Economía

sábado 26 sep 2020 | Actualizado a 14:54

Ante la competencia desleal, el interés político y los ataques cobardes

Entendimos que la situación no puede seguir así. A la luz de sus números en rojo y el entorno adverso, la empresa tiene el derecho de tomar medidas drásticas para su sobrevivencia y permanencia en el mercado.

/ 3 de agosto de 2020 / 02:16

Por La Razón

En los últimos años, los diarios del mundo fueron afectados por la irrupción de las tecnologías para la comunicación. El fenómeno cambió los hábitos de consumo de noticias, cuya consecuencia directa fue la caída de las ventas de periódicos y la publicidad, sin contar con el encarecimiento de los insumos y el control tributario.

Muchos diarios nacionales tomaron iniciativas propias para reinventarse, desde rediseñar su presentación y sus contenidos hasta decidir nuevos modelos de negocios. Y algunos optaron, de la manera más traumática, por el recorte masivo de personal o la reducción de salarios.

La Razón, como otros medios impresos del país, hizo sus propios esfuerzos por zafar el momento, pero en el intento tropezó con una serie de obstáculos, tanto internos como externos, y en este caso de la manera más artera desde flancos del mismo gremio periodístico, en una franca competencia desleal y sucesivos ataques inéditos contra su prestigio de líder nacional.

No es verdad que este diario haya tenido privilegios en la pauta publicitaria de parte del Estado; si es que de acuerdo con algunas publicaciones lo tuvo, fue gracias a sus tirajes, su llegada a todo el país, su liderazgo y, sobre todo, a su ejercicio responsable, sensato y plural del periodismo como lo tuvieron otros diarios de tiraje importante en el país.

El Estado (llámese Gobierno, gobernaciones, alcaldías, entidades o empresas estatales) no es el principal proveedor de publicidad de esta empresa. Así, no puede inferirse que el Estado sostiene a esta casa periodística; los mayores ingresos de publicidad de este diario corresponden a fuentes de la empresa privada, que usualmente llegan hasta el 88% del total. Aquí prevalece la preferencia por nuestra empresa por su liderazgo e influencia en el mercado.

Entre 2017 y 2019, la publicidad cayó gradualmente: la caída de 2018 respecto de 2017 fue de 12% y de 2019 en relación de 2017, 19%.

Así sea real, el monto de publicidad estatal conocido en el mismo periodo, cerca de Bs 12 millones (según anunciaron desde el Ministerio de Comunicación, antes de ser convertido en viceministerio), es ínfimo en relación al gasto en la partida de personal de La Razón, que alcanzó  Bs 101 millones en el mismo tiempo (total ganado del trabajador más aportes laborales)

Si a la carencia de publicidad estatal llaman algunos “asfixia”, La Razón también sufrió del problema, pero siempre entendió que su gestión financiera es independiente de la bienvenida pauta del Estado, sin tutelajes externos más que la conciencia de su dirección y sus periodistas por un trabajo profesional.

Como una empresa grande, este diario tenía la planta de trabajadores también más grande del rubro en el país (220 personas), que suponía a su vez una planilla laboral fuerte y ahora incompatible con el nivel de ingresos de la empresa. El pago de la planilla implicaba más del 80% del total de sus ingresos antes de la cuarentena por el COVID-19, sin contar los gastos de provisión de insumos o pago de servicios.

Aunque en los últimos meses La Razón tuvo dificultades en el pago de sueldos, que es el principal ítem de sus egresos, no incumplió sus obligaciones laborales, desde la atención de la seguridad social, el desembolso a las AFP, las liquidaciones en casos de salida de trabajadores o la misma provisión de condiciones favorables para el ejercicio periodístico, además de los anuales incrementos salariales y aguinaldos y doble aguinaldos.

Esas dificultades tienen su justificativo en la reducción de ingresos de publicidad y la caída de la venta de ejemplares, que de 2018 respecto de 2017 fue de 11% y de 2019 sobre los de 2017, 21%.

En la revisión de resultados en el periodo 2017 a enero de 2020, la pérdida acumulada de la empresa alcanza a Bs 42,6 millones.

Sus obligaciones con la renta están encaminadas. En este punto, hay que decirlo, La Razón también sufrió la presión del Estado por deudas tributarias de sus anteriores propietarios (uno de ellos es hoy propietario actual de un medio de la competencia en La Paz) que implicaron congelamiento de cuentas, anotaciones preventivas y procesos tributarios vencidos con justicia durante el anterior gobierno.

La presión política no fue ajena para nuestro diario, aunque la mejor respuesta fue periodismo sin concesiones. Sufrimos duros ataques desde el poder político de turno, autoridades nacionales y locales, y conocidos políticos-empresarios que hasta cortaron publicidad y suscripciones en su intento de influir en nuestros contenidos. La respuesta siempre fue periodismo sensato y responsable, sin represalias ni obsesiones.

Aún no está resuelto el juicio por “traición a la patria” contra la Directora y un periodista interpuesto por el Procurador del Estado del gobierno del MAS y, luego de un largo proceso judicial, derivado al Tribunal de Imprenta, donde siempre debió instalarse.

Y lo peor de todo es el ataque permanente que sufrió desde la competencia y algunos periodistas (con una extraña y ya conocida fijación con La Razón), que en los últimos años intentaron instalar un mito en la independencia de este diario, con falsedades, adjetivos, acusaciones, insultos y omisiones permanentes de su contraparte, acciones y hasta libros que a su vez trataron constantemente sembrar dudas sobre la ética y la profesionalidad de sus contenidos.

En esa andanada de ataques el blanco es el dueño de la empresa, Carlos Gill, cuyo único interés en el país fue invertir en distintos rubros luego de negociaciones de empresario a empresario, nunca con la intermediación del Gobierno y el Estado.

La compraventa de La Razón fue acordada con el anterior dueño de la empresa, el grupo español Prisa. Sus medios de información en Bolivia son únicamente La Razón y Extra, diario popular y no sensacionalista como con saña lo tildan.

La relación con ATB que los malintencionados se esmeran en repetir no es más que parte del mito que buscan construir sobre la arena de la mentira.

En el caso de las falsas acusaciones o constantes ataques, la razón estuvo de nuestro lado, es por eso que en al menos dos oportunidades el Tribunal de Ética de la Asociación de Periodistas obligó al diario Página Siete a rectificarse y evitar alusiones calumniosas contra La Razón.

En casa, la gestión fue complicada al menos en los últimos tres años, tiempo en el que el otrora Sindicato de Trabajadores de La Razón se mantuvo en permanente estado de emergencia. Pero lo más grave ocurrió el 13 de febrero, cuando una parte de los trabajadores paralizó sus labores, tomó la rotativa por horas, intentó boicotear la publicación de nuestras ediciones, amenazó con procesos sindicales a quienes trabajaron e impidieron cumplir sus labores a otros.

Con los antecedentes de una medida injusta, las calumnias a sus jefaturas y a su Directora, y el desprestigio contra el diario anotados por el Notario de Fe Pública, la empresa acudió al Ministerio de Trabajo para deslegitimar la medida, cuyas autoridades declararon ilegal dicho paro. No conforme con la determinación de esa oficina, un grupo de trabajadores impugnó la resolución pero también les fue denegada.

Ahora, en momentos en que las empresas periodísticas se encuentran en una grave crisis a raíz de la suspensión de sus operaciones y la imposibilidad de vender periódicos por una pandemia sin precedentes, los ataques acosan otra vez a la empresa desde los mismos flancos: autoridades que hostigan con acusaciones y acciones políticas, medios de comunicación como Página Siete que falsean la información y se aprovechan de ella para incurrir en competencia desleal, y ataques anónimos sumados a una presión del otrora Sindicato que siembra acusaciones que derivan en afirmaciones como que los trabajadores no se beneficiaron específicamente de la publicidad estatal (o sea, el pago de salarios supera los más de Bs 100 millones, pero el entonces Sindicato afirma que no se benefició de Bs 12 millones provenientes del Estado).

Entendimos que la situación no puede seguir así. A la luz de sus números en rojo y el entorno adverso, la empresa tiene el derecho de tomar medidas drásticas para su sobrevivencia y su permanencia en el mercado. Hubo motivos de fuerza mayor para buscar ese camino y se lo hizo al amparo de las normas, en resguardo de su salud financiera y con respeto a las obligaciones con sus trabajadores.

En cuanto a sus lectores y sus clientes, La Razón siempre será la referencia. Es la oportunidad para reinventarnos en la adversidad.

*Éste es un espacio institucional de La Razón en el que compartiremos con nuestro público un detallado repaso a las tres décadas recorridas por este diario, mostrando los grandes hitos, los logros más importantes, los galardones, pero también los tropiezos y los momentos duros, como el que ahora nos ha tocado vivir. A partir de ahora, tanto en su versión impresa como en la digital, comenzamos a contar nuestra historia, pero con la mirada puesta en el porvenir. Acompáñennos.

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La estatal YPFB rechaza amenaza de comisión legislativa y ve ‘afán político’

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que su presidente, Richard Botello, estaba en recuperación tras dar positivo a COVID-19, por lo que no acudió a la citación de la comisión legislativo. Fue el vicepresidente, pero fue “expulsado”

/ 26 de septiembre de 2020 / 13:27

Richard Botello jura como nuevo presidente de YPFB. Foto: APG

Tras anuncio de juicio, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) hizo conocer que su presidente, Richard Botello, no acudió a las citaciones de la Comisión Mixta del Legislativo que investiga denuncias de corrupción porque se encuentra en recuperación tras haber dado positivo a COVID-19. Denunció un “afán político”.

“Se debe aclarar que fue la propia Comisión, a través de nota oficial, que invitó al presidente o vicepresidente del YPFB a dicha sesión, y era de conocimiento de la misma, que el ingeniero Botello se encontraba en etapa de recuperación a causa del COVID-19”, refiere un comunicado publicado a un día del anuncio de juicio al ejecutivo de la firma estatal.

La diputada de la Comisión Especial Mixta del Legislativo Máxima Apaza informó el viernes que el presidente de YPFB no acudió a 22 citaciones para informar sobre denuncias de corrupción en la petrolera estatal. Ante esa situación, anunció que se le abrirá un proceso penal por obstaculizar la investigación.

El presidente de YPFB no acudió a 22 citaciones de Comisión legislativa, se anuncia proceso penal

En el comunicado, la petrolera estatal respondió que hay un “afán político” en la comisión porque rechazó escuchar al vicepresidente de YPFB, Clever Vásquez.

“La Comisión sin mayor explicación ni argumento técnico, menos legal, procedió a expulsarlo de dicha sesión virtual, demostrando claramente que lo único que se busca con estas actuaciones, es una distorsión de la realidad, y no una información clara y transparente como esta gestión estuvo y está dispuesta a brindar”, sostiene el comunicado.

Además, añade que hay disposición para brindar la información que sea requerida.

En la gestión de Herland Soliz, expresidente de YPFB, fueron denunciadas irregularidades en contratos millonarios de adjudicación directa de compra de combustibles y adquisición de seguros. Tiene un orden de apremio por no haberse presentado a declarar por el caso seguros. La Fiscalía no pudo dar con su paradero.

Es investigado por los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes, Incumplimiento de Deberes y Uso Indebido de Influencias, por presuntamente haber emitido una resolución administrativa denominada “Contratación Directa por Emergencia” signada con el número 78/2020, que permitió realizar varias contrataciones sin previa licitación. Estos hechos son investigados por el Ministerio Público, como la compra de seguros para YPFB a la empresa Credinform, contratación que fue cancelada.

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Justicia niega Acción Popular que buscaba frenar uso de transgénico en la agricultura

El Tribunal de Justicia de Santa Cruz denegó el recurso presentado por plataformas activistas que defienden el patrimonio genético y biodiversidad

/ 25 de septiembre de 2020 / 23:05

Un productor en Santa Cruz.

La sala constitucional primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, este viernes, denegó el recurso de Acción Popular, presentada por plataformas defensoras del medioambiente que rechazan el Decreto Supremo 4232 que autoriza la elaboración de reglamentos abreviados para la evaluación se semillas genéticamente modificados en cultivos de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, destinados al abastecimiento interno y exportación.

Pese a que en el país el uso de transgénicos está prohibido por varias normas, esta instancia constitucional luego de 10 horas de audiencias, entre la presentación de argumentos, contraargumentos y fallo, denegó la citada Acción Popular.

Al respecto, el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodriguez, a través de las redes manifestó “la Sala Constitucional Primera acaba de denegar el recurso de Acción Popular de los activistas, en contra del acceso a la agrobiotecnología. Definitivamente, es un fallo favorable para nuestro sector agroproductivo. Gracias a Dios”.

En mayo pasado, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 4232 que autoriza de manera excepcional al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa.

Esta norma provocó que en julio, pueblos indígenas, activistas y expertos de Bolivia presentaran una acción popular, a la sala constitucional primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, con el propósito de suspender su aplicación.

Para los demandantes la “Asamblea por los bosques y la vida”, este Decreto amenaza el derecho a la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, a la consulta previa, a la territorialidad, el territorio y al hábitat de los pueblos indígenas, y en particular al patrimonio genético y cultural sobre las semillas nativas.

Además porque pone en riesgo la biodiversidad y el medio ambiente sano, en su doble dimensión: como sujeto de derechos y por las funciones que cumplen respecto del resto de los seres vivos y la salubridad pública.

El uso de transgénicos en el país está prohibido expresamente en el Art. 255 de la Constitución Política del Estado (CPE), y en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología suscrito por el Estado boliviano el 29 de Enero del 2000, la Ley 300 de la Madre Tierra, en su Art.24, la Ley 144 de la Revolución Productiva en su Art. 15, la Ley 401 sobre Celebración de Tratados en su Art. 4.

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Conformarán Comisión Mixta para tratar 10 proyectos de ley para retiro de aportes a las AFP

Se busca una norma consensuada que beneficie a todos los aportantes del país

/ 25 de septiembre de 2020 / 20:20

Un protesta en La Paz por la devolución de aportes

Un total de 10 proyectos de ley con diferentes opciones para el retiro de aportes a las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP), a la fecha, fueron presentados a las Cámaras de Diputados y Senadores. Ante la falta de una propuesta normativa consensuada se conformará una Comisión Mixta legislativa para tratar el tema.

El anuncio fue realizado a La Razón por la presidenta de la Comisión de Planificación, Políticas Económicas y Finanzas de la Cámara de Diputados, Otilia Choque, al señalar que todos los proyectos de ley tienen el mismo objeto posibilitar que los afiliados a las AFP puedan retirar sus aportes y así obtener recursos para enfrentar la crisis económica ocasionada por el COVID-19.

Y que la principal diferencia entre las 10 propuestas es “la cuantía y el monto” a ser devuelto o retirado.

“Algunos quieren el 100% de devolución, otros 70%, uno que pide 50% fue rechazado en un informe, hay otro que quiere el 30% y otros el 10%, así que no hay un entendimiento”, dijo al informar que la comisión que preside en los últimos tres días sostuvo reuniones con los legisladores proyectistas de diferentes partidos políticos, sin lograr consenso.

Ante esa situación, se determinó conformar una Comisión Mixta entre Senadores y Diputados que analice las propuestas, instancia que requiere aprobación de la Asamblea Legislativa.

“Hemos solicitado conformar una Comisión Mixta al presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Choque) para que a su vez solicite a la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, para que convoque a una Asamblea y se conforme esta comisión y se trabaje estos 10 proyectos de ley para que se pueda consensuar, unificar y sacar uno, porque al final todos se van a beneficiar”, precisó a este medio la parlamentaria.

De acuerdo a datos del Sistema Integral de Pensiones (SIP), en la gestión 2019, los fondos sumaron Bs 131.632 millones, de los cuales un gran porcentaje están invertidos en el sistema financiero nacional y en préstamos al sector público.

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ABT presenta infractores de quemas ante la justicia

Los tres aprehendidos quemaban pastizales en la localidad Chirimoya a 180 kilómetros de San Ignacio de Velasco

/ 25 de septiembre de 2020 / 18:36

Presentación de los infractores

Por Marco A. Ibañez

La Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), la Policía Nacional, Fuerzas Armadas (FFAA) y autoridades locales de San Ignacio de Velasco, este viernes, en un operativo de fiscalización, aprehendieron en flagrancia a tres personas realizando actividades de quemas prohibidas por la normativa vigente.

Los infractores fueron presentados ante la justicia y serán cautelados penalmente en las próximas horas por los delitos de incendio, destrucción de la riqueza vegetal y atentando contra la salud pública.

La ABT se constituirá en parte querellante en el juicio contra los tres comunarios aprehendidos, por iniciar un incendio en la, informa un boletín de la entidad.

Los detenidos de sexo masculino, EFC, JEQ y FTA, estaban realizando quemas de pastizales y teniendo en su poder, una camioneta y un barril de combustible, informó el director ejecutivo de la ABT, Victor Hugo Añez Bello.

“Vamos a ser implacables. Caiga quien caiga y a quien encontremos les vamos aplicar las sanciones correspondientes”, remarcó Añez, al asegurar también que no harán ningún tipo de excepción, en caso de que los infractores sean pequeños, medianos, grandes empresarios o comunarios, puesto que todos están sujetos a la ley.

(25/09/2020)

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Cancillería impulsa un comité nacional de facilitación del comercio

En el marco de un acuerdo AFC, se coordinará acciones entre las entidades nacionales involucradas

/ 25 de septiembre de 2020 / 17:27

Por Marco A. Ibañez

Con la finalidad de transparentar y agilizar los procedimientos que aplican los países en materia de comercio exterior, la Cancillería boliviana impulsa la creación del Comité Nacional de Facilitación del Comercio.

Este organismo permitirá una mayor coordinación entre entidades nacionales involucradas con la actividad comercial externa, a fin de otorgar mayores facilidades a los exportadores y simplificar los procesos para los operadores de sector, en el marco de un Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC), que promueve la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Al respecto, la Viceministra de Comercio Exterior e Integración, Claribel Aparicio, este viernes destacó que la principal ventaja de un AFC es que posibilita canalizar recursos de la cooperación internacional, al tratarse de un requisito que exigen los financiadores.

De igual manera, relievó que esta acción se enmarca en la política nacional de diplomacia comercial para mejorar la competitividad e inserción comercial del país en mercados internacionales.

La Presidencia del Comité Nacional de Facilitación del Comercio estará a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores e integrado por las principales entidades gubernamentales nacionales relacionadas con el comercio exterior.

(25/09/2020)

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