Economía

domingo 27 sep 2020 | Actualizado a 16:11

Áñez insiste y Copa desahucia que el Legislativo apruebe crédito del FMI en esta gestión

La Presidenta dice que la ley del Bono contra el Hambre es un “engaño”; la Presidenta del Legislativo deja para los asambleístas elegidos en octubre el debate sobre el préstamo.

/ 1 de septiembre de 2020 / 10:14

La presidenta de la Asamblea Legislativa y del Senado, Eva Copa (MAS).

El Bono contra el Hambre sigue en el limbo. La presidenta de la Asamblea Legislativa y del Senado, Eva Copa, del opositor Movimiento Al Socialismo (MAS), desahució la aprobación del crédito de $us 327 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) en esta legislatura, que es exigida por el Órgano Ejecutivo para pagar el beneficio de Bs 1.000.

El 13 de agosto, la Cámara de Diputados sancionó la ley del bono que fue propuesto por el candidato presidencial del MAS, Luis Arce, luego que la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, planteara la creación del Bono Salud de Bs 500, bajo la condición que el Legislativo avale el préstamo del FMI que recibió observaciones por parte de una comisión de la Cámara Baja.

Ello ha provocado una pulseta entre los dos órganos del Estado. El MAS, que tiene mayoría en la Asamblea, señaló en la norma sancionada que el beneficio sea pagado con los $us 200 millones del crédito del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) del Banco Mundial (BM) y los $us 450 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La Mandataria observó la ley y aclaró que ese dinero ya tiene otro destino, por lo cual solo queda que el Legislativo dé vía libre al uso de los préstamos del FMI, de la Corporación Andina de Fomento (CAF), por $us 350 millones y de la cooperación francesa, por $us 119 millones. Las objeciones de Áñez serán analizadas por una comisión mixta de las cámaras legislativas.

El lunes, en un acto en Santa Cruz salpicado con tintes de campaña, Áñez pidió nuevamente al MAS que “libere” los créditos solicitados y acusó a la oposición de “engañar” a la población con la norma del Bono contra el Hambre, porque no se aprobó la fuente de financiamiento. “Vamos a seguir insistiendo a los asambleístas del MAS para que liberen los recursos”.

La respuesta se la dio la presidenta de la Asamblea, Copa, quien en una entrevista con la red ATB, remarcó que siempre hay predisposición del Legislativo para trabajar con el Ejecutivo, pero la tensión surgió cuando Áñez decidió ser presidenta-candidata. “Cuando uno se vuelve candidato y hace campaña por la pandemia, empiezan los ataques al adversario, las disputas”.

Aclaró que el único crédito que no fue aprobado por la Asamblea es del FMI, un rechazo que contó con el apoyo de la bancada oficialista de Unidad Demócrata (UD) en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, dirigida por la diputada Otilia Choque (MAS), y de los integrantes del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

“Por unanimidad se rechazó el crédito por la falta de informes. Se pidió una explicación al Ejecutivo. Volvió la solicitud y de nuevo, por unanimidad, fue rechazado el préstamo. Ellos saben el reglamento: si se rechaza en comisión ya no se puede tratar en esta gestión, sino en la siguiente legislatura”, con los asambleístas elegidos en las elecciones de octubre, dijo Copa.

(01/09/2020)

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Canillas, aliados clave de La Razón y Extra

Más de un millar de canillas permiten la llegada de estos periódicos a las nueve capitales departamentales y a otras 54 localidades del mapa nacional, sin duda, la mayor red del rubro.

/ 27 de septiembre de 2020 / 07:38

Por La Razón

Son los aliados clave de La Razón y Extra. Son quienes permiten que ambos periódicos hermanos, parte de la familia de Comunicaciones El País S.A., puedan llegar a sus lectores. También son los voceros de éstos a la hora de recoger sugerencias, evaluaciones. Son los canillas, y más de un millar permiten la presencia de los dos diarios en el país.

María Paola Salazar es parte de este ejército de distribuidores. Tiene su punto de venta en la zona de Bajo San Antonio de La Paz, en la plaza Luis Tapia, y la venta de periódicos corre por sus venas, por generaciones. Sigue la tradición de su abuela María y de su padre Mario. “Hemos visto crecer a La Razón y Extra”, comenta. El primero cumplió 30 años de vida este 2020, el otro, lleva 21 velas apagadas.

“Somos los que llevamos los diarios a la gente, se los entregamos en sus manos. La Razón pisa fuerte en el ámbito nacional, es imparcial, no se va a ningún bando. Siempre ha sido así. Yo recuerdo que de pequeña madrugábamos con mis padres para vender el periódico. Esta crisis nos ha afectado tremendamente, pero estamos saliendo adelante, hay que luchar para que el impreso no se pierda”.

Para Salazar no solo hay que apuntar a salvar la vigencia de los diarios, sino los centenares de trabajos, directos e indirectos, que permiten los medios impresos. “Con esto vivimos más de 500 familias solamente en La Paz”, remarca. Según los datos de Comunicaciones El País S.A., el 97% de su sistema de distribución de La Razón y Extra se sostiene en los canillas, el restante 3% tiene como comercializadores a supermercados, tiendas de barrio, entre otros.

Más de un millar de canillas permiten la llegada de estos periódicos a las nueve capitales departamentales y a otras 54 localidades del mapa nacional, sin duda, la mayor red del rubro. Solo en los municipios de La Paz y El Alto hay 461 vendedores de los cuatro sindicatos que toman las riendas de la distribución en domingo, cuando su número se triplica con relación a los que operan desde lunes hasta sábado. (Ver infografía)

Pastor Guillermo Coaquira tiene su puesto en la zona Central paceña. Al igual que Salazar, heredó este oficio, como la mayoría de sus colegas. “Para mí, el periódico es un documento histórico que no se compara con internet, por eso en este último tiempo hemos tratado de reunir todas las fuerzas con la empresa para salir a las calles. La Razón lidera las ventas y eso no ha cambiado desde antes”.

Eso sí, para Coaquira hay una “competencia desleal” contra La Razón y Extra. “Hay ataques terribles, de otro medio, del Gobierno, no se dan cuenta de que estos impresos están enraizados en La Paz y Bolivia. Con La Razón ya son 30 años de altas y bajas y hemos sabido sobrellevar, salir adelante, junto a periodistas y trabajadores de la prensa, de la administración”.

“Una de las alianzas estratégicas que coadyuvó al crecimiento de La Razón y Extra como periódicos nacionales fue con los sindicatos de voceadores del país. Sus miembros son gente humilde, digna, muy trabajadora, siempre comprometida para brindar un buen servicio a los lectores”, remarca el gerente de Distribución de ambos diarios, Yamil Bustillos.

Arturo Onorio Calle es ejecutivo departamental de los canillas paceños y ofrece los periódicos en su puesto de la calle 6 de Mallasa, incluso sus compradores se extienden hasta Mecapaca, sobre todo los domingos. Lleva 35 años en el oficio. “Somos agradecidos porque vendiendo La Razón y Extra podemos hacer estudiar a nuestros hijos. Somos felices de hacerlo”.

Salazar, Coaquira y Calle tienen plena confianza de que los periódicos saldrán a flote pese a la actual adversidad. “La Razón y Extra van a seguir, son referentes y la gente los necesita para estar bien informada”, dice Salazar. “Son 30 años de La Razón pero hay que seguir, por muchas décadas más”, subraya Coaquira. Son los canillas, la punta de lanza en el sistema de distribución de este proyecto.

Este es un espacio institucional de La Razón en el que compartiremos con nuestro público un detallado repaso a las tres décadas recorridas por este diario, mostrando los grandes hitos, los logros más importantes, los galardones, pero también los tropiezos y los momentos duros, como el que nos ha tocado vivir en este tiempo. A partir de ahora, tanto en su versión impresa como en la digital, comenzamos a contar nuestra historia, pero con la mirada puesta en el porvenir. Acompáñennos.

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La estatal YPFB rechaza amenaza de comisión legislativa y ve ‘afán político’

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que su presidente, Richard Botello, estaba en recuperación tras dar positivo a COVID-19, por lo que no acudió a la citación de la comisión legislativo. Fue el vicepresidente, pero fue “expulsado”

/ 26 de septiembre de 2020 / 13:27

Richard Botello jura como nuevo presidente de YPFB. Foto: APG

Tras anuncio de juicio, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) hizo conocer que su presidente, Richard Botello, no acudió a las citaciones de la Comisión Mixta del Legislativo que investiga denuncias de corrupción porque se encuentra en recuperación tras haber dado positivo a COVID-19. Denunció un “afán político”.

“Se debe aclarar que fue la propia Comisión, a través de nota oficial, que invitó al presidente o vicepresidente del YPFB a dicha sesión, y era de conocimiento de la misma, que el ingeniero Botello se encontraba en etapa de recuperación a causa del COVID-19”, refiere un comunicado publicado a un día del anuncio de juicio al ejecutivo de la firma estatal.

La diputada de la Comisión Especial Mixta del Legislativo Máxima Apaza informó el viernes que el presidente de YPFB no acudió a 22 citaciones para informar sobre denuncias de corrupción en la petrolera estatal. Ante esa situación, anunció que se le abrirá un proceso penal por obstaculizar la investigación.

El presidente de YPFB no acudió a 22 citaciones de Comisión legislativa, se anuncia proceso penal

En el comunicado, la petrolera estatal respondió que hay un “afán político” en la comisión porque rechazó escuchar al vicepresidente de YPFB, Clever Vásquez.

“La Comisión sin mayor explicación ni argumento técnico, menos legal, procedió a expulsarlo de dicha sesión virtual, demostrando claramente que lo único que se busca con estas actuaciones, es una distorsión de la realidad, y no una información clara y transparente como esta gestión estuvo y está dispuesta a brindar”, sostiene el comunicado.

Además, añade que hay disposición para brindar la información que sea requerida.

En la gestión de Herland Soliz, expresidente de YPFB, fueron denunciadas irregularidades en contratos millonarios de adjudicación directa de compra de combustibles y adquisición de seguros. Tiene un orden de apremio por no haberse presentado a declarar por el caso seguros. La Fiscalía no pudo dar con su paradero.

Es investigado por los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes, Incumplimiento de Deberes y Uso Indebido de Influencias, por presuntamente haber emitido una resolución administrativa denominada “Contratación Directa por Emergencia” signada con el número 78/2020, que permitió realizar varias contrataciones sin previa licitación. Estos hechos son investigados por el Ministerio Público, como la compra de seguros para YPFB a la empresa Credinform, contratación que fue cancelada.

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Justicia niega Acción Popular que buscaba frenar uso de transgénico en la agricultura

El Tribunal de Justicia de Santa Cruz denegó el recurso presentado por plataformas activistas que defienden el patrimonio genético y biodiversidad

/ 25 de septiembre de 2020 / 23:05

Un productor en Santa Cruz.

La sala constitucional primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, este viernes, denegó el recurso de Acción Popular, presentada por plataformas defensoras del medioambiente que rechazan el Decreto Supremo 4232 que autoriza la elaboración de reglamentos abreviados para la evaluación se semillas genéticamente modificados en cultivos de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, destinados al abastecimiento interno y exportación.

Pese a que en el país el uso de transgénicos está prohibido por varias normas, esta instancia constitucional luego de 10 horas de audiencias, entre la presentación de argumentos, contraargumentos y fallo, denegó la citada Acción Popular.

Al respecto, el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodriguez, a través de las redes manifestó “la Sala Constitucional Primera acaba de denegar el recurso de Acción Popular de los activistas, en contra del acceso a la agrobiotecnología. Definitivamente, es un fallo favorable para nuestro sector agroproductivo. Gracias a Dios”.

En mayo pasado, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 4232 que autoriza de manera excepcional al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa.

Esta norma provocó que en julio, pueblos indígenas, activistas y expertos de Bolivia presentaran una acción popular, a la sala constitucional primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, con el propósito de suspender su aplicación.

Para los demandantes la “Asamblea por los bosques y la vida”, este Decreto amenaza el derecho a la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, a la consulta previa, a la territorialidad, el territorio y al hábitat de los pueblos indígenas, y en particular al patrimonio genético y cultural sobre las semillas nativas.

Además porque pone en riesgo la biodiversidad y el medio ambiente sano, en su doble dimensión: como sujeto de derechos y por las funciones que cumplen respecto del resto de los seres vivos y la salubridad pública.

El uso de transgénicos en el país está prohibido expresamente en el Art. 255 de la Constitución Política del Estado (CPE), y en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología suscrito por el Estado boliviano el 29 de Enero del 2000, la Ley 300 de la Madre Tierra, en su Art.24, la Ley 144 de la Revolución Productiva en su Art. 15, la Ley 401 sobre Celebración de Tratados en su Art. 4.

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Conformarán Comisión Mixta para tratar 10 proyectos de ley para retiro de aportes a las AFP

Se busca una norma consensuada que beneficie a todos los aportantes del país

/ 25 de septiembre de 2020 / 20:20

Un protesta en La Paz por la devolución de aportes

Un total de 10 proyectos de ley con diferentes opciones para el retiro de aportes a las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP), a la fecha, fueron presentados a las Cámaras de Diputados y Senadores. Ante la falta de una propuesta normativa consensuada se conformará una Comisión Mixta legislativa para tratar el tema.

El anuncio fue realizado a La Razón por la presidenta de la Comisión de Planificación, Políticas Económicas y Finanzas de la Cámara de Diputados, Otilia Choque, al señalar que todos los proyectos de ley tienen el mismo objeto posibilitar que los afiliados a las AFP puedan retirar sus aportes y así obtener recursos para enfrentar la crisis económica ocasionada por el COVID-19.

Y que la principal diferencia entre las 10 propuestas es “la cuantía y el monto” a ser devuelto o retirado.

“Algunos quieren el 100% de devolución, otros 70%, uno que pide 50% fue rechazado en un informe, hay otro que quiere el 30% y otros el 10%, así que no hay un entendimiento”, dijo al informar que la comisión que preside en los últimos tres días sostuvo reuniones con los legisladores proyectistas de diferentes partidos políticos, sin lograr consenso.

Ante esa situación, se determinó conformar una Comisión Mixta entre Senadores y Diputados que analice las propuestas, instancia que requiere aprobación de la Asamblea Legislativa.

“Hemos solicitado conformar una Comisión Mixta al presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Choque) para que a su vez solicite a la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, para que convoque a una Asamblea y se conforme esta comisión y se trabaje estos 10 proyectos de ley para que se pueda consensuar, unificar y sacar uno, porque al final todos se van a beneficiar”, precisó a este medio la parlamentaria.

De acuerdo a datos del Sistema Integral de Pensiones (SIP), en la gestión 2019, los fondos sumaron Bs 131.632 millones, de los cuales un gran porcentaje están invertidos en el sistema financiero nacional y en préstamos al sector público.

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ABT presenta infractores de quemas ante la justicia

Los tres aprehendidos quemaban pastizales en la localidad Chirimoya a 180 kilómetros de San Ignacio de Velasco

/ 25 de septiembre de 2020 / 18:36

Presentación de los infractores

Por Marco A. Ibañez

La Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), la Policía Nacional, Fuerzas Armadas (FFAA) y autoridades locales de San Ignacio de Velasco, este viernes, en un operativo de fiscalización, aprehendieron en flagrancia a tres personas realizando actividades de quemas prohibidas por la normativa vigente.

Los infractores fueron presentados ante la justicia y serán cautelados penalmente en las próximas horas por los delitos de incendio, destrucción de la riqueza vegetal y atentando contra la salud pública.

La ABT se constituirá en parte querellante en el juicio contra los tres comunarios aprehendidos, por iniciar un incendio en la, informa un boletín de la entidad.

Los detenidos de sexo masculino, EFC, JEQ y FTA, estaban realizando quemas de pastizales y teniendo en su poder, una camioneta y un barril de combustible, informó el director ejecutivo de la ABT, Victor Hugo Añez Bello.

“Vamos a ser implacables. Caiga quien caiga y a quien encontremos les vamos aplicar las sanciones correspondientes”, remarcó Añez, al asegurar también que no harán ningún tipo de excepción, en caso de que los infractores sean pequeños, medianos, grandes empresarios o comunarios, puesto que todos están sujetos a la ley.

(25/09/2020)

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