno, autoridades nacionales y locales, y conocidos políticos-empresarios que hasta cortaron publicidad y suscripciones en su intento de influir en nuestros contenidos. La respuesta siempre fue periodismo sensato y responsable, sin represalias ni obsesiones.

Aún no está resuelto el juicio por “traición a la patria” contra la Directora y un periodista interpuesto por el Procurador del Estado del gobierno del MAS y, luego de un largo proceso judicial, derivado al Tribunal de Imprenta, donde siempre debió instalarse.

Y lo peor de todo es el ataque permanente que sufrió desde la competencia y algunos periodistas (con una extraña y ya conocida fijación con La Razón), que en los últimos años intentaron instalar un mito en la independencia de este diario, con falsedades, adjetivos, acusaciones, insultos y omisiones permanentes de su contraparte, acciones y hasta libros que a su vez trataron constantemente sembrar dudas sobre la ética y la profesionalidad de sus contenidos.

En esa andanada de ataques el blanco es el dueño de la empresa, Carlos Gill, cuyo único interés en el país fue invertir en distintos rubros luego de negociaciones de empresario a empresario, nunca con la intermediación del Gobierno y el Estado.

La compraventa de La Razón fue acordada con el anterior dueño de la empresa, el grupo español Prisa. Sus medios de información en Bolivia son únicamente La Razón y Extra, diario popular y no sensacionalista como con saña lo tildan.

La relación con ATB que los malintencionados se esmeran en repetir no es más que parte del mito que buscan construir sobre la arena de la mentira.

En el caso de las falsas acusaciones o constantes ataques, la razón estuvo de nuestro lado, es por eso que en al menos dos oportunidades el Tribunal de Ética de la Asociación de Periodistas obligó al diario Página Siete a rectificarse y evitar alusiones calumniosas contra La Razón.

En casa, la gestión fue complicada al menos en los últimos tres años, tiempo en el que el otrora Sindicato de Trabajadores de La Razón se mantuvo en permanente estado de emergencia. Pero lo más grave ocurrió el 13 de febrero, cuando una parte de los trabajadores paralizó sus labores, tomó la rotativa por horas, intentó boicotear la publicación de nuestras ediciones, amenazó con procesos sindicales a quienes trabajaron e impidieron cumplir sus labores a otros.

Con los antecedentes de una medida injusta, las calumnias a sus jefaturas y a su Directora, y el desprestigio contra el diario anotados por el Notario de Fe Pública, la empresa acudió al Ministerio de Trabajo para deslegitimar la medida, cuyas autoridades declararon ilegal dicho paro. No conforme con la determinación de esa oficina, un grupo de trabajadores impugnó la resolución pero también les fue denegada.

Ahora, en momentos en que las empresas periodísticas se encuentran en una grave crisis a raíz de la suspensión de sus operaciones y la imposibilidad de vender periódicos por una pandemia sin precedentes, los ataques acosan otra vez a la empresa desde los mismos flancos: autoridades que hostigan con acusaciones y acciones políticas, medios de comunicación como Página Siete que falsean la información y se aprovechan de ella para incurrir en competencia desleal, y ataques anónimos sumados a una presión del otrora Sindicato que siembra acusaciones que derivan en afirmaciones como que los trabajadores no se beneficiaron específicamente de la publicidad estatal (o sea, el pago de salarios supera los más de Bs 100 millones, pero el entonces Sindicato afirma que no se benefició de Bs 12 millones provenientes del Estado).

Entendimos que la situación no puede seguir así. A la luz de sus números en rojo y el entorno adverso, la empresa tiene el derecho de tomar medidas drásticas para su sobrevivencia y su permanencia en el mercado. Hubo motivos de fuerza mayor para buscar ese camino y se lo hizo al amparo de las normas, en resguardo de su salud financiera y con respeto a las obligaciones con sus trabajadores.

En cuanto a sus lectores y sus clientes, La Razón siempre será la referencia. Es la oportunidad para reinventarnos en la adversidad.

*Éste es un espacio institucional de La Razón en el que compartiremos con nuestro público un detallado repaso a las tres décadas recorridas por este diario, mostrando los grandes hitos, los logros más importantes, los galardones, pero también los tropiezos y los momentos duros, como el que ahora nos ha tocado vivir. A partir de ahora, tanto en su versión impresa como en la digital, comenzamos a contar nuestra historia, pero con la mirada puesta en el porvenir. Acompáñennos.