Economía

viernes 18 sep 2020 | Actualizado a 02:26

Renuncia Flores, el gerente de la Gestora Pública que denunció al exministro Arce

Envió una carta al ministro de Economía, Óscar Ortiz, en la que alega “motivos estrictamente personales” para su alejamiento. Acusó a Arce por la supuesta compra irregular de un software para la entidad.

/ 25 de agosto de 2020 / 20:09

El ahora exgerente de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, Sergio Flores. Foto: ABI

Sergio Flores, gerente general de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, presentó el lunes su renuncia por “motivos estrictamente personales”. Fue quien denunció ante la Fiscalía a Luis Arce, candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS) y exministro de Economía, por la supuesta compra irregular de un software para la entidad.

Su carta fue enviada al ministro de Economía y Finanzas Públicas, Óscar Ortiz. “Durante este corto tiempo tuve la oportunidad de servir a mi país y bajo el mandato que se me encomendó, se logró contar con una empresa más activa y dinámica”, señala la misiva de la ahora exautoridad, quien fue posesionada en el cargo en diciembre del año pasado.

Entre uno de sus resultados remarca que a través de “auditorías externas y especiales, se logró transparentar hechos irregulares cometidos por la anterior gestión, habiéndose presentado su respectiva denuncia penal ante el Ministerio Público”, aparte de destacar la “reingeniería de la Gestora y reducción de costos operativos y administrativos”.

En julio, Flores se presentó ante la Fiscalía para ratificar su acusación contra Arce, por la supuesta compra irregular de un software, con un desembolso total de $us 14 millones. El exministro fue demandado por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. “Es la punta del ovillo de otros hechos de corrupción”.

En respuesta, Arce señaló que el gobierno transitorio de Jeanine Áñez paró la provisión del sistema, a pesar de un nuevo contrato y una demanda penal ejecutados en su gestión, ya que la adquisición no fue consumada cuando fungía como ministro. Asimismo, denunció una presunta estrategia gubernamental de inhabilitarlo como candidato para las elecciones.

(25/08/2020)

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Procurador se opone a devolución de acciones nacionalizadas a ELFEC, advierten con destituirlo

El procurador del Estado, José María Cabrera, considera que la devolución de las acciones nacionalizadas a ELFEC representa la privatización de ENDE. También se lo cuestiona por indagar sobre compra de equipo antimotines

/ 18 de septiembre de 2020 / 00:10

El procurador general de Estado, José María Cabrera, en declaraciones a los medios.

El procurador del Estado, José María Cabrera, está a punto de ser destituido del cargo por haberse opuesto a la decisión del gobierno de Jeanine Áñez de iniciar la privatización de la estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), con la devolución de las acciones nacionalizadas y que estaban en manos del Estado, a través de ENDE, a la privada ELFEC de Cochabamba.

También pesa en su contra la investigación que inició sobre el proceso de compra de equipos no letales y gases lacrimógenos. En un informe ante una comisión legislativa, reveló este jueves que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, no remitió el informe sobre esa adquisición, pese a que el pedido se le cursó en junio.

“Procurador a punto de ser destituido por oponerse a la privatización de ENDE y por caso gases lacrimógenos. Para José María Cabrera devolver acciones a ELFEC, no es más que una privatización que atentaría contra los intereses del Estado”, posteó la Procuraduría desde su cuenta institucional en Twitter, acompañado de una nota de El Deber.

En el aniversario de Cochabamba, el 14 de septiembre, Áñez devolvió a la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (ELFEC) las acciones que fueran nacionalizadas en 2010 y que hasta el lunes eran administradas por ENDE. Ese día dijo que la propiedad vuelve a los cochabambinos y a los trabajadores de la empresa regional

Trabajadores de esa empresa se opusieron en 2010 a la nacionalización. La estatal ENDE empezó negociaciones con las empresas afectadas por la nacionalización para determinar el valor de acciones en el mercado local, pasivos financieros, laborales y ambientales exigibles y que se descontarían del monto que se devolvería a los inversores. Se habló de $us 2 millones.

“Créanme que me llena de emoción formar parte de esta devolución de estas acciones porque (…) esta acción en algo restaura la dignidad del pueblo cochabambino”, expresó Áñez.

Otra de las razones de su potencial destitución, es la investigación a la compra de equipos y material antimotines. “El Ministerio de Defensa ha cooperado, ha contestado; lastimosamente todavía no lo ha hecho el Ministerio de Gobierno y estamos en plena etapa de verificación y revisión de toda esa documentación”, reveló en un informe legislativo.

Según la denuncia del programa Detrás de la Verdad, la empresa Bravo Tactical Solutions LCC, con sede en Estados Unidos, intermedió en la compra en noviembre de 2019 del equipamiento, una vez que el Gobierno suspendiera las gestiones directas que hacía con la proveedora Cóndor. Justamente esa intermediación encareció la compra que representó Bs 39,3 millones.

(18/09/2020)

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APS instruye liquidación de Seguros Provida y anula su autorización de funcionamiento

Desde 2017, la compañía presentó observaciones técnico financieras, legales y operativas, y estuvo bajo proceso de fiscalización

/ 17 de septiembre de 2020 / 18:15

La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) este jueves dispuso la intervención para la liquidación forzosa y la revocatoria de la autorización de funcionamiento de la compañía de seguros Provida.

Esas acciones se efectúan conforme a la Resolución Administrativa APS/DJ/DS N° 945 y en cumplimiento a las atribuciones otorgadas por la Ley de Seguros 1883 y del Decreto Supremo 25758, informó la APS mediante un comunicado de prensa.

Desde 2017, la compañía Provida presentó observaciones técnico financieras, legales y operativas, y estuvo bajo un proceso de fiscalización permanente, señala el documento.

En este proceso, en la gestión 2018 se suspendió la comercialización y renovación de pólizas en el territorio nacional. Asimismo, Provida no respondió de manera apropiada a los diferentes requerimientos administrativos, financieros y patrimoniales que la APS solicitó, en el marco de la fiscalización permanente que venía ejerciendo.

Agrega que en los últimos 10 meses, esta compañía de seguros cambió su composición accionaria en dos oportunidades, poniendo en riesgo, no sólo las políticas del gobierno corporativo, si no la estabilidad financiera de la entidad misma.

La Autoridad de Pensiones informa también a los usuarios que tomó todos los recaudos necesarios y establecidos en la normativa vigente, para resguardar la información institucional necesaria y pertinente, en beneficio y garantía de todos los asegurados, jubilados y tomadores de pólizas que actualmente mantienen relación con Provida.

«A los beneficiarios y a sus familias en particular, queremos informarles que sus prestaciones y beneficios están asegurados, resguardados y protegidos, por lo que continuarán recibiendo sus pagos en las fechas previstas de manera mensual, a través de las entidades financieras y medios de pago vigentes a la fecha», se lee en el comunicado de la APS.

A la fecha, Provida cuenta con 1.767 beneficiarios, de los cuales 470 son por jubilación (pensión de vejez) y 1.297 por coberturas de muerte e invalidez de riesgo común y/o riesgo profesional.

Ese grupo de beneficiarios provienen de la cobertura de una póliza de seguros previsionales, correspondiente a las gestiones 2001 al 2006.

(17/09/2020)

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CAF sube a $us 750 millones los bonos para impulsar la reactivación de América Latina

La colocación en el mercado se debe al incremento del interés de los inversionistas cuya demanda superó los $us 1.000 millones debido a la confianza que tienen en el organismo.

/ 17 de septiembre de 2020 / 13:02

La sede de la CAF em Caracas. Foto: CAF

Con el propósito de apoyar a los países de la región en su reactivación económica, tras la crisis ocasionada por COVID-19, la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, incrementó a $us 750 millones la colocación de bonos en el mercado.

“CAF sigue atrayendo recursos para apoyar a la región con una nueva colocación de bonos por $us 750 millones. Esta emisión tamaño benchmark (evalúa el rendimiento de una inversión) tiene un vencimiento de cinco años y se ha cerrado con un cupón de 1.625%. El  monto de la colocación subió de 500 a 750 millones debido al interés de los inversionistas que han demandado $us 1.050 millones”, destaca un comunicado difundido este jueves por el organismo.

Al respecto, el presidente ejecutivo de CAF, Luis Carranza Ugarte, reiteró que el banco es un “aliado incondicional” y continuará trabajando para que los países accedan a recursos para su reactivación económica.

“Somos un aliado incondicional de América Latina y seguimos trabajando para que los países tengan acceso a recursos con tasas favorables para implementar los planes de reactivación social y económica que permitan mejorar el bienestar de la población. El respaldo de los inversionistas con esta nueva emisión nos fortalece para impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional en momentos en los que la región más lo necesita”, dijo el ejecutivo.

Esta emisión en el mercado estadounidense tuvo un total de 93 inversionistas principalmente de administradores de fondos, instituciones públicas, fondos de pensión y bancos comerciales. Los bancos colocadores fueron Citi, Daiwa, Goldman Sachs y Nomura.

La estrategia integral de apoyo de CAF contempla una línea de crédito regional de emergencia de $us 2.500 millones para reforzar las medidas económicas anticíclicas de las naciones de la región por la crisis ocasionada por la pandemia.

Un apoyo al cual pueden acceder también las pequeñas y medianas empresas, y el sector privado en general, a través de los bancos de desarrollo locales y a los bancos comerciales para promover la recuperación económica de América Latina, entre otras facilidades, indica el comunicado.

(17/09/2020)

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El sistema universitario fiscal del país enfrenta un déficit de más Bs 700 millones

Los sueldos de docentes y administrativos están en riesgo por la reducción de ingresos tributarios e IDH.

/ 17 de septiembre de 2020 / 11:30

El monoblock de la UMSA. Es la única universidad que cumple con los salarios, a juzgar por la CUB. Foto: La Razón-archivo

El sistema universitario fiscal del país enfrenta un déficit de más Bs 700 millones por la reducción de ingresos de coparticipación tributaria e IDH (Impuesto Directo de los Hidrocarburos), que repercute en el pago de salarios a docentes y administrativos.

La información fue develada por el presidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), Max Mendoza, quien planteó la aplicación de un Fondo de Compensación como solución al déficit económico, aunque, según reclamó, las autoridades de Gobierno no atienden sus reclamos desde el mes de enero.

“Nosotros estamos afrontando un déficit de más de Bs 700 millones entre coparticipación e IDH; esto involucra que en los próximos días no vamos a poder cancelar los sueldos a los docentes y administrativos y las becas de auxiliatura”, dijo.

Explicó que solicitaron audiencias al exministro de Economía José Luis Parada y al actual titular de esa cartera, Óscar Ortiz, e inclusive a la presidenta Jeanine Áñez, pero ninguna de sus notas fue aceptada.

“Estamos a mediados de septiembre; en anteriores períodos gubernamentales, a esta fecha ya habíamos cerrado la demanda universitaria”, cuestionó.

Como consecuencia del déficit económico, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz solo alcanzó a pagar un 82% del salario de septiembre a docentes y administrativos, mientras que el resto de las casas de estudio superiores públicas experimentan retrasos en el pago de sueldos.

“La única universidad que pago puntual fue la UMSA (Universidad Mayor de San Andrés) y el resto con retraso, con ese antecedente no se podrán pagar los sueldos del siguiente mes, advirtió Mendoza en entrevista con Unitel.

(17/09/2020)

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Tras promulgación de la ley, el Gobierno descarta pagar el Bono contra el Hambre de Bs 1.000

Frente al pago del Bono contra el Hambre, el Gobierno defiende el Bono Salud de Bs 500

/ 16 de septiembre de 2020 / 22:59

Entre otros bonos, el 15 de abril de este año comenzó el pago del Bono Familia

Nuevo frente de pugna entre poderes. A pesar de que está vigente la ley que crea el Bono contra el Hambre de Bs 1.000, el viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Gonzalo Quiroga, descartó el pago de ese beneficio porque los recursos provenientes de dos créditos externos, con los que se exige efectivizarlo, ya están comprometidos.

«No se va a poder cancelar este bono, no se puede hacer la cancelación de este bono porque tendría que tener sus fondos bien determinados y obviamente la Asamblea tiene que determinar qué fondos, pero tiene que ser otros fondos, no estos que están planteados para otra estructura de crédito que está definida para los gastos de Gobierno y los gastos que han sido planteados para los otros bonos que se han pagado anteriormente», explicó en la red Unitel

Ante la renuencia del Gobierno de Jeanine Áñez de promulgar esa ley, este miércoles la presidenta del Senado, Eva Copa, la puso en vigencia en una sesión del Legislativo. Antes se había explicado que el beneficio será financiado con los créditos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que suman $us 800 millones.

Quiroga aseguró que esos recursos ya están comprometidos para financiar los gastos del Gobierno y parte del presupuesto usado en la cancelación de bonos para mitigar efectos de la cuarentena por la pandemia.

Los bonos Canasta Familiar, Universal y Familia fueron pagados en los últimos meses. Áñez ofreció un cuarto de Bs 500, Bono Salud, para lo que exigió la aprobación de los créditos externos.

De acuerdo a le ley, el Bono contra el Hambre será otorgado por única vez a los bolivianos que no reciban ningún tipo de remuneración salarial del sector público o privado, sean mayores de 18 años a la promulgación de la ley, y pertenezcan a alguno de los siguientes grupos: madres que reciban el Bono Juana Azurduy, personas con discapacidad y beneficiarios del Bono Universal.

Quiroga anunció que se recurrirá a acciones legales para frenar la vigencia de la norma que fue propuesta por el candidato del MAS, Luis Arce, y tomada como iniciativa por el Senado.

(16/09/2020)

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