Economía

martes 22 sep 2020 | Actualizado a 06:23

En medio del conflicto por créditos externos, Áñez decreta la aprobación de otro por $us 119 millones

El préstamo proviene de la Agencia Francesa de Desarrollo y también debe pasar por la aprobación del Legislativo.

/ 29 de agosto de 2020 / 18:10

La presidenta transitoria, Jeanine Áñez, en un discurso en el Palacio Quemado.

En medio de la pugna por la aprobación de préstamos internacionales, la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, promulgó el Decreto Supremo 4311, el 24 de agosto, que autorizó la suscripción del Convenio de Crédito CBO 1036 02 K con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) por $us 119 millones (100 millones de euros), que ahora requiere la autorización de la Asamblea Legislativa para ser empleado en la lucha contra la pandemia.

En sus consideraciones, esta norma expone que se trata de un préstamo para el proyecto “Apoyo a Familias más Vulnerables por COVID-19”, con el objetivo de ayudar al Gobierno para “enfrentar los choques exógenos que afectan el bienestar de las poblaciones y la estabilidad económica y social del país”.

En sus tres artículos, el decreto explica el objeto, autoriza la suscripción del convenio y dispone su remisión a la Asamblea para su consideración y aprobación.

“Se autoriza al Ministro de Planificación del Desarrollo, a suscribir con la AFD, en nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el Convenio de Crédito N° CBO 1036 02 K, por un monto de hasta EUR100.000.000.- para el Proyecto Apoyo a Familias más Vulnerables por COVID-19”, destaca el segundo artículo.

Establece también que una vez cumplidas las formalidades de ley, se proceda a la transferencia de los recursos del crédito a favor del Ministerio de Economía, en su condición de entidad ejecutora.

La firma del convenio se da en medio del conflicto de poderes por la aprobación de créditos de entidades internacionales. El Gobierno exige al Movimiento Al Socialismo (MAS), que es mayoría en el Legislativo, que apruebe un crédito de $us 327 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el pago de un bono, mientras la oposición le demanda transparencia.

(29/08/2020)

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Extitular de YPFB es imputado por presuntos contratos irregulares en la cuarentena

Instruyen la detención preventiva de Herland Soliz en el penal de San Pedro de La Paz, debido a que no se presentó a la audiencia para asumir su defensa.

/ 21 de septiembre de 2020 / 23:46

El expresidente de YPFB Herland Soliz en una pasada rueda de prensa.

El Ministerio Público emitió la resolución de imputación formal en contra del expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Herland Soliz por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

El exfuncionario es acusado por posibles contrataciones irregulares durante la cuarentena. Debido a que no se presentó a la audiencia para asumir defensa, la resolución establece su detención preventiva en el penal de San Pedro.

El fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, informó este lunes que el imputado emitió una resolución administrativa el pasado 31 de marzo mediante la cual presuntamente firmó contratos irregulares de manera directa, ante la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19, para actividades hidrocarburíferas, administrativas de bienes y servicios, que eran necesarias para la estatal petrolera, según la denuncia interpuesta por la Unidad de Transparencia de esa institución.

Por su parte, el fiscal asignado al caso, Alexis Vilela, explicó que notificó por edicto, publicado el pasado 26 de agosto, para que el exfuncionario se presente ante la comisión de fiscales a brindar su declaración informativa dentro del proceso de investigación, en calidad de sindicado, y tenía cinco días para asumir su defensa en el proceso; sin embargo, no lo hizo y, de acuerdo a procedimiento, ahora se emitió la imputación.

«El imputado en su calidad de Presidente de YPFB, es quien firmó la Resolución Administrativa 78/2020, misma que no se adecua a las normas vigentes y es contradictoria al ordenamiento jurídico en relación a la forma de contrataciones que deben realizar las instituciones públicas, así también contradice el reglamento de contrataciones de Bienes y Servicios y la misma Constitución Política del Estado”, informó la Fiscalía de La Paz.

Denuncias

Soliz enfrenta una denuncia en La Paz por el proceso de contratación directa por emergencia de una póliza de seguros a la empresa Credinform por más de Bs 49 millones.

Asimismo, tiene una segunda denuncia en Santa Cruz por la adjudicación del servicio de provisión de alimentos a la empresa Newrest Bolivia Soporte por un costo unitario de Bs 416 por día para cada uno de los trabajadores de la petrolera estatal.

(21/09/2020)

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Aduana e industriales acuerdan trabajar conjuntamente para enfrentar al contrabando

Las entidades efectuarán tareas de interdicción, suministro de información y acciones para la atención de denuncias.

/ 21 de septiembre de 2020 / 21:23

Un camión interceptado por fuerzas anticontrabando en Oruro. Foto: La Razón-archivo

La Aduana Nacional (AN) y la Cámara Nacional de Industrias (CNI) acordaron un trabajo conjunto para enfrentar el contrabando en el país a través de tareas de interdicción, suministro de información y acciones para la atención de denuncias.

Este lunes, el presidente ejecutivo de la Aduana, Jorge Zogbi Nogales, y su homólogo de la CNI,  Ibo Blazicevic, junto a sus equipos técnicos, acordaron trabajar de forma conjunta para enfrentar a esa actividad ilícita en tres líneas.

La primera considera el involucramiento de la CNI en la interdicción al contrabando, lo cual implica contar con su participación en un plan denominado “Defensivos”.

La segunda se relaciona con el suministro de información de comercio exterior que proporcionará la Aduana Nacional a la CNI, en el marco del proyecto “Open Data”, impulsado por las áreas de tecnología de la recaudadora.

Y como tercer lineamiento se acordó hacer una fuerza conjunta de trabajo para la atención de denuncias con el Departamento de Inteligencia Aduanera y el Grupo de Respuesta Inmediata, equipo que cuenta con un fiscal de Aduanas asignado.

La Aduana Nacional se encuentra empeñada en apoyar la reactivación económica del país, a través de diferentes acciones, entre ellas las que favorezcan al cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias aduaneras, dijo Zogbi, quien reafirmó la voluntad de la entidad para gestionar tareas puntuales con otras  instancias públicas, privadas y con la cooperación, como señal de la lucha contra el contrabando.

Para la CNI, es tiempo de superar la inacción para atender denuncias de competencia desleal, falsificaciones y contrabando, así como de la falta de colaboración interinstitucional para proteger a la industria nacional, señala un boletín difundido por la Aduana Nacional.

(21/09/2020)

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El Gobierno se resiste y presenta ante el TCP recurso contra bono de Bs 1.000

La intención del Ejecutivo es activar una medida cautelar para que la ley, que ya fue publicada por la Gaceta Oficial, no entre en vigencia hasta que haya un pronunciamiento del TCP.

/ 21 de septiembre de 2020 / 14:49

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoca, este lunes. Foto: ABI

El pago del Bono contra el Hambre de Bs 1.000 sigue en el limbo. El Gobierno presentó este lunes un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) contra la ley que puso en vigencia ese beneficio. A la par, ratificó que no hay recursos para su cancelación, y que para aplicar el financiamiento establecido en la normativa debe haber una “renegociación”.  

“Vinimos a presentar una acción de inconstitucionalidad en contra del bono porque está vulnerando la Constitución Política al usurpar funciones en relación a la independencia y separación de poderes (…), el Movimiento Al Socialismo (MAS) está utilizando (ese bono) meramente para actos partidarios, sin financiamiento y eso es lo terrible de este caso», informó el viceministro de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoca.

La intención del Ejecutivo es activar una medida cautelar para que la ley, que ya fue publicada por la Gaceta Oficial, no entre en vigencia hasta que haya un pronunciamiento del TCP, que debería apuntar a una abrogación. Aparte, Alanoca acusó al MAS de crear este bono con afanes desestabilizadores y remarcó que solo el Gobierno puede negociar el destino de los préstamos de organismos internacionales.

El MAS, que tiene mayoría en la Asamblea Legislativa, dio luz verde a la propuesta de su candidato presidencial, Luis Arce, para el Bono contra el Hambre de Bs 1.000, luego que la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, condicionará la entrega del Bono Salud de Bs 500 a que los asambleístas aprueben el crédito de $us 327 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El préstamo fue objetado por falta de “transparencia” sobre su destino e intereses, según la oposición, que dejó su tratamiento para el Legislativo que sea elegido en los comicios del 18 de octubre. Además, tras la promulgación de la norma, hecha por la presidenta de la Asamblea, Eva Copa (MAS), ante el silencio de Áñez, se determinó que el beneficio de Bs 1.000 sea solventado con créditos del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Alanoca aclaró que la norma es inaplicable porque, tal como expresaron el BID y el BM mediante cartas, no pueden financiar algo que no fue negociado anteriormente, ya que ese dinero tiene un destino definido.  

En conferencia de prensa, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, dijo que si se acepta el uso de esos préstamos en el pago del bono, se debería iniciar una “renegociación” con las entidades internacionales involucradas. Pero este “tema toma su tiempo y tampoco podría cumplirse dicha ley”, advirtió la autoridad.

(21/09/2020)

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Pese a vigencia de ley, el Gobierno aún frena pago del Bono contra el Hambre de Bs 1.000

El Ejecutivo insiste en que no hay recursos, la oposición señala que éstos se encuentran establecidos en la Ley 1330.

/ 21 de septiembre de 2020 / 08:23

Adultos mayores hacen fila para el pago de un bono en una entidad financiera, durante la pandemia. Foto: APG

El Órgano Ejecutivo insiste en que no cuenta con los recursos financieros para el pago del Bono contra el Hambre de Bs 1.000, que fue promulgado mediante Ley 1330 por la Asamblea Legislativa (ALP) y que se encuentra en vigencia tras su publicación en la Gaceta Oficial. 

El viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Gonzalo Quiroga, ratificó el domingo que no existen las condiciones para efectuar el pago de ese bono a la población, más aún porque el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en respuesta a una consulta efectuada a cada uno de los organismos por parte del Ministerio de Planificación del Desarrollo, señalaron que los recursos facilitados al Estado boliviano no pueden utilizarse para otros fines que no estén consignados en los contratos de préstamo.

“El día 14 de agosto hicimos una consulta al BID y Banco Mundial, ellos nos respondieron que en ningún momento las operaciones fueron contratadas para ese fin, para pagar un bono (contra el Hambre) con ese dinero”, explicó la autoridad en una entrevista en el canal estatal.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Planificación, Políticas Económicas y Finanzas de la Cámara de Diputados, Otilia Choque, aseguró que los fondos para el pago se encuentran establecidos en el artículo 3 de la Ley 1330, que indica que el bono será financiado con los recursos provenientes de la reposición a ser efectuada en el marco del contrato de crédito externo 9115-BO, suscrito con el Banco Mundial, y contrato de préstamo 5039/OC-BO, suscrito con el BID.

“En total son $us 704 millones, ésos son los recursos; considerando el pago de Bs 1.000 no se gastará la totalidad (…). Y si hay un saldo con una ley se dispondrá para otro gasto, así va a haber transparencia y disposición correcta de los recursos”.

Por su parte, el viceministro Quiroga reiteró que esta semana el Ejecutivo presentará un recurso abstracto al Tribunal Constitucional (TCP) y una demanda legal por “malversación de fondos” en contra de la presidenta de la Asamblea Legislativa, Eva Copa, por la promulgación de la ley que crea el Bono contra el Hambre. debido a que el pago de ese beneficio depende de dos leyes que no fueron aprobadas.

De igual forma, esta autoridad afirmó que en “este tema se está trabajando desde un punto de vista político e incluso en un momento determinado ya tomó un rumbo electoral, pues es una promesa de un candidato (Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo- MAS) y no puede ser que una promesa de un candidato afecte a 11 millones de personas si no se tiene la forma de pagarlo”.

Copa promulgó el 16 de septiembre la ley que crea el Bono contra el Hambre, de Bs 1.000. Esta norma entró en vigencia, el sábado, a través de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, pese a los cuestionamientos y rechazo por parte del Órgano Ejecutivo.

 La ley establece que los beneficiarios del bono serán “las personas que no tengan ningún tipo de remuneración salarial del sector público o privado, sean mayores de 18 años a la promulgación de la ley”. Serán contemplados en este grupo madres que reciban el bono Juana Azurduy, personas con discapacidad y los beneficiarios del Bono Universal, unos 3,6 millones de bolivianos.

(21/09/2020)

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Finalmente, la Gaceta Oficial publica la ley del Bono contra el Hambre, de Bs 1.000

Vigente ahora la Ley 1330, el Gobierno deberá reglamentarla para disponer el beneficio a quienes recibieron el Bono Universal, el Bono Juan Azurduy y las personas discapacitadas.

/ 20 de septiembre de 2020 / 10:26

La senadora Eva Copa muestra la certificación de las leyes en la Gaceta Oficial. Foto: José Lavayén

Dos semanas después de que la presidenta de la Asamblea Legislativa, la senadora Eva Copa, la promulgara, la ley del Bono contra el Hambre, que dispone el pago de Bs 1.000 a quienes recibieron el Bono Universal, finalmente fue publicada en la Gaceta Oficial.

Cifrada con el número 1330, la ley establece que los beneficiarios del bono serán “las personas que no tengan ningún tipo de remuneración salarial del sector público o privado, sena mayores de 18 años a la promulgación de la ley”. Serán contemplados en este grupo madres que reciban el Bono Juana Azurduy, personas con discapacidad y los beneficiarios del Bono Universal.

La norma había generado tensión entre el Movimiento Al Socialismo (MAS), que domina la Asamblea Legislativa, y el Órgano Ejecutivo, que desahució el pago. La misma Copa había tramitado el curso de la ley en la Gaceta Oficial, y la semana pasada insistió en la publicación de la norma.

Al contrario, el MAS se resiste a aprobar un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) de $us 327 millones que reclama la administración de Jeanine Áñez para el pago del Bono Salud de Bs 500.

El ministro de Economía, Óscar Ortiz, había dicho que los fondos con que el MAS pretende que se pague el Bono contra el Hambre tienen otro fin, no son para pagar bonos.

Ahora, la Ley 1330 establece que el bono de Bs 1.000 será financiado por el préstamo 9115-BO suscrito entre Bolivia y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento del Banco Mundial, y el préstamo 5039/OC-BO firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Si luego de finalizado el pago del Bono Contra el Hambre hubiera un saldo remanente del monto total de financiamiento, éste sólo podrá ser dispuesto a través de una Ley que especifique el destino de los recursos”, blinda la ley.

Dicho bono fue iniciativa del exministro de Economía Luis Arce, ahora candidato presidencial del MAS, que fue secundado por la bancada de su partido en las cámaras de Senadores y de Diputados. “La publicación de la Ley del ‘Bono contra el Hambre’ en la Gaceta obliga a pagar el beneficio a las familias bolivianas. No hay argumento político para perjudicar el pueblo boliviano. Con iniciativa y trabajo se atiende las necesidades en la pandemia. #VamosASalirAdelante”, escribió el candidato en su cuenta de Twitter.

La Ley 1330 debe ser reglamentada por el Órgano Ejecutivo.

Según cifras oficiales el Bono Universal alcanzó a 3.658.905 personas.

(20/09/2020)

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