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Laboratorios Vita reporta pérdidas de hasta el 60% de sus ingresos por conflicto sindical

Laboratorios Vita ingresó en una etapa “crítica”. El 100% de su producción se encuentra paralizada y las pérdidas económicas ascienden al 60% de sus ingresos, tras 15 días del paro de brazos caídos que asumieron sus trabajadores y la toma de su planta principal.

Según la gerente general de Laboratorios Vita, Magna Cachi, la empresa paralizó su producción y el abastecimiento de medicamentos esenciales para el tratamiento del COVID-19 como sueros, antigripales y otros, debido a un conflicto originado por dos exdirigentes que fueron desvinculados de la empresa tras haber ejercido la representación sindical, durante los últimos cuatro años, sin contar con la declaratoria en comisión del Ministerio de Trabajo y sin el reconocimiento de la Federación de Fabriles.

“Hablando en relación a nuestro presupuesto mensual, estamos en un 60% (de pérdidas) en octubre”, dijo la ejecutiva a La Razón. Precisó que en los próximos dos días su administración deberá encontrar una solución al conflicto porque la situación “crítica” de la empresa pone en riesgo las fuentes laborales de 340 trabajadores.

“Se está buscando entablar las mesas de negociación, pero lo que nos preocupa es la tozudez de estas dos personas que no quieren admitir que son extrabajadores, que no pertenecen a la empresa y se aferran a un cargo sindical que ya no existe”, afirmó.

Cachi indicó que la producción de la empresa se encuentra paralizada y que sus operaciones se han reducido al movimiento de los insumos enviados al interior del país. “Estamos agotando nuestras reservas y en lo que es la planta de La Paz, ya no se ha producido en estas semanas porque ellos (los trabajadores) han tomado la planta y no nos dejan ingresar”, sostuvo.

En septiembre pasado, la empresa farmacéutica desvinculó a Wilson M. y a Edwin A. por abandono de labores, al no presentar la Resolución Ministerial de Declaratoria en Comisión que exige el Artículo 97 del Decreto Supremo Nº 22407, del 11 de enero de 1990.

“Durante cuatro años esperamos pacientemente por ese documento que nunca llegó; sin embargo, de buena fe, continuamos con el pago de sus sueldos”, acotó.

(26/10/20)