Los trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA), ratifican paro de 24 horas para este miércoles. No aceptan la oferta del Gobierno para la cancelación de dos meses de salarios adeudados.
El anuncio fue hecho conocer a La Razón por el secretario ejecutivo de la Federación de Nacional de Trabajadores de AASANA, Néstor Villarroel, tras concluir un ampliado del sector la noche de este martes.
“El paro es un hecho, está determinado, a partir de las cero horas (miércoles) es paro nacional”, declaró al explicar que la deuda a los 1.050 trabajadores no solo es salarios mensuales sino también horas extras y beneficios que las autoridades gubernamentales se niegan a reconocer.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, reivindicó el desenvolvimiento económico del país y dijo que percibe un sesgo en las proyecciones que realiza el Banco Mundial (BM) y lo que realmente ocurre en Bolivia.
Sin embargo, garantizó que, una vez más, las cifras del crecimiento económico en Bolivia superarán las proyecciones de los organismos internacionales y estarán por encima del 3%.
“El Banco Mundial siempre ha subestimado nuestro crecimiento, pero lo evidente es que la economía nacional, como lo hemos advertido, está entre las mejores economías de la región”, dijo la autoridad.
Mostrando estadísticas, Montenegro recordó que, el año pasado, el BM auguró que Bolivia crecería al 2,7%; luego bajó la proyección al 1,9% y el Gobierno apunta a un crecimiento superior al 3%.
Recordó que, en 2023, Bolivia se ubicó entre las economías de mayor reconocimiento de la región, solo por debajo de Paraguay que alcanzó un crecimiento de 4,7%.
En cambio, superó a Brasil (2,9%), Ecuador (2,4), Colombia (0,6%), Uruguay (0,4), Chile (0,2), Perú (-0,6%) y Argentina (-1.6%).
“En enero de este año mantiene el 1,9% y en abril, cuando ya esta autoridad habla de que vamos a tener un crecimiento cercano al 3%, vuelve a aumentarla a 2,4% para no quedar tan desfasada en su proyección. El Banco Mundial siempre ha subestimado el crecimiento de Bolivia de manera tal que siempre hemos estado por encima y el 2024 no será la excepción”, explicó.
Asimismo, destacó que el país es el que mayor resiliencia mostró pese al contexto internacional adverso y va mostrando mejor recuperación tras la pandemia.
Por ejemplo, dijo, tiene un mercado laboral más dinámico y pasó de 3.1 millones de personas ocupadas en la gestión 2021 a 4,5 millones en lo que va de este año.
Resaltó también el proceso de industrialización que encara el Gobierno, el cual está aportando al crecimiento económico del país.
El 10 de abril, el BM informó que proyecta un crecimiento económico de 1,4% para Bolivia en la gestión 2024, cifra inferior a la estimada en el Presupuesto General del Estado (PGE).
El PGE 2024 prevé un crecimiento del 3,71%, y una inflación del 3,60%.
Contrariamente a lo que dice el ministro, el viernes, los empresarios privados proyectaron que este año el país tendrá un crecimiento económico bajo, entre 2 y 2,5% debido a que la economía se está ralentizando.
El Gobierno presupuesta más de Bs 1.000 millones para la devolución de los Cedeim
El ministro Marcelo Montenegro informó que los exportadores deben cumplir el requisito de depositar en un banco del país el 100% de dólares del valor de la exportación.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro en conferencia de prensa. Foto: Roberto Guzmán
El Gobierno presupuestó más de Bs 1.000 millones para devolver los Certificados de Devolución Impositiva (Cedeim) a los exportadores que cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto Supremo 5145.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, informó además que el trámite de devolución se realizará en 15 días; y no tardará hasta 350 días, como ocurría antes.
“Hemos presupuestado más de Bs 1.000 millones para hacer devolución a aquellos exportadores que cumplan con estos requisitos a partir de traer el 100% de divisas al país”, informó.
La autoridad informó que el Cedeim es un certificado de devolución impositiva para los exportadores.
El Decreto 5145, promulgado la semana pasada, modifica el reglamento para la devolución de impuestos a las exportaciones y establece que se realizará cuando el exportador deposite en el país el 100% de dólares del valor de la compra.
“Trayendo las divisas al país el exportador puede rápidamente reclamar la otorgación del Cedeim; son incentivos para que los exportadores que tienen divisas en los bancos corresponsales los puedan traer”, remarcó el ministro.
El Decreto Supremo 5145 responde al acuerdo económico, productivo y empresarial concretado entre el Gobierno y los empresarios el 19 de febrero de 2024.
Montenegro aseguró este domingo que el Gobierno ya cumplió con el 80% de los 10 puntos acordados con los empresarios privados. “El resto lo estamos puliendo para darle la manera operativa y ponerlos en funcionamiento”, complemento.
El 11 de abril, el Gobierno informó que proyecta un ingreso al sistema financiero nacional de hasta 2.000 millones por año a través de la devolución de los Cedeim a los exportadores del país.
El Gobierno prevé un ahorro de Bs 1.000 millones por cada 100.000 vehículos ‘flex fuel’ que se importen al país, informó este domingo el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro.
La autoridad garantizó, además, que los importadores también se beneficiarán con importantes descuentos.
“El ahorro para la economía nacional es que por 100.000 vehículos flex fuel se ahorrarán Bs 1.000 millones en términos en divisas por la mezcla en la gasolina o su importación”, dijo en Bolivia Tv.
Montenegro explicó que en el país existe, aproximadamente, un parque automotor de tres millones de vehículos, de los cuales el 10% usa diésel y el 90%, gasolina.
“Digamos que, de esos tres millones, unos 300.000 vehículos puedan ser flex fuel; tenemos Bs 3.000 millones de ahorro”, remarcó.
Asimismo, reiteró que esta medida busca el ahorro de divisas para el país en la compra de gasolina e incentiva la producción de etanol anhidro para producir biocombustible.
“Ya estamos ahorrando $us 250 millones con la mezcla de etanol y gasolina e incrementaríamos unos $us 250 millones más por la aplicación del decreto en dos a tres años. La medida está vigente para tres años”, explicó.
Montenegro recordó que los importadores y cualquier persona que quiera comprar un vehículo con esa tecnología también será beneficiado con un descuento en el gravamen arancelario que puede ir del 10 al 20%.
El 11 de abril, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 5142, que establece la importación de vehículos con tecnología Flex Fuel un Gravamen Arancelario del 0% al igual que un 0% del pago del Impuesto a los Consumos Específicos (ICE).
Ese tipo de vehículos son aquellos que pueden utilizar indistintamente combustibles con mezcla de aditivos de origen vegetal; y combustibles de origen fósil, o una combinación de ambos en diferentes proporciones.
Luego de más de 20 horas de reunión, los comunarios de Río Grande, en Potosí, y la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) lograron un acuerdo y las medidas de presión fueron levantadas.
El convenio fue firmado la madrugada del sábado y establece un trabajo conjunto sobre agua, medioambiente y desarrollo de la cadena productiva del litio, informó la presidenta de la estatal, Karla Calderón.
“Fue un trabajo arduo, con avances importantes; dimos respuesta al pliego petitorio de los comunarios, sentamos las bases de un relacionamiento a futuro; primando una buena convivencia con la comunidad aledaña al proyecto y contribuyendo, de la mejor manera posible, al desarrollo de la empresa”, indicó.
El conflicto se originó el 4 de abril, cuando un grupo de pobladores de Río Grande, ubicado en el municipio potosino de Colcha K, tomó los pozos de suministro de agua al complejo industrial, en el sur del salar de Uyuni, con el argumento de la defensa del recurso hídrico.
Afirmaban que YLB hace uso indiscriminado del agua y no cuenta con la consulta previa. El conflicto escaló y derivó en el bloqueo de la vía férrea que une Potosí con Oruro, y afectó la exportación de minerales.
El viernes pasado, YLB convocó al diálogo a los movilizados y hubo avances. El sábado volvieron a reunirse y alcanzaron el acuerdo.
Participaron de la firma del convenio el viceministro de Exploración y Explotación de Recursos Hídricos, Raúl Mayta; y la presidenta de la estatal, junto a su equipo técnico.
Según el documento suscrito, la comunidad de Río Grande se compromete a coadyuvar al desarrollo e implementación de las actividades de toda la cadena productiva del litio; además, se acuerda un “buen relacionamiento” con YLB, en el marco de los compromisos asumidos.
Respeto del agua, YLB se compromete a usarlo de manera racional y sostenible para la industrialización de los recursos evaporíticos; además de llevar adelante análisis periódicos del líquido, en coordinación con el Comité de Agua de la comunidad.
Asimismo, se dispone la cooperación conjunta en la gestión de estudios en cuencas dentro y fuera de la jurisdicción de Río Grande para identificar fuentes alternativas de abastecimiento de agua para la comunidad y las operaciones de YLB.
YLB instalará bebederos para el ganado doméstico y fauna silvestre en la zona.
El convenio incluye la capacitación para los comunarios en monitoreo ambiental, apoyo en el área de salud, promoción del turismo, entre otros puntos.
“Es importante remarcar que este es el inicio de un diálogo constante y permanente entre la comunidad y YLB”, afirmó el viceministro Mayta.
En Bolivia, las rentas de los trabajadores jubilados se pagan desde los Bs 640 hasta las Bs 33.082, según un informe de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) al que accedió La Razón.
“El monto mínimo de Pensión Solidaria de Vejez que un asegurado al Sistema Integral de Pensiones (SIP) puede recibir, con 10 años de aporte a la Seguridad Social de Largo Plazo, es de Bs 640. Asimismo, de acuerdo a datos de la APS, el monto de la pensión de vejez más alta registrada asciende a Bs 33.082”, respondió la institución a un cuestionario que envió este diario a la unidad de Comunicación del Ministerio de Economía.
De un total de 219.266 jubilados que hay en el país, el 77%, o sea 169.089 personas, recibe rentas entre Bs 640 y Bs 4.000. Mientras, el otro 23%, 50.177 personas, percibe una renta por encima de esos Bs 4.000.
Del universo de jubilados, el 69% (151.134 personas) reportaron en su trayectoria laboral un sueldo de hasta Bs 6.000, mientras que el 31% (68.132) tuvieron ingresos por encima de ese monto de dinero. Eso determinó el monto de sus rentas mensuales.
¿Cómo se define el monto de la Pensión Solidaria de Vejez? La renta tiene tres componentes que definen ello. Es la sumatoria del cálculo de aportes individuales, además del Fondo de Compensaciones, si corresponde, y la fracción solidaria.
Esos datos cobran importancia en medio de la discusión sobre el Proyecto de Ley 035, de Límites Solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez y el financiamiento para el Fondo Solidario.
Dicha norma, impulsada por el Gobierno, busca beneficiar a jubilados “que realizaron aportes relativamente bajos, permitiendo una vejez digna en su etapa adulta mayor”, según la respuesta del Ministerio de Economía.
Además, prevé “fortalecer el financiamiento del Fondo Solidario a través del incremento de los aportes solidarios de los empleadores (público/privado) y de los asegurados con ingresos elevados, superiores a los Bs 13.000”.
Un tercer objetivo de esa propuesta de norma es “preservar la salud e integridad del trabajador, así como del entorno donde desarrolla sus actividades laborales a través de un examen médico a cargo del INSO (Instituto Nacional de Salud Ocupacional), que es un Instituto especializado en salud ocupacional”.
RECLAMO.
Precisamente, la interpretación del último genera protestas en algunos sectores. La disposición adicional Única del Proyecto de Ley 035 señala que los asegurados dependientes de 65 años podrán someterse, a solicitud expresa, a un examen médico, principalmente para evaluar el estado del trabajador. “Dicha evaluación no limita el derecho a la continuidad laboral en el sector público o privado”, aclaró el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Franz Apaza, en conferencia de prensa el miércoles de la anterior semana.
Los sectores en conflicto, que impulsaron movilizaciones durante la semana, consideran que dicha disposición en la norma implica una “jubilación obligatoria”.
Ante eso, el viceministro Apaza salió al frente a explicar cuál es el motivo del cuestionado examen médico e instó a los movilizados a “no tenerle miedo” al examen médico.
“Los dirigentes del sector salud no deberían tenerle miedo a un examen médico, que simplemente va a evaluar sus facultades, y si esa persona cumple las facultades necesarias para seguir desarrollando su trabajo, lo va a seguir relaalizando, pero si no, por supuesto que esa persona también tendrá que reflexionar sobre su estado de salud y priorizar su vida antes que el trabajo”, indicó.
Reiteró que el Proyecto de Ley 035 modifica la Ley de Pensiones y que fue enviado hace nueve meses a la Asamblea Legislativa para la discusión de su contenido.
Sin embargo, Apaza se abrió a la posibilidad a debatir los cambios a la Ley de Pensiones con el sector salud y el magisterio, que se oponen al proyecto de ley.
“El diálogo, la socialización, el debate de todo proyecto tiene que estar abierto. Nosotros, como proyectistas vamos a asistir a la convocatoria de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Somos respetuosos de sus atribuciones y competencias”, dijo el funcionario a los periodistas el miércoles.
Apaza afirmó que, como impulsor del proyecto de ley, acudió a varias mesas de trabajo en la Cámara de Diputados y que, incluso, se realizaron al menos 33 eventos de socialización con varios actores.
“Nosotros tenemos todos los argumentos técnicos y legales. Se ha hecho un estudio matemático actuarial que respalda plenamente la sostenibilidad del fondo solidario y que va a mejorar la vida de todos los jubilados”, complementó el viceministro Apaza.
“Algunos dirigentes tienen intereses políticos. Algunos de ellos ya se están viendo como candidatos (electorales) y por eso llaman a la movilización; cuando éste es un proyecto de ley que está en tratamiento en la Asamblea. En todo caso, cualquier medida de presión debiera ir a esa instancia. Son diputados y senadores que van a recibir los comentarios, apoyo u observaciones”, reclamó.
El proyecto está radicado en una comisión de Diputados.
Conozca en qué consiste el Proyecto de Ley 035
El Proyecto de Ley 035, de Límites Solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez y el financiamiento para el Fondo Solidario, busca ampliar la fracción solidaria de la Pensión Solidaria de Vejez.
El beneficio de eso radica en el incremento de la renta mensual del 69% de jubilados con el Sistema Integral de Pensiones (SIP) en hasta Bs 1.000, según corresponda a la cantidad de aportes y años trabajado de cada beneficiario.
Por ejemplo, un jubilado cuya renta es de Bs 1.200 recibirá 1.346; quienes perciben Bs 2.500, alcanzarán a Bs 2.844 y otro beneficiario que recibía Bs 3.300, llegará a percibir Bs 3.900.
“El proyecto de ley también favorecerá a los futuros jubilados del SIP que se beneficiarán de un incremento en la Pensión Solidaria de Vejez, previo cumplimiento de requisitos, la cual además es vitalicia y cuenta con seguro médico para el titular y su grupo familiar”, indicó Economía.
Los recursos están previstos en un estudio matemático actuarial que, según la información de la APS, “está garantizado hasta 2048”.
Esos recursos devienen del aporte solidario a la vejez, que se incrementará según a la escala salarial de los trabajadores activos con ingreso igual o superiores a Bs 13.000. Por ejemplo, un trabajador con un sueldo de Bs 15.000, hará un aporte de Bs 3; de Bs 17.000, será Bs 6; mientras que de Bs 20.000 será de Bs 11, y, finalmente, de los salarios iguales o mayores a 25.000, el aporte será de Bs 18.
La edad de jubilación se mantendrá en 58 años para varones y mujeres, con la reducción de un año por cada hijo nacido vivo en mujeres.
Una persona de la tecera edad. Foto La Razón
Jubilados activos se movilizan contra la ley
Hay 17.800 jubilados activos laboralmente. El 62% pertenece a los sectores que propiciaron las movilizaciones en contra del Proyecto de Ley 035, de Límites Solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez y el financiamiento para el Fondo Solidario.
“Se tiene el registro de 17.800 asegurados jubilados que continúan trabajando, de los cuales el 40% pertenecen al sector educación, el 14% al sector universitario y el 8% al sector salud”, respondió la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) a un cuestionario de La Razón.
El principal motivo de su rechazo es a la disposición adicional única del proyecto de ley, que señala que los asegurados dependientes de 65 años podrán someterse, a solicitud expresa, a un examen médico, para evaluar el estado del trabajador.
Eso fue interpretado por los sectores en conflicto como una “jubilación forzosa”. Ante eso, el presidente de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, informó que la Asamblea Legislativa convocó a los delegados del sector médico a una reunión mañana, con el fin de discutir el contenido.
Ahora, se espera la respuesta de las dirigencias ante la invitación del oficialismo.
